Juicio al Fiscal General del Estado: ¿Justicia o ‘Lawfare’ en el Tribunal Supremo?
El juicio que se celebra estos días en el Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, marca un hito inédito y preocupante en la historia democrática de España. Por primera vez, el máximo responsable del Ministerio Público se sienta en el banquillo de los acusados por la vía penal. En un proceso que definirá mucho más que su futuro personal: definirá la capacidad de las instituciones para resistir la instrumentalización política.
1. ¿Qué se juzga? El epicentro de la acusación
El núcleo del juicio es una presunta revelación de secretos. Concretamente, se acusa a Álvaro García Ortiz de filtrar un correo electrónico interno de la Fiscalía. Dicho correo no era trivial. Contenía la comunicación del abogado de Alberto González Amador —pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso— en la que este admitía la comisión de dos delitos fiscales y buscaba un pacto de conformidad.
La acusación no proviene, como podría esperarse en un caso de esta envergadura, de una investigación de oficio unánime. Está siendo impulsada vigorosamente por acusaciones populares. Entre ellas destacan la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) —conocida por sus posiciones conservadoras— y el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), junto a otras entidades.
El contexto es fundamental. La Fiscalía actuó después de que desde el entorno de la presidenta madrileña se lanzara públicamente la acusación de que el Ministerio Fiscal estaba falsificando pruebas contra su pareja. La publicación de la información que confirmaba la admisión de los delitos por parte de la defensa de González Amador fue, según la versión de la Fiscalía, un acto de defensa de la veracidad y el honor de la institución, no un acto de revelación dolosa.
2. El desarrollo del juicio: La inconsistencia de las pruebas
A fecha de hoy, 11 de noviembre de 2025, el juicio avanza hacia su recta final. Han desfilado testigos del ámbito judicial, político y periodístico. Sin embargo, y esto es un punto clave de la crónica judicial, la fase de instrucción y las sesiones del plenario no han arrojado una prueba de cargo concluyente e incriminatoria.
La mayoría de los testimonios escuchados en las primeras sesiones han tendido a respaldar la versión de la Fiscalía General. No se ha podido acreditar la autoría directa de la filtración en la figura de García Ortiz. Tampoco el dolo específico que requiere el delito de revelación de secretos.
Resulta paradójico que la propia Fiscalía, en sus conclusiones provisionales, haya solicitado la absolución de su máximo dirigente. Más aún, ha criticado con dureza la instrucción del caso, denunciando lo que considera «vulneraciones de derechos» durante el proceso investigador. Cuando la propia acusación pública (representada por el fiscal del Supremo) no ve delito, pero las acusaciones populares piden penas de hasta 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación, la naturaleza del juicio adquiere una dimensión que trasciende lo puramente jurídico.
3. Un proceso anacrónico y la sombra del instructor
Este juicio exhibe rasgos profundamente anacrónicos. Asistimos a la utilización de la figura de la acusación popular. Un mecanismo que, si bien democrático, es susceptible de ser instrumentalizado por grupos de interés con agendas políticas claras. En este caso, asociaciones profesionales de marcado sesgo conservador están liderando la ofensiva contra un Fiscal General propuesto por un gobierno progresista.
La instrucción del caso, duramente criticada por la defensa y la propia Fiscalía, ha sido percibida como una investigación «prospectiva». Es decir, una búsqueda de indicios más orientada a construir un caso que a esclarecer un hecho. Este modus operandi nos retrotrae a épocas en las que el poder judicial no actuaba como garante de derechos. Actuaba como un brazo ejecutor de voluntades políticas.
4. Las implicaciones políticas: El ‘Lawfare’ como estrategia
Es imposible analizar este juicio sin utilizar el término lawfare o «guerra judicial». Lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo no puede desvincularse de la estrategia de «guerra híbrida» que ciertos sectores de la oposición política y mediática han desatado contra el Gobierno de coalición progresista.
El objetivo no es, presumiblemente, hacer justicia por una filtración (algo habitual en el ecosimistema político-mediático español), sino erosionar y decapitar una de las instituciones clave del Estado: la Fiscalía General. Al atacar a García Ortiz, se ataca al Gobierno que lo nombró.
Se juzga al Fiscal General por defender a su institución de un bulo (la acusación de falsedad lanzada por el entorno de Ayuso), utilizando para ello la única prueba fehaciente de que disponía: la admisión de los delitos por la propia defensa del defraudador. Es el mundo al revés: el que desmiente un bulo con la verdad, acaba sentado en el banquillo.
5. Conclusión: El descrédito internacional de la adjudicatura
Este proceso, independientemente de su resultado final, ya está generando un profundo descrédito para el sistema judicial español a nivel internacional. Nuestros socios europeos, así como organismos de control de la independencia judicial (como el GRECO), observan con alarma cómo la cúpula judicial se ve envuelta en lo que se percibe a todas luces como una batalla política.
La inconsistencia del proceso es manifiesta. Se piden penas desproporcionadas (hasta 12 años de inhabilitación) por un hecho cuya prueba de cargo no aparece, en un contexto de defensa institucional y donde la propia Fiscalía pide la absolución.
Nos jugamos mucho más que la carrera de un Fiscal General. Nos jugamos la credibilidad de nuestra democracia y la confirmación de si el poder judicial español ha sido definitivamente capturado por una agenda política reaccionaria que busca en los tribunales lo que no consigue en las urnas.
