Pacto climático: cuando la emergencia no puede esperar a las elecciones
España vuelve a discutir sobre un pacto climático mientras todavía están frescas las imágenes de otro verano abrasador, de incendios difíciles de contener y de miles de hectáreas destruidas. El Gobierno reclama al Partido Popular que se incorpore al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. El PP rechaza ese planteamiento y propone otro acuerdo nacional centrado en la prevención, la coordinación y la respuesta ante riesgos naturales.
Sería muy fácil reducirlo todo a la pelea habitual entre Gobierno y oposición. También sería un error.
Porque detrás de esa disputa existe una pregunta bastante más importante: ¿es capaz una democracia de mantener durante décadas una política frente a un riesgo que la ciencia considera estructural, aunque cambien los gobiernos y las mayorías parlamentarias?
Ese debería ser el verdadero debate.
Un verano que vuelve a recordarnos dónde estamos
No necesitamos recurrir a escenarios hipotéticos de finales de siglo para comprender el problema.
La Agencia Estatal de Meteorología confirmó que julio de 2026 fue, empatado con julio de 2022, el mes más cálido de toda la serie histórica española, iniciada en 1961. La temperatura media peninsular alcanzó los 25,7 °C, 2,6 grados por encima del promedio 1991-2020. Además, fue el julio más seco de la serie.
Los incendios han vuelto a ser protagonistas. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, hasta el 17 de agosto habían ardido provisionalmente unas 254.730 hectáreas de superficie forestal, con 42 grandes incendios superiores a 500 hectáreas.
Conviene introducir inmediatamente una precisión. El cambio climático no prende una cerilla, no provoca una negligencia ni sustituye la responsabilidad del incendiario cuando existe. Tampoco explica por sí solo el abandono rural, la acumulación de combustible vegetal o una deficiente gestión forestal.
Pero tampoco puede eliminarse de la ecuación.
El IPCC considera inequívoca la influencia humana en el calentamiento de la atmósfera, los océanos y la tierra, y concluye que el cambio climático provocado por las actividades humanas ya está afectando a fenómenos extremos como las olas de calor, las precipitaciones intensas y las sequías.
En josereflexiona.es ya abordé con más profundidad qué dice realmente el IPCC sobre el cambio climático. La cuestión científica fundamental no está pendiente de una votación parlamentaria.
Podemos discutir qué hacer.
Lo que tiene cada vez menos sentido es discutir eternamente si el problema existe.
El pacto que propone el Gobierno
El Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática no nació este verano. El Ejecutivo presentó su primera propuesta en septiembre de 2025 y posteriormente abrió un proceso de participación.
Según el Ministerio para la Transición Ecológica, en su elaboración participaron unos 1.300 agentes y se recibieron cerca de 4.000 aportaciones. En agosto de 2026 ya se habían adherido más de 250 organizaciones y empresas.
La propuesta tampoco consiste exclusivamente en reducir emisiones.
Incluye gestión forestal, prevención de incendios, adaptación frente a inundaciones y sequías, protección ante olas de calor, apoyo al mundo rural, ganadería extensiva, mejora de las condiciones de los profesionales de emergencias, fondos permanentes para prevención y reconstrucción, mapas de riesgos y una mayor coordinación entre administraciones. La descripción oficial del pacto permite comprobar sus principales líneas de actuación.
Hace apenas unas semanas se dio además uno de sus primeros pasos institucionales: la creación de un Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático destinado a incorporar conocimiento científico independiente a la elaboración de políticas públicas.
Todo ello puede discutirse.
Puede cuestionarse su financiación, su gobernanza, determinadas competencias, los instrumentos utilizados o incluso la oportunidad política con la que el Gobierno ha impulsado la propuesta.
Un pacto de Estado no debería consistir en que un partido redacte un documento y los demás se limiten a firmarlo.
Precisamente porque pretende sobrevivir a quien gobierna hoy, debe ser negociado.
El PP también tiene argumentos que deben escucharse
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP rechazaron a comienzos de agosto el planteamiento gubernamental y propusieron un Acuerdo Nacional de Prevención, Coordinación y Respuesta ante Riesgos Naturales.
Su posición merece explicarse sin caricaturas.
Los gobiernos populares sostienen que un verdadero pacto requiere negociación entre administraciones, memoria económica, calendario, financiación estable y posterior debate en las Cortes. Defienden además que llevan tiempo presentando propuestas sobre gestión forestal, prevención y coordinación que, a su juicio, el Gobierno no ha atendido suficientemente.
No me parece una objeción absurda.
Es más: parte de las propuestas del Gobierno y del PP se parecen considerablemente.
Ambos hablan de prevención permanente, gestión forestal, coordinación administrativa, profesionalización de los dispositivos de emergencia, actuación sobre el territorio y financiación estable.
Y aquí aparece la contradicción.
Si existen tantas coincidencias, ¿por qué resulta tan difícil alcanzar un acuerdo?
Canarias demuestra que el asunto es más complejo
La posición del Gobierno de Canarias resulta particularmente ilustrativa.
Canarias se incorporó a la declaración promovida por las comunidades gobernadas por el Partido Popular reclamando una negociación diferente. Pero el propio Gobierno de Canarias afirma que la respuesta debe combinar expresamente mitigación del cambio climático, adaptación, prevención, gestión forestal, protección civil y planificación hidráulica.
Es decir, la discrepancia no consiste necesariamente en aceptar o negar que el clima está cambiando.
La discusión está también en quién propone el acuerdo, cómo se negocia, qué competencias tiene cada administración, cómo se financia y qué políticas deben priorizarse.
Reconocer esto es importante porque permite elevar el debate.
No necesitamos otro artículo donde cada bando demuestre que el contrario tiene la culpa.
Necesitamos saber por qué un país que coincide en buena parte del diagnóstico práctico sigue siendo incapaz de convertirlo en una política compartida.
Cuando la ciencia entra en la guerra cultural
Existe, sin embargo, un problema adicional que no podemos ignorar.
Una cosa es discrepar sobre las medidas. Otra muy diferente es convertir la evidencia científica en una cuestión ideológica.
Ya lo vimos recientemente en el Parlamento de Canarias y lo comenté al analizar el pleno canario de julio: puede discutirse cuánto invertir, qué tecnología utilizar, cómo gestionar los montes o cómo repartir los costes de la transición. Pero negar el origen antropogénico del calentamiento global no constituye una política climática alternativa.
Constituye la negación del punto de partida.
La extrema derecha ha encontrado en las políticas ambientales otro escenario para la guerra cultural. El mecanismo es conocido: transformar una cuestión compleja en una oposición emocional entre ciudadanos y élites, campo y ciudad, libertad y regulación, economía y ecologismo.
La realidad es bastante menos cómoda.
Un agricultor necesita rentabilidad, pero también agua y temperaturas compatibles con sus cultivos. Una familia necesita electricidad asequible, pero también protección frente al calor. Un trabajador necesita empleo, pero no debería tener que elegir entre trabajar y poner en peligro su salud durante una ola de calor.
La transición ecológica que ignore estas contradicciones fracasará socialmente.
Pero la política que ignore el cambio climático fracasará materialmente.
Los pactos de Estado sirven precisamente para esto
Un pacto climático de Estado no significa eliminar la política.
Nadie espera que PP, PSOE, Sumar, nacionalistas o cualquier otra fuerza tengan la misma concepción sobre fiscalidad, energía, regulación ambiental o inversión pública.
Un pacto climático sirve para delimitar aquello que no debería empezar de cero después de cada elección.
España ya lo ha entendido en otros momentos.
Determinadas infraestructuras, sistemas de protección civil, políticas sanitarias o grandes estrategias nacionales necesitan continuidad porque sus resultados no caben dentro de una legislatura.
El cambio climático multiplica esa necesidad.
Un monte no se recupera durante una campaña electoral. Una política forestal necesita años. Una infraestructura hidráulica puede necesitar décadas. Adaptar ciudades al calor, transformar los sistemas energéticos o reconstruir territorios rurales tampoco puede hacerse cada cuatro años cambiando de dirección.
Gobernar el clima exige algo extraordinariamente poco compatible con nuestra política actual:
pensar a largo plazo.
También debería existir un pacto sobre cómo repartir los costes
Hay otra condición imprescindible.
La política climática necesita legitimidad social.
No puede convertirse en una sucesión de prohibiciones cuyos costes recaigan principalmente sobre quienes tienen menos capacidad económica para adaptarse.
Si pedimos cambiar de automóvil, rehabilitar viviendas, modificar sistemas de calefacción, transformar explotaciones agrícolas o adaptar actividades económicas, tendremos que preguntarnos quién paga.
La transición ecológica será justa o encontrará una resistencia social cada vez mayor.
Por eso la emergencia climática es también una cuestión de desigualdad. Ya expliqué esta dimensión al analizar el riesgo climático que soporta la infancia: los mismos fenómenos físicos producen consecuencias muy distintas dependiendo de la vivienda, los ingresos, la salud, los servicios públicos disponibles y el territorio en el que se vive.
El pacto que necesitamos, por tanto, no debería limitarse a proteger montes.
Debería proteger personas.
La ciencia no decide la política, pero sí debe delimitar la realidad
Hay una frase que conviene recordar.
La ciencia no puede decidir cuánto debe gastar el Estado, qué impuestos debemos pagar ni cómo repartir las competencias entre administraciones.
Eso corresponde a la política democrática.
Pero la política tampoco puede votar la temperatura.
No podemos aprobar por mayoría que las emisiones de gases de efecto invernadero no calientan el planeta. Del mismo modo que un Parlamento no puede derogar la gravedad.
La democracia decide qué hacemos ante la realidad.
No decide qué realidad existe.
Esa frontera se está debilitando peligrosamente en sociedades donde cualquier hecho puede ser convertido en identidad política y donde las redes sociales premian mucho más la indignación que la explicación.
Un acuerdo que debería sobrevivir a Sánchez y a Feijóo
Esta es, para mí, la cuestión fundamental.
El pacto climático no puede ser el pacto de Pedro Sánchez.
Pero tampoco debería fracasar simplemente porque lo haya propuesto Pedro Sánchez.
El PP tiene derecho a exigir modificaciones, financiación concreta, mayor participación autonómica y garantías institucionales. El Gobierno tiene la obligación de negociar de verdad y no utilizar el pacto como instrumento para retratar políticamente a la oposición.
Después tendrán que sentarse.
Y ceder.
Porque si dentro de unos años gobierna Feijóo, otro dirigente del PP o cualquier otra mayoría democrática, España seguirá teniendo olas de calor, sequías, inundaciones, incendios y una transición energética que gestionar.
El clima no consultará quién ganó las elecciones.
Quizá ahí esté la verdadera medida de madurez democrática: ser capaces de acordar hoy algunas decisiones cuyos beneficios recibirán ciudadanos que todavía no pueden votar y que ejecutarán gobiernos que todavía no sabemos quién presidirá.
Los incendios terminarán apagándose. Las cámaras abandonarán los montes y llegará otro asunto que ocupará los titulares.
El calentamiento continuará.
La cuestión es si nuestra política será capaz, alguna vez, de pensar más allá del próximo titular.
