Crisis de Ceuta: Marruecos presiona, Washington protege e Israel aprovecha
La crisis de Ceuta no puede explicarse únicamente como una avalancha migratoria provocada por rumores, desesperación social o redes de tráfico de personas. Todo eso estuvo presente. Pero también hubo una frontera que dejó de funcionar, unas fuerzas de seguridad marroquíes que durante horas no ejercieron el control que habitualmente despliegan y un contexto internacional en el que Rabat sabe que sus ambiciones territoriales encuentran aliados poderosos.
No existe, al menos por ahora, una orden firmada por Mohamed VI, un mensaje de autorización enviado desde Washington o una instrucción procedente del Gobierno israelí. Conviene decirlo con claridad. Sin embargo, tampoco sería serio analizar cada indicio por separado, despojarlo de contexto y concluir que aquí no ha ocurrido nada más que una desgraciada concatenación de acontecimientos.
Hay demasiados hechos que apuntan en la misma dirección.
El papel de Marruecos
Marruecos relajó, perdió o dejó colapsar el control de una de las fronteras más vigiladas de África. La Administración de Donald Trump culpó inmediatamente a España, evitó responsabilizar a Rabat y convirtió las imágenes de la crisis de Ceuta en munición política contra los demócratas. Una comisión de la Cámara de Representantes había cuestionado pocos meses antes el futuro de Ceuta y Melilla. En Estados Unidos se venía alentando una nueva “Marcha Verde” sobre las ciudades españolas. Y, desde determinados espacios políticos y mediáticos israelíes, se había propuesto expresamente ayudar a Marruecos a “recuperarlas” como castigo a España por su posición ante Palestina.
Nada de esto demuestra una operación conjunta. Pero todo ello configura un clima de impunidad.
El punto de partida de este análisis sostiene precisamente que Marruecos actuó sabiendo que Washington no lo condenaría, que la Casa Blanca prefirió responsabilizar al Gobierno español y que desde Israel se alentó el cuestionamiento de Ceuta y Melilla. Algunas de las afirmaciones que han circulado estos días no han podido ser verificadas documentalmente. Su interpretación general, sin embargo, encuentra apoyos mucho más sólidos de lo que inicialmente pudiera parecer.
Una tragedia humana que no debe ocultar la responsabilidad política
Más de 50.000 personas atravesaron la frontera terrestre y marítima desde el 30 de julio. Al menos 72 habían muerto hasta el 2 de agosto y más de un millar necesitaron asistencia sanitaria. Muchas fueron utilizadas, abandonadas o empujadas hacia una frontera en la que se mezclaron la desesperación, el engaño, la manipulación política y la ausencia de protección. Las cifras continuaban siendo provisionales.
La primera obligación consiste en mirar a esas personas como seres humanos. No eran un ejército, aunque alguien pudiera emplearlas como si lo fueran. No eran una amenaza abstracta, sino jóvenes, familias y menores atrapados entre la pobreza, la propaganda y los intereses de gobiernos que jamás asumirán personalmente los riesgos que imponen a los demás.
Convertir al migrante en una categoría deshumanizada forma parte de ese desplazamiento político que termina haciendo que el diferente vuelva a ser presentado como sospechoso. Precisamente por respeto a las víctimas, no podemos aceptar que la dimensión humanitaria sirva para ocultar la responsabilidad de los Estados.
Associated Press constató que, durante la fase inicial, había gendarmes marroquíes que permanecían con los brazos cruzados mientras miles de personas atravesaban los controles. Más tarde, las fuerzas marroquíes utilizaron gases lacrimógenos, porras y cañones de agua para frenar nuevos intentos.
Lo que se revela
Esa secuencia revela que Marruecos conservaba capacidad de intervención. La cuestión es por qué no la empleó desde el principio o por qué su dispositivo falló precisamente cuando decenas de miles de personas se concentraban frente a Ceuta.
No se ha publicado la orden política que explique lo sucedido. Pero exigir que aparezca una orden escrita antes de admitir una posible utilización de la frontera como instrumento de presión equivale a desconocer cómo operan los Estados cuando quieren mantener una negación plausible.
Las fronteras no se abren siempre mediante un decreto. A veces basta con retirar vigilancia, transmitir instrucciones ambiguas, tolerar desplazamientos que normalmente serían interceptados o dejar actuar durante unas horas.
Marruecos y la frontera convertida en mecanismo de coacción
Marruecos conoce perfectamente el valor político de la cooperación migratoria. España y la Unión Europea dependen de Rabat para contener las salidas, combatir las redes de tráfico y vigilar miles de kilómetros de costa. Esa colaboración puede ser necesaria, pero se ha transformado progresivamente en una relación profundamente desequilibrada.
El problema de Europa no consiste solamente en controlar sus fronteras. Consiste en decidir si va a compartir responsabilidades o si seguirá dejando solos a los territorios situados en primera línea, una cuestión que ya analicé al abordar la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo en Canarias.
Cuando Marruecos coopera, recibe reconocimiento diplomático, financiación europea, inversiones, acuerdos comerciales y apoyo en materia de seguridad. Cuando considera que sus intereses no son atendidos, la presión migratoria aumenta, las fronteras se vuelven porosas y España debe gestionar de urgencia las consecuencias humanas y políticas.
Ya ocurrió en mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas entraron en Ceuta después de que España permitiera la atención médica del dirigente saharaui Brahim Ghali. Rabat negó que estuviera castigando a España, pero la coincidencia temporal y la súbita desaparición de los controles hicieron difícil aceptar aquella explicación como una simple casualidad.
La crisis de Ceuta de 2026 reproduce un mecanismo parecido, aunque a una escala mucho más trágica.
La frontera se ha convertido así en una palanca diplomática.
Marruecos puede negar cualquier responsabilidad directa porque no necesita reconocerla. Le basta con que España, la Unión Europea y las propias poblaciones migrantes sepan que el grado de presión depende, en buena medida, de la voluntad política de Rabat.
Eso es poder. Y cuando ese poder se ejerce sobre personas vulnerables para obtener ventajas territoriales o diplomáticas, estamos ante una forma de coacción incompatible con una relación equilibrada entre Estados.
Washington eligió rápidamente a quién proteger
La reacción de la Administración Trump resulta especialmente reveladora en la crisis de Ceuta.
Donald Trump culpó a España de la crisis, atribuyó lo sucedido a una legislación débil y a una mala gestión y utilizó las imágenes para advertir de lo que, según él, ocurriría en Estados Unidos si regresara al poder un Gobierno demócrata. El Departamento de Estado difundió también un mensaje que presentaba la entrada masiva como resultado de que España habría facilitado la inmigración irregular.
Marruecos, el país desde cuyo territorio partieron decenas de miles de personas y cuyas fuerzas de seguridad habían dejado de contenerlas, desapareció de la acusación.
No fue neutralidad. Fue una elección política.
Washington decidió convertir a España, un aliado de la OTAN, en culpable y proteger de cualquier crítica inmediata a la monarquía marroquí. Cuando ya se conocían los primeros intentos masivos de entrada, el secretario de Estado Marco Rubio felicitó a Mohamed VI por el Día del Trono, presentó a Marruecos como un “pilar de estabilidad” y destacó su papel en los Acuerdos de Abraham.
La doble vara de medir
Esa doble vara de medir entre Marruecos y España no demuestra que Washington organizara la crisis de Ceuta. Sí muestra con bastante claridad dónde situó sus lealtades políticas.
Una felicitación diplomática no prueba complicidad. Pero su coincidencia con el silencio sobre la actuación marroquí refuerza una evidencia: Rabat podía confiar en que la Administración estadounidense no dirigiría contra Marruecos la misma dureza que estaba empleando contra España.
La frontera de Ceuta terminó convertida en un escenario de la política interna estadounidense. Las personas que morían, se ahogaban o eran aplastadas dejaron de ser seres humanos para transformarse en imágenes al servicio del discurso trumpista sobre la supuesta “invasión” migratoria.
Esa utilización partidista de una tragedia extranjera revela hasta qué punto la política internacional de Trump se subordina a su propaganda interna. España no fue tratada como una aliada, sino como un decorado útil para atacar a sus adversarios.
El documento del Congreso que no puede minimizarse
La inclinación estadounidense hacia las posiciones marroquíes no se limita a la retórica de Trump.
El 30 de abril de 2026, el informe 119-631 de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, relativo al presupuesto del Departamento de Estado y otros programas de seguridad nacional, incluyó un párrafo extraordinariamente grave.
El documento se refirió a Ceuta y Melilla como ciudades “administradas por España” y situadas en “territorio marroquí”. Además, apoyó que el secretario de Estado alentara conversaciones diplomáticas sobre su “futuro estatus”.
En el mismo apartado se contemplaban importantes fondos de asistencia y financiación militar para Marruecos.
El informe no equivale a una decisión presidencial ni modifica jurídicamente la posición oficial de Estados Unidos. Tampoco supone que Washington haya reconocido la soberanía marroquí sobre las dos ciudades.
Pero presentarlo como una simple nota sin importancia sería irresponsable.
Un órgano del Congreso de Estados Unidos introdujo en un documento oficial la terminología territorial de Rabat. No habló de dos ciudades españolas reclamadas por Marruecos. Habló de ciudades administradas por España en territorio marroquí. La diferencia es enorme.
Ese lenguaje no apareció por generación espontánea. Es el resultado de años de presión diplomática, actividad de grupos de influencia y penetración de la narrativa marroquí en determinados sectores republicanos.
Que todavía no sea política oficial no significa que no pueda llegar a serlo. El reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental también parecía improbable hasta que Donald Trump decidió concedérselo a Mohamed VI en diciembre de 2020.
La “nueva Marcha Verde” llevaba meses circulando
El ambiente político que precedió a la crisis de Ceuta ofrece otros indicios inquietantes.
Michael Rubin, antiguo funcionario del Pentágono y analista del Middle East Forum, había defendido públicamente que Marruecos organizara una nueva “Marcha Verde” sobre Ceuta y Melilla. Llegó a sugerir que decenas de miles de personas avanzaran hacia las ciudades y que excavadoras derribaran las barreras fronterizas.
Rubin no representa oficialmente al Gobierno estadounidense. Sin embargo, tampoco es una figura aislada sin conexiones políticas. Su propuesta se difundió desde un centro de pensamiento influyente en los círculos conservadores y coincidía con los intereses territoriales marroquíes.
Meses después, una comisión del Congreso utilizó un lenguaje semejante al de Rabat.
Y, poco después, decenas de miles de personas se dirigieron hacia Ceuta mientras parte del dispositivo marroquí permanecía inicialmente pasivo.
No hay prueba de que esos tres hechos formen parte de un plan coordinado. Lo intelectualmente deshonesto sería afirmar que carecen de cualquier relación política y que no reflejan un entorno cada vez más favorable a las aspiraciones marroquíes.
Las ideas extremas no llegan de repente a los documentos oficiales. Primero aparecen en artículos, fundaciones, centros de pensamiento y campañas de influencia. Después se normalizan, encuentran representantes políticos y terminan incorporándose al lenguaje institucional.
Eso es lo que parece estar ocurriendo con Ceuta y Melilla en determinados sectores estadounidenses.
Israel no está fuera de este tablero
No existe evidencia pública de que el Gobierno de Benjamín Netanyahu participara en la organización de la crisis de Ceuta ni de que diera instrucciones a Marruecos. La embajadora israelí en España negó expresamente que su Gobierno estuviera considerando apoyar las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla. Esa negativa debe ser recogida.
Pero de ahí no puede deducirse que Israel sea un actor ajeno a la arquitectura política que ha fortalecido a Marruecos.
En diciembre de 2020, Donald Trump reconoció oficialmente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, en el marco del acuerdo trilateral que acompañó la normalización de las relaciones entre Marruecos e Israel.
En 2023, Israel dio un paso más y reconoció oficialmente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. La propia información institucional sobre las relaciones bilaterales entre Israel y Marruecos recoge tanto la reanudación de las relaciones diplomáticas en 2020 como el reconocimiento comunicado por Netanyahu a Mohamed VI en julio de 2023.
La relación entre ambos países se amplió desde entonces en los ámbitos diplomático, militar, tecnológico y de inteligencia.
Israel no es observador neutral
Israel, por tanto, no es un observador neutral. Ha contribuido a legitimar la principal aspiración territorial de Mohamed VI y se ha beneficiado estratégicamente de su alianza con Rabat.
Además, en abril de 2026 el diario israelí Ynet publicó un artículo de opinión titulado “Cómo puede Israel ayudar a Marruecos a recuperar su norte”. El texto proponía que Israel utilizara su influencia en Washington para respaldar las reclamaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla, desacreditar la posición española y castigar al Gobierno de Pedro Sánchez por sus críticas a la ocupación y a los asentamientos israelíes en Palestina.
Era un artículo de opinión firmado por un analista marroquí vinculado al Middle East Forum, no un comunicado del Gobierno israelí. Pero su contenido resulta extremadamente revelador.
No se limitaba a reflexionar sobre un conflicto territorial. Presentaba Ceuta y Melilla como piezas de una represalia geopolítica contra España. Defendía que Israel ayudara a Marruecos a cuestionar la soberanía de un Estado europeo porque ese Estado había denunciado las políticas israelíes en Gaza y Cisjordania.
Eso no es análisis neutral. Es una propuesta de intimidación diplomática.
La negativa oficial
La posterior negativa oficial de la embajadora israelí puede descartar, mientras no aparezcan otras pruebas, que exista una decisión formal del Gobierno de Netanyahu. No elimina, sin embargo, la existencia de un ecosistema político, mediático y estratégico en el que utilizar las aspiraciones territoriales marroquíes contra España se considera una opción legítima.
Tampoco puede olvidarse el contexto de creciente hostilidad diplomática analizado anteriormente en Las amenazas de Israel a España. El reconocimiento español del Estado palestino, las críticas a la actuación militar en Gaza y la denuncia de los asentamientos en Cisjordania han deteriorado profundamente las relaciones entre ambos gobiernos.
La tentación de responder apoyando directa o indirectamente las posiciones marroquíes resulta políticamente verosímil, aunque todavía no pueda presentarse como política oficial.
El Sáhara Occidental fue el precedente
Para comprender lo que ocurre en la crisis de Ceuta hay que regresar al Sáhara Occidental.
Naciones Unidas continúa considerando el Sáhara Occidental como un territorio no autónomo y pendiente de completar su proceso de descolonización. El reconocimiento de Trump no resolvió el conflicto ni otorgó legitimidad internacional definitiva a la ocupación marroquí.
Lo que sí hizo fue enviar un mensaje peligroso: las reivindicaciones territoriales pueden ser recompensadas cuando forman parte de una transacción geopolítica conveniente.
Marruecos normalizó sus relaciones con Israel. Israel obtuvo un nuevo socio árabe. Trump presentó otro éxito de los Acuerdos de Abraham. Y Mohamed VI recibió el reconocimiento estadounidense sobre un territorio cuyo futuro sigue pendiente conforme al derecho internacional.
El pueblo saharaui quedó fuera del intercambio.
Cuando una potencia recompensa una política de hechos consumados en el Sáhara, no debería sorprender que Rabat considere posible trasladar esa lógica a Ceuta y Melilla.
La monarquía marroquí ha comprobado que las alianzas estratégicas, el gasto en influencia y la utilidad geopolítica pueden pesar más que la legalidad internacional. También ha aprendido que España y la Unión Europea temen perder su cooperación migratoria.
Ese aprendizaje es una de las raíces de la actual sensación de impunidad.
El lobby no prueba una operación, pero ayuda a crear el terreno
Marruecos lleva años invirtiendo importantes cantidades en actividades de influencia en Washington. Los registros públicos de la ley estadounidense FARA documentan contratos y actuaciones de entidades que representan intereses vinculados a Rabat ante las instituciones estadounidenses.
Pagar a grupos de presión es legal cuando se declara conforme a la normativa de Estados Unidos. No demuestra que Marruecos comprara una decisión concreta ni que organizara la crisis con la aprobación de Washington.
Lo que demuestra es que Rabat dispone de una infraestructura profesional y persistente para defender sus posiciones, acceder a responsables políticos, introducir sus argumentos en el debate público y cultivar aliados.
Esa inversión ayuda a entender por qué expresiones tradicionalmente utilizadas por Marruecos han empezado a aparecer en artículos de centros conservadores, medios israelíes y documentos del Congreso estadounidense.
El lobby no necesita producir una orden secreta para ser eficaz. Su éxito consiste en modificar gradualmente lo que una sociedad política considera razonable, discutible o posible.
Hace unos años, cuestionar desde Washington la soberanía española de Ceuta y Melilla habría sido una extravagancia. Hoy figura en un informe oficial de la Cámara de Representantes.
Los indicios no son una sentencia, pero tampoco son nada
Conviene establecer con precisión el límite de lo que sabemos sobre la crisis de Ceuta.
No hay pruebas públicas de que Estados Unidos o Israel ordenaran, coordinaran o autorizaran la apertura de la frontera. Associated Press, después de examinar las principales teorías difundidas, tampoco encontró evidencias de una intervención operativa estadounidense o israelí.
Ése es el límite factual.
Pero la política no se reduce a buscar una grabación secreta o un documento con membrete. También consiste en identificar relaciones de poder, incentivos, precedentes, discursos, silencios y beneficiarios.
Sabemos que Marruecos tenía capacidad para intervenir y que parte de sus fuerzas permanecieron inicialmente pasivas.
Sabemos que Trump y el Departamento de Estado culparon a España y evitaron reprochar públicamente la actuación de Rabat.
Conocemos que Rubio elogió a Mohamed VI mientras se desarrollaba la crisis.
Sabemos que una comisión del Congreso cuestionó el futuro de Ceuta y Melilla.
Sabemos que un antiguo funcionario del Pentágono defendió una nueva Marcha Verde.
Existen pruebas de que un medio israelí publicó una propuesta para ayudar a Marruecos a recuperar las ciudades y castigar a España.
Sabemos que Estados Unidos e Israel han reconocido las pretensiones marroquíes sobre el Sáhara Occidental.
Y sabemos que Marruecos lleva años invirtiendo en influencia política en Washington.
Por separado, ninguno de estos elementos prueba una conspiración.
Juntos, describen una convergencia estratégica que no puede ser ignorada.
El primer error sería afirmar como hecho demostrado que Marruecos, Estados Unidos e Israel planificaron conjuntamente la crisis de Ceuta.
El segundo error, igualmente grave, sería desmenuzar los indicios hasta despojarlos de todo significado y aceptar que nos encontramos ante una simple casualidad sin contexto político.
España no puede seguir administrando su propia vulnerabilidad
La respuesta española no debería consistir en gestos patrióticos, acusaciones indiscriminadas ni hostilidad hacia el pueblo marroquí. Tampoco puede limitarse a agradecer la cooperación de Rabat cada vez que Marruecos decide volver a ejercer el control que nunca debió abandonar.
España necesita revisar una relación basada en una dependencia excesiva.
La cooperación migratoria debe estar sometida a mecanismos de evaluación, transparencia y responsabilidad. La Unión Europea tiene que asumir que Ceuta y Melilla no son un problema local español, sino fronteras europeas cuya estabilidad no puede quedar condicionada a la voluntad de una potencia vecina.
El Gobierno español debería exigir públicamente explicaciones sobre la actuación del dispositivo marroquí durante las primeras horas de la crisis de Ceuta. También tendría que reclamar a Washington una rectificación expresa del lenguaje utilizado por la Comisión de Asignaciones y una reafirmación inequívoca de la soberanía española.
Respecto a Israel, España debe distinguir entre la negativa oficial de su embajadora y la existencia evidente de voces que pretenden utilizar las reivindicaciones marroquíes como represalia. Cualquier intento de instrumentalizar Ceuta y Melilla para silenciar las críticas españolas a la ocupación de Palestina debe recibir una respuesta diplomática firme.
Defender la soberanía no exige abandonar el derecho internacional. Al contrario: España será más creíble cuando defienda simultáneamente la integridad de Ceuta y Melilla, el derecho del pueblo saharaui a una solución conforme a las resoluciones de Naciones Unidas y los derechos del pueblo palestino.
No se puede invocar la legalidad internacional únicamente cuando protege nuestros propios intereses.
Una frontera donde se cruzan demasiados intereses
La crisis de Ceuta fue una tragedia humana, una quiebra fronteriza y una advertencia geopolítica.
Marruecos demostró, una vez más, la capacidad de convertir la migración en instrumento de presión. Estados Unidos decidió responsabilizar a España mientras protegía políticamente a un socio autoritario. Y el entorno estratégico israelí mostró que existen sectores dispuestos a utilizar las aspiraciones territoriales de Rabat como castigo contra quienes cuestionan la política de Netanyahu.
No tenemos una prueba concluyente de coordinación. Pero sí un mapa de intereses, precedentes y comportamientos convergentes.
En democracia, la prudencia obliga a no afirmar aquello que no puede demostrarse. No obliga a fingir que no vemos lo que tenemos delante.
Ceuta no puede defenderse mirando únicamente a la valla. Se defiende reduciendo la dependencia de Marruecos, recuperando iniciativa diplomática, exigiendo lealtad a los aliados y protegiendo a las personas que algunos gobiernos convierten en proyectiles humanos.
Porque detrás de cada movimiento geopolítico había miles de seres humanos. Y detrás de cada silencio diplomático, un cálculo de poder.
