Ceuta obliga a hablar claro: una política migratoria democrática para Europa
La tragedia de Ceuta obliga a abandonar algunas comodidades ideológicas. Una política migratoria democrática no puede consistir en levantar muros cada vez más altos y desentenderse de quienes mueren intentando atravesarlos. Pero tampoco puede reducirse a gestionar humanitariamente las consecuencias después de que decenas de miles de personas hayan cruzado una frontera en cuestión de horas. Defender los derechos humanos y controlar quién entra en un país no son objetivos incompatibles: son dos obligaciones de cualquier Estado democrático.
La dimensión de lo ocurrido impide tratarlo como una crisis migratoria ordinaria. El Ministerio del Interior cifró en 72.000 las entradas irregulares registradas el 30 de julio y aseguró el 4 de agosto que más de 70.000 personas habían abandonado ya Ceuta. Este 10 de agosto, el Gobierno confirma 1.342 menores registrados en el sistema de acogida y habla de la pérdida de más de 140 vidas. Son cifras suficientemente graves como para exigir algo más que el habitual intercambio de acusaciones entre Gobierno y oposición.
En josereflexiona.es ya hemos analizado la dimensión humanitaria y europea de la crisis, los intereses geopolíticos que convergen alrededor de Marruecos, Estados Unidos e Israel y la utilización de Ceuta dentro del cerco político contra Pedro Sánchez. Ahora toca dar un paso diferente: preguntarnos qué política permitiría evitar que España y Europa vuelvan a enfrentarse a una situación semejante.
La falsa elección entre humanidad y fronteras
Durante demasiado tiempo, una parte de la derecha europea ha presentado la inmigración como una amenaza casi existencial. Frente a ella, determinados sectores progresistas han reaccionado como si hablar de control fronterizo, capacidad de acogida o retornos significara aceptar automáticamente el marco ideológico de la extrema derecha.
Ese abandono del terreno conceptual ha tenido consecuencias. Cuando los sectores democráticos renuncian a hablar con claridad sobre fronteras, seguridad, cumplimiento de las normas o expulsión de quien carece de derecho a permanecer, esos asuntos no desaparecen. Los ocupa la extrema derecha, los llena de miedo y termina presentándose como la única fuerza política dispuesta a afrontar problemas que son reales, aunque sus soluciones sean simplistas o profundamente injustas.
Una política migratoria democrática debe romper esa trampa. España tiene derecho a controlar su territorio y Europa necesita conocer quién atraviesa sus fronteras exteriores. Al mismo tiempo, quien huye de una persecución tiene derecho a solicitar protección, un menor debe ser protegido con independencia de su nacionalidad y ninguna devolución puede realizarse al margen de la ley o de las garantías fundamentales.
Es posible defender todo eso a la vez. En realidad, una política migratoria seria solo puede funcionar cuando esas piezas operan conjuntamente.
Ceuta demuestra que reaccionar después ya no basta
El 30 de julio mostró hasta qué punto una frontera puede colapsar cuando la concentración de personas supera cualquier capacidad ordinaria de respuesta. España pudo revertir gran parte de las entradas en pocos días gracias también a la cooperación posterior con Marruecos. El propio Ministerio del Interior ha reconocido expresamente que esa colaboración hizo posible el retorno de la inmensa mayoría.
Esa cooperación es necesaria, pero revela igualmente una vulnerabilidad estratégica. Si el funcionamiento efectivo de una frontera exterior de la Unión Europea depende en gran medida de que Marruecos quiera o pueda impedir las salidas desde su territorio, España dispone de un margen de autonomía demasiado reducido. No es necesario demostrar una operación deliberada de Rabat para advertir ese problema.
Conviene ser rigurosos precisamente aquí. La Guardia Civil investiga una nueva convocatoria difundida en redes para intentar entrar en Ceuta el 15 de agosto, pero su informe señala que no está acreditado quién la puso en marcha ni que detrás de ella se encuentre el Gobierno marroquí. Lo que sí está documentado es que circulan llamadas a movilizarse, indicaciones sobre rutas y mensajes falsos acerca de la posibilidad de atravesar la frontera. (RTVE)
La conclusión razonable no consiste en fabricar culpables. Consiste en diseñar una frontera capaz de funcionar incluso cuando la cooperación del país vecino falle, basada en una política migratoria democrática.
Ceuta tiene que ser una frontera europea de verdad
Ceuta no es simplemente una frontera española con Marruecos. Es una frontera exterior de la Unión Europea, y esa circunstancia debería tener consecuencias operativas mucho mayores de las actuales.
La Unión dispone de Frontex, de la Agencia de Asilo de la Unión Europea, de mecanismos financieros, de sistemas compartidos de información y, desde el pasado 12 de junio de 2026, de un nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo plenamente aplicable. El sistema incorpora controles comunes de identidad, seguridad, salud y vulnerabilidad, procedimientos fronterizos, un mecanismo permanente de solidaridad y protocolos específicos para situaciones de crisis o instrumentalización de la migración.
La cuestión ya no es, por tanto, si Europa dispone de herramientas. La cuestión es hasta qué punto está dispuesta a utilizarlas cuando el problema aparece en uno de sus extremos geográficos.
Una política migratoria democrática debería exigir una presencia europea estructuralmente reforzada en Ceuta, con capacidad de vigilancia, inteligencia, identificación, traducción, asesoramiento jurídico y apoyo operativo. Cuando determinados indicadores de presión superasen un umbral previamente establecido, los refuerzos deberían activarse mediante un protocolo acordado de antemano, no después de varios días de negociaciones mientras una ciudad intenta improvisar alojamientos, asistencia sanitaria y seguridad.
Solidaridad europea significa precisamente eso: que una frontera común deje de comportarse como un problema local.
Identificar rápido no significa tratar a todos igual
Una de las grandes simplificaciones del debate consiste en utilizar la expresión “los inmigrantes” como si describiera una única situación jurídica y humana. Entre las personas que cruzan una frontera puede haber solicitantes de asilo, menores, víctimas de trata, migrantes económicos, personas con familiares residentes legalmente en Europa y también individuos que no reúnen ningún requisito para permanecer.
El nuevo sistema europeo intenta precisamente establecer esa diferenciación desde el comienzo. Todas las llegadas irregulares deben someterse a registro y controles de identidad, seguridad, salud y vulnerabilidad. En las fronteras exteriores, el procedimiento de screening debe completarse en un máximo general de siete días y, a partir de ahí, cada persona debe ser conducida al procedimiento jurídico que corresponda.
Esto protege al Estado, pero también al migrante. Una persona perseguida no debería pasar meses atrapada en un laberinto administrativo; una víctima de trata necesita ser identificada cuanto antes y un menor requiere una protección específica desde el primer momento. Del mismo modo, quien carece de derecho a permanecer necesita una resolución administrativa rápida y comprensible.
La respuesta garantista a una frontera desbordada no consiste en dejar de controlar. Consiste en controlar mejor, con más funcionarios, intérpretes, juristas, trabajadores sociales, policías especializados y capacidad administrativa, es decir una política migratoria democrática.
Asilo para quien lo necesita, retorno para quien no tiene derecho
Éste es probablemente uno de los puntos en los que el progresismo necesita expresarse con mayor claridad. Si una persona solicita protección internacional, su caso debe examinarse individualmente, con asesoramiento jurídico y todas las garantías. Si cumple los requisitos, Europa tiene la obligación legal y moral de protegerla.
Ahora bien, cuando después de los procedimientos y recursos correspondientes existe una resolución firme que determina que una persona no tiene derecho a permanecer, el retorno también debe formar parte del sistema. De lo contrario, se genera la percepción de que alcanzar físicamente territorio europeo constituye, en la práctica, una garantía de permanencia independientemente del resultado administrativo.
Eso alimenta el negocio de los traficantes y perjudica también a quienes intentan emigrar respetando las vías legales. El nuevo Pacto combina procedimientos fronterizos más rápidos con asesoramiento jurídico, atención reforzada a las personas vulnerables y mecanismos independientes de vigilancia de los derechos fundamentales. Los menores no acompañados quedan, además, fuera del procedimiento fronterizo ordinario salvo supuestos excepcionales relacionados con la seguridad.
Una política migratoria democrática necesita mantener ambos principios sin complejos: protección efectiva para quien tiene derecho a ella y retornos individualizados, dignos y efectivos para quien definitivamente no lo tiene.
No hay contradicción entre Estado de derecho y control fronterizo. La contradicción aparece cuando pretendemos disponer de uno prescindiendo del otro.
Los menores no pueden convertirse en munición política
La infancia exige un tratamiento distinto. Este 10 de agosto, el Ministerio de Juventud e Infancia mantiene en 1.342 el número de niños y niñas registrados en el sistema de acogida de Ceuta. El Gobierno ha anunciado un crédito extraordinario de 25 millones de euros y el envío, a partir del 16 de agosto, de un equipo técnico para acelerar los procedimientos. La prioridad declarada es estudiar cada caso y buscar la reagrupación familiar cuando sea posible y compatible con el interés superior del menor. (La Moncloa)
España, además, ya dispone de un mecanismo vinculante de redistribución territorial. El Real Decreto-ley 2/2025 reformó la legislación para permitir traslados obligatorios cuando un territorio se encuentra en situación de contingencia migratoria extraordinaria. Antes de esta nueva crisis, 437 menores habían sido trasladados desde Ceuta dentro del mecanismo existente.
No tiene sentido que una ciudad de las dimensiones de Ceuta cargue permanentemente con una responsabilidad derivada únicamente de su posición geográfica. La atención inicial debe realizarse allí donde llega el menor, pero la tutela y los recursos necesarios tienen que distribuirse solidariamente por el conjunto del país cuando el sistema local queda desbordado.
En este terreno caben discrepancias sobre financiación, capacidad o criterios de reparto. Lo que no debería caber es convertir a un niño en argumento electoral por haber nacido al otro lado de una frontera.
Marruecos: cooperación sí, dependencia no
España necesita colaborar con Marruecos. La geografía no admite demasiadas fantasías y la experiencia demuestra que la cooperación policial y fronteriza influye decisivamente en la evolución de las rutas occidentales hacia Europa. El Consejo de la Unión Europea señala que el descenso registrado después del máximo de 2018 estuvo relacionado, entre otros factores, con los mayores esfuerzos de Marruecos y con la cooperación entre Rabat, España y la Unión.
El problema comienza cuando esa cooperación se convierte en dependencia. Marruecos sabe que España y Europa necesitan su colaboración para controlar las salidas, combatir las redes de tráfico y gestionar las readmisiones. Esa realidad concede inevitablemente capacidad negociadora a Rabat en otros ámbitos de la relación bilateral.
La solución no es romper la cooperación, sino europeizarla y hacerla más verificable. Financiación, gestión fronteriza, lucha contra las mafias, readmisiones y programas de movilidad deberían integrarse cada vez más en acuerdos europeos transparentes, con objetivos evaluables y mecanismos de seguimiento. La propia Comisión reconoce que la UE proporciona un apoyo sustancial a Marruecos en gestión migratoria, protección, fronteras y lucha contra el tráfico de personas.
Una política migratoria democrática debería colaborar estrechamente con Rabat sin entregar a Rabat la llave de nuestra estabilidad fronteriza. España y Europa tienen que estar preparadas para gestionar una crisis incluso cuando esa colaboración disminuya o falle.
La vía legal debe ser más atractiva que la irregular
Aquí se encuentra probablemente la pieza más importante de una solución duradera. Si un joven llega a la conclusión de que tiene mayores posibilidades de trabajar en Europa arriesgando su vida en una entrada irregular que solicitando legalmente una oportunidad laboral, el sistema está generando los incentivos equivocados.
España ya dispone de instrumentos que demuestran que otra forma de movilidad es posible. Los programas GECCO de contratación en origen y migración circular permitieron trabajar legalmente en España a 25.767 personas procedentes de 17 países durante 2025. Marruecos representó el 81 % de esas contrataciones y los Gobiernos de España, Francia y Marruecos han puesto en marcha WAFIRA II para acompañar a 3.000 trabajadores marroquíes temporales.
La Unión Europea desarrolla igualmente Talent Partnerships con Marruecos y otros países. Estas asociaciones combinan formación, reconocimiento de cualificaciones, movilidad laboral y cooperación migratoria. La UE acaba además de aprobar el marco del futuro Talent Pool, pensado para conectar trabajadores de terceros países con empleos europeos que presentan dificultades de cobertura.
No se trata de abrir indiscriminadamente las fronteras. Se trata de abrir suficientes puertas legales para que la irregularidad deje de ser el procedimiento más eficaz.
Necesitamos inmigración, pero no trabajadores sin derechos
Europa tiene además que aceptar una realidad incómoda. Muchas economías europeas necesitan trabajadores extranjeros en agricultura, cuidados, construcción, hostelería, transporte y otros sectores. Pretender mantener esas necesidades laborales mientras se presenta toda inmigración como una amenaza conduce a una contradicción difícil de sostener.
La respuesta racional consiste en planificar mejor la llegada de trabajadores. Pero una perspectiva progresista debe añadir una condición esencial: la inmigración legal no puede convertirse en un sistema para importar mano de obra vulnerable, barata y silenciosa.
El trabajador extranjero debe disponer de contrato, salario digno, Seguridad Social, condiciones seguras, alojamiento adecuado cuando corresponda y protección frente a abusos. La propia Orden GECCO 2026 refuerza las garantías sociolaborales y obliga al empleador, en determinados programas circulares, a garantizar alojamiento durante el periodo de actividad.
También hay que perseguir con mucha mayor contundencia la economía sumergida y a quienes se benefician de trabajadores sin documentación. Hablar solo del inmigrante irregular y guardar silencio sobre quien lo contrata fraudulentamente supone mirar únicamente al último eslabón de la cadena.
Ya defendimos una idea parecida al analizar en este blog el debate sobre la regularización migratoria y el Estado de derecho: una política migratoria democrática seria necesita reglas claras, recursos administrativos y derechos laborales, no consignas.
Desarrollo en origen: imprescindible, pero sin vender milagros
La afirmación de que basta con desarrollar los países de origen para detener la inmigración resulta demasiado sencilla. Las decisiones migratorias dependen del empleo, la estabilidad política, las expectativas personales, las redes familiares, la desigualdad, los conflictos y muchas otras circunstancias. Incluso una mejora económica inicial puede aumentar temporalmente la capacidad de emigrar.
Esto no vuelve inútil la cooperación al desarrollo. Todo lo contrario. Significa que debemos dejar de presentarla únicamente como una inversión para mantener a las personas lejos de nuestras fronteras.
Europa debería concentrar una parte importante de su cooperación en formación profesional, creación de empresas, agricultura moderna, infraestructuras, transición energética, educación, fortalecimiento institucional y oportunidades laborales para jóvenes y mujeres. La política debería evaluarse por su capacidad para mejorar vidas y crear opciones reales, no simplemente por cuántas salidas migratorias evita durante un determinado periodo.
Hay una diferencia moral y estratégica importante entre pagar a otro Estado para que actúe como guardia fronterizo y ayudar a construir sociedades donde emigrar pueda ser una elección en lugar de una huida.
Una política migratoria democrática necesita hacer ambas cosas bien: cooperar en el control de movimientos irregulares y contribuir al desarrollo sin convertir la ayuda en una moneda de cambio que permita ignorar derechos humanos o déficits democráticos.
Las redes sociales también han cambiado la frontera
La crisis de Ceuta incorpora una novedad que Europa no debería infravalorar. Las concentraciones humanas pueden organizarse hoy con una rapidez impensable hace pocos años. Un teléfono permite compartir rutas, horarios, mapas, rumores y expectativas con decenas de miles de personas sin necesidad de una organización tradicional visible.
La Guardia Civil ha estudiado precisamente la convocatoria que circula para el 15 de agosto. Según la información conocida, las conversaciones analizadas incluyen cuestiones logísticas sobre cómo cruzar, qué equipamiento llevar o qué zonas utilizar. El informe considera que existe capacidad de movilización, aunque no permite conocer de antemano cuántas personas podrían responder ni quién originó el llamamiento.
Eso exige mejorar la inteligencia de fuentes abiertas y la detección temprana de campañas capaces de provocar movimientos extraordinarios. También resulta necesario perseguir a quienes utilicen estas plataformas para traficar con personas o difundir deliberadamente información falsa con finalidad delictiva.
La respuesta democrática no consiste en censurar Internet. Consiste en comprender que, en el siglo XXI, una parte de la frontera se gestiona también en una pantalla y que los sistemas de alerta deben adaptarse a esa realidad.
La derecha se equivoca, pero una parte de la izquierda también
La derecha radical ofrece una respuesta aparentemente sencilla: cerrar fronteras, aumentar expulsiones y presentar la inmigración como una amenaza cultural. Esa receta ignora que ninguna fortificación elimina las razones económicas, políticas y humanas que impulsan los movimientos migratorios. Los muros pueden desplazar las rutas, pero no hacen desaparecer la presión.
Sin embargo, una parte de la izquierda también se equivoca cuando evita reconocer que la capacidad de acogida, los recursos administrativos, la vivienda y los servicios públicos tienen límites. Admitirlo no implica aceptar un discurso xenófobo. Significa asumir que los derechos necesitan instituciones capaces de garantizarlos y que una acogida desbordada puede terminar perjudicando precisamente a quienes pretende proteger.
La diferencia democrática está en cómo se establecen esos límites. No pueden depender del color de la piel, de la religión o del origen. Deben basarse en reglas generales, procedimientos jurídicos, capacidad real de integración y respeto de los derechos fundamentales.
Del mismo modo, integración no significa exigir a nadie que renuncie a su identidad. Significa compartir unas normas democráticas comunes: respeto a la ley, igualdad entre mujeres y hombres, libertad religiosa y de conciencia, derechos de las personas LGTBI y rechazo de cualquier forma de violencia o discriminación.
Ese terreno no debería pertenecer a la extrema derecha. También forma parte de una concepción progresista de la ciudadanía.
La solución no es una medida: es una arquitectura
Después de Ceuta deberíamos desconfiar de cualquiera que prometa resolver la inmigración con una sola decisión. Ni una valla más alta, ni una regularización, ni un acuerdo con Marruecos, ni unos procedimientos de expulsión más rápidos, ni un gran programa de cooperación pueden resolver aisladamente un fenómeno de esta complejidad.
La solución duradera necesita combinar fronteras suficientemente protegidas, identificación rápida, asilo eficaz, retornos con garantías, protección específica de menores, solidaridad obligatoria entre territorios, vías legales de inmigración laboral, persecución de las mafias y de la explotación empresarial, cooperación con Marruecos sin dependencia excesiva, desarrollo en origen e integración en destino.
Esas medidas se refuerzan entre sí. Más control sin vías legales desplaza las rutas y aumenta el negocio de los traficantes. Más acogida sin procedimientos eficaces puede desbordar los recursos. Retornos sin garantías degradan el Estado de derecho. Más dinero entregado a países de tránsito sin control puede aumentar nuestra dependencia, y una mayor inmigración laboral sin derechos puede alimentar explotación y precariedad.
La política migratoria democrática que Europa necesita no es la suma desordenada de medidas contradictorias. Es una arquitectura coherente que haga compatible humanidad, legalidad, seguridad y responsabilidad.
El objetivo: sustituir inmigración irregular por movilidad regulada
Ésta debería ser la verdadera estrategia europea para las próximas décadas. No acabar con la inmigración, porque sería irreal y probablemente contrario a nuestras necesidades económicas y demográficas. Tampoco aceptar que llegar irregularmente a Ceuta, Canarias, Lampedusa o una isla griega continúe siendo una de las vías principales para iniciar un proyecto de vida en Europa.
El objetivo debe ser que quien quiera trabajar pueda encontrar mecanismos legales suficientemente accesibles; que quien huya de una persecución disponga de procedimientos de protección; que quien cruce irregularmente sea identificado rápidamente; y que quien finalmente no tenga derecho a permanecer pueda ser retornado con dignidad y garantías.
Esto permitiría además reducir el poder de las mafias. Cuando la única puerta visible es clandestina, quien controla esa puerta puede cobrar por ella, mentir sobre lo que existe al otro lado y poner precio a la desesperación. Cuantas más vías legales y previsibles existan, menos atractivo tendrá ese mercado criminal.
No solucionaremos completamente los movimientos migratorios, porque forman parte de la historia humana. Pero sí podemos decidir si continúan gobernados por traficantes, improvisaciones, tragedias y pulsos geopolíticos o si somos capaces de construir un sistema regulado.
Ceuta debería cambiar nuestra forma de hablar de inmigración
Más de 140 personas han perdido la vida tratando de alcanzar Ceuta. Una ciudad quedó desbordada, más de un millar de menores registrados necesitan protección y las fuerzas de seguridad se preparan ante la posibilidad de un nuevo intento colectivo. Reducir todo esto a comprobar quién obtiene ventaja electoral sería una frivolidad.
España debería aprovechar esta crisis para impulsar un gran acuerdo nacional y europeo construido sobre una idea sencilla: la inmigración irregular tiene que dejar de ser la vía más eficaz para entrar en Europa. Para conseguirlo hacen falta fronteras que funcionen, puertas legales suficientemente amplias, protección para quien la merece, decisiones administrativas rápidas y retornos efectivos cuando no existe derecho a permanecer.
Una izquierda democrática no debería tener miedo de defender esa posición. Controlar una frontera no significa perder humanidad, del mismo modo que defender los derechos humanos no exige fingir que las fronteras no existen.
La extrema derecha ha conseguido apropiarse durante demasiado tiempo de palabras como seguridad, frontera, orden o integración. Renunciar a ellas ha sido un error. Esas palabras pueden tener un contenido profundamente democrático cuando se acompañan de derechos, igualdad, justicia social y respeto a la dignidad humana.
Ceuta nos ha recordado de la peor manera posible que una frontera abandonada a la improvisación termina siendo gobernada por el miedo, por las mafias o por los intereses de terceros países. La alternativa no es elegir entre humanidad y control.
La alternativa es conseguir, por fin, que ambos formen parte de la misma política.
