Ceuta y el cerco contra Sánchez: cuando derribar al Gobierno importa más que defender a España
La crisis de Ceuta no termina en la frontera del Tarajal. Después de analizar su dimensión humana, jurídica y europea y de examinar los intereses de Marruecos, Estados Unidos e Israel, queda una tercera cuestión que no puede eludirse: la utilización de esta emergencia para intensificar el cerco contra Sánchez, aunque en el camino resulten dañados la imagen exterior, la soberanía y los intereses de España.
No hay pruebas públicas de una sala de mando donde dirigentes marroquíes, estadounidenses, israelíes, europeos y españoles hayan diseñado conjuntamente una operación para derribar al Gobierno. Presentarlo como un hecho sería una irresponsabilidad.
Sin embargo, tampoco hace falta imaginar una conspiración perfecta para reconocer una partitura compartida. Cada actor persigue sus propios objetivos, pero todos encuentran alguna utilidad en el debilitamiento de Pedro Sánchez: Marruecos gana capacidad de presión; Donald Trump alimenta su relato contra Europa; Israel castiga a uno de los gobiernos europeos más críticos con su actuación; la derecha continental refuerza su agenda antimigratoria; y PP y Vox convierten cualquier embate exterior contra España en una oportunidad para atacar al presidente.
No es necesariamente una conspiración coordinada. Es una convergencia de intereses que produce los efectos de un plan.
Una emergencia nacional convertida en munición partidista
Lo sucedido en Ceuta exigía proteger a la población, asegurar la frontera, asistir humanamente a quienes habían entrado y reclamar una respuesta europea ante una posible instrumentalización de los movimientos migratorios.
El Gobierno podía y debía ser fiscalizado. Sigue siendo necesario aclarar si los servicios de inteligencia anticiparon la llegada masiva, cuándo se reforzaron los dispositivos y por qué la frontera alcanzó semejante nivel de desbordamiento. Como defendí al analizar los problemas reales del Estado de derecho en España, respaldar la legitimidad de un Gobierno no obliga a justificar sus errores ni a renunciar a la rendición de cuentas.
El problema no es que la oposición pregunte. Es la prisa con la que decidió convertir la tragedia en el episodio definitivo de su campaña contra Sánchez.
El Partido Popular anunció una “ofensiva” en el Congreso y el Senado y acusó al Ejecutivo de haber provocado la crisis por su política migratoria. Vox fue todavía más lejos: Santiago Abascal calificó lo ocurrido como una “invasión” y un “acto de guerra” tolerado por Pedro Sánchez, reclamó la militarización permanente de la frontera y vinculó la emergencia con su propósito de sentar al presidente en el banquillo.
Fiscalización, sí. Utilización partidista del miedo, no.
La extraña forma de patriotismo de la derecha española
El patriotismo no consiste en agitar una bandera mientras se celebra que otros países humillen al Gobierno español.
Una oposición responsable puede criticar con dureza al Ejecutivo dentro de España y, al mismo tiempo, defender al Estado frente a las presiones exteriores. Así funciona la lealtad institucional en las democracias maduras: primero se protege el interés nacional y después se depuran responsabilidades políticas.
El PP ha seguido el camino contrario. Sus dirigentes presentaron los primeros reproches europeos como la confirmación de que España estaba aislada y de que Sánchez había perdido toda autoridad. Miguel Tellado llegó a afirmar que quienes desde fuera veían al presidente como un dirigente “débil y sin futuro” tenían razón, aunque después intentara distinguir esa supuesta debilidad de la fortaleza de la nación. La declaración figura en la propia comunicación oficial del Partido Popular.
La distinción resulta artificiosa. Cuando un partido español amplifica en el exterior la idea de que el Gobierno de su país es débil, irresponsable e incapaz de controlar sus fronteras, no solo perjudica a Sánchez. También debilita la posición negociadora de España.
Esa conducta recuerda a lo ocurrido durante los incendios, cuando el PP reclamó silencio y unidad después de haber utilizado otras emergencias para atacar al Ejecutivo. Ya lo analicé en “Política de incendios: cuando el PP pide silencio”. La moderación parece exigible únicamente cuando las responsabilidades pueden afectar a gobiernos conservadores.
Eso no es patriotismo de Estado. Es patriotismo de partido.
Europa corrigió el relato del aislamiento
En las primeras horas, varios gobiernos europeos reaccionaron con dureza. Italia llegó a restablecer temporalmente controles en sus fronteras aéreas y marítimas con España, una decisión recogida en el registro oficial de controles interiores de la Comisión Europea.
Giorgia Meloni aprovechó la crisis para arremeter contra la política migratoria española. Otros gobiernos expresaron su preocupación por los movimientos secundarios dentro de la Unión. La derecha española acogió esas críticas casi con entusiasmo: parecían confirmar su relato sobre la soledad de Sánchez.
Sin embargo, el resultado del Consejo extraordinario de ministros de Interior fue muy diferente. Los Estados miembros y los países asociados a Schengen expresaron una “firme solidaridad” con España y valoraron los esfuerzos “rápidos y eficaces” de las autoridades españolas para responder a la emergencia. También acordaron mejorar la detección de campañas digitales y reforzar la cooperación frente a las redes de tráfico de personas.
Europa no absolvió al Gobierno de todos sus posibles errores. Tampoco declaró ejemplar toda su política migratoria. Pero desmintió la imagen de una España repudiada y abandonada por sus socios.
La reacción de la oposición fue reveladora. Las críticas iniciales habían ocupado titulares, declaraciones y comparecencias. El reconocimiento europeo mereció mucha menos celebración.
El cerco contra Sánchez funciona así: se amplifica cualquier dato que desgaste al Gobierno y se reduce el volumen cuando la realidad contradice el relato.
Sánchez incomoda por defender una voz propia
Pedro Sánchez no representa una ruptura revolucionaria con el orden europeo. Su Gobierno ha cometido errores, mantiene contradicciones evidentes y ha sido especialmente ambiguo en su relación con Marruecos y el Sáhara Occidental.
Pero en una Europa desplazada hacia posiciones conservadoras y militaristas, España conserva una voz relativamente incómoda.
El Gobierno ha defendido que el derecho internacional no puede aplicarse únicamente contra los adversarios geopolíticos. Sánchez ha reclamado coherencia ante las violaciones cometidas en Ucrania, Gaza, Líbano e Irán. En abril de 2026 advirtió que Europa debía actuar ante las violaciones del derecho internacional humanitario si quería conservar su credibilidad cuando defendía a Ucrania frente a Rusia. Esa intervención puede consultarse en la transcripción oficial de La Moncloa.
España también se negó a participar en la denominada Junta de Paz para Gaza, justificándolo por su compromiso con el multilateralismo, Naciones Unidas y el derecho internacional.
Esa posición explica parte de la hostilidad israelí. El embajador de Israel ante Naciones Unidas utilizó la crisis de Ceuta para atacar a España y cuestionar sus ciudades norteafricanas, un episodio que encaja con las amenazas y presiones israelíes que la derecha española suele recibir con un llamativo silencio.
Criticar a Sánchez es legítimo. Pretender que su defensa del derecho internacional carece de costes exteriores es simplemente negar la realidad.
Donald Trump también utiliza Ceuta
Donald Trump no necesitó conocer en profundidad lo sucedido para convertir Ceuta en munición política.
El presidente estadounidense utilizó las imágenes de la frontera española para atacar a sus adversarios demócratas, denunciar las supuestas políticas de “fronteras abiertas” y presentar a Europa como un continente en decadencia. Su intervención no pretendía ayudar a España ni contribuir a resolver la emergencia. Ceuta era un decorado útil para su política interior y para su ofensiva ideológica contra los gobiernos progresistas europeos.
Trump mantiene, además, una relación política privilegiada con Marruecos y una clara alianza estratégica con Israel. Esto no demuestra que Washington organizara la crisis. Sí permite comprender por qué el debilitamiento de Sánchez no resulta incómodo para la actual Administración estadounidense.
El presidente español ha cuestionado intervenciones militares promovidas por Estados Unidos y ha defendido públicamente el “no a la guerra”. En marzo de 2026 expuso esa postura en una declaración institucional desde La Moncloa.
Nada obliga a aceptar sin crítica toda la política exterior española. Pero es evidente que una España con criterio propio incomoda más que una España obediente.
La economía tampoco confirma el desastre anunciado
Existe otro problema para la estrategia de demolición: los datos económicos no dibujan el país arruinado que la oposición lleva años describiendo.
Según el avance del Instituto Nacional de Estadística, el producto interior bruto creció un 0,7 % durante el segundo trimestre de 2026 y un 2,7 % respecto al mismo trimestre del año anterior. La Comisión Europea prevé un crecimiento español del 2,4 % durante 2026 y estima que la tasa de desempleo podría bajar del 10 % por primera vez desde 2008.
La Seguridad Social superó los 22,5 millones de afiliados medios, después de sumar más de 642.500 ocupados en doce meses. El paro registrado terminó julio en 2.311.499 personas, la cifra más baja para ese mes desde 2007.
Estos datos no significan que España viva un milagro. El desempleo continúa siendo elevado, la productividad debe mejorar y demasiados contratos no garantizan un proyecto vital estable.
Pero tampoco existe el hundimiento nacional proclamado a diario.
Como mostraba el análisis del CIS de junio de 2026, el desgaste del Gobierno es real, aunque la oposición tampoco consigue generar una confianza sólida. El país reclama soluciones materiales, no una sucesión interminable de profecías sobre su destrucción.
Defender lo conseguido no exige ocultar las carencias
Reconocer los buenos datos económicos no obliga a caer en la autocomplacencia.
En 2025, el 25,7 % de la población española seguía en riesgo de pobreza o exclusión social, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. La cifra disminuyó ligeramente, pero continúa siendo inaceptable en una de las principales economías europeas.
La vivienda constituye una de las mayores insuficiencias del Gobierno. El 44,3 % de los jóvenes de 26 a 34 años vivía con sus padres en 2025. Casi la mitad explicaba que no podía permitirse comprar o alquilar una vivienda, de acuerdo con el módulo específico publicado por el INE.
Son datos que conectan con dos problemas ya abordados en este blog: la crisis de vivienda que rompe biografías y una emancipación juvenil que puede conducir al empobrecimiento.
Hace falta intervenir con mayor contundencia en la vivienda, reforzar la sanidad, mejorar la dependencia y garantizar empleos que permitan vivir. Defender al Gobierno frente a una ofensiva desleal no significa concederle un cheque en blanco.
La diferencia es que esas lagunas deberían utilizarse para exigir políticas sociales más ambiciosas, no para devolver el país a las recetas que debilitan lo público. Los incendios ya mostraron cómo, cuando la realidad se vuelve insoportable, incluso quienes reniegan del Estado terminan reclamando su auxilio. Esa contradicción fue el centro de “Estado al rescate: el fracaso del relato neoliberal”.
Las “paguitas” que nunca existieron
La derecha española lleva años difundiendo una ficción: quien llega irregularmente a España recibe de manera automática una paga, una vivienda y documentos.
Es falso.
El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia ha desmontado expresamente el bulo de que las personas que llegan en patera reciben una “paguita” inmediata o tienen acceso preferente a todas las prestaciones sociales. Su informe sobre desinformación en el ámbito sociolaboral recuerda que la mayoría de las ayudas exigen residencia legal, empadronamiento, carencia de ingresos u otros requisitos aplicables al conjunto de la población.
La regularización extraordinaria de 2026 tampoco concedía papeles a quien lograra entrar después de su aprobación.
El Real Decreto 316/2026 exigía encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026, acreditar al menos cinco meses de permanencia continuada, carecer de antecedentes penales y cumplir los demás requisitos establecidos. El propio Ministerio publicó una guía sobre las condiciones del procedimiento.
No había papeles automáticos. No había una casa esperando. Jamás hubo una nómina pública por cruzar la frontera.
Había una mentira políticamente rentable.
El auténtico efecto llamada
La derecha acusa constantemente al Gobierno de provocar un “efecto llamada”. Sin embargo, pocas veces se pregunta por el efecto de sus propias campañas.
Durante años ha repetido que España entrega dinero, vivienda y residencia a cualquiera que consiga llegar. El mensaje se dirige al electorado español para despertar miedo y resentimiento, pero las redes sociales no tienen fronteras.
En los días anteriores a la crisis circularon entre miles de jóvenes marroquíes mensajes que aseguraban que “la frontera está abierta” y que podía cruzarse sin papeles. Se difundieron rutas, horarios y falsas interpretaciones de una sentencia judicial. Algunos contenidos alcanzaron una enorme difusión.
No hay pruebas de que esos rumores fueran creados directamente por PP o Vox. Tampoco puede afirmarse que sus discursos causaran por sí solos la llegada masiva.
Pero sí existe una responsabilidad política más amplia.
Cuando durante años se afirma que España recompensa automáticamente la entrada irregular, se construye una leyenda que las mafias y los agitadores pueden reutilizar. Quienes inventan las “paguitas” para provocar rechazo dentro del país terminan suministrando, sin pretenderlo o sin importarles, uno de los argumentos que pueden incentivar el viaje.
Ese es el verdadero efecto llamada de la derecha: fabricar una España imaginaria donde basta llegar para recibir casa, dinero y documentos.
La mentira regresa convertida en tragedia.
Un cerco sin necesidad de una conspiración
Marruecos dispone de la capacidad material para endurecer o relajar la vigilancia de sus fronteras. Estados Unidos utiliza la inmigración europea para alimentar su batalla ideológica. Israel tiene interés en debilitar a un Gobierno que denuncia su actuación en Gaza. Las derechas europeas necesitan que la migración monopolice la agenda. PP y Vox necesitan que cada crisis demuestre la supuesta inviabilidad del Ejecutivo español.
No es necesario que todos reciban instrucciones de un mismo despacho.
Basta con que cada actor empuje en la misma dirección.
El resultado se parece a un plan porque funciona como un plan: aislar a Sánchez, desacreditar su política exterior, presentar sus medidas sociales como irresponsables y convertir cualquier dificultad nacional en una prueba definitiva de que el Gobierno debe caer.
La cuestión no es proteger personalmente a Pedro Sánchez. Ningún gobernante merece semejante identificación con el Estado.
Lo que debe protegerse es el derecho de España a mantener una política propia, preservar su modelo social y decidir su Gobierno mediante las reglas democráticas, no mediante presiones extranjeras amplificadas por una oposición ansiosa por llegar al poder.
La oposición legítima también tiene límites
Una oposición democrática tiene derecho a denunciar errores, exigir dimisiones, investigar responsabilidades y presentar una alternativa.
Lo que no debería hacer es celebrar la presión exterior contra su propio país.
La frontera se cruza cuando los ataques de Trump, Meloni o representantes israelíes son utilizados como argumentos de autoridad contra el Gobierno español. Se cruza cuando la debilidad atribuida a Sánchez se difunde en foros europeos, aunque con ello se deteriore la posición de España. Se cruza cuando una tragedia humana se convierte en el escenario de una campaña electoral.
También se cruza cuando se demoniza a los inmigrantes mientras se difunden sobre ellos falsedades que pueden alimentar las mismas expectativas que luego se denuncian.
El cerco contra Sánchez no busca únicamente sustituir un Gobierno por otro. Pretende desacreditar una determinada idea de España: europea pero no subordinada, social pero no complaciente, comprometida con el derecho internacional y capaz de defender una voz propia.
Esa idea necesita reformas, coherencia y mucha más justicia social. No necesita ser demolida.
Cuando España se convierte en daño colateral
La derecha española afirma que España está por encima de todo. Ceuta demuestra que no siempre es así.
Cuando un Gobierno extranjero presiona a nuestro país, la prioridad sigue siendo atacar a Sánchez. Cuando los datos económicos son positivos, se ignoran. Si el empleo alcanza máximos históricos, se cambia de asunto. Cuando España defiende el derecho internacional, se la acusa de aislarse. Cuando Europa reconoce la respuesta española, el dato desaparece del discurso.
Todo vale mientras acerque la caída del adversario.
Sin embargo, un partido dispuesto a debilitar la imagen exterior de España, amplificar los reproches extranjeros y presentar al país como un Estado fracasado para obtener una ventaja electoral no puede apropiarse de la palabra patriotismo.
El verdadero patriotismo consiste en defender a España incluso cuando gobierna alguien a quien se desea sustituir.
Lo demás es ansia de poder envuelta en una bandera.
