Tres sesiones, una misma Canarias: lo que dejó el pleno del Parlamento
El pleno del Parlamento de Canarias celebrado los días 10 y 11 de noviembre necesitó tres largas sesiones para hablar de casi todo lo que hoy preocupa en las islas: vivienda, juventud, sanidad, dependencia, inmigración, energía, turismo, educación, movilidad, presupuestos y territorio. El propio orden del día oficial del Parlamento de Canarias permite comprobar la dimensión de una sesión que terminó convirtiéndose en una fotografía bastante completa del momento político y social del archipiélago.
Después de leer las tres transcripciones, mi impresión no es que falten diagnósticos. Al contrario: sabemos bastante bien dónde están buena parte de nuestros problemas. Lo que sigue faltando demasiadas veces es algo mucho más difícil: planificación, coordinación entre administraciones, evaluación de resultados y capacidad para convertir las decisiones políticas en cambios perceptibles para la ciudadanía.
El pleno comenzó, además, con un momento que merece quedar fuera de cualquier controversia. La Cámara recordó a Cristina Calero, diputada de Coalición Canaria fallecida el 27 de octubre con solo 36 años. La presidenta evocó su compromiso, su generosidad y su trabajo por Canarias y Lanzarote antes de guardar un minuto de silencio junto a su familia.
Después regresó la política. Y también regresaron sus virtudes y sus peores hábitos.
El pleno del Parlamento volvió a enseñar dos Canarias
Si tuviera que resumir las tres sesiones en una sola idea, diría que vimos dos formas muy distintas de hacer política.
Una fue la del reproche permanente. El Estado culpa a Canarias, Canarias culpa al Estado, el Gobierno actual recuerda lo que no hizo el anterior y la oposición devuelve la acusación. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, las elecciones generales del 29 de noviembre y las estrategias estatales de los partidos estuvieron presentes incluso cuando el asunto debatido era profundamente autonómico.
No es algo completamente nuevo. Ya advertí en el análisis del pleno de septiembre de 2026 que la Cámara empezaba a mirar demasiado pronto hacia las siguientes elecciones. Dos meses después, esa sensación se ha intensificado.
Pero también apareció otro Parlamento. Uno capaz de discutir problemas concretos, aceptar enmiendas, alcanzar acuerdos y aprobar iniciativas por unanimidad.
Entre ambos extremos se mueve buena parte de nuestra política.
Energía: cuando un cero ya no puede considerarse una excepción
Los apagones de Lanzarote y La Palma estuvieron inevitablemente presentes.
Sobre el cero de Lanzarote del 3 de octubre, el consejero de Transición Ecológica explicó que una avería en la subestación de Mácher dejó fuera de servicio la interconexión con Fuerteventura y que el sistema no soportó posteriormente la perturbación, provocando el colapso insular. También reconoció algo especialmente relevante: Lanzarote necesita una red con más alternativas para evitar que una sola avería pueda desencadenar un cero.
En La Palma el diagnóstico resultó todavía más amplio. Se habló de generación envejecida, necesidad de una segunda vía de transporte, redes de distribución que todavía terminan en antena, cierre de anillos y almacenamiento con baterías. El consejero sostuvo incluso que las baterías previstas podrían evitar cerca del 90 % de determinados ceros vinculados a la red de distribución.
Conviene distinguir aquí entre lo que sabemos y lo que políticamente se afirma.
Que los sistemas eléctricos insulares canarios son vulnerables está fuera de discusión. Que necesitan renovación de generación, redes más resilientes, almacenamiento y mayores márgenes de seguridad también parece evidente. Sin embargo, atribuir porcentajes concretos de ceros evitables a una determinada tecnología exige estudios técnicos suficientemente sólidos y públicos.
Vivienda y juventud: una generación que no puede seguir esperando
Otro de los grandes hilos del pleno fue la dificultad de los jóvenes para construir un proyecto de vida propio.
La discusión sobre el Bono Alquiler Joven dejó una imagen bastante representativa. La oposición reprochó al Gobierno canario que la convocatoria se sostuviera fundamentalmente con financiación estatal y aportaciones insulares, mientras el Ejecutivo recordó que dispone de otras líneas autonómicas de ayuda al alquiler y defendió el derecho de Canarias a recibir los fondos estatales correspondientes.
El enfrentamiento político es comprensible. Sin embargo, para quien tiene 27 años, trabaja y sigue viviendo en casa de sus padres porque no puede afrontar un alquiler, la discusión sobre qué Administración puede apuntarse el mérito tiene una importancia bastante relativa.
En el Barómetro de vivienda 2026 ya vimos hasta qué punto la crisis residencial afecta de manera especialmente intensa a las generaciones jóvenes. Entre las personas de 25 a 34 años, el sentimiento de perjuicio por la situación de la vivienda es mucho mayor que entre los grupos de más edad.
El Parlamento debatió además una moción sobre precariedad juvenil que reclamaba, entre otras medidas, el Plan Integral de Juventud, mayor coordinación entre políticas de vivienda, empleo, educación y sanidad, mejores datos sobre la situación de los jóvenes y actuaciones específicas para facilitar la emancipación.
No era una cuestión menor. La propia Ley 2/2023 de Políticas de Juventud de Canarias establece que estas políticas deben abordarse de manera integral y transversal y define el Plan Integral de Juventud como instrumento de coordinación, planificación, seguimiento y evaluación. Puede consultarse aquí el texto consolidado de la ley.
La moción fue finalmente rechazada.
Podemos discutir el contenido concreto de cada medida. Lo que resulta más difícil discutir es el problema que hay detrás: Canarias no puede permitirse que trabajar deje de ser suficiente para emanciparse.
Los servicios públicos: gastar más importa, pero funcionar mejor importa todavía más
Sanidad, educación infantil y dependencia ocuparon también una parte importante de las sesiones.
En las escuelas infantiles dependientes de Bienestar Social volvió a debatirse el traslado de la red hacia Educación, las condiciones laborales del personal y la situación de determinados centros. La oposición reclamó plazos y negociación con los trabajadores; los grupos del Gobierno defendieron que el proceso estaba en marcha, que los centros seguían abiertos y que no se habían perdido empleos. La moción terminó rechazada por 31 votos frente a 24 y tres abstenciones.
Pero detrás del enfrentamiento existe una cuestión bastante más importante: la educación de cero a tres años no puede considerarse simplemente una medida de conciliación. Es también política educativa y una herramienta extraordinariamente importante para reducir desigualdades desde las primeras etapas de la vida.
En sanidad, el conflicto laboral adquirió una relevancia todavía mayor. Las intervenciones sobre la huelga de médicos y las condiciones de otros colectivos sanitarios obligaron finalmente al presidente Fernando Clavijo a comprometerse a participar personalmente en la negociación. El Gobierno defendió que había puesto recursos económicos importantes sobre la mesa y estableció como límite que cualquier acuerdo no deteriorase la asistencia sanitaria.
Es una cautela razonable. Sin embargo, tampoco puede construirse una buena sanidad pública sin profesionales suficientemente estables, reconocidos y escuchados.
Paciente y trabajador sanitario no son adversarios.
Dependencia: cuando mejorar no significa haber terminado
La dependencia proporcionó uno de los pocos debates en los que aparecieron indicadores de mejora bastante concretos.
En la sesión se afirmó que el tiempo medio desde la solicitud hasta el reconocimiento de la dependencia había descendido significativamente y que las solicitudes nuevas estaban resolviéndose con mucha mayor rapidez. El Gobierno atribuyó esa evolución a una reorganización administrativa y al trabajo desarrollado para reducir la bolsa de expedientes antiguos.
Es una buena noticia si esos resultados se consolidan.
Pero este asunto permite extraer una conclusión bastante más general. Una política pública puede mejorar y continuar siendo insuficiente. Reconocer un avance no obliga a dejar de exigir más.
Ese debería ser un principio elemental de una oposición rigurosa y también de un Gobierno responsable: los datos favorables merecen reconocimiento y los problemas pendientes no desaparecen por ello.
El Hierro: la inmigración mostró que el acuerdo todavía es posible
La situación migratoria en El Hierro fue uno de los grandes asuntos del pleno.
Las intervenciones describieron una isla sometida a una presión extraordinaria sobre los servicios sanitarios, los recursos de emergencia, el puerto de La Restinga y determinadas actividades económicas. Pero conviene insistir en algo esencial: una cosa es reconocer esa presión y otra convertir a las personas migrantes en responsables de un sistema que debe estar preparado para gestionar un fenómeno estructural.
La ruta atlántica no apareció ayer.
Precisamente por eso tuvo especial importancia que la mayoría de los grupos parlamentarios canarios consiguiera acordar previamente un documento común con medidas para El Hierro y que, según informó el presidente, la Administración del Estado aceptara ese paquete de propuestas. Se anunciaron recursos económicos, refuerzo sanitario, apoyo operativo y compensaciones para La Restinga.
Ahí apareció una lección que debería recordarse con más frecuencia.
Cuando Canarias negocia fragmentada, cada partido habla principalmente con los suyos. Cuando Canarias llega con una posición común, su capacidad de presión institucional aumenta considerablemente.
Naturalmente seguirá habiendo diferencias sobre Frontex, control de fronteras, cooperación con los países de origen, derivaciones o retornos. Son discusiones legítimas. Pero no deberían impedir un mínimo acuerdo: necesitamos una respuesta estable que proteja simultáneamente la dignidad de quienes llegan y la capacidad de los servicios públicos de quienes viven aquí.
Turismo: la pregunta ya no puede ser solo cuánto crecemos
Uno de los debates más interesantes fue el relativo al reparto de la riqueza turística.
La discusión enfrentó dos verdades que no deberían ser incompatibles. El turismo genera empleo, actividad económica e ingresos públicos fundamentales para Canarias. Al mismo tiempo, una economía puede recibir cifras récord de visitantes y facturación mientras una parte importante de su población sigue teniendo dificultades para pagar la vivienda, hacer la compra o llegar a final de mes.
La cuestión es dónde termina esa riqueza.
Ya lo planteé al analizar la prosperidad turística canaria y quién se beneficia realmente de ella. No basta con medir turistas, pernoctaciones o gasto. También necesitamos conocer qué parte del valor generado se queda en salarios, empresas locales, impuestos, inversión productiva y mejora efectiva de las condiciones de vida.
Eso no es estar contra el turismo.
Es precisamente tomárselo suficientemente en serio como para exigir que su éxito económico produzca también progreso social.
Los Presupuestos de 2027: 13.209 millones no responden por sí solos a la pregunta
El debate presupuestario ocupó buena parte de la tercera sesión.
El proyecto presentado por el Gobierno asciende a 13.209 millones de euros, 717,6 millones más que en 2026. El Ejecutivo destaca especialmente el incremento destinado a sanidad, educación, acción social, justicia, seguridad y vivienda. Las cuentas completas están disponibles en el portal oficial de Presupuestos de Canarias para 2027.
Son cifras importantes y sería absurdo despreciarlas.
Sin embargo, el volumen presupuestario no puede ser el único indicador con el que juzgar una política pública. Tener más presupuesto es positivo si después tenemos mejores servicios, menos demora administrativa, más viviendas disponibles, mejor atención sanitaria y mayor protección social.
Ahí estuvo realmente la discusión.
El Gobierno defendió unas cuentas orientadas al fortalecimiento del Estado del bienestar. La oposición sostuvo que el incremento global convive con importantes carencias sociales y con determinadas prioridades que considera equivocadas.
Las enmiendas a la totalidad de PSOE y Nueva Canarias fueron rechazadas por 42 votos frente a 28, mientras la de Vox obtuvo tres apoyos y 67 votos en contra. El presupuesto continuó así su tramitación parlamentaria.
Mi criterio es sencillo: habrá que juzgarlo menos por lo que promete gastar y más por lo que consiga cambiar.
La Ley del Suelo y la tentación de confundir rapidez con eficacia
El último gran debate fue la actualización de la Ley del Suelo.
El Gobierno defendió la necesidad de agilizar el planeamiento, aumentar la seguridad jurídica, favorecer la renovación urbana y ofrecer más herramientas para afrontar la vivienda y el reto demográfico. La oposición, en cambio, planteó dudas sobre determinados contenidos y, especialmente, sobre la conveniencia de tramitar una reforma tan importante con tanta rapidez al final de la legislatura.
Las enmiendas de devolución de PSOE y Nueva Canarias fueron rechazadas por 41 votos frente a 28.
Creo que aquí debemos evitar otro falso dilema.
Canarias necesita simplificar procedimientos que pueden tardar años. Pero simplificación administrativa no debería significar menos control ambiental, menor participación ciudadana o peor seguridad jurídica.
Una administración moderna no es la que elimina garantías para resolver antes. Es la que consigue mantenerlas sin paralizar durante años aquello que debe resolver en meses.
También hubo acuerdos: quizá la parte menos ruidosa del pleno
Sería injusto terminar el resumen dejando la sensación de que todo fue enfrentamiento.
La proposición relativa a los problemas fiscales y aduaneros que sufren determinados residentes canarios cuando regresan con sus autocaravanas después de largas estancias fuera consiguió un amplísimo consenso. Parte de la iniciativa terminó aprobándose por unanimidad.
También hubo unanimidad en otras propuestas sociales y educativas.
Y precisamente esos acuerdos resultan interesantes porque demuestran algo bastante elemental: los partidos son capaces de entenderse cuando abandonan durante un momento la necesidad de construir un adversario y se concentran en solucionar un problema identificable.
No necesitamos una política sin conflicto. Eso sería poco democrático.
Necesitamos conflicto útil.
Lo que realmente dejaron estas tres sesiones
Después de tres sesiones del pleno del Parlamento, la conclusión que me queda no es especialmente pesimista, pero tampoco complaciente.
Canarias tiene problemas importantes, aunque dispone de instituciones capaces de analizarlos, recursos considerables y suficientes profesionales para afrontarlos. El problema aparece cuando las soluciones se fragmentan entre administraciones, las responsabilidades se convierten en armas electorales y las políticas se anuncian antes de disponer del diagnóstico completo.
Lo hemos visto con la energía. Con la vivienda. Con la juventud, la sanidad, la inmigración. Incluso con el turismo.
Demasiadas veces el debate termina intentando responder quién tiene la culpa antes de responder qué tenemos que hacer.
Y, sin embargo, los momentos de acuerdo del propio pleno demuestran que existe otra posibilidad.
No espero que Gobierno y oposición estén de acuerdo. Su obligación democrática es precisamente debatir modelos diferentes, fiscalizarse y confrontar prioridades. Pero sí espero que, al terminar una legislatura, podamos medir algo más que discursos, millones presupuestados y leyes aprobadas.
Quiero saber cuántas viviendas existen realmente, cuánto espera un paciente, cuánto tarda una persona dependiente en recibir una prestación, cuándo puede emanciparse un joven, cuánto valor del turismo permanece en Canarias y qué hemos hecho para que la próxima avería eléctrica no termine nuevamente en un cero.
Porque la política empieza en los parlamentos.
Pero solo adquiere sentido cuando termina mejorando la vida fuera de ellos.
