Culpa individual: la coartada para no hablar de vivienda
El desahucio de Mari Carmen, ejecutado en Madrid el pasado 23 de septiembre, ha vuelto a colocar la vivienda en el centro del debate público. Una mujer de 87 años fue desalojada de la casa en la que había vivido durante décadas, en un caso que acabó adquiriendo una evidente dimensión política y social. EFE Noticias
Pero alrededor de ese caso ha aparecido también algo que merece una reflexión más profunda. En lugar de discutir solamente qué está ocurriendo con la vivienda, los alquileres, la protección de las personas vulnerables o la capacidad de las administraciones para evitar determinadas situaciones, una parte de la conversación ha terminado desplazándose hacia otra pregunta: ¿merecía realmente esa persona nuestra solidaridad?
Ese cambio de pregunta no es inocente.
Porque cuando conseguimos convertir un problema colectivo en un examen sobre la vida de quien lo padece, el sistema desaparece de la discusión. Y quien estaba sufriendo las consecuencias termina sentado en el banquillo.
Cuando dejamos de hablar de vivienda
España no necesita un caso concreto para demostrar que existe un problema de vivienda. Basta observar las dificultades de amplias capas de la población para acceder a un alquiler asequible, formar un hogar o permanecer en él cuando cambian sus circunstancias económicas.
Tampoco estamos ante una cuestión inventada por una determinada corriente política. El artículo 47 de la Constitución establece que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el acceso a una vivienda digna y adecuada y regular el suelo conforme al interés general. BOE
Conviene hacer aquí una precisión jurídica. El artículo 47 pertenece a los principios rectores de la política social y económica y no dispone de la misma protección jurisdiccional directa que los derechos fundamentales. Pero el artículo 53.3 establece expresamente que estos principios deben informar la legislación, la actuación de los poderes públicos y la práctica judicial. BOE
La Ley 12/2023 desarrolla precisamente ese mandato y habla de acceso a la vivienda en condiciones asequibles, vinculando esa asequibilidad al esfuerzo financiero de los hogares. BOE
Por tanto, discutir sobre vivienda es discutir sobre políticas públicas, mercado, propiedad, regulación, oferta, alquiler social y protección de la vulnerabilidad. No sobre la supuesta perfección moral de cada persona que necesita ayuda.
La culpa individual como explicación universal
Aquí aparece una determinada concepción de la sociedad que me resulta especialmente preocupante.
No me refiero al liberalismo en su conjunto. Sería intelectualmente injusto reducir una tradición política y filosófica muy amplia a semejante caricatura. Me refiero a una versión extrema del individualismo económico que tiende a interpretar casi cualquier resultado social como consecuencia exclusiva de las decisiones personales, la culpa individual.
Si alguien prospera, sería fundamentalmente porque tomó buenas decisiones. Si alguien fracasa, porque tomó las equivocadas.
El siguiente paso resulta casi inevitable: transformar una situación económica en una valoración moral.
¿Ahorró suficientemente? ¿Gastó en algo innecesario? ¿Eligió correctamente dónde vivir? ¿Podría haber trabajado más? ¿Tomó alguna mala decisión hace veinte años?
Preguntas que pueden ser legítimas en la esfera privada terminan convirtiéndose en una especie de tribunal público que decide quién merece nuestra solidaridad.
Y ahí comienza el problema.
Los derechos no son premios a la buena conducta
Una sociedad democrática no puede exigir una biografía impecable para reconocer la dignidad de una persona.
La sanidad pública no pregunta al enfermo si todas sus decisiones vitales fueron saludables antes de atenderlo. La educación no examina la conducta de los padres antes de escolarizar a sus hijos. La protección frente a una situación de necesidad tampoco debería convertirse en un concurso para determinar quién ha vivido de manera suficientemente ejemplar.
Esto no significa negar la responsabilidad personal.
Todos somos responsables, en distinta medida, de nuestras decisiones. Administramos nuestros ingresos, asumimos riesgos, acertamos y nos equivocamos. Pretender lo contrario sería infantilizar a los ciudadanos.
Pero reconocer esa responsabilidad es muy diferente de sostener que cada situación de vulnerabilidad puede explicarse exclusivamente mediante ella, mediante la culpa individual.
Una persona puede tomar decisiones equivocadas y, al mismo tiempo, vivir en una sociedad donde los precios de la vivienda sean excesivos, el parque público insuficiente o determinados mecanismos de protección resulten ineficaces.
Ambas cosas pueden ser ciertas.
Responsabilidad personal sí; absolución del sistema, no
Aquí está, a mi juicio, una de las trampas más eficaces del debate contemporáneo.
Podemos pasar horas investigando cómo administró alguien su dinero, qué decisiones tomó o qué podría haber hecho de otra manera. Y mientras discutimos sobre ello dejamos de formular preguntas mucho más incómodas.
¿Qué políticas de vivienda hemos desarrollado durante décadas? ¿Qué parque público hemos construido? ¿Hasta dónde debe llegar la protección de una persona vulnerable? ¿Cómo conciliamos legítimamente el derecho de propiedad con la función social que nuestro propio ordenamiento atribuye a la vivienda? ¿Qué responsabilidad corresponde a las diferentes administraciones?
Esas preguntas obligan a hablar de política.
El juicio sobre la conducta individual permite evitarlo.
Y probablemente por eso resulta tan atractivo.
La sociedad que construimos cuando culpamos al que cae
Hay algo todavía más inquietante en esta lógica. Casi todos podemos convertirnos algún día en esa persona cuya biografía otros examinan desde la comodidad de una pantalla.
Podemos perder un empleo, equivocarnos financieramente, enfermarnos, separarnos, envejecer o descubrir simplemente que nuestros ingresos ya no alcanzan para seguir el ritmo de los precios.
Entonces quizás alguien encuentre también algún episodio de nuestra vida que permita explicar por qué no merecemos ayuda.
Ese es el mundo que construimos cuando sustituimos solidaridad por mérito y derechos por conducta.
El caso de Mari Carmen terminará desapareciendo de los titulares. El problema de la vivienda permanecerá.
Y quizá la cuestión verdaderamente importante no sea determinar si cada persona que necesita protección ha tomado siempre las decisiones correctas.
La cuestión es mucho más incómoda:
¿queremos una sociedad que intente evitar que las personas caigan, o una dedicada a buscar motivos para explicar por qué merecían caer?
