Por qué soy de izquierdas: una forma de estar en el mundo

No soy de izquierdas por costumbre, por herencia familiar ni por una fidelidad ciega a unas siglas. Lo soy porque, después de muchos años trabajando, observando y pensando, sigo creyendo que una sociedad decente se reconoce por una pregunta muy sencilla: qué hace con quien nace con menos, con quien enferma, con quien envejece, con quien pierde el empleo, con quien no tiene voz o con quien llegará después de nosotros.

Ser de izquierdas, para mí, no consiste en llevar una etiqueta moral ni en imaginar que toda la bondad está de un lado y toda la maldad del otro. Es una manera de mirar la realidad sin apartar los ojos de las desigualdades que se han vuelto tan habituales que ya ni siquiera escandalizan. Negarse a aceptar que la libertad sea patrimonio de quien tiene dinero, contactos, salud, tiempo y tranquilidad. Es defender que nadie debería tener que pedir permiso para vivir con dignidad.

No he llegado a esta convicción leyendo un solo libro ni repitiendo una consigna. He llegado por la experiencia: por el trabajo, por el sindicalismo, por la responsabilidad de lo público, por mi vida en Canarias y por haber dedicado más de tres décadas a entender sistemas eléctricos aislados, frágiles y decisivos para la vida cotidiana de una comunidad.

También he llegado al comprobar que detrás de cada gran decisión económica hay siempre una pregunta política: quién decide, quién gana, quién asume el riesgo y quién se queda sin alternativa.

Esta es mi respuesta. No pretende resumir toda la historia de la izquierda ni convertirse en un catecismo. Es una declaración personal, nacida de una tradición larga y plural, pero escrita desde mi propia conciencia.

Ser de izquierdas es tomarse la igualdad en serio

La izquierda nació, antes que nada, de una incomodidad moral: la que producen las sociedades capaces de generar riqueza y, al mismo tiempo, de condenar a millones de personas a la inseguridad, al miedo y a la dependencia.

El Manifiesto Comunista de 1848 puso en el centro una intuición que continúa siendo válida, más allá de sus límites históricos y de las derivas posteriores de quienes hablaron en su nombre: la economía no es un fenómeno natural ajeno a la democracia; expresa relaciones de poder. (Archivo Marxista)

No hace falta compartir cada diagnóstico ni cada propuesta de aquel texto para reconocer el valor de su pregunta principal: ¿puede llamarse libre una persona que depende por completo de una fuerza económica sobre la que no tiene ningún control?

Yo creo que no.

Una libertad que se extingue al llegar la factura de la luz, el alquiler, una enfermedad o un despido es una libertad demasiado frágil para ser celebrada como si fuera completa.

Porque no me basta

Por eso soy de izquierdas. Porque no me basta con que todos tengamos formalmente los mismos derechos si una parte de la sociedad carece de las condiciones materiales para ejercerlos. La igualdad ante la ley es imprescindible, pero no es suficiente. La igualdad real exige educación pública de calidad, sanidad universal, pensiones dignas, cuidados, vivienda accesible, trabajo decente y una fiscalidad que no descargue el esfuerzo común sobre quienes menos tienen.

La propia Constitución española no define nuestro país solo como un Estado de Derecho, sino como un Estado social y democrático de Derecho. Y no se limita a proclamar libertad e igualdad: ordena a los poderes públicos remover los obstáculos que impidan que sean reales y efectivas. (BOE)

Esa obligación no es un adorno retórico. Es una idea profundamente progresista: la democracia no puede conformarse con contar votos; debe procurar que cada persona tenga una oportunidad razonable de vivir con autonomía y respeto.

El trabajo no es una mercancía

Hay una frase que resume una parte esencial de mi manera de entender el mundo: el trabajo no es una mercancía.

La proclamó la Organización Internacional del Trabajo en la Declaración de Filadelfia de 1944, junto a otras dos ideas de enorme calado: que la libertad de expresión y de asociación son indispensables para el progreso, y que la pobreza de cualquier lugar amenaza la prosperidad de todos. (International Labour Organization)

Para mí, esa declaración sigue siendo una brújula.

He vivido lo suficiente para saber que una empresa puede hablar de talento y de compromiso mientras convierte la estabilidad en privilegio, los horarios en una imposición silenciosa y la vida personal en una variable secundaria. También sé que hay empresas responsables y trabajadores con una enorme vocación profesional. Precisamente por eso defiendo reglas justas: porque la dignidad no debe depender de la buena voluntad de quien manda ni de la capacidad individual de quien necesita conservar su empleo.

El sindicalismo

El sindicalismo no es un obstáculo para la economía. Es una de las formas civilizadas que ha encontrado la democracia para equilibrar el poder dentro del trabajo.

Cuando un trabajador negocia a solas frente a una gran organización, su libertad es mucho menor de lo que parece. Cuando se organiza con otros, puede defender salario, seguridad, conciliación, formación, igualdad y respeto. Eso no destruye la empresa; la obliga a reconocer que quienes producen valor no son piezas intercambiables.

Soy de izquierdas porque creo en la cultura del trabajo bien hecho, pero también porque sé que el mérito no puede ser la coartada con la que se ocultan los privilegios.

Nadie construye una trayectoria solo con esfuerzo propio. Todos dependemos de maestros, familias, servicios públicos, compañeros, cuidados, infraestructuras, normas y generaciones anteriores que dejaron algo construido. Reconocerlo no disminuye el valor del esfuerzo; lo coloca en la realidad.

La democracia debe entrar también en la economía

No concibo la democracia como una ceremonia que se activa cada cuatro años y se apaga cuando se cierran las urnas.

La democracia debe estar presente allí donde se toman las decisiones que condicionan nuestra vida: en los ayuntamientos, en los parlamentos, en los medios de comunicación, en los centros de trabajo, en los mercados estratégicos y en las grandes infraestructuras.

La Declaración de Fráncfort de 1951, uno de los textos de referencia del socialismo democrático europeo, defendió la libertad política, el pluralismo, la oposición, la independencia judicial y el respeto a las minorías. Al mismo tiempo, sostuvo que el poder económico no puede concentrarse sin control democrático y rechazó expresamente tanto el capitalismo sin límites como la planificación totalitaria. (socialistinternational.org)

Esa doble exigencia está muy cerca de mi posición.

No quiero una sociedad sometida a monopolios privados que confundan interés empresarial con interés general. Pero tampoco quiero un Estado que concentre poder, burocratice la vida y reduzca a los ciudadanos a espectadores obedientes.

Quiero instituciones fuertes, transparentes y sometidas a control; servicios públicos capaces; empresas privadas que innoven y creen empleo; cooperativas; economía social; participación de los trabajadores; y sectores estratégicos protegidos cuando está en juego la seguridad, la cohesión territorial o la igualdad de oportunidades.

Hay ámbitos en los que el mercado por sí solo no garantiza derechos. La energía, el agua, la vivienda, la movilidad, la sanidad, la educación o la dependencia no pueden tratarse únicamente como negocios.

No porque toda gestión pública sea por definición mejor, sino porque su finalidad debe ser otra: garantizar derechos, continuidad, calidad y equidad. Cuando un servicio esencial falla, no falla una abstracción; falla la vida de las personas.

Mi experiencia como ingeniero técnico también me ha hecho de izquierdas

Durante más de treinta años he trabajado vinculado a sistemas eléctricos aislados, como los de Canarias. Esa experiencia técnica me ha enseñado una lección que trasciende la ingeniería: ningún sistema complejo se sostiene desde la improvisación, la miopía o el interés de una sola parte.

En un sistema insular, una decisión mal tomada no queda escondida en un informe. Puede afectar a la seguridad de suministro, a los costes que pagan los ciudadanos, a la calidad ambiental y a la capacidad de toda una isla para afrontar una emergencia.

Todo está relacionado: generación, redes, almacenamiento, demanda, reservas, territorio, inversión, mantenimiento y planificación. La técnica obliga a pensar en el conjunto.

No pretendo convertir una red eléctrica en una metáfora fácil de una sociedad. Pero sí me parece evidente que una comunidad también se resiente cuando se abandona a la lógica del “sálvese quien pueda”.

La cohesión

La cohesión no es caridad. Es infraestructura democrática.

Es saber que, cuando llega un problema serio, habrá una sanidad que atienda, una escuela que acompañe, un servicio público que responda y una red de cuidados que no deje caer a quien ya no puede sostenerse solo.

Por eso mi defensa de la transición ecológica no es decorativa. No la reduzco a una fotografía con placas solares o molinos al fondo. La transición energética es una obligación climática, una oportunidad industrial y un desafío de justicia.

Debe reducir emisiones y dependencia de los combustibles fósiles, pero también crear empleo digno, repartir beneficios, proteger el territorio y evitar que las familias con menos recursos paguen el coste de lo que otros han contaminado durante décadas.

La conciencia ecológica obligó a la izquierda a ampliar su mirada. La Declaración de Estocolmo de 1972 situó por primera vez el medio ambiente en el centro de la agenda internacional. (Naciones Unidas)

A partir de ahí ya no resultaba posible medir el progreso únicamente por el crecimiento económico, el consumo o la producción. Una sociedad no puede llamarse avanzada si destruye las condiciones materiales que hacen posible la vida.

El Acuerdo de París vinculó después la acción climática con el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la transición justa de los trabajadores, los derechos humanos y la equidad entre generaciones. (UNFCCC)

Esa es la dirección correcta.

No habrá ecología socialmente sólida si se presenta como un sacrificio impuesto a quienes ya viven con más dificultades. Y no habrá justicia social duradera si ignora el límite físico de un planeta que no puede absorber indefinidamente nuestra destrucción.

La izquierda que defiendo no tiene derecho a ser autoritaria

Ser de izquierdas no implica negar los errores, los fracasos ni las tragedias cometidas en nombre de la igualdad. Al contrario: me obliga a mirarlos de frente.

Nada que se llame emancipación puede justificar la censura, la persecución, el culto al líder, la eliminación de la oposición, la manipulación de la justicia o la reducción de la libertad de conciencia.

No acepto que se me plantee una elección entre libertad y justicia social. Esa disyuntiva es falsa.

Sin libertad no hay izquierda digna de ese nombre; sin justicia social, la libertad se convierte demasiadas veces en privilegio.

El socialismo democrático aprendió esa lección con claridad al defender que no hay socialismo sin democracia y que la democracia exige pluralismo, oposición y garantías para las minorías. (socialistinternational.org)

Por eso no creo en las verdades indiscutibles ni en las organizaciones que se colocan por encima de la ciudadanía. La izquierda que me representa debe ser crítica consigo misma, respetuosa con el discrepante y exigente con sus propios gobernantes.

Debe combatir la corrupción incluso cuando incomoda a los suyos. Debe rechazar el sectarismo, la mentira útil y la tentación de convertir al adversario político en enemigo moral.

La democracia no es una herramienta que se usa mientras conviene. Es el límite que protege a todos, especialmente a quien piensa distinto.

La igualdad no se limita a la renta

Ser progresista, hoy, exige entender que la desigualdad tiene muchos rostros. Es económica, pero también es de género, de origen, de edad, de discapacidad, de territorio y de acceso a la cultura o a la información.

Hay personas que cargan con desventajas acumuladas incluso antes de poder tomar decisiones importantes sobre su propia vida.

No defiendo la igualdad porque crea que todos somos iguales en capacidades, deseos o trayectorias. No lo somos. Defiendo la igualdad porque cada persona merece el mismo respeto y porque ninguna diferencia puede convertirse en permiso para humillar, explotar o excluir.

La igualdad no borra la diversidad; la protege.

Eso implica feminismo, porque no hay democracia plena mientras las mujeres sigan soportando una parte desproporcionada de los cuidados, la violencia y la desigualdad laboral. Implica defender los derechos de las personas LGTBI, porque nadie debe vivir con miedo por ser quien es.

Mirar la migración con humanidad y con rigor, sin convertir a las personas en mercancía electoral. Implica combatir el racismo, la aporofobia y cualquier forma de desprecio hacia quien llega con menos poder.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948, unió libertades civiles y políticas con derechos a la seguridad social, a la educación y a un nivel de vida adecuado. (Naciones Unidas)

Ese vínculo sigue siendo esencial: no hay dignidad humana a medias.

No soy de izquierdas contra nadie

Jamas he sido de izquierdas por odio a quien tiene éxito, emprende, ahorra o crea una empresa. No deseo una sociedad pobre para que todos seamos iguales en la escasez.

Aspiro a una sociedad próspera, culta, innovadora y capaz de generar riqueza. Lo que rechazo es que la riqueza se convierta en coartada para la desigualdad ilimitada o para la captura privada de bienes que pertenecen a todos.

No creo que las personas de derechas sean peores ni menos humanas. Hay ciudadanos honestos y generosos con ideas distintas a las mías. La democracia necesita esa convivencia.

Pero también necesita que las diferencias se digan con claridad.

Yo no comparto una visión del mundo que confía casi exclusivamente en el mercado, que presenta los impuestos como un robo y los servicios públicos como una carga, que desconfía de la organización colectiva y que convierte la desigualdad en un resultado inevitable o incluso merecido.

La política no debería consistir en sembrar resentimiento. Pero tampoco puede consistir en pedir a quienes sufren injusticia que sonrían y agradezcan su suerte.

La convivencia democrática exige empatía, pero no exige resignación.

Mi izquierda es canaria, europea e internacionalista

Vivir en Canarias enseña muchas cosas. Enseña lo que significa la distancia, la dependencia de recursos externos, la fragilidad territorial, la desigualdad entre islas y la importancia de no confundir el mapa con la realidad.

Un territorio insular no puede copiar sin más decisiones pensadas para otros lugares. Necesita planificación, conocimiento, cohesión territorial y una idea exigente de lo común.

Para mí, ser de izquierdas en Canarias significa defender servicios públicos que lleguen a todas las islas; una transición energética que no deje al archipiélago atado al petróleo; empleo de calidad; vivienda que permita a los jóvenes emanciparse; una economía que no expulse a la población residente; y una política territorial que no trate el suelo, el paisaje ni el agua como mercancías sin límite.

Pero mi izquierda también es europea e internacionalista.

Ningún país puede afrontar solo el cambio climático, el poder de las grandes plataformas tecnológicas, la desigualdad fiscal, las migraciones, las crisis energéticas o las amenazas a la democracia.

La soberanía del siglo XXI no se defiende levantando muros mentales; se defiende cooperando con reglas comunes, derechos exigibles y capacidad pública para proteger a la ciudadanía.

La pobreza, la guerra, la emergencia climática y la desigualdad no se quedan quietas en una frontera. La Declaración de Filadelfia lo expresó con una lucidez que no ha perdido fuerza: la pobreza, en cualquier lugar, pone en peligro la prosperidad en todas partes. (International Labour Organization)

Una decisión que se renueva cada día

Soy de izquierdas porque me niego a considerar normal que una persona trabaje y siga siendo pobre.

Porque no quiero que la enfermedad, la vejez o la dependencia se conviertan en una ruina familiar.

Porque creo que los hijos de una trabajadora precaria deben tener los mismos horizontes que los hijos de quien nace rodeado de privilegios.

También porque me importa que los jóvenes puedan imaginar un futuro sin encadenar contratos, alquileres imposibles y ansiedad permanente.

Soy de izquierdas porque no quiero heredar a las generaciones que vienen un clima más hostil, un territorio degradado y una democracia más débil.

Porque sé que el progreso técnico puede servir para mejorar la vida o para concentrar más poder, y porque la diferencia la marcan las decisiones colectivas.

Soy de izquierdas porque creo que la política, cuando merece la pena, no consiste en administrar la resignación. Consiste en ampliar lo posible. En convertir derechos escritos en vidas vivibles. En sostener la libertad con igualdad, y la igualdad con libertad.

No sé si el mundo será alguna vez justo del todo. Probablemente no.

Pero sé que hay una diferencia profunda entre quienes se conforman con las injusticias porque las consideran inevitables y quienes deciden combatirlas, aunque no tengan garantía de victoria.

Yo he elegido estar entre los segundos.