Europa y Canarias: las islas dejan de ser una nota a pie de página

Hay problemas que desde una capital continental pueden parecer simples inconvenientes logísticos. Desde una isla, en cambio, forman parte de la vida diaria. El precio de un billete. La frecuencia de un barco o un avión. La dificultad para acceder a determinados servicios, el coste de transportar mercancías, la fragilidad de los sistemas energéticos o la presión sobre un territorio limitado.

Por eso la nueva estrategia de la Unión Europea para las islas merece atención. No porque vaya a resolver por sí sola los problemas de Canarias, sino porque reconoce algo que durante demasiado tiempo se ha tratado como una cuestión secundaria. Vivir en una isla no es una rareza geográfica, sino una condición económica, social y política que debe contar en las decisiones públicas.

El 10 de junio de 2026, la Comisión Europea aprobó por primera vez una estrategia específica para las islas de la Unión. El documento aborda la conectividad, la economía, la energía, el clima, la vivienda, los servicios públicos, la demografía y la gobernanza territorial. La Unión calcula que existen cerca de 27.000 islas europeas, más de 4.000 habitadas, con una población aproximada de 17 millones de personas.

La cuestión de fondo es clara: Europa y Canarias tienen ahora una oportunidad para dejar de hablar de insularidad como una excepción permanente y empezar a convertirla en un criterio real de justicia territorial.

Europa reconoce por fin el coste de vivir en una isla

La estrategia europea parte de un concepto relevante: el coste de la insularidad. No se trata solo de que los desplazamientos sean más caros o de que transportar mercancías requiera más tiempo. La insularidad encarece la actividad económica. Dificulta el acceso a servicios, limita el tamaño de los mercados y obliga a las administraciones públicas a prestar servicios con mayores costes por habitante.

La Comisión recoge estudios de la OCDE que muestran diferencias muy significativas respecto al continente. En determinados territorios insulares, los costes de transporte pueden superar ampliamente los niveles de referencia continentales. El gasto público por habitante puede ser entre un 30% y un 50% mayor; y la vivienda puede registrar precios muy superiores en municipios isleños. Esos datos no pueden trasladarse mecánicamente a Canarias, pero ayudan a entender que la insularidad tiene consecuencias materiales, no solo simbólicas.

La nueva estrategia organiza la respuesta europea en cuatro grandes ámbitos. Conectividad, competitividad e innovación. Seguridad energética y resiliencia climática. Calidad de vida, vivienda y demografía; y gobernanza territorial. Es decir, Europa empieza a aceptar que las islas no pueden ser tratadas como simples extensiones periféricas del continente. (European Commission)

Ese cambio de enfoque importa. Durante años, muchas políticas europeas se han diseñado desde parámetros continentales y después se han adaptado, con mayor o menor fortuna, a las realidades insulares. La nueva estrategia propone invertir el razonamiento: tener en cuenta desde el principio cómo afectan las decisiones europeas a quienes viven en territorios aislados, fragmentados y dependientes de conexiones exteriores.

Un avance político que todavía no garantiza resultados

Conviene valorar la estrategia sin triunfalismos. Es una buena noticia que la Comisión Europea reconozca explícitamente que la conectividad, la vivienda, la energía, el agua, el turismo o la despoblación afectan de manera particular a las islas. Pero una estrategia no equivale a una ley, ni a una financiación automática, ni a un cambio inmediato en la vida de las personas.

El documento se apoya principalmente en instrumentos ya existentes. Política de cohesión, fondos europeos, ayudas de Estado, programas de innovación, inversión del Banco Europeo de Inversiones y futuras decisiones presupuestarias. La Comisión calcula que, en el actual periodo de programación 2021-2027, los Estados miembros han destinado al menos 12.500 millones de euros a inversiones específicas para islas, aunque esa cifra excluye a las regiones ultraperiféricas.

Esto obliga a leer la estrategia con atención. No estamos ante un nuevo fondo europeo exclusivo para Canarias. Estamos ante un marco político que puede ayudar a orientar futuras inversiones, revisar normas, flexibilizar ayudas y exigir que la insularidad sea considerada en la política europea de transporte, energía, vivienda, conectividad digital o transición ecológica.

La diferencia entre una oportunidad y una frustración dependerá de la capacidad de los gobiernos, las instituciones canarias, los cabildos, los municipios, los sindicatos, las organizaciones sociales y los sectores económicos para convertir ese marco en proyectos concretos y defendibles.

Europa ha abierto una puerta. Ahora hay que impedir que se quede en una declaración bien redactada.

Canarias no es solo una isla: es una región ultraperiférica

Canarias tiene una condición singular que no debe diluirse dentro de una estrategia genérica para las islas. Forma parte de las nueve regiones ultraperiféricas de la Unión Europea y cuenta con un reconocimiento específico en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Ese marco reconoce que Canarias soporta dificultades permanentes derivadas de su lejanía, insularidad, reducida dimensión territorial, dependencia exterior y especialización económica. La propia Comisión Europea considera que las regiones ultraperiféricas son territorios estratégicos para Europa, especialmente por su papel en el Atlántico, la biodiversidad, la investigación, las energías renovables y la cooperación internacional. (European Commission)

Por eso Canarias no debería conformarse con aparecer como una isla más dentro del mapa europeo. Necesita que su singularidad sea reconocida en la futura estrategia específica para las regiones ultraperiféricas, que continúa anunciada por las instituciones europeas para este año. Según la información disponible en el Parlamento Europeo, esa nueva estrategia deberá abordar financiación, simplificación normativa y adaptación de las políticas comunitarias a las regiones alejadas del continente. (Parlamento Europeo)

La nueva estrategia de islas puede ser útil. Pero no sustituye al régimen específico de Canarias. Debe complementarlo y reforzarlo.

Vivienda, energía y transporte: tres pruebas de verdad

La utilidad real de esta estrategia se medirá en asuntos concretos. Y Canarias tiene varios sobre la mesa.

La vivienda es uno de ellos. La Comisión reconoce que muchas islas sufren una presión creciente por la escasez de suelo, el turismo, las viviendas vacacionales, las segundas residencias y la demanda inversora. El documento europeo plantea apoyar la vivienda asequible y social, simplificar procedimientos y facilitar inversiones públicas.

Canarias vive esa tensión de forma especialmente intensa. El Gobierno autonómico ha reclamado ante la Unión Europea medidas excepcionales que permitan limitar la compra de vivienda por parte de no residentes en zonas de alta presión residencial. Esa propuesta puede ser discutida y requiere un encaje jurídico sólido, pero refleja un problema real: el mercado de la vivienda no puede quedar completamente sometido a la rentabilidad turística, especulativa o financiera cuando miles de personas no logran acceder a un hogar digno. (Gobierno de Canarias)

La energía es otra prueba decisiva. La estrategia europea incluye la ampliación de la iniciativa “Energía limpia para las islas” hasta 2030, apoyo a redes eléctricas preparadas para sistemas renovables, almacenamiento, comunidades energéticas y planificación específica para territorios no interconectados.

Para Canarias, esta cuestión no puede reducirse a instalar más placas solares o más aerogeneradores. La transición energética necesita redes robustas, almacenamiento, estabilidad del sistema eléctrico, capacidad de gestión pública y una reducción real de la dependencia de los combustibles fósiles. Las islas pueden ser laboratorios de innovación, sí, pero no pueden convertirse en territorios donde se ensayan soluciones sin garantizar antes seguridad de suministro, participación social y beneficio colectivo.

El transporte

También el transporte será una prueba de verdad. La estrategia plantea que los Estados miembros utilicen mecanismos de servicio público, compensaciones y financiación específica para garantizar conexiones regulares, asequibles y sostenibles. Habla de puertos electrificados, combustibles alternativos, mejores conexiones digitales y reducción de los costes derivados de la insularidad.

Pero el transporte no puede analizarse solo desde la competitividad empresarial o turística. Para una persona que vive en El Hierro, La Gomera, La Palma, Lanzarote o Fuerteventura, la conectividad es una condición de igualdad. Afecta a la salud, a la educación, al empleo, a los cuidados familiares y a la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida sin verse obligado a marcharse.

La insularidad debe entrar en todas las decisiones públicas

La parte más interesante de la estrategia europea quizá no sea la lista de fondos o programas, sino la idea de que las políticas deben someterse a una especie de “prueba de insularidad”.

La Comisión plantea identificar desde el inicio si una nueva norma europea puede tener efectos específicos sobre las islas y tenerlos en cuenta en las evaluaciones de impacto. También propone mejorar los datos disponibles, reforzar la participación de autoridades locales y regionales, y facilitar un diálogo estable entre las instituciones europeas y los territorios insulares.

Ese principio debería trasladarse a Canarias. Antes de aprobar una norma turística, una política de vivienda, una infraestructura energética, una planificación portuaria o una medida ambiental, habría que preguntarse algo elemental: ¿cómo afectará esto a la vida cotidiana de quienes viven aquí?

No se trata de pedir privilegios. Se trata de garantizar igualdad real. La igualdad no consiste en aplicar exactamente la misma regla a territorios profundamente distintos. Consiste en reconocer las diferencias para que nadie quede en desventaja por el lugar en el que vive.

Una oportunidad que exige ambición y vigilancia

Europa ha tardado demasiado en reconocer que las islas no pueden seguir siendo una nota al margen de sus políticas. La nueva estrategia supone un avance político importante porque sitúa la insularidad en el centro de debates que afectan directamente a la vida de millones de personas.

Pero Canarias debe ser exigente. Debe reclamar financiación estable, instrumentos adaptados, participación efectiva, protección de los servicios públicos, vivienda asequible, transporte digno, soberanía energética y una política europea que mire al Atlántico no como una frontera lejana, sino como un espacio estratégico de futuro.

La Europa que dice defender la cohesión territorial tiene ahora una oportunidad para demostrarlo.

Canarias no necesita caridad institucional ni discursos grandilocuentes sobre su belleza o su posición geográfica. Necesita políticas que permitan vivir aquí con dignidad, trabajar aquí con derechos, acceder a una vivienda, disponer de servicios públicos adecuados y construir un modelo económico menos dependiente y más justo.

La insularidad no debería condenar a nadie a pagar más, esperar más o tener menos oportunidades. Esa es la idea que Europa empieza por fin a reconocer. Ahora falta convertirla en hechos.