Ceuta, Marruecos y la estrategia de Sánchez: ¿pasividad o política de Estado?
La estrategia de Sánchez ante Marruecos se está juzgando, en buena medida, por aquello que podemos ver. Tras la entrada irregular de unas 72.000 personas en Ceuta el pasado 30 de julio, una parte de la oposición y del debate público ha interpretado la ausencia de una confrontación abierta con Rabat como debilidad, pasividad o sometimiento. Sin embargo, existe otra posibilidad que merece ser examinada con serenidad: que una crisis potencialmente relacionada con la seguridad nacional no pueda gestionarse mostrando públicamente todas las cartas.
No pretendo afirmar que Pedro Sánchez esté desarrollando una operación diplomática secreta ni que el Gobierno disponga de pruebas que responsabilicen a Marruecos de lo sucedido. No las conocemos. De hecho, el propio presidente ha descartado públicamente disponer de evidencias que permitan atribuir aquella entrada masiva a las autoridades marroquíes. Lo que planteo es algo diferente: no sabemos lo suficiente para convertir la prudencia pública en prueba de inacción.
Esta reflexión continúa necesariamente el análisis que ya hicimos en Crisis de Ceuta: frontera, derechos y Europa y en Apoyo a Ceuta: ¿solidaridad o utilización política?. Ahora toca ir un poco más lejos: preguntarnos cómo debería actuar España si detrás de lo ocurrido existiera un componente de presión estratégica que todavía no puede demostrarse públicamente.
La estrategia de Sánchez comienza con un hecho difícil de minimizar
El 30 de julio ocurrió algo excepcional. Alrededor de 72.000 personas entraron irregularmente en Ceuta desde Marruecos, según las cifras españolas manejadas posteriormente. Miles permanecieron en la ciudad y el episodio provocó una presión extraordinaria sobre las capacidades policiales, militares, sanitarias y humanitarias. España terminó solicitando también apoyo adicional de Frontex para gestionar la situación.
Al día siguiente, Pedro Sánchez viajó a Ceuta y definió lo ocurrido como una violación de la integridad territorial de España. En aquella comparecencia, el presidente atribuyó inicialmente la avalancha a la difusión de una interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo a través de redes vinculadas al tráfico de seres humanos. La transcripción oficial de aquella intervención sigue disponible en La Moncloa.
Un mes después, Sánchez ha vuelto a descartar públicamente la implicación de las autoridades marroquíes y ha situado buena parte del origen de la crisis en campañas de desinformación y redes internacionales que habrían difundido mensajes falsos sobre la posibilidad de entrar y permanecer en España. Marruecos, por su parte, niega haber relajado deliberadamente la vigilancia fronteriza.
Estos son los hechos conocidos.
A partir de aquí empieza la interpretación.
Lo que sabemos y lo que no sabemos
Sabemos que 72.000 personas no atraviesan una frontera en unas horas sin producir una alteración extraordinaria de los dispositivos de vigilancia existentes. Sabemos también que Marruecos posee una considerable capacidad de control sobre su lado de la frontera y que la cooperación marroquí resulta esencial para contener los movimientos migratorios hacia Ceuta.
Lo que no sabemos es mucho más importante para este análisis.
No sabemos qué información concreta manejaron los servicios españoles antes, durante y después de la crisis. Tampoco conocemos las conversaciones diplomáticas reservadas que pudieron producirse entre Madrid y Rabat ni las evaluaciones que España pudiera haber compartido con otros gobiernos europeos. Mucho menos conocemos todas las decisiones adoptadas por el CNI, Interior, Defensa o Exteriores.
Esta diferencia entre conocimiento y sospecha resulta esencial. En josereflexiona.es ya defendimos, al analizar las Devoluciones masivas en Ceuta: los límites de la ley, que los problemas complejos empeoran cuando sustituimos el Derecho y los hechos por consignas. Lo mismo ocurre con la política exterior.
No debemos demostrar ingenuidad ante Marruecos. Pero tampoco podemos convertir una hipótesis plausible en un hecho demostrado.
Después llegaron las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla
La inquietud aumenta cuando incorporamos lo ocurrido después.
El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, volvió a reivindicar públicamente Ceuta y Melilla y planteó la posibilidad de dialogar sobre su soberanía. La respuesta española fue inequívoca: el Gobierno rechazó cualquier negociación territorial y reiteró que la soberanía española sobre ambas ciudades no está en discusión.
Estas declaraciones no prueban que Marruecos organizara o permitiera deliberadamente la entrada masiva del 30 de julio. Sería metodológicamente incorrecto establecer esa relación como hecho.
Pero sí forman parte del contexto político.
España tiene delante un Estado que coopera estrechamente con nosotros en numerosos ámbitos y que, simultáneamente, mantiene una reivindicación territorial sobre dos ciudades españolas. Esa contradicción obliga a gestionar la relación con Marruecos desde una combinación incómoda de cooperación, vigilancia y capacidad de disuasión.
La estrategia de Sánchez debe evaluarse precisamente dentro de ese equilibrio, no desde la comodidad de imaginar que España puede escoger entre ser amiga o enemiga de Marruecos.
La Marcha Verde no se repite, pero la historia obliga a pensar
La memoria española conserva inevitablemente el precedente de la Marcha Verde de 1975. La comparación tiene límites importantes: Hassan II organizó entonces explícitamente una movilización civil para avanzar sobre el Sáhara Occidental, en unas circunstancias históricas y jurídicas completamente diferentes.
Ceuta en 2026 no es la Marcha Verde.
Sin embargo, aquel episodio dejó una enseñanza que sigue siendo válida: la presión entre Estados no necesita adoptar siempre la forma de tanques atravesando una frontera. Puede utilizar mecanismos económicos, migratorios, informativos, diplomáticos o sociales para generar efectos políticos evitando alcanzar el umbral de una guerra convencional.
La propia Unión Europea considera actualmente la instrumentalización de la migración como una de las modalidades posibles de amenaza híbrida. El Consejo de la UE aprobó en marzo de 2026 unas conclusiones que incluyen expresamente la instrumentalización migratoria entre las actividades destinadas a socavar la seguridad y estabilidad de los Estados miembros.
Esto tampoco demuestra que Marruecos haya actuado así en Ceuta.
Demuestra algo diferente: el escenario que estamos analizando existe dentro de las doctrinas actuales de seguridad europeas y, por tanto, ningún Gobierno responsable puede descartarlo simplemente porque resulte incómodo.
Hagamos el ejercicio más difícil
Supongamos ahora, exclusivamente como hipótesis de análisis, que Pedro Sánchez recibiera información suficientemente sólida para concluir que determinadas estructuras del Estado marroquí permitieron conscientemente aquella entrada masiva con la intención de presionar o desestabilizar a España.
¿Qué debería hacer?
La respuesta emocional resulta sencilla: acusar públicamente a Marruecos, convocar a su embajador, suspender acuerdos, pedir sanciones y demostrar inmediatamente fortaleza.
La respuesta estratégica es bastante más complicada.
Antes de pronunciar una acusación de semejante gravedad, cualquier presidente tendría que preguntarse si puede demostrarla ante sus socios, qué reacción provocaría Rabat, cuál sería la posición de Francia, qué respaldo obtendría de la Unión Europea, qué haría Estados Unidos y qué capacidad tendría España para soportar una escalada prolongada.
Ese es el punto donde la estrategia de Sánchez deja de ser una cuestión de carácter personal y se convierte en un problema de relaciones de poder.
Marruecos ya no juega solamente con España
Marruecos mantiene una relación estratégica muy importante con Estados Unidos. Donald Trump reconoció en 2020 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y la relación bilateral incluye cooperación militar, inteligencia, ejercicios conjuntos y fuertes intereses económicos.
Un acontecimiento reciente ayuda a comprender el valor estratégico que Washington atribuye al país. El 29 de junio de 2026, la Casa Blanca declaró una emergencia relacionada con el suministro estadounidense de fertilizantes y autorizó temporalmente la suspensión de determinados derechos aplicados a fertilizantes fosfatados procedentes de Marruecos, vinculando su suministro con la seguridad económica y nacional estadounidense.
Eso no significa que Estados Unidos apoyaría a Marruecos contra España.
España sigue siendo miembro de la OTAN, socio estratégico estadounidense y sede de instalaciones militares fundamentales. Pero sería ingenuo pensar que Washington carece de intereses propios en Marruecos o que cualquier conflicto entre Madrid y Rabat se resolvería automáticamente mediante un alineamiento estadounidense con España.
Francia introduce otra variable. París mantiene una relación extraordinariamente estrecha con Rabat y ha profundizado su acercamiento político después de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Francia y Marruecos preparan además un nuevo marco bilateral para profundizar la cooperación en defensa, seguridad, economía e industria.
La conclusión no debería ser que España está sola. Sería igualmente exagerado.
Significa que el tablero es mucho más complejo de lo que sugieren quienes reclaman una respuesta fulminante como si las consecuencias posteriores no existieran.
Europa es nuestra mayor fuerza, pero también nuestra dependencia
España dispone de algo que Marruecos no tiene: pertenece a la Unión Europea.
Y esa diferencia es enorme.
La UE es el principal socio comercial de Marruecos y también su mayor inversor extranjero. En 2025 concentró el 33,7 % del comercio marroquí de bienes, mientras que el intercambio total entre ambas partes alcanzó los 62.200 millones de euros.
Europa posee, por tanto, instrumentos comerciales, económicos, diplomáticos y políticos capaces de influir significativamente sobre Rabat.
Pero hay una condición.
España necesita convencer a sus socios.
Una confrontación precipitada podría dividir a los Veintisiete entre quienes priorizaran la solidaridad con España y quienes intentaran preservar sus relaciones económicas, migratorias o estratégicas con Marruecos. Por eso, acumular pruebas, construir alianzas y europeizar cualquier futura respuesta podría resultar mucho más eficaz que realizar una gran declaración política sin tener preparada la fase siguiente.
En nuestra anterior reflexión sobre una Política migratoria democrática: la salida para Ceuta ya señalábamos precisamente esta dependencia: España no resolverá estructuralmente el problema mientras la estabilidad fronteriza dependa en exceso de la voluntad de terceros países.
Estrategia de Sánchez: contener no significa rendirse
Llegamos así al núcleo de esta entrada.
Si un adversario pretende desestabilizar políticamente un país, provocar una reacción emocional de su Gobierno puede formar parte del propio objetivo.
Una acusación precipitada contra Marruecos podría desencadenar una cadena difícil de controlar: respuesta diplomática de Rabat, deterioro de la cooperación migratoria, nuevas tensiones sobre Ceuta y Melilla, división europea, incertidumbre en el Estrecho y una escalada política interna española.
Negarse a entrar inmediatamente en esa dinámica no es necesariamente cobardía.
Puede ser contención.
Y la contención constituye una herramienta clásica de política exterior cuando las condiciones para una confrontación resultan desfavorables.
Ahora bien, existe una condición imprescindible: contener no puede significar quedarse quieto.
Ganar tiempo solo tiene sentido si España se hace más fuerte
Esta es probablemente la cuestión por la que tendremos que juzgar finalmente la estrategia de Sánchez.
Si el Gobierno simplemente deja pasar el tiempo, evita conflictos y espera que Marruecos no vuelva a generar problemas, estaremos ante una política vulnerable y difícilmente defendible.
Pero si utiliza ese tiempo para reforzar la seguridad de Ceuta y Melilla, mejorar las capacidades de inteligencia, preparar respuestas frente a amenazas híbridas, reducir dependencias, construir una posición común europea y aumentar el coste político de cualquier futura presión sobre España, entonces estaremos hablando de algo completamente diferente.
Ganar tiempo no consiste en esperar.
Consiste en modificar la relación de fuerzas mientras se evita una confrontación prematura.
España ya ha solicitado apoyo europeo para gestionar la crisis y Frontex ha entrado en la ecuación. La propia UE posee mecanismos específicos contra amenazas híbridas y ha desarrollado equipos de respuesta rápida capaces de intervenir frente a actuaciones que combinen desinformación, presión migratoria, sabotaje u otras técnicas de desestabilización.
Nada de esto demuestra que exista una estrategia reservada española contra Marruecos.
Pero demuestra que existen instrumentos para desarrollarla.
El problema de juzgar únicamente lo que vemos
Las democracias tienen una dificultad particular en política exterior.
Debemos exigir transparencia al Gobierno porque el poder necesita control democrático. Pero determinadas actuaciones diplomáticas, de inteligencia o de seguridad solo funcionan mientras permanecen reservadas.
Nadie espera que el CNI publique sus operaciones en una rueda de prensa. Tampoco que Exteriores revele todas sus conversaciones con gobiernos aliados ni que Defensa explique preventivamente cada escenario que está preparando.
Por eso existe una frontera incómoda entre control democrático y eficacia.
El ciudadano tiene derecho a exigir resultados, explicaciones parlamentarias y responsabilidades. Pero no puede concluir automáticamente que una actuación inexistente públicamente sea también inexistente en los despachos donde debe producirse.
La ausencia de información no demuestra actividad.
Pero tampoco demuestra pasividad.
Esa sencilla precaución intelectual está desapareciendo con demasiada frecuencia del debate español.
Ni cheque en blanco ni condena anticipada
Defender este margen de prudencia no significa convertirse en defensor del Gobierno.
Pedro Sánchez puede equivocarse.
El Ejecutivo puede haber calculado mal la respuesta. Puede haber infravalorado el riesgo. Puede estar confiando demasiado en Marruecos. Y dentro de unos meses podríamos descubrir que detrás de la moderación no había ninguna estrategia sofisticada, sino simplemente el deseo de evitar un problema político incómodo.
Entonces habrá que decirlo con la misma claridad.
Pero hoy tampoco disponemos de elementos suficientes para afirmar que la estrategia de Sánchez consiste en someterse a Marruecos o permanecer pasivo ante una amenaza.
Entre la confianza ciega y la acusación de traición existe un espacio democrático mucho más razonable: vigilancia, exigencia y prudencia.
El tiempo terminará respondiendo
Dentro de unos meses habrá indicadores que podremos observar.
Sabremos si España ha reforzado realmente Ceuta y Melilla. Veremos si la Unión Europea incorpora esta crisis a su reflexión sobre amenazas híbridas. Podremos comprobar si disminuyen nuestras vulnerabilidades, si aparecen nuevos mecanismos de coordinación con Marruecos y si Madrid ha conseguido aumentar el respaldo europeo a la integridad territorial española.
Esos resultados permitirán juzgar mucho mejor la estrategia de Sánchez que cualquier gesto teatral realizado hoy.
La política exterior rara vez ofrece la satisfacción inmediata que exige la política doméstica. Un dirigente puede necesitar elevar la voz. También puede necesitar guardar silencio. Lo importante no es cuánto ruido produce, sino qué posición deja a su país cuando termina la crisis.
Por eso creo que todavía es pronto para dictar sentencia.
Podemos —y debemos— exigir que España defienda inequívocamente Ceuta y Melilla, que reduzca cualquier dependencia que pueda convertirse en instrumento de presión y que prepare respuestas proporcionadas ante posibles amenazas híbridas.
Pero también debemos admitir algo menos satisfactorio: existen momentos en los que un Gobierno sirve mejor al interés nacional precisamente evitando mostrar todo lo que sabe y todo lo que hace.
Si la prudencia actual es pasividad, el tiempo terminará dejándola al descubierto.
Si, por el contrario, detrás de ella existe una estrategia para ganar margen, reforzar alianzas y conseguir que España llegue más fuerte al siguiente movimiento, entonces quizá descubramos que aquello que algunos llamaron debilidad era, sencillamente, política de Estado.
