Apoyo a Ceuta: cuando la solidaridad empieza a parecer una campaña
El próximo 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta, centenares de plazas de ayuntamientos españoles acogerán concentraciones de apoyo a Ceuta. Sobre el papel, pocas iniciativas podrían resultar más razonables: una ciudad española ha sufrido una crisis extraordinaria, sus servicios públicos se han visto sometidos a una presión enorme y buena parte de su población se siente desbordada, insegura y abandonada.
Los ceutíes merecen solidaridad. Mucha.
Precisamente por eso conviene preguntarse si esa solidaridad está siendo utilizada como envoltorio para otra cosa.
La convocatoria parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuya presidenta, María José García-Pelayo, anunció el pasado 25 de agosto concentraciones ante los consistorios para mostrar el respaldo de los municipios españoles a Ceuta. La iniciativa podría haber sido una magnífica demostración de unidad institucional. Sin embargo, nació acompañada de una controversia difícil de ignorar: representantes socialistas y de otros grupos de la propia Federación aseguran que la decisión fue adoptada unilateralmente, sin acuerdo previo de sus órganos de gobierno. Algunos ayuntamientos han decidido por ello no secundarla.
Ahí empieza el problema.
No porque apoyar a Ceuta sea partidista.
Sino porque existe el riesgo de que alguien haya decidido convertir en partidista precisamente aquello que nunca debería serlo.
Una institución que debería representar a todos
La FEMP no es el Partido Popular ni el Partido Socialista. Tampoco debería comportarse como una prolongación de ninguno de ellos. Representa al municipalismo español y, por tanto, su enorme valor institucional consiste precisamente en poder actuar por encima de las siglas cuando la situación lo exige.
La convocatoria oficial publicada por la FEMP habla de solidaridad con los ciudadanos ceutíes y emplaza a los ayuntamientos españoles a concentrarse el 2 de septiembre. Nada reprochable hay en esas palabras.
El problema aparece cuando observamos el contexto político que rodea la convocatoria.
El mismo Alberto Núñez Feijóo ha incorporado las concentraciones del día 2 a su ofensiva política sobre Ceuta. Este 29 de agosto, al inaugurar el curso político del PP en Galicia, volvió a cargar duramente contra el Gobierno, anunció la personación de su partido en la causa abierta sobre lo ocurrido, reclamó la comparecencia de la directora del CNI y pidió respaldo para las concentraciones convocadas por la FEMP.
Nada impide al líder de la oposición criticar al Gobierno. Al contrario: esa es una de sus funciones democráticas. Y existen razones legítimas para exigir explicaciones sobre la gestión de una crisis de semejante magnitud.
Pero entonces surge una pregunta incómoda.
¿Estamos ante una concentración institucional de solidaridad con Ceuta o ante una movilización incorporada a la estrategia política de un partido?
Ambas cosas pueden comenzar pareciéndose mucho. Pero no son lo mismo.
Y mientras tanto, ¿qué está ocurriendo en Ceuta?
Existe además una circunstancia que debería obligarnos a extremar la prudencia.
Mientras desde la Península se multiplican las convocatorias para «apoyar a Ceuta», dentro de la propia ciudad algunos movimientos vecinales han optado por frenar temporalmente sus protestas ante el temor de que puedan ser infiltradas, aprovechadas o confundidas con movimientos ultras.
Según ha informado El País, algunas movilizaciones ciudadanas fueron suspendidas precisamente por esa preocupación. La Policía no habría detectado una presencia masiva y organizada de grupos extremistas desplazados a la ciudad, algo que también conviene dejar perfectamente claro, pero el temor existe entre determinados colectivos locales y está condicionando las protestas.
También se han producido episodios de violencia y una creciente tensión social. En los últimos días han circulado mensajes de odio y se han celebrado marchas con consignas como «invasores, expulsión».
La paradoja merece atención.
Puede ocurrir que desde centenares de kilómetros de distancia alguien crea estar defendiendo a los ceutíes mientras una parte de esos mismos ceutíes intenta evitar que su legítima angustia sea apropiada por quienes buscan convertirla en combustible político.
Apoyar a una población significa también escucharla. No utilizarla.
Si fue una «invasión», ¿quién invadió a quién?
Hay otro aspecto del discurso político de estas semanas que resulta difícil pasar por alto.
Parte de la derecha ha utilizado reiteradamente la palabra «invasión» para describir la entrada masiva de personas desde Marruecos. Feijóo la empleó el 1 de agosto al acusar a Pedro Sánchez de no haber reaccionado pese a conocer, según su versión, la amenaza existente. Vox fue mucho más lejos: Santiago Abascal habló desde Ceuta de una «invasión» y de un «acto de guerra promovido por Marruecos y tolerado por Pedro Sánchez».
Conviene introducir aquí una precisión importante. Ni PP ni Vox han guardado silencio absoluto sobre Marruecos. Feijóo ha reclamado aclarar qué falló en la cooperación con Rabat y ha exigido una relación basada en el respeto mutuo; Vox ha acusado expresamente al Gobierno marroquí de deslealtad e implicación en lo sucedido. Negarlo sería falsear el debate.
Pero queda una contradicción política difícil de esconder.
Aceptemos durante unos segundos, exclusivamente a efectos dialécticos, el marco que ellos mismos utilizan.
Supongamos que España sufrió una «invasión».
Supongamos incluso, como sostiene Vox, que fue un «acto de guerra promovido por Marruecos».
Entonces la pregunta resulta casi inevitable: ¿cómo puede convertirse el Gobierno del país supuestamente invadido en el gran protagonista culpable del relato mientras el Gobierno del país al que se atribuye la agresión ocupa un espacio comparativamente mucho menor en la movilización política?
Invasor e invadido
El Ejecutivo español puede haber cometido errores. Puede haber reaccionado tarde. Puede haber infravalorado información previa. Debe explicar qué conocía, cuándo lo conoció, por qué fallaron determinados mecanismos de prevención y por qué algunas respuestas han tardado semanas en adoptarse.
Todo eso es perfectamente discutible y merece fiscalización democrática.
Pero si alguien decide utilizar palabras tan enormes como «invasión» o «acto de guerra», tendrá que aceptar también las consecuencias lógicas de sus propias palabras.
Porque un Gobierno puede gestionar mal una agresión exterior.
Lo que resulta bastante más difícil es presentarlo simultáneamente como principal culpable de que otro Estado supuestamente la haya ejecutado.
Marruecos, el incómodo vecino que siempre está detrás del decorado
La relación con Marruecos merece además un debate mucho más serio que el intercambio de consignas al que estamos asistiendo.
España necesita cooperar con Marruecos. La geografía no se cambia mediante declaraciones políticas. La gestión de los movimientos migratorios, la lucha contra determinadas redes criminales, la seguridad fronteriza, la economía, Canarias, Ceuta, Melilla y numerosas cuestiones geoestratégicas obligan a mantener una relación compleja con Rabat.
Precisamente por eso esa relación necesita transparencia, firmeza y reciprocidad.
No se puede convertir Marruecos alternativamente en socio indispensable cuando conviene y en amenaza existencial cuando resulta políticamente útil. Tampoco sería razonable atribuir al Gobierno marroquí la organización de los acontecimientos del 30 y 31 de julio sin disponer de pruebas públicas concluyentes que permitan afirmarlo.
Una democracia adulta debería ser capaz de mantener simultáneamente dos ideas: exigir responsabilidades al Gobierno español por sus decisiones y exigir explicaciones a Marruecos por lo ocurrido en su lado de una frontera cuya vigilancia también le corresponde.
Sin estridencias. Sin ingenuidad. Y sin utilizar a miles de personas desesperadas como piezas de una guerra política.
Defender Ceuta también significa defender el Estado de derecho
Hay además una cuestión que ya abordé recientemente en este blog al analizar las devoluciones masivas en Ceuta y los límites que establece nuestro Estado de derecho.
España tiene derecho a controlar sus fronteras. Los ciudadanos de Ceuta tienen derecho a reclamar seguridad, servicios públicos suficientes y una respuesta del Estado acorde con la situación excepcional que están soportando.
Y las personas que no tengan derecho a permanecer en territorio español pueden ser devueltas conforme establece la legislación.
Pero democracia significa precisamente conservar las reglas cuando resulta más difícil hacerlo.
No existen derechos humanos para tiempos tranquilos y otros diferentes para tiempos de crisis.
Por eso apoyar a Ceuta no debería significar alimentar el enfrentamiento entre ceutíes e inmigrantes, ni transformar una crisis extraordinariamente compleja en una sencilla batalla entre buenos y malos.
Tampoco debería consistir en utilizar una institución municipalista para escenificar una ofensiva partidista.
Ceuta necesita solidaridad, no propietarios
Yo apoyaría sin reservas una gran movilización nacional por Ceuta si su mensaje fuera inequívoco.
Con los ceutíes.
Con sus servicios públicos.
A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Con quienes están trabajando sobre el terreno.
Con la defensa de nuestras fronteras.
Por el cumplimiento de la ley.
Por supuesto con los derechos humanos.
Y con la exigencia de responsabilidades tanto a nuestro Gobierno como, cuando corresponda, a Marruecos.
Lo que me cuesta aceptar es que una expresión colectiva de solidaridad pueda convertirse en un instrumento mediante el cual unos partidos se arroguen la representación de España frente a otros españoles.
Ceuta no pertenece al PP.
Tampoco al PSOE.
Ni a Vox.
Ceuta no necesita que nadie se apropie de ella para ganar la próxima batalla electoral.
Necesita soluciones.
Y quizás una de las mejores formas de demostrar que verdaderamente estamos con los ceutíes sea empezar por no utilizar su angustia como escenario de nuestra política peninsular.
Porque cuando una manifestación convocada «por Ceuta» comienza a servir para saber quién está con un partido y quién está contra otro, posiblemente hemos dejado de hablar de Ceuta.
Y hemos empezado a hablar de nosotros mismos.
