Justicia fiscal: España acepta los impuestos, pero desconfía de cómo se reparten

Hay una forma bastante cómoda de hablar de impuestos: afirmar que nadie quiere pagarlos. La última encuesta del CIS sobre opinión pública y política fiscal obliga a mirar el asunto con bastante más cuidado. La justicia fiscal preocupa a los españoles, pero los datos no dibujan una sociedad que haya dejado de creer en los impuestos o que reclame masivamente desmontar los servicios públicos. Dibujan algo distinto y, políticamente, bastante más incómodo.

El 59,2% considera que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos. Otro 14,4% los identifica como un instrumento para redistribuir mejor la riqueza. Frente a ellos, un 24,8% se queda con la idea de que son algo que el Estado obliga a pagar sin saber muy bien qué se recibe a cambio.

La primera conclusión merece atención: la legitimidad del impuesto sigue siendo ampliamente mayoritaria. La desconfianza aparece después, cuando preguntamos quién paga, cuánto paga cada cual, qué obtenemos a cambio y qué hace la Administración con el dinero.

El estudio Opinión pública y política fiscal (XLIII) del CIS se realizó entre el 6 y el 13 de julio de 2026 sobre 6.000 entrevistas. Su margen de error declarado para el conjunto de la muestra es de ±1,3 puntos. Los cruces por edad, clase social, ideología o recuerdo de voto permiten, además, observar que detrás de los porcentajes generales existen diferencias importantes.

Los impuestos se aceptan mejor de lo que suele contarse

Una de las preguntas más reveladoras obliga a escoger entre dos objetivos: mejorar servicios y prestaciones aunque haya que pagar más impuestos, o pagar menos aunque eso implique reducirlos.

La escala va de 0 a 10. El cero representa la defensa más clara de los servicios públicos y el diez la prioridad absoluta de bajar impuestos. La posición media de los españoles se sitúa en 4,40, ligeramente inclinada hacia la primera opción.

Además, el 20,2% se coloca directamente en el extremo que prioriza mejorar los servicios aunque cueste más, mientras apenas un 6,4% elige el extremo contrario.

Esto importa porque buena parte del debate fiscal español se formula como si bajar impuestos constituyera una aspiración social evidente y universal. Los datos introducen un matiz esencial: cuando se explicita el coste de esa bajada en sanidad, educación, pensiones o prestaciones sociales, la respuesta cambia.

La edición de 2025 ya apuntaba en esa dirección, pero en 2026 se refuerza. Entonces, el 54,4% consideraba los impuestos necesarios para financiar servicios públicos; ahora son el 59,2%. Al mismo tiempo, quienes los describían como una obligación cuyo retorno resulta poco claro bajan del 30,6% al 24,8%.

No parece, por tanto, que España esté avanzando hacia un rechazo general de la fiscalidad.

Justicia fiscal: ahí empieza el verdadero problema

La fotografía cambia radicalmente cuando la pregunta deja de referirse a la necesidad de los impuestos y aborda su reparto, la justicia fiscal.

Solo el 20,4% piensa que en España se cobran con justicia, entendiendo por ello que pagan más quienes más tienen. El 77,2% no lo cree.

Es uno de los resultados más contundentes de toda la encuesta.

La cifra también tiene una característica importante: apenas mejora respecto a 2025, cuando el porcentaje alcanzaba el 78,9%. Es decir, otras percepciones fiscales evolucionan, pero la sensación de injusticia permanece prácticamente enquistada.

Y otro dato ayuda a interpretar qué entiende una parte importante de la sociedad por justicia fiscal. El 70,1% preferiría que la recaudación descansara fundamentalmente sobre impuestos directos, como el IRPF, ligados a la renta o a la riqueza. Solo el 24,4% prefiere impuestos indirectos, como el IVA, que gravan el consumo.

Un año antes, la preferencia por la imposición directa era del 63,3%. El aumento es considerable.

Estamos ante una demanda bastante nítida de progresividad: no se cuestiona únicamente cuánto se recauda, sino cómo se distribuye el esfuerzo entre quienes tienen capacidades económicas muy diferentes.

Queremos servicios públicos, pero muchos creen que reciben demasiado poco

Aquí aparece otra grieta.

Cuando se pregunta por el beneficio que obtiene el conjunto de la sociedad gracias a los impuestos y cotizaciones, el 43,6% responde que mucho o bastante. Un 54,4% considera que poco o nada.

La percepción empeora cuando cada persona piensa en su propio hogar. El 57,4% cree que su familia recibe menos de las administraciones de lo que paga mediante impuestos y cotizaciones.

Este dato merece cierta prudencia. Una encuesta mide percepciones, no realiza el balance contable completo de cada hogar. Muchos beneficios públicos son difíciles de cuantificar individualmente: sanidad universal, carreteras, seguridad, educación, justicia, pensiones futuras, protección social o servicios municipales forman parte de un entramado que no siempre percibimos cuando no lo estamos utilizando.

Pero la percepción existe, y políticamente cuenta.

Una democracia fiscal necesita algo más que recaudar. También necesita que el ciudadano pueda relacionar razonablemente lo que aporta con aquello que recibe la sociedad.

La paradoja de pedir más gasto

Si España estuviera viviendo una revuelta contra el Estado y los impuestos, cabría esperar que una mayoría reclamara reducir el gasto público.

La encuesta muestra prácticamente lo contrario en algunos de los principales servicios.

El 89% considera que se dedican muy pocos recursos a vivienda. Lo piensa también el 79% respecto a sanidad, el 78,3% sobre investigación científica y tecnológica, el 72,4% en relación con el medio rural y el 68,4% en dependencia.

Las cifras siguen siendo muy elevadas en protección del medio ambiente, con un 65,4%; enseñanza, con un 65%; justicia, con un 54,4%, y servicios sociales, con un 53,1%.

Especialmente llamativo resulta el caso de la vivienda. Cuando nueve de cada diez entrevistados consideran insuficientes los recursos públicos destinados a un problema, ya no estamos ante una preocupación confinada a un determinado espacio ideológico.

Aquí aparece una de las claves del estudio: muchos ciudadanos que consideran excesiva o injusta su relación con los impuestos continúan reclamando más y mejores políticas públicas.

Ese aparente contrasentido desaparece cuando se introduce la idea de reciprocidad. Se puede aceptar pagar y, al mismo tiempo, exigir que el dinero se gestione mejor, llegue donde hace falta y se reparta el esfuerzo con mayor equidad.

El fraude se percibe como una cuestión de justicia

Otro consenso resulta difícil de ignorar.

El 89,3% piensa que en España existe mucho o bastante fraude fiscal. Solo una pequeña minoría cree que hay poco o muy poco.

Más interesante todavía resulta observar las causas que los encuestados atribuyen al fraude. El 21% señala los bajos salarios; un 20,2%, que quienes más tienen consiguen evitar o minimizar sus impuestos; un 16,9% considera excesiva la carga fiscal, y un 15,6% apunta a la falta de honradez y conciencia ciudadana.

No existe, por tanto, una única explicación social del fraude. Conviven motivos económicos, morales y distributivos.

La reacción ante sus consecuencias es bastante clara. Un 33,8% señala principalmente la injusticia que supone que unos terminen pagando lo que otros dejan de pagar. Otro 27,8% destaca la pérdida de recursos para financiar servicios públicos y prestaciones.

Y el 82,6% está de acuerdo con una afirmación especialmente significativa: engañar a Hacienda equivale a engañar al resto de los ciudadanos.

Ese dato desmiente otra idea recurrente. La desconfianza hacia el sistema fiscal no se traduce necesariamente en comprensión hacia quien defrauda. Existe una moral fiscal relativamente sólida, precisamente porque el fraude se interpreta como una ruptura de las reglas comunes.

Izquierda y derecha llegan al mismo malestar por caminos diferentes

Los cruces ideológicos ofrecen quizá la parte más interesante del estudio.

Como era previsible, la concepción general de los impuestos varía mucho según la posición política. La izquierda tiende a relacionarlos en mayor medida con los servicios públicos y la redistribución, mientras en la derecha crece la visión de los impuestos como una carga cuyo retorno resulta difícil de percibir.

Pero cuando se pregunta por la justicia del sistema ocurre algo extraordinario.

Entre quienes se sitúan en el extremo izquierdo de la escala ideológica, el 85,4% considera que los impuestos no se cobran con justicia. Entre quienes se colocan en el extremo derecho, piensa exactamente eso el 81,5%.

También aparece el fenómeno en el recuerdo de voto: consideran injusta la recaudación el 70,2% de los votantes del PP, el 80,2% de los del PSOE, el 73,9% de los de Vox y el 85,5% de los de Sumar.

El acuerdo termina probablemente ahí. Sería aventurado deducir de la encuesta que todos entienden de la misma forma qué tendría que cambiar. Unos pueden pensar en progresividad y grandes patrimonios; otros, en presión fiscal, gasto público o trato a autónomos y empresas.

Pero existe un terreno común que debería preocupar a cualquier Gobierno: una mayoría transversal piensa que las reglas fiscales no producen un resultado suficientemente justo.

La edad abre otra brecha que merece ser estudiada

Los jóvenes sorprenden.

Entre quienes tienen entre 18 y 24 años, el 43% considera que los impuestos se cobran con justicia fiscal. La proporción baja progresivamente con la edad hasta situarse en apenas el 10,5% entre quienes tienen entre 65 y 74 años. Entre los mayores de 75 alcanza el 14,7%.

La diferencia es demasiado grande para ignorarla, aunque la encuesta no permite establecer sus causas.

Puede haber experiencias diferentes con los servicios públicos, expectativas generacionales, distintas relaciones con el mercado laboral o formas de comprender el Estado. Hacen falta más datos antes de convertir cualquiera de estas posibilidades en explicación.

También existe una fractura por clase social subjetiva. Entre quienes se identifican como clase alta o media-alta, el 40,3% percibe justicia en la recaudación. Entre la clase trabajadora baja al 15,2% y entre quienes se consideran clase baja o pobre al 16,2%.

La confianza fiscal, por tanto, tampoco se reparte de manera uniforme.

El gran suspenso está en explicar dónde va el dinero

Quizá haya un dato menos espectacular que el 77% de injusticia fiscal, pero institucionalmente resulta demoledor.

Solo el 18,6% cree que la Administración hace muchos o bastantes esfuerzos por explicar el destino de los impuestos. El 79,1% considera que hace pocos o muy pocos.

Prácticamente cuatro de cada cinco ciudadanos.

Y aquí no se observa mejora respecto al año anterior.

Tenemos administraciones capaces de recaudar, presupuestar y gastar cantidades inmensas de dinero, pero una parte abrumadora de la población considera que explican deficientemente qué hacen con él.

La transparencia fiscal no consiste únicamente en publicar presupuestos de cientos de páginas, memorias de ejecución o portales de datos abiertos. Consiste también en conseguir que una persona pueda comprender qué financia con sus impuestos, cuánto cuestan los principales servicios y cómo se distribuye el esfuerzo.

Esa pedagogía democrática sigue faltando.

El contrato fiscal necesita algo más que recaudación

Los datos del CIS permiten una lectura bastante distinta de la que suele dominar algunos debates.

España no aparece como un país empeñado en desprenderse de sus servicios públicos para pagar menos. Existe una aceptación considerable de la función social de los impuestos, una preferencia creciente por la progresividad y una demanda intensa de recursos para vivienda, sanidad, ciencia, educación o dependencia.

La debilidad se encuentra en otro lugar.

Demasiados ciudadanos dudan de que todos contribuyan según su capacidad. Muchos creen que reciben menos de lo que aportan. Casi nueve de cada diez perciben un fraude fiscal importante. Y cuatro de cada cinco consideran insuficiente la explicación sobre el destino del dinero público.

La justicia fiscal depende también de esa confianza.

Un Estado democrático necesita recaudar para sostener derechos y servicios que individualmente resultarían imposibles de garantizar. Pero ese pacto solo puede mantenerse con legitimidad cuando quienes cumplen perciben que los demás también cumplen, que quien posee más capacidad contribuye más y que el dinero común produce resultados visibles.

Reducir toda esta discusión a elegir entre subir o bajar impuestos empobrece el debate.

La pregunta verdaderamente importante es otra: qué sistema fiscal necesitamos para que contribuir al sostenimiento de lo común vuelva a percibirse como un ejercicio de justicia compartida y no como una obligación cuya equidad demasiados ciudadanos ponen en duda.

Ese 77,2% debería preocupar mucho más que cualquier eslogan sobre impuestos.