Drago Canarias y Alberto Rodríguez: la pregunta incómoda que la izquierda no puede esquivar
Hay preguntas políticas que conviene formular con cuidado precisamente porque son importantes. La que hoy rodea a Drago Canarias es una de ellas. No existen pruebas de que la organización de Alberto Rodríguez actúe al servicio de Coalición Canaria, ni de que exista una operación coordinada para dividir a la izquierda. Afirmarlo sería irresponsable.
Pero también sería ingenuo ignorar una serie de hechos que, colocados uno junto a otro, dibujan un escenario políticamente llamativo: Drago mantiene distancias respecto al proceso de unidad de la izquierda canaria; Alberto Rodríguez disfruta de una presencia extraordinariamente frecuente en determinados espacios de la televisión pública; esa sobrerrepresentación ya ha provocado preguntas en el Parlamento; y Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife y una de las dirigentes más relevantes de Coalición Canaria, acaba de abrir públicamente la puerta a entenderse con su organización. (Cadena SER)
Nada de eso demuestra una conspiración.
Pero todo junto merece una pregunta: ¿a quién beneficia políticamente el camino que ha elegido Drago?
Antes de Drago estaba Alberto Rodríguez
Para entender el presente conviene reconstruir una trayectoria que no ha sido precisamente convencional.
Alberto Rodríguez procede del mundo laboral y sindical. Es técnico superior en Química Ambiental, trabajó durante años como operador en la refinería de Cepsa de Santa Cruz de Tenerife y fue representante sindical de Comisiones Obreras. Incluso cuando llegó al Congreso constaba oficialmente como trabajador de la refinería en situación de excedencia. (Congreso de los Diputados)
Antes de Podemos militó en Izquierda Unida Canaria.
En febrero de 2015 protagonizó unas primarias bastante singulares para elegir la candidatura de IUC al Cabildo de Tenerife. Luisa Tamayo obtuvo el 51,08 % del voto de los afiliados y Rodríguez el 47,82 %. Entre los simpatizantes, sin embargo, Rodríguez ganó con el 57,14 %. Como el reglamento concedía carácter decisorio al voto de la militancia y solo consultivo al de los simpatizantes, Tamayo fue proclamada candidata. Apenas tres votos separaron a ambos entre los afiliados y el resultado provocó contestación interna. (elDiario.es)
Ese episodio merece recordarse porque anticipa algo que aparecerá una y otra vez en la biografía política de Rodríguez: una relación complicada con las estructuras partidarias y con las decisiones de los aparatos políticos.
Pocos meses después ocurrió otro movimiento llamativo.
De perder unas primarias de IU a la lista de Pablo Iglesias
En julio de aquel mismo 2015, Alberto Rodríguez apareció integrado en el llamado Equipo Pablo Iglesias para las primarias estatales de Podemos. La candidatura encabezada por Iglesias copó posteriormente los primeros puestos del proceso interno. (El País)
En diciembre, Rodríguez encabezaba oficialmente la candidatura de Podemos al Congreso por Santa Cruz de Tenerife. (BOE)
El salto fue rapidísimo: de perder en febrero unas primarias de Izquierda Unida para el Cabildo a encabezar, antes de terminar el año, la candidatura al Congreso de una fuerza emergente que estaba transformando la política española.
Eso es llamativo. Pero conviene no convertir lo llamativo en sospechoso.
Que Pablo Iglesias incorporara a Rodríguez a su proyecto demuestra una apuesta política, no una irregularidad. Podemos buscaba entonces perfiles procedentes de movimientos sociales, sindicatos y luchas territoriales, y Rodríguez encajaba perfectamente en aquella construcción política.
Su imagen terminó convirtiéndose además en una de las más reconocibles de Podemos. Las rastas, su forma de hablar y su biografía obrera contrastaban deliberadamente con la estética habitual del Congreso.
Con el tiempo, dejó de ser un diputado periférico. Llegó a ocupar responsabilidades importantes dentro de Podemos, entre ellas la Secretaría de Organización.
Hasta que todo cambió.
Una patada, una condena y un escaño perdido
Los hechos judiciales tienen que explicarse con precisión porque alrededor de este episodio se han construido relatos contradictorios.
En octubre de 2021, el Tribunal Supremo condenó a Alberto Rodríguez por un delito de atentado contra agente de la autoridad, derivado de una manifestación celebrada en La Laguna en 2014. El Supremo consideró probado que había propinado una patada a un policía.
La condena fue de un mes y quince días de prisión, sustituida por una multa de 540 euros, acompañada inicialmente por la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. (Poder Judicial)
Aquella condena terminó provocando que la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, comunicara la pérdida de su condición de diputado.
Y aquí debemos detenernos porque en enero de 2024 llegó una resolución fundamental del Tribunal Constitucional.
El Constitucional estimó parcialmente el recurso de Rodríguez y declaró que se había vulnerado su derecho a la legalidad penal. Consideró improcedente mantener una pena de prisión que había sido sustituida legalmente por multa y anuló también la inhabilitación vinculada a ella. La condena a la multa permaneció. (HJ Sistema)
Días después, el propio Constitucional anuló también la decisión que había supuesto la pérdida de su escaño, al considerar vulnerado su derecho a ejercer las funciones representativas. (HJ Sistema)
Por tanto, hay que evitar dos simplificaciones.
El Constitucional no declaró que la patada nunca hubiera existido ni anuló íntegramente la responsabilidad penal. Pero sí concluyó que la construcción jurídica que condujo a la pena de prisión y, posteriormente, a la pérdida del escaño vulneró derechos fundamentales de Rodríguez.
Eso no es un detalle menor.
Una herida política que todavía permanece abierta
No sabemos hasta qué punto aquel episodio condiciona hoy las decisiones políticas de Alberto Rodríguez.
Eso pertenece al terreno de la interpretación.
Pero tampoco tenemos que especular completamente: el propio Rodríguez continúa hablando públicamente del asunto como una injusticia.
En abril de este mismo año calificó lo sucedido como una decisión política, insistió en que piensa llegar hasta el final en su reclamación frente al Estado y expresó abiertamente su decepción con quienes habían sido compañeros o aliados políticos. (Cadena SER)
Y utilizó una expresión especialmente reveladora al hablar de la posible confluencia de la izquierda canaria:
«No tenemos prisa y tenemos memoria».
La frase probablemente explica bastante más de lo que parece.
Rodríguez sostuvo además que algunas de las prisas por recomponer la izquierda procedían de despachos de Madrid y reivindicó que las decisiones políticas que afectan a Canarias se adopten en Canarias. (Cadena SER)
Es una posición políticamente defendible.
Pero tiene consecuencias.
Drago Canarias mira la unidad desde fuera
Podemos, Izquierda Unida, Nueva Canarias y otros actores del espacio progresista llevan meses explorando diferentes fórmulas de entendimiento ante el próximo ciclo electoral.
Drago, en cambio, mantiene una posición mucho más distante.
No ha cerrado completamente la puerta al diálogo, pero tampoco comparte la urgencia del resto de organizaciones. La propia Cadena SER describía ya en abril una izquierda avanzando a diferentes velocidades y destacaba precisamente la indefinición estratégica de Drago. (Cadena SER)
Aquí aparece la primera cuestión política de fondo.
Drago tiene derecho a construir un proyecto autónomo. Tener una determinada ubicación ideológica no obliga a ninguna organización a integrarse en una coalición electoral.
Pero el sistema electoral no juzga intenciones.
Cuenta votos.
Y cuando varias fuerzas compiten por electorados parcialmente coincidentes, la fragmentación puede provocar que miles de votos no se traduzcan en representación.
Por tanto, preguntarse quién se beneficia de esa división no constituye ninguna teoría conspirativa.
Es aritmética electoral.
La sorprendente atención mediática hacia Alberto Rodríguez
Aquí la investigación ofrece datos especialmente interesantes.
Durante la primera temporada de La Retranca, el programa político semanal de Televisión Canaria, Alberto Rodríguez apareció en 10 de sus 12 emisiones.
Un 83 %.
Con el inicio de la segunda temporada volvió a participar ya en su primera entrega.
No estamos hablando simplemente de entrevistas realizadas al presidente de Drago cuando su organización generaba una noticia. En numerosas ocasiones Rodríguez se integró directamente en mesas de análisis junto a periodistas para comentar asuntos de política nacional, casos judiciales, vivienda, memoria democrática o estrategias electorales.
Por ejemplo, el 18 de junio participó junto a Francisco Pomares, Janire Alfaya y Melisa Rodríguez en una mesa dedicada, entre otros asuntos, a las investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE. (Radio Televisión Canaria)
El 16 de julio compartió mesa con tres periodistas mientras el programa analizaba la actualidad política nacional. Aquella misma emisión incluyó además las conclusiones de un informe elaborado por la propia Drago sobre vivienda. (Radio Televisión Canaria)
En otra entrega, RTVC anunciaba nuevamente la participación del presidente de Drago entre los colaboradores habituales del programa. (Radio Televisión Canaria)
La cuestión no es que Alberto Rodríguez aparezca en Televisión Canaria.
Debe aparecer.
La cuestión es la proporcionalidad.
Drago no tiene representación en el Parlamento de Canarias y su principal presencia institucional se concentra en el ámbito municipal. Sin embargo, su máximo dirigente ha disfrutado de una continuidad en un espacio de análisis político que resulta difícil encontrar en dirigentes de otras organizaciones con un peso institucional comparable.
La presencia de Alberto Rodríguez llegó al Parlamento
Esta percepción no nació de esta investigación.
El 3 de julio, la diputada socialista Nira Fierro registró en el Parlamento de Canarias la solicitud de documentación 11L/SD-3588.
Pedía expresamente conocer los criterios utilizados para seleccionar a los tertulianos de La Retranca y la relación nominal de las personas participantes.
El 1 de septiembre presentó además una segunda solicitud sobre la misma cuestión. (Parlamento de Canarias)
Y el asunto llegó posteriormente a la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria.
PSOE y Nueva Canarias acusaron públicamente a RTVC de falta de pluralidad y cuestionaron, entre otras cuestiones, la elevada presencia de un político perteneciente a una fuerza sin representación parlamentaria. (elDiario.es)
Por tanto, la atención concedida a Alberto Rodríguez no es una percepción subjetiva ni una sospecha construida a posteriori.
Ha generado debate institucional.
Eso no demuestra trato de favor.
Pero justifica plenamente pedir explicaciones.
La productora y una pregunta todavía sin respuesta
Hay otro elemento que exige prudencia.
La Retranca no es una producción íntegramente realizada por RTVC, sino una producción de Macaronesia Films.
En febrero de 2026, apenas tres meses antes del estreno del programa, Video Report Canarias SA fue nombrada consejera de Macaronesia Films, con Matías García Brugos como representante. El nombramiento consta oficialmente en el BORME. (BOE)
VideoReport mantiene desde hace años relaciones contractuales con Radiotelevisión Canaria para diferentes servicios audiovisuales.
Nada de esto implica irregularidad alguna.
Y tampoco he encontrado ninguna prueba que permita vincular estas relaciones empresariales con la presencia de Alberto Rodríguez.
La pregunta relevante es mucho más sencilla:
¿quién decide los tertulianos de La Retranca?
RTVC ya ha remitido al Parlamento documentación relativa precisamente a esos criterios, pero no he podido localizar públicamente el contenido íntegro de esa respuesta.
Hasta disponer de ella, cualquier conclusión adicional sería especulación.
Y entonces aparece Rosa Dávila
Todo este escenario adquirió una dimensión distinta el pasado 9 de septiembre.
Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife y figura fundamental de Coalición Canaria, declaró públicamente que estaría dispuesta a hablar con Drago.
No se limitó a expresar una cortesía institucional.
Según publicó Canarias Ahora, Dávila señaló coincidencias con la organización de Alberto Rodríguez en cuestiones como la residencia, la ecotasa o el modelo turístico y habló de una evolución hacia un «nacionalismo razonable». (elDiario.es)
Políticamente, la declaración es extraordinariamente interesante.
Coalición Canaria está reconociendo a Drago como posible interlocutor precisamente cuando esa organización intenta diferenciarse de las fuerzas de la izquierda estatal.
Eso tampoco demuestra ningún acuerdo oculto.
Pero sí revela algo mucho más sencillo: Coalición Canaria no percibe necesariamente a Drago como un adversario incompatible.
Coalición Canaria no necesita controlar a Drago
Aquí está, probablemente, la idea más importante de toda esta historia. Para que Drago resulte útil electoralmente a Coalición Canaria no hace falta que exista ningún pacto secreto. Ni llamadas, instrucciones o favores. Basta con que sus intereses coincidan parcialmente.
Drago necesita diferenciarse del resto de la izquierda para construir una identidad propia. Alberto Rodríguez necesita un espacio político donde su trayectoria y su proyecto no vuelvan a quedar subordinados a organizaciones estatales. Su estrategia soberanista exige precisamente esa autonomía.
Coalición Canaria, mientras tanto, tiene un interés evidente en impedir que se consolide una alternativa progresista suficientemente amplia para disputarle el Gobierno de Canarias o determinadas instituciones insulares.
Son intereses distintos.
Pero pueden producir un mismo resultado.
Una izquierda fragmentada.
El problema no es la intención, sino el efecto
Esta distinción me parece fundamental. No sabemos qué pretende en última instancia Alberto Rodríguez más allá de lo que él mismo declara. No sabemos tampoco si Drago concurrirá finalmente en solitario, llegará a acuerdos parciales o terminará formando parte de alguna alianza. Y no existe ninguna prueba que permita afirmar que Coalición Canaria esté manejando a la organización. Pero conocemos algo mucho más tangible. Sabemos que Drago mantiene distancia respecto a la confluencia progresista, que su principal dirigente recibe una exposición mediática considerable, que esa presencia en la televisión pública ha provocado preguntas parlamentarias.
Sabemos que Rosa Dávila ha abierto públicamente la puerta a acuerdos con la formación. Y sabemos, sobre todo, que una izquierda dividida facilita objetivamente las cosas a quien ya gobierna. A partir de ahí, cada cual puede construir su propia interpretación.
Drago Canarias tiene derecho a responder una pregunta
Hay una tendencia poco saludable en política a considerar que plantear preguntas incómodas equivale a acusar.
No debería ser así.
Alberto Rodríguez tiene una trayectoria política legítima, una historia personal marcada por el sindicalismo, un conflicto institucional en el que el Tribunal Constitucional terminó reconociendo la vulneración de derechos fundamentales y todo el derecho del mundo a construir un proyecto soberanista diferente.
Pero precisamente porque Drago aspira a representar una nueva izquierda canaria debe explicar con claridad algo fundamental:
¿su prioridad es construir una organización propia o contribuir a que exista una mayoría política capaz de desplazar a la derecha y al nacionalismo conservador de las instituciones?
Quizá ambas cosas sean compatibles.
Quizá no.
Eso es lo que las próximas decisiones demostrarán.
Lo que no parece razonable es pedir a los ciudadanos progresistas que no observen las consecuencias.
Porque en política las intenciones importan.
Pero los resultados importan mucho más.
Y cuando una determinada estrategia termina debilitando al espacio político del que procede mientras fortalece objetivamente a quien gobierna enfrente, preguntar quién gana con ella no es conspirar.
Es hacer política.
Fuentes principales
La documentación y las informaciones utilizadas para esta entrada pueden consultarse en las fuentes originales:
Sentencia 8/2024 del Tribunal Constitucional sobre Alberto Rodríguez
Sentencia 18/2024 del Tribunal Constitucional sobre la pérdida del escaño
Nota del Tribunal Supremo sobre la condena de 2021
Solicitud 11L/SD-3588 en el Parlamento de Canarias
Información de RTVC sobre La Retranca y Alberto Rodríguez
BORME: nombramiento de Video Report Canarias en Macaronesia Films
Entrevista de Alberto Rodríguez sobre la unidad de la izquierda
Declaraciones de Rosa Dávila sobre un posible entendimiento con Drago
