Candelaria prorroga el contrato del agua con Aqualia por diez años más pese a las críticas de la oposición

El Ayuntamiento aprueba una tercera prórroga que se extenderá hasta 2035, con un canon de 1,8 millones de euros

El Ayuntamiento de Candelaria protagonizó el pasado 14 de mayo un pleno extraordinario que ha marcado el futuro del suministro de agua en el municipio durante la próxima década. Con una votación de 11 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones, el gobierno municipal logró aprobar la tercera prórroga del contrato con FCC Aqualia por diez años más, extendiendo la concesión hasta el 15 de mayo de 2035.

Un contrato que cumple tres décadas

La decisión tomada prolonga una relación contractual que se remonta a 1995, cuando se firmó el acuerdo original con Seragua S.A. (posteriormente absorbida por FCC Aqualia). Tres décadas después, este contrato ha experimentado ya dos prórrogas: la primera en 2005 y la segunda en 2014, ambas manteniendo un canon invariable de 1,5 millones de euros.

La nueva prórroga introduce cambios significativos. Por primera vez en la historia del contrato, el canon se incrementa hasta los 1.866.000 euros, un aumento del 24,4% que refleja la aplicación del IPC nacional acumulado. El gobierno municipal ha insistido en que la totalidad de este importe se destinará exclusivamente a la ejecución de obras en beneficio del servicio, sin generar beneficios adicionales para la empresa concesionaria.

La polémica renuncia de Aqualia

Uno de los aspectos más llamativos del acuerdo ha sido la renuncia de FCC Aqualia a reclamaciones por valor superior a los 814.000 euros. Estas demandas, presentadas en 2023, se basaban en el supuesto desequilibrio económico del contrato derivado del incremento extraordinario de los precios energéticos en 2021 y 2022.

Esta renuncia ha generado interpretaciones encontradas. Mientras el gobierno municipal la presenta como un éxito negociador, Unidas Podemos considera que demuestra que los argumentos de desequilibrio económico «no eran muy sólidos», especialmente tras un informe de Secretaría que consideró nula la orden de pago inicialmente aprobada.

Críticas desde la oposición

La oposición no ha escatimado críticas hacia una decisión que consideran precipitada e insuficiente. Unidas Podemos manifestó una «queja rotunda» por la falta de información previa y denunció que el grupo de gobierno «acepta en la práctica todas las exigencias de la compañía» que busca sus propios intereses lucrativos.

Por su parte, Coalición Canaria consideró el canon «insuficiente» dadas las «cuantiosas deficiencias» y las «grandes pérdidas» en la red de abastecimiento, mientras que el Partido Popular expresó «bastantes dudas» sobre la prórroga de un contrato que data de 1995 y los cambios experimentados por Candelaria desde entonces.

Tanto CC como PP coincidieron en señalar que lo ideal hubiera sido iniciar un proceso de licitación del servicio, actualizando las necesidades de una red que presenta problemas evidentes de obsolescencia y que genera numerosas quejas vecinales.

¿Remunicipalización inviable?

El concejal de Hacienda, Airán Pérez, defendió la decisión argumentando que la remunicipalización del servicio es «inviable» actualmente desde el punto de vista técnico y económico. Esta afirmación, sin embargo, choca frontalmente con las demandas de sectores progresistas que consideran el agua un bien esencial que debe estar en manos públicas.

La defensa gubernamental se centró en destacar que el aumento del canon tendrá un impacto «ínfimo» en la factura de agua de los aproximadamente 15.000 abonados, especialmente en comparación con la volatilidad del precio de compra de agua a proveedores privados.

Problemas estructurales sin resolver

Más allá de los aspectos económicos, el debate ha puesto sobre la mesa problemas estructurales que permanecen sin resolver. Las pérdidas en la red de distribución, las deficiencias en el servicio y las quejas vecinales sobre la gestión de Aqualia han sido elementos recurrentes en las intervenciones de la oposición.

Especialmente preocupante resulta que, según denunció Unidas Podemos, en la prórroga anterior (2014) no se tuvo en cuenta la inflación, lo que supuso una «rebaja» efectiva del canon y llevó a la suspensión de obras. Esta situación plantea dudas sobre la planificación a largo plazo y la verdadera capacidad de la empresa para mantener y mejorar las infraestructuras.

Falta de transparencia

Un aspecto que ha generado particular malestar ha sido la falta de información facilitada a la oposición para analizar adecuadamente la propuesta. Unidas Podemos denunció errores en el informe técnico, incluyendo descripciones de obras y expedientes duplicados con importes idénticos, lo que cuestiona la seriedad del análisis realizado.

La oposición ha reiterado su demanda de abrir la comisión de seguimiento del contrato a todos los grupos políticos para mejorar la fiscalización, una propuesta que la alcaldesa ha aceptado, aunque tarde para influir en esta decisión.