Cuando todo arde, el neoliberalismo llama al Estado
El Estado al rescate vuelve a aparecer cuando la realidad derriba el relato neoliberal. Durante años se nos ha repetido que cada persona es responsable de su destino, que los mercados asignan mejor los recursos y que el sector público constituye una carga. Sin embargo, cuando llegan los incendios, las inundaciones, una pandemia o una crisis financiera, nadie pide que actúe la mano invisible.
Se reclama al Estado.
Se exige que movilice bomberos, soldados, aviones, hospitales, ayudas económicas y recursos de emergencia. Piden coordinación nacional, protección para las familias, reconstrucción de infraestructuras y compensaciones para quienes lo han perdido todo. Incluso quienes llevan décadas defendiendo la reducción de lo público descubren, de pronto, que una sociedad no puede sobrevivir abandonada a la suma de sus intereses individuales.
Los graves incendios que están azotando España vuelven a demostrarlo. El fuego ha obligado a declarar la emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila. Posteriormente, la declaración se amplió a Toledo para reforzar la coordinación y el empleo de los recursos disponibles. No estamos, por tanto, ante un problema que pueda resolver cada propietario, cada municipio o cada comunidad autónoma por separado.
Cuando el incendio supera las capacidades ordinarias, aparece aquello que el discurso neoliberal intenta presentar como ineficiente, sobredimensionado o innecesario: el Estado común.
La promesa del individualismo
El neoliberalismo no es solo una política económica. También propone una determinada visión de la sociedad.
Según esa mirada, cada persona debe competir, asumir riesgos y resolver individualmente sus necesidades. El éxito se atribuye al talento y al esfuerzo. El fracaso, en cambio, se interpreta como una responsabilidad personal. Quien prospera lo habría merecido. Quien se queda atrás no habría trabajado lo suficiente, elegido bien o sabido adaptarse.
Esta supuesta meritocracia oculta algo elemental. Nadie parte del mismo lugar.
No nacemos en familias con los mismos ingresos. Tampoco accedemos a la misma educación, a idénticos contactos, a viviendas equivalentes ni a territorios con iguales oportunidades. La salud, la herencia, el lugar de nacimiento y las redes familiares condicionan profundamente nuestras vidas.
El mérito existe. El esfuerzo también. Pero convertirlos en una explicación absoluta del éxito sirve para legitimar desigualdades que tienen causas sociales, económicas y políticas.
La misma lógica se aplica al Estado. Los servicios públicos son presentados como gastos que deben contenerse. Las plantillas se consideran excesivas. La inversión preventiva puede aplazarse porque sus resultados no producen beneficios inmediatos ni titulares espectaculares.
El problema aparece cuando lo improbable termina ocurriendo.
Ningún individuo puede apagar un gran incendio
Un gran incendio forestal muestra con brutal claridad los límites del individualismo.
Una familia puede limpiar una parcela, mantener una franja de seguridad o contratar un seguro. Sin embargo, no puede desplegar aviones anfibios, organizar evacuaciones masivas ni coordinar cientos de profesionales. Tampoco puede construir carreteras de emergencia, sostener redes de telecomunicaciones o atender simultáneamente a miles de personas desplazadas.
Para eso hace falta una organización colectiva permanente.
La campaña estatal contra incendios de 2026 incluye la participación de la Unidad Militar de Emergencias, medios del Ministerio para la Transición Ecológica y aeronaves operadas por el Ejército del Aire y del Espacio. Estos dispositivos no pueden improvisarse cuando aparece una columna de humo. Requieren personal formado, planificación, mantenimiento, presupuestos y coordinación administrativa durante todo el año.
El 28 de julio, el Gobierno informó de que permanecían activos ocho grandes incendios forestales. También aprobó la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil y activó ayudas económicas, fiscales y laborales para las personas damnificadas.
Eso también es el Estado. No solo los impuestos que algunos denuncian, sino los recursos que después reclaman.
El mercado no previene lo que no resulta rentable
La prevención de incendios plantea un problema que los mercados no resuelven adecuadamente.
Mantener montes, gestionar masas forestales, conservar caminos, formar brigadas y disponer de medios suficientes cuesta dinero. Sus mejores resultados son difíciles de exhibir, porque consisten precisamente en aquello que no sucede.
Un incendio evitado no deja imágenes. Una evacuación que nunca fue necesaria no abre informativos. Un monte bien gestionado no genera la misma atención que una montaña envuelta en llamas.
Por eso, la prevención necesita una mirada pública y sostenida. No puede depender únicamente de su rentabilidad inmediata ni de los ciclos electorales.
El mercado puede prestar servicios, fabricar equipos o participar mediante empresas especializadas. Lo que no puede hacer es sustituir la responsabilidad política de determinar cuántos recursos necesita una sociedad para protegerse. Tampoco puede garantizar que esos medios estén disponibles donde la rentabilidad privada sea escasa.
Los territorios rurales, las poblaciones envejecidas y los municipios pequeños también tienen derecho a la seguridad. Esa protección no puede calcularse según el poder adquisitivo de sus habitantes.
Los equilibrios imposibles de la derecha
Los incendios están obligando a la derecha española a realizar difíciles equilibrios discursivos.
Por una parte, debe mantener su relato tradicional. Hay que reducir impuestos, adelgazar las administraciones, limitar el gasto público y confiar más en la iniciativa privada. Por otra, ante una catástrofe, necesita exigir más efectivos, más aviones, más ayudas y una intervención inmediata del Gobierno central.
Ambas posiciones no siempre son compatibles.
El Partido Popular ha pedido trabajar conjuntamente frente a los incendios, pero también ha rechazado la propuesta de un pacto de Estado y ha advertido contra la “bronca” política. Al mismo tiempo, ha reclamado más prevención y más medios, mientras desplaza hacia el Gobierno central las responsabilidades más incómodas.
Es legítimo solicitar colaboración institucional. También lo es exigir todos los recursos disponibles cuando existen vidas amenazadas. Lo que no resulta coherente es reclamar un sector público poderoso durante la emergencia y volver a debilitarlo cuando desaparecen las cámaras.
La apelación a que “ahora no es momento de polemizar” merece igualmente una reflexión. Durante un incendio, la prioridad debe ser salvar vidas, proteger a la población y apoyar a quienes trabajan en la extinción. Pero eso no impide analizar las decisiones anteriores.
Preguntar por las plantillas, los contratos, la prevención o las condiciones laborales de los bomberos no equivale a entorpecer una emergencia. Significa aprender de ella.
Aplazar indefinidamente cualquier evaluación favorece a quienes tenían responsabilidades. Cuando las llamas están activas, se dice que no es el momento. Cuando se apagan, se afirma que hay que mirar hacia delante. De ese modo, nunca llega la hora de rendir cuentas.
El negacionismo como coartada
A esta contradicción se añade el acercamiento de una parte de la derecha al negacionismo climático de Vox.
Los incendios tienen causas múltiples. Algunos son provocados, otros nacen de negligencias, accidentes o fenómenos naturales. La gestión forestal y la prevención importan mucho. Pero nada de eso elimina la influencia del cambio climático sobre las condiciones que facilitan la propagación del fuego.
La temperatura, la humedad, el viento, la sequedad del suelo y el estado de la vegetación determinan el peligro de incendio. Son precisamente las variables utilizadas por la Agencia Estatal de Meteorología para elaborar sus índices de riesgo.
AEMET advirtió el 28 de julio de que la nueva ola de calor elevaría el peligro de incendio hasta valores extremos. Las temperaturas elevadas, el viento y la baja humedad dificultarían además las labores de extinción.
Reconocer esta realidad no significa atribuir cada incendio exclusivamente al cambio climático. Significa aceptar que el calentamiento global agrava el escenario en el que esos incendios se producen.
Sin embargo, Vox continúa hablando de “fanatismo climático”. También difunde la idea de que las normas ambientales impiden limpiar los montes, una simplificación utilizada para desacreditar las políticas climáticas. El PP, en lugar de marcar una distancia clara, se aproxima en ocasiones a ese marco discursivo.
El equilibrio vuelve a ser imposible. Se reclama más protección frente a incendios cada vez más destructivos, pero se cuestiona la evidencia climática que obliga a reforzar esa protección.
Papá Estado, pero solo cuando conviene
Existe una expresión despectiva que aparece con frecuencia en el lenguaje neoliberal: “papá Estado”.
Se utiliza para ridiculizar a quienes defienden ayudas públicas, derechos sociales o servicios universales. Sugiere una ciudadanía inmadura, incapaz de valerse por sí misma y dependiente de la Administración.
Sin embargo, quienes desprecian esa protección recurren a ella en cuanto sus propios intereses quedan amenazados.
Los bancos necesitaron respaldo público cuando sus riesgos pusieron en peligro el sistema financiero. Las empresas exigieron ayudas durante la pandemia. Los sectores afectados por la energía cara reclamaron subvenciones. Los propietarios perjudicados por catástrofes esperan compensaciones. Las comunidades autónomas piden medios estatales cuando sus recursos resultan insuficientes.
Nada de esto es necesariamente criticable. Una de las funciones esenciales del Estado consiste precisamente en repartir colectivamente riesgos que ninguna persona puede afrontar sola.
Lo criticable es negar esa misma protección a los demás.
No se puede socializar el rescate de quienes tienen poder económico mientras se individualiza la pobreza, el desempleo o la enfermedad. Tampoco es aceptable presentar las ayudas empresariales como incentivos y las ayudas sociales como dependencia.
La libertad también necesita instituciones
Una sociedad no es más libre porque tenga menos Estado. Es más libre cuando sus ciudadanos no dependen de su riqueza para acceder a la salud, la educación, la seguridad o la protección ante una catástrofe.
La libertad real necesita instituciones capaces de garantizar derechos.
Un bombero forestal, una médica de urgencias, una agente de protección civil o un trabajador social no representan un obstáculo para la libertad individual. Hacen posible que esa libertad pueda ejercerse incluso cuando la vida se tuerce.
Los incendios actuales nos dejan una lección que supera la emergencia inmediata. La seguridad colectiva no puede construirse mediante recortes sucesivos y contrataciones improvisadas. Tampoco puede depender del heroísmo permanente de trabajadores sometidos a precariedad, temporalidad o falta de reconocimiento.
Necesitamos administraciones eficaces, transparentes y evaluables. La defensa de lo público no obliga a justificar cualquier gasto ni a ignorar sus fallos. Al contrario, exige reclamar una gestión rigurosa, profesional y sometida a control democrático.
Pero una cosa es reformar el Estado y otra muy distinta desmantelarlo.
Lo común no es una debilidad
Cuando todo funciona, es fácil glorificar la autonomía individual. Cuando el fuego avanza, descubrimos que dependemos unos de otros.
Dependemos de quienes vigilan los montes, mantienen los vehículos, pilotan los aviones, atienden las llamadas y organizan las evacuaciones. Dependemos de instituciones capaces de movilizar recursos más allá de los límites municipales y autonómicos.
Eso no es colectivismo autoritario. Es civilización.
La derecha española tiene derecho a defender menos impuestos o una mayor participación privada. Lo que debería explicar es cómo piensa sostener servicios públicos más potentes con menos recursos. También tendría que aclarar por qué el Estado parece siempre excesivo antes de la tragedia e insuficiente cuando la tragedia llega.
Los incendios terminarán apagándose. Después llegará la reconstrucción y, con ella, el riesgo de volver a olvidar.
Conviene evitarlo.
Porque el Estado no debe aparecer solamente para recoger los restos que deja una catástrofe. Su tarea principal es anticiparse, prevenir, reducir riesgos y proteger a quienes no pueden protegerse solos.
Lo común no es el refugio de los débiles. Es la infraestructura moral y material que nos impide quedar abandonados cuando todo arde.
