Incendios en Madrid: cuando el fuego desnuda el negacionismo y la debilidad de lo público
Los incendios en Madrid y en las provincias próximas han dejado de ser una sucesión de emergencias locales. Son ya una catástrofe territorial, social y política. Las cifras seguían siendo provisionales al comenzar este domingo: alrededor de 45.000 hectáreas quemadas entre Madrid y Ávila, decenas de miles de personas evacuadas o confinadas y varios grandes frentes todavía sin controlar. Toledo también había entrado en la emergencia, mientras la Unidad Militar de Emergencias asumía la dirección operativa y llegaban apoyos de otros países europeos.
Todavía no se conocen todas las causas de cada foco. Sería irresponsable atribuir los incendios, sin pruebas, a una sola decisión política o al cambio climático. Sin embargo, también sería irresponsable presentar esta tragedia como una fatalidad inevitable. El fuego puede comenzar por una negligencia, un accidente o una acción deliberada. Su capacidad para convertirse en una emergencia de esta dimensión depende, además, del calor, la sequedad, el viento, el estado del territorio, la prevención acumulada y la fortaleza de los servicios públicos.
Esa es la cuestión política que no puede ocultarse bajo el humo. Las catástrofes no nacen en los parlamentos, pero encuentran sociedades más o menos preparadas para afrontarlas. Y Madrid ha llegado a esta crisis con una contradicción difícil de disimular: un presupuesto que el Gobierno regional presenta como creciente, pero un dispositivo tensionado, trabajos preventivos incompletos y un conflicto laboral prolongado con quienes deben proteger el monte.
Una emergencia que desborda fronteras y discursos
Los tres incendios declarados en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox terminaron integrados en un único gran incendio de la Sierra Oeste. La propagación obligó a evacuar localidades, confinar otras y solicitar la declaración de emergencia de interés nacional. El propio Gobierno madrileño pidió la intervención del Estado ante la rápida evolución de los frentes, la amenaza sobre zonas habitadas y la necesidad de coordinar recursos de varias administraciones.
La orden publicada en el BOE es muy clara. El Ministerio del Interior asumió la dirección de la emergencia y el jefe de la UME recibió la dirección operativa. Bajo ese mando se integraron medios estatales, autonómicos y locales. No estamos, por tanto, ante una ayuda decorativa. Estamos ante la arquitectura pública que permite movilizar personal, aeronaves, logística, seguridad, carreteras, comunicaciones y cooperación internacional cuando una comunidad autónoma queda sobrepasada.
Esta realidad debería rebajar cierta arrogancia ideológica. Ninguna administración puede afrontar sola una crisis de esta magnitud. Tampoco puede hacerlo el mercado, porque la protección civil no se organiza mediante la rentabilidad inmediata. La seguridad colectiva exige planificación, personal estable, reservas operativas y una capacidad que, durante muchos días normales, puede parecer sobredimensionada. Precisamente para eso existe: para responder en los días que dejan de ser normales.
Los incendios en Madrid no permiten esconderse detrás del presupuesto
La Comunidad de Madrid sostiene que el INFOMA 2026 dispone de unos 52,7 millones de euros, un 3,5 % más que en 2025. También cifra el operativo en 6.110 profesionales y voluntarios, con 22 parques de bomberos, 25 brigadas forestales, diez helicópteros y otros medios terrestres. Es un dato relevante y obliga a evitar una afirmación fácil: no puede hablarse con rigor de un recorte presupuestario lineal del dispositivo durante este año.
Pero un presupuesto anunciado no equivale automáticamente a una capacidad plenamente disponible. Importan la ejecución, las plantillas cubiertas, la estabilidad contractual, el mantenimiento, la formación y los trabajos realizados antes del verano. En 2025 quedaron sin tratar 2.357 de las 6.524 hectáreas previstas por la Comunidad de Madrid, alrededor del 36 %. El Gobierno regional alegó lluvias intensas y el desplazamiento temporal de personal a Valencia tras la dana. Los profesionales añadieron otra explicación: medios insuficientes y una prevención sometida a demasiadas limitaciones.
El conflicto continuó
El conflicto continuó en 2026. Los trabajadores de las brigadas contratadas a través de Tragsa denunciaron más de 270 días de huelga y afirmaron que la prevención invernal se había reducido aproximadamente a la mitad. La empresa y el Ejecutivo madrileño rechazaron esa interpretación y defendieron la suficiencia de los recursos. Esta discrepancia no permite dar por probada cada denuncia sindical, pero sí muestra un problema objetivo: el dispositivo llegó a la temporada de máximo riesgo con una confrontación larga, sin resolver y directamente relacionada con su capacidad operativa.
Por eso, al analizar los incendios en Madrid, no basta con comparar dos cifras presupuestarias. La reducción de medios puede producirse sin que baje la partida global. Ocurre cuando se dejan vacantes sin cubrir, se externalizan funciones esenciales o se deterioran las condiciones laborales. También cuando se aplazan tareas preventivas o se confía en que el esfuerzo extraordinario del personal compense las carencias estructurales.
El conflicto de los bomberos forestales no era un asunto menor
Unos sesenta bomberos forestales públicos de la Comunidad de Madrid han denunciado que permanecen apartados de determinadas funciones de extinción. Según su versión, la plantilla debería contar con 124 puestos, pero 64 estarían vacantes. También reclaman el reconocimiento profesional previsto en la Ley 5/2024 básica de bomberos forestales, mejores condiciones de seguridad y una clasificación laboral acorde con las tareas que realizan. El Gobierno regional niega que el servicio esté debilitado y acusa a los trabajadores de distorsionar la realidad.
Conviene mantener la prudencia. Las denuncias sobre equipos, funciones o protección deben verificarse caso por caso. Sin embargo, la existencia de decenas de vacantes y de un conflicto mantenido durante tres años no es propaganda. Es una señal institucional que debería haber provocado negociación, planificación y respuestas antes de que llegara una emergencia extrema.
La ley estatal de 2024 buscó establecer un marco común de funciones, formación, prevención de riesgos y estabilidad para estos profesionales. PP y Vox no votaron contra su aprobación en el Congreso, pero se abstuvieron. En Castilla y León, ambas formaciones sí coincidieron después para rechazar una proposición que pretendía crear un cuerpo autonómico público, estable y coordinado. Son decisiones distintas, aunque comparten una resistencia política a consolidar como servicio público estructural una tarea que sigue tratándose con frecuencia como temporal, auxiliar o externalizable.
Esa lógica tiene consecuencias. El monte no se prepara en julio. La experiencia, el conocimiento del terreno y la coordinación no se improvisan cuando las llamas saltan una carretera. Un dispositivo forestal necesita continuidad durante todo el año, porque la extinción empieza muchos meses antes. Comienza con desbroces, quemas prescritas, mantenimiento de pistas, puntos de agua, vigilancia y planificación de evacuaciones.
El negacionismo no enciende el monte, pero impide prepararlo
Vox ha vuelto a negar que el cambio climático deba formar parte de la explicación de estos incendios, incluido el incendio de Madrid. Su mensaje oficial atribuyó la catástrofe a la ideología, la incompetencia y el abandono del campo. Es legítimo exigir una mejor gestión forestal. De hecho, resulta imprescindible. Lo que no es legítimo es utilizar esa necesidad para borrar una realidad física ampliamente documentada.
El IPCC ha concluido que el calentamiento causado por la actividad humana aumenta la frecuencia de combinaciones de calor y sequía. También hace más probables las condiciones meteorológicas favorables a los incendios en el sur de Europa. La Agencia Europea de Medio Ambiente prevé temporadas más largas y una expansión de las zonas expuestas. Recuerda, al mismo tiempo, algo igualmente importante: las políticas de prevención y extinción pueden reducir los daños.
No existe, por tanto, una elección entre cambio climático y mala gestión. Es una falsa disyuntiva. El calentamiento global agrava el riesgo; el abandono rural, la continuidad del combustible vegetal, la urbanización dispersa y una prevención insuficiente multiplican la vulnerabilidad. La ciencia obliga a actuar sobre ambos planos.
En Madrid gobierna el PP y la responsabilidad directa sobre el dispositivo autonómico corresponde al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Vox no dirige ese operativo, pero aporta una ideología que penaliza la anticipación climática, desacredita la evidencia científica y convierte cualquier inversión preventiva en una supuesta concesión al ecologismo. Díaz Ayuso seguía siendo en julio de 2026 presidenta de la Comunidad y del PP madrileño.
El PP no siempre es explícito
El PP no siempre adopta ese negacionismo explícito. Sin embargo, a mi juicio, practica demasiadas veces un negacionismo operativo. Reconoce el riesgo en los planes y presupuestos, mientras mantiene políticas territoriales, laborales o fiscales que reducen la capacidad real de prepararse. La prevención queda subordinada a la comunicación política, y los servicios públicos deben demostrar cada año que pueden hacer más con plantillas tensionadas.
Ya lo advertía este blog al analizar el informe del IPCC: aceptar la ciencia solo en los discursos no sirve si las decisiones públicas siguen aumentando la exposición. Y la factura, como se explicó también al hablar del riesgo climático infantil, nunca se reparte de manera neutral. Las personas mayores, quienes tienen menos recursos, los trabajadores expuestos y las familias sin alternativas habitacionales soportan una parte desproporcionada del daño.
El Estado al que se insulta es el Estado al que se llama
Hay una paradoja política que estos días resulta imposible ignorar. Durante años se ha repetido que el Estado es ineficiente, que los impuestos son un expolio, que sobran empleados públicos y que toda estructura administrativa debe adelgazar. Pero, cuando el fuego amenaza viviendas y municipios enteros, nadie pide menos Estado. Se solicita la UME, más Guardia Civil, más Policía, más aeronaves, más coordinación, más protección civil y más ayudas públicas.
La magnitud de los incendios en Madrid ha demostrado que el Estado no es una oficina distante. Es el bombero que entra donde otros salen y la técnica que interpreta el viento. Es el conductor que mantiene una vía de evacuación, el sanitario que atiende una intoxicación y el militar que protege una urbanización. También es la trabajadora social que acompaña a una familia desplazada y la administración que deberá reconstruir después.
Por supuesto, el Estado puede ser torpe, burocrático y estar mal gestionado. Debe ser fiscalizado y reformado cuando falla. Pero existe una diferencia profunda entre exigir que funcione mejor y debilitarlo hasta que no pueda cumplir su misión. La crítica democrática busca eficacia, transparencia y responsabilidad. La retórica antiestatal busca desacreditar lo común para justificar menos impuestos, menos controles y más negocio privado.
Los impuestos no garantizan por sí solos una buena política pública. Sin embargo, sin ingresos suficientes no hay prevención forestal, plantillas estables, helicópteros, comunicaciones redundantes ni ayudas a quienes pierden su vivienda o su actividad económica. La discusión honesta no consiste en decidir si queremos pagar o no. Consiste en determinar qué seguridad colectiva queremos sostener y cómo distribuimos su coste con justicia. Esa es también la reflexión de fondo del artículo de este blog sobre el mito de que España soporta los impuestos más altos.
No basta con apagar: habrá que reconstruir y aprender
La prioridad inmediata es proteger vidas, contener los frentes del incendio de Madrid y alas otras provincias y atender a las personas desplazadas. Después llegará una reconstrucción larga. Habrá que evaluar daños en viviendas, explotaciones, infraestructuras, suelos, masas forestales y abastecimientos. También será necesario acompañar a quienes han perdido su patrimonio o han vivido una evacuación traumática.
Pero la reconstrucción no puede limitarse a reponer lo que había. Tendrá que revisar la interfaz entre urbanizaciones y monte, los planes municipales, las rutas de evacuación y la gestión de la vegetación. Deberá estudiar las reservas de agua, la coordinación sanitaria y la protección de infraestructuras críticas. Cada euro destinado a recuperar debe servir también para reducir el riesgo futuro.
Y será imprescindible una evaluación independiente. No una comisión destinada a repartir culpas partidistas, sino una revisión técnica y pública de lo que funcionó, lo que falló y lo que debe cambiar. Deberá analizar los tiempos de respuesta, la cobertura de plantillas, los contratos, la ejecución de la prevención, las comunicaciones y la cooperación entre administraciones. La rendición de cuentas no debilita a los servicios de emergencia. Los mejora y protege a sus profesionales.
La lección que deja el fuego
Los incendios en Madrid no demuestran que una sola ideología haya prendido cada foco. Demuestran algo más serio: el negacionismo climático, la precarización de los servicios esenciales y la obsesión por adelgazar lo público dejan a la sociedad peor preparada frente a riesgos que son cada vez más intensos.
También muestran que la prevención no puede financiarse mediante anuncios, ni la emergencia resolverse gracias al heroísmo permanente. Los profesionales necesitan medios, estabilidad, reconocimiento y planificación. La ciudadanía necesita administraciones capaces de cooperar sin convertir cada desastre en una batalla de propaganda.
Cuando el peligro llega, la sociedad no se salva sola. Se salva porque existe una red pública construida durante décadas, pagada colectivamente y sostenida por personas que cumplen su deber en condiciones extremas. Quienes pasan el año despreciando al Estado y lo invocan cuando arde el horizonte deberían, al menos, aprender una lección de humildad.
No necesitamos un Estado más gordo por definición, ni una burocracia sin control. Necesitamos un Estado suficientemente fuerte, competente y democrático para anticipar los riesgos, proteger a la población y rendir cuentas. Negarlo cuando hace buen tiempo y reclamarlo cuando llegan las llamas no es una política. Es una irresponsabilidad.
