Debate sobre Ceuta: la pregunta que obligó a pasar del eslogan a la decisión

El debate sobre Ceuta celebrado este jueves en el Congreso dejó muchas acusaciones, varias contradicciones y una cuestión que sigue abierta sobre Marruecos. Pero hubo un momento que cambió por completo el terreno político. Pedro Sánchez obligó a la oposición a abandonar por unos minutos las palabras «invasión», «traición» o «rendición» y a enfrentarse a una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué habría hecho exactamente un Gobierno de PP y Vox cuando decenas de miles de personas ya estaban intentando entrar en Ceuta, muchas de ellas a nado? La comparecencia del 3 de septiembre figura en la agenda oficial del Congreso de los Diputados.

La pregunta importa porque gobernar empieza precisamente donde termina el eslogan. Una cosa es afirmar que la frontera debió ser defendida con mayor firmeza y otra muy distinta explicar qué orden concreta debe recibir un guardia civil cuando tiene delante a centenares de personas metiéndose en el mar. Ese fue, a mi juicio, el momento más revelador del debate sobre Ceuta: cuando la discusión dejó de ser únicamente sobre responsabilidades políticas y pasó a ser sobre decisiones reales.

El debate sobre Ceuta cambió cuando apareció una pregunta concreta

La comparecencia comenzó con dos relatos prácticamente irreconciliables. Sánchez defendió que el Estado había reaccionado ante una situación extraordinaria, reconoció que los medios disponibles quedaron desbordados y sostuvo que la prioridad operativa en las horas críticas fue evitar una tragedia todavía mayor. Feijóo y Abascal, en cambio, describieron lo ocurrido como una invasión, acusaron al Gobierno de no haber protegido la frontera y sostuvieron que existieron avisos previos suficientes para haber actuado antes.

La crítica al Gobierno es legítima y sigue teniendo preguntas pendientes. Ya hemos analizado en este blog la dimensión fronteriza, jurídica y europea de la crisis de Ceuta, así como los interrogantes que rodean la actuación marroquí y la información previa que manejaron distintos organismos del Estado. Pero la comparecencia introdujo algo diferente. Si la acusación consiste en que el Gobierno no defendió la frontera cuando la avalancha ya estaba ocurriendo, entonces hay que explicar qué significa exactamente «defenderla».

Sánchez llevó esa pregunta hasta un extremo deliberadamente provocador. Tras enumerar medidas que Feijóo proponía y que, según el presidente, ya estaban siendo aplicadas —más efectivos, más medios, aceleración de expedientes y refuerzo sanitario— preguntó en qué habría sido distinta la actuación del PP. Y acto seguido formuló su conclusión: si PP y Vox reprochaban a los agentes no haber cerrado físicamente el paso, la alternativa habría sido ordenar a Policía Nacional y Guardia Civil disparar contra población civil.

Conviene ser rigurosos también aquí. Sánchez no demostró que Feijóo o Abascal hubieran dado semejante orden. Fue un recurso retórico, agresivo y calculado, destinado a llevar hasta sus últimas consecuencias el lenguaje bélico empleado por la oposición. Pero precisamente por eso funcionó: obligó a preguntarse qué hay detrás de expresiones que resultan muy fáciles de pronunciar desde una tribuna.

Una frontera no se defiende con una consigna

El debate sobre Ceuta mostró una paradoja. La oposición había llegado con una acusación muy concreta —el Gobierno permitió una invasión—, pero sus alternativas eran mucho más claras para el antes y el después que para el momento exacto en que la frontera quedó desbordada.

Feijóo propuso reforzar permanentemente el dispositivo, desplegar más policías y guardias civiles, activar antes los mecanismos europeos, reformar la legislación de extranjería, aumentar la presión diplomática sobre Marruecos y acelerar las devoluciones. Algunas de esas medidas son discutibles; otras pueden ser razonables y merecen ser debatidas seriamente. De hecho, en josereflexiona.es ya he defendido una política migratoria democrática basada en fronteras, derechos y obligaciones, porque abandonar ese terreno solo sirve para entregárselo a quienes viven políticamente del miedo.

Pero ninguna de esas propuestas responde completamente al dilema de las horas críticas. Si cientos o miles de personas están ya en el agua, intentar impedir físicamente el paso puede aumentar el riesgo de ahogamientos. Si se permite momentáneamente el acceso para evitar muertes, la frontera deja de cumplir durante ese periodo su función de contención. No existe una respuesta limpia, y precisamente por eso la política seria empieza reconociendo la dificultad.

La legislación española tampoco entrega a los agentes un cheque en blanco. La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad obliga a actuar conforme a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, y limita el uso de armas a situaciones de riesgo grave para la vida, la integridad física o la seguridad ciudadana. Ese marco jurídico no convierte a una frontera en un espacio sin autoridad; impide que la autoridad pueda ejercerse de cualquier manera.

La pregunta sobre disparar no absuelve al Gobierno

Sería un error convertir el argumento de Sánchez en una absolución de su gestión. El hecho de que la oposición no ofrezca una respuesta sencilla al momento más crítico no elimina las responsabilidades anteriores. El debate sobre Ceuta sigue teniendo preguntas muy serias sobre la prevención, las alertas, la coordinación de los servicios de información y, sobre todo, sobre lo ocurrido en el lado marroquí.

El propio presidente reconoció que durante aproximadamente diez horas la gendarmería marroquí dejó de contener los cruces. A partir de ahí resulta inevitable preguntar si fue incapacidad, desorganización, permisividad deliberada o una decisión de mayor nivel. Mientras no existan pruebas concluyentes, convertir una sospecha en certeza sería irresponsable. Pero pedir explicaciones a Marruecos y exigir que se conozca toda la cadena de información española no es alimentar una conspiración: es exigir rendición de cuentas.

Por eso tiene importancia la polémica sobre el informe CENIF y el extraño recorrido que siguió desde su origen hasta su filtración. Si el Gobierno anuncia ahora la publicación de los documentos previos, esa documentación deberá permitir comprobar qué se sabía realmente, quién lo sabía y qué valoración de riesgo hizo cada organismo. La transparencia no puede ser una frase de tribuna; tiene que permitir contrastar el relato oficial con los papeles.

Esta exigencia es especialmente necesaria porque la defensa del Estado de derecho no puede funcionar en una sola dirección. Si reclamamos a la oposición propuestas legales y ejecutables, debemos reclamar al Gobierno algo equivalente: explicaciones verificables, documentación completa y claridad sobre Marruecos. La prudencia diplomática puede ser razonable; la opacidad permanente, no.

Devolver a todos tampoco es una orden ejecutable

El segundo momento en que el debate sobre Ceuta obligó a aterrizar las consignas apareció con las devoluciones. Durante semanas se ha repetido que quienes entraron irregularmente deben ser devueltos. Dicho así, parece una operación administrativa automática. No lo es.

La Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros contempla la devolución en determinados supuestos, pero establece procedimientos y garantías. Además, cuando una persona solicita protección internacional, la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo establece que no podrá ser objeto de retorno, devolución o expulsión mientras se resuelve su solicitud o se decide sobre su admisión. Los menores no acompañados tienen, además, un régimen específico de protección.

Esto no significa que toda persona que entre irregularmente tenga derecho a permanecer en España. Significa algo bastante más elemental: un Estado de derecho debe identificar, tramitar, resolver y ejecutar conforme a la ley. Ya desarrollamos con detalle los límites legales de las devoluciones masivas en Ceuta, porque este es precisamente uno de los puntos donde la retórica política más fácilmente se separa de la realidad jurídica.

Puede criticarse que los procedimientos sean lentos. Puede proponerse reformarlos dentro del marco constitucional y europeo. Exigirse mayor capacidad administrativa para resolverlos con rapidez. Lo que no puede hacerse es presentar como una solución inmediata algo que jurídicamente no puede ejecutarse de manera indiscriminada.

Cuando gobernar significa elegir entre opciones malas

Ahí está, para mí, la verdadera enseñanza del debate sobre Ceuta. Los grandes problemas políticos rara vez ofrecen una elección entre una opción buena y otra mala. Con frecuencia obligan a elegir entre alternativas imperfectas, todas ellas con costes.

Cerrar físicamente una frontera desbordada puede proteger la integridad territorial y, al mismo tiempo, generar un riesgo intolerable para la vida. Permitir el paso momentáneo puede salvar vidas y producir una crisis de seguridad y acogida al otro lado. Acelerar devoluciones puede aliviar la presión sobre Ceuta, pero hacerlo sin garantías puede vulnerar la ley y acabar anulándose en los tribunales.

Es legítimo exigir al Gobierno que hubiera previsto mejor, que hubiera desplegado antes más medios o que sea mucho más firme con Marruecos. También es legítimo defender que España debe disponer de una capacidad fronteriza mucho menos dependiente de Rabat. Lo que ya resulta menos serio es fingir. Fingir que, una vez desencadenada una avalancha humana de esas dimensiones, existía una solución sencilla. Solución que el Ejecutivo rechazó por cobardía o por falta de patriotismo.

La democracia empieza precisamente en ese reconocimiento. Gobernar no consiste en elegir siempre entre el bien y el mal. Consiste muchas veces entre varias decisiones difíciles intentando reducir daños, cumplir la ley y proteger a la población. Esa complejidad puede ser poco rentable en una pancarta, pero es inseparable del ejercicio real del poder.

Del lenguaje de guerra a las decisiones de gobierno

PP y Vox utilizaron durante la comparecencia un lenguaje diseñado para elevar al máximo la gravedad política: invasión, ataque, traición, soberanía violada. Ya había analizado en estas páginas cómo la crisis de Ceuta terminó convertida también en munición contra Sánchez. Ese lenguaje produce un efecto inmediato porque transmite decisión y convierte una realidad compleja en una historia fácil de entender.

El problema aparece cuando se pregunta qué política concreta se deriva de esas palabras. Si es una invasión en sentido literal, ¿qué nivel de fuerza debe emplearse para detenerla? Si quienes entran son invasores, ¿se les aplican las garantías de extranjería y asilo o se les trata como combatientes? Cuando se afirma que todos deben ser expulsados inmediatamente, ¿qué ocurre con quienes solicitan protección internacional, con los menores o con quienes no pueden ser identificados de manera inmediata?

El debate sobre Ceuta puso esas contradicciones encima de la mesa. Y eso me parece saludable. Una democracia necesita una oposición dura, incluso muy dura, pero necesita también que las alternativas puedan convertirse en órdenes administrativas, policiales y jurídicas que un funcionario pueda cumplir sin vulnerar la ley.

También necesita un Gobierno sometido a escrutinio. El Ejecutivo no puede refugiarse indefinidamente en la complejidad para evitar responder sobre los avisos previos, la relación con Rabat o las decisiones tomadas durante las semanas anteriores. La exigencia debe ser simétrica: ni soluciones mágicas desde la oposición ni explicaciones incompletas desde el poder.

La frontera también se defiende respetando la democracia

No comparto la idea de que defender los derechos humanos equivalga a renunciar a las fronteras. Tampoco comparto la reacción inversa, frecuente en una parte de la izquierda, que parece incomodarse cada vez que se habla de control, retornos, seguridad o capacidad de acogida. Las fronteras existen y deben ser gestionadas. La inmigración irregular plantea problemas reales que no desaparecen porque la extrema derecha los utilice.

Pero precisamente por eso hay que distinguir entre firmeza y brutalidad. Un Estado fuerte no es el que necesita saltarse sus propias leyes cuando llega una crisis. Es el que dispone de medios suficientes para controlar una frontera, proteger a su población, identificar a quienes entran, devolver a quien legalmente corresponda, proteger a quien tenga derecho a ello y exigir responsabilidades al país vecino sin dejar de cumplir el ordenamiento democrático.

Ese es el punto que dejó al descubierto el debate sobre Ceuta. Sánchez puede y debe ser fiscalizado por lo que ocurrió antes del 30 de julio, por lo que sabía su Gobierno y por cómo está gestionando ahora la relación con Marruecos. Pero quienes sostienen que todo habría sido distinto con más «firmeza» también tienen una obligación: explicar qué significa esa palabra cuando la decisión ya no se toma delante de un micrófono, sino frente a una persona que está en el agua.

Y ahí es donde el eslogan deja de servir. Gobernar consiste precisamente en asumir la responsabilidad de una orden concreta, sabiendo que detrás de ella puede haber vidas, derechos y seguridad pública. El debate sobre Ceuta no resolvió todas las preguntas de Ceuta, pero dejó una que merece permanecer: antes de prometer mano dura, conviene explicar exactamente qué mano y qué dureza estamos dispuestos a aceptar en una democracia.