Caso Zapatero: continuar no es mirar hacia otro lado

El caso Zapatero ha colocado al electorado progresista ante una disyuntiva incómoda. La investigación judicial que afecta al expresidente del Gobierno es suficientemente grave como para exigir explicaciones claras, pero no parece haber convencido a la mayoría de los votantes socialistas de que Pedro Sánchez deba adelantar las elecciones. Cerca de dos tercios prefieren que el Gobierno continúe y trate de agotar la legislatura.

La conclusión más inmediata sería que las bases del PSOE siguen cerrando filas en torno a Sánchez. Sin embargo, una lectura más atenta ofrece una imagen bastante menos complaciente. Una parte relevante de esos mismos votantes quiere que el presidente permanezca en La Moncloa, pero se distancie públicamente de Zapatero.

No están pidiendo impunidad. Están pidiendo continuidad política acompañada de responsabilidad democrática.

El caso Zapatero no concede un cheque en blanco

Según la encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es, el 35,4% de quienes votaron al PSOE en las últimas elecciones considera que Sánchez debe continuar gobernando, pero cuestionando públicamente el comportamiento de Zapatero. Otro 29,2% prefiere que permanezca en el cargo defendiendo la inocencia del expresidente, mientras que un 22,8% apuesta por adelantar las elecciones.

Sumadas, las dos primeras opciones dibujan una mayoría cercana al 65% favorable a mantener la legislatura. Ahora bien, presentar ese porcentaje como una defensa colectiva de Zapatero sería engañoso. Dentro de esa mayoría conviven dos posiciones claramente diferentes: quienes consideran que el Gobierno debe proteger políticamente al expresidente y quienes exigen que marque distancias.

Esa división importa. Revela que una parte considerable del electorado socialista distingue entre el proyecto político del Gobierno y la conducta concreta de una personalidad que, aunque sigue teniendo influencia dentro del PSOE, dejó la presidencia en 2011.

Ni Pedro Sánchez es José Luis Rodríguez Zapatero ni la continuidad del Ejecutivo debería depender automáticamente de la situación judicial de un expresidente. La responsabilidad penal, si finalmente la hubiera, es personal. La responsabilidad política del Gobierno actual solo aparecería si se demostrara su implicación, encubrimiento o utilización de las instituciones para impedir que la Justicia actuara.

Hasta el momento, eso no es lo que está acreditado.

El dato más incómodo para el PSOE

La encuesta contiene, además, una advertencia que el PSOE cometería un grave error si decidiera ignorar. El 60% del conjunto de los ciudadanos cree que existen, al menos, indicios de prácticas corruptas en la investigación. Incluso entre los votantes socialistas, un 20,4% habla de un caso claro de corrupción y otro 21,5% aprecia indicios reales mezclados con una utilización política del procedimiento.

Eso significa que más de cuatro de cada diez electores del PSOE no consideran que todo pueda explicarse como una operación contra el Gobierno. La tesis del complot puede movilizar a los más convencidos, pero resulta insuficiente para responder a una inquietud que ya atraviesa las propias fronteras electorales del socialismo.

Desde mi punto de vista, ese es el mensaje político principal de la encuesta. El electorado progresista no parece dispuesto a entregar el Gobierno a PP y Vox por una investigación que afecta a una persona que ya no forma parte del Ejecutivo. Al mismo tiempo, tampoco está concediendo al PSOE permiso para refugiarse detrás de la palabra lawfare cada vez que aparecen hechos difíciles de explicar.

La ciudadanía puede percibir que una causa está siendo explotada políticamente y considerar, simultáneamente, que existen comportamientos que deben investigarse. Ambas ideas no son incompatibles. La utilización partidista de un procedimiento judicial no convierte necesariamente en inocente al investigado, del mismo modo que la existencia de diligencias judiciales tampoco demuestra su culpabilidad.

Ni condena anticipada ni refugio partidista

José Luis Rodríguez Zapatero está citado como investigado en la Audiencia Nacional dentro del caso Plus Ultra. El procedimiento aborda presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y otras conductas conexas. Además, el juez ha abierto una pieza separada para esclarecer el origen y la tributación de unas joyas localizadas durante la investigación.

Estamos, por tanto, ante una causa abierta y no ante una sentencia. Zapatero conserva plenamente su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, como cualquier otro ciudadano. Sus responsabilidades deberán determinarse a partir de las pruebas y mediante las garantías propias del proceso penal, no desde una tertulia, una campaña electoral o una encuesta de opinión.

Sin embargo, respetar la presunción de inocencia no obliga a suspender el juicio político y moral. Quien ha ocupado la Presidencia del Gobierno debe ofrecer explicaciones convincentes cuando aparecen indicios o circunstancias que afectan a la confianza pública. La ejemplaridad no comienza después de una condena penal. Empieza mucho antes, con la transparencia y la disposición a rendir cuentas.

El PSOE tampoco debería comportarse como si cualquier crítica a Zapatero fuera un ataque contra toda su historia política. Se puede reconocer su contribución a los derechos civiles, la igualdad o la memoria democrática y, al mismo tiempo, exigirle que aclare de manera exhaustiva sus actuaciones posteriores al paso por La Moncloa.

Una democracia madura no necesita héroes intocables.

Lo que debería hacer Pedro Sánchez

La encuesta parece señalar una salida razonable: continuar gobernando, respetar la investigación y evitar que el partido se transforme en un escudo personal para el expresidente.

Pedro Sánchez no debería declarar culpable a Zapatero, porque esa función corresponde a los tribunales. Tampoco tendría sentido que proclamara su inocencia con una seguridad que no puede basarse en el conocimiento completo de unas actuaciones judiciales todavía en curso.

Su obligación política consiste en garantizar que ninguna institución del Estado obstaculice las pesquisas, exigir transparencia dentro de su organización y mantener una distancia clara entre el Gobierno y los intereses particulares de cualquier antiguo dirigente. También debería dejar sentado que la pertenencia al PSOE no concede inmunidad moral ni política.

Agotar la legislatura puede ser una decisión plenamente legítima mientras el Ejecutivo mantenga la confianza parlamentaria. La oposición tiene derecho a pedir explicaciones, reclamar responsabilidades y presentar una moción de censura si considera que dispone de una alternativa. Lo que no resulta democráticamente razonable es convertir cada investigación sobre una figura próxima al Gobierno en una convocatoria electoral automática.

Las elecciones sirven para elegir mayorías políticas. Los tribunales, para determinar responsabilidades penales. Confundir ambas funciones solo beneficia a quienes desean sustituir el debate democrático por una sucesión permanente de escándalos, filtraciones y condenas anticipadas.

Una encuesta útil, pero no un veredicto

También conviene leer estos resultados con cierta prudencia. El estudio se realizó mediante 1.500 entrevistas en línea, utilizando cuotas por sexo, edad, hábitat, estudios y comunidad autónoma. La ficha técnica ofrece un margen de error global de ±2,2% bajo el supuesto de un muestreo aleatorio simple.

Ese margen no puede trasladarse automáticamente a cada grupo de votantes. Cuando la muestra se divide entre electores del PSOE, Sumar, PP, Vox o los distintos socios territoriales, el número de entrevistas de cada segmento se reduce y la incertidumbre aumenta.

Además, algunas alternativas planteadas en el cuestionario obligan a elegir entre defender la inocencia de Zapatero, condenar su comportamiento o convocar elecciones. La realidad política admite posiciones intermedias. Se puede pedir que Sánchez continúe, exigir a Zapatero explicaciones y esperar a que la Justicia determine si hubo delito, sin defender ni condenar anticipadamente a nadie.

Por eso, el sondeo debe entenderse como una fotografía del clima político, no como una resolución colectiva sobre la culpabilidad del expresidente.

Continuar, investigar y asumir responsabilidades

Mi lectura es clara. El Gobierno debe intentar agotar la legislatura porque fue constituido mediante una mayoría parlamentaria legítima y porque una investigación contra un expresidente no anula por sí sola el mandato del Ejecutivo actual. Pero continuar no puede significar mirar hacia otro lado.

La democracia se degrada tanto cuando se utilizan los tribunales para destruir adversarios como cuando los partidos convierten la presunción de inocencia en una excusa para no pedir explicaciones. El progresismo debe ser especialmente exigente en este terreno. No puede reclamar ejemplaridad a la derecha y rebajarla cuando las sospechas afectan a alguien de su propia tradición política.

Zapatero tiene derecho a defenderse. La Justicia debe investigar sin interferencias. Pedro Sánchez debe gobernar sin asumir como propia la defensa personal del expresidente. Y la ciudadanía merece conocer la verdad sin tener que elegir entre el linchamiento y el silencio.

Agotar una legislatura no equivale a proteger a nadie. Significa preservar la estabilidad institucional mientras cada cual responde por sus actos.