CEOE y bajas laborales: cuando enfermar se convierte en culpa
La campaña sobre CEOE y bajas laborales difundida estos días en las marquesinas de Santander no pretende explicar un problema. Pretende encontrar un culpable. Y lo busca en el lugar más cómodo: el trabajador que no está en su puesto, sin importar demasiado por qué falta, quién certificó su incapacidad o cómo organizó la empresa el servicio.
Conviene precisar la autoría. La iniciativa procede de CEOE-CEPYME Cantabria, no directamente de la dirección nacional de la patronal. Esa distinción es necesaria, porque CEOE nacional se ha desmarcado de este tipo de campañas. Incluso ha reclamado un diálogo «riguroso y sosegado» sobre el aumento de las bajas.
Pero la precisión institucional no disminuye la gravedad de lo ocurrido. La campaña lleva la marca de una organización territorial integrada en CEOE. Además, aparece dentro de una ofensiva empresarial más amplia sobre la incapacidad temporal. Su lenguaje resulta agresivo, intelectualmente pobre y profundamente injusto con quienes enferman.
Las frases de la campaña de CEOE sobre las bajas laborales
Los carteles no contienen estadísticas, explicaciones médicas ni propuestas de gestión. Utilizan escenas cotidianas pensadas para provocar irritación en el ciudadano:
- «Que tu abuela no reciba la medicación a su hora».
- «Esperar al técnico de internet toda la tarde y que no aparezca».
- «Esperar una hora a que te traigan el segundo plato».
- «Evitar las consecuencias del absentismo injustificado es responsabilidad de todos. Mientras unos no están, otros esperan».
Las frases comparten una misma estructura. Primero presentan a una persona perjudicada: una anciana, un cliente o un comensal. Después sugieren que el responsable es alguien que no acudió a trabajar. Finalmente, introducen la expresión «absentismo injustificado», aunque no aportan un solo dato que permita relacionar esas situaciones con ausencias fraudulentas.
El mecanismo propagandístico es tan sencillo como zafio. Si la abuela no recibe su medicación, la culpa parece recaer sobre la cuidadora que falta. Cuando el técnico no llega, el sospechoso es el operario ausente. Si el plato tarda, el problema sería el camarero que no acudió.
Desaparecen del relato la plantilla disponible, los turnos, la carga de trabajo, la contratación, las sustituciones, la planificación y las decisiones empresariales. La empresa queda fuera de la escena. Solo aparece el trabajador ausente, convertido de antemano en irresponsable.
Utilizar a una abuela para señalar al trabajador
La frase sobre la medicación es la más grave. No se limita a describir una molestia. Utiliza la vulnerabilidad de una persona mayor para generar culpa, enfado y miedo.
Una trabajadora de ayuda a domicilio puede faltar porque tiene fiebre, una lesión, una enfermedad profesional o una crisis de ansiedad. También puede estar cuidando a un familiar hospitalizado o disfrutando de otro permiso reconocido legalmente. Nada de ello convierte su ausencia en fraudulenta.
La continuidad de un servicio esencial debe garantizarla la organización que lo presta. Para eso existen la planificación, las bolsas de sustitución, los márgenes operativos y las plantillas suficientes. Una empresa no puede construir un servicio sin capacidad para cubrir incidencias y después culpar públicamente a quien enferma.
La frase, además, enfrenta deliberadamente a dos personas que merecen protección. Por un lado, la persona mayor que necesita cuidados. Por otro, la trabajadora que puede encontrarse enferma. La campaña las coloca una frente a otra mientras la responsabilidad organizativa desaparece.
Eso no es concienciación. Es chantaje emocional.
La ausencia de un técnico no demuestra fraude
El cartel del técnico de internet incurre en otra manipulación. Que un profesional no llegue a una cita puede responder a decenas de causas. Tal vez la empresa concertó más visitas de las que podía atender. Quizás la ruta estaba mal calculada, el servicio fue subcontratado o surgió una avería urgente.
También podría ocurrir que el trabajador estuviera de baja. En ese caso, la empresa tendría que reorganizar las visitas o informar al cliente. Lo que no puede hacerse con rigor es deducir que la espera demuestra un supuesto abuso del sistema.
La campaña sustituye la relación causal por una insinuación. Presenta una consecuencia molesta y deja que el ciudadano atribuya la culpa al ausente. No demuestra que exista una baja, que sea irregular o que haya causado directamente el retraso.
Ese salto lógico sería inadmisible en cualquier informe serio. Sin embargo, se utiliza sin pudor en una campaña pública destinada a condicionar la opinión social.
Un segundo plato convertido en argumento laboral
El ejemplo del restaurante alcanza otra forma de vulgaridad. Equipara una incapacidad médica con la impaciencia de quien espera su segundo plato.
La hostelería conoce bien los problemas derivados de la falta de personal, los horarios extensos, la rotación, la temporalidad y la dificultad para cubrir determinados puestos. Reducir toda esa realidad a la ausencia del trabajador resulta intelectualmente deshonesto.
Una persona enferma no debe acudir a manipular alimentos, atender mesas o trabajar bajo presión para evitar que un cliente espere. Eso perjudicaría su recuperación y podría poner en riesgo a otras personas.
El llamado presentismo laboral también tiene costes. Trabajar enfermo puede agravar una dolencia, contagiar a compañeros o clientes y terminar provocando una baja más larga. Pero la campaña no habla de ello, porque su objetivo no es comprender la salud laboral. Busca activar el enfado del consumidor.
El fraude y la enfermedad no son lo mismo
Aquí se encuentra la principal falta de rigor. La campaña escribe «absentismo injustificado», pero se inserta en un debate promovido expresamente por las organizaciones empresariales sobre las bajas por incapacidad temporal.
El 16 de junio, CEOE celebró en Madrid el encuentro «Absentismo x IT: un problema de país». La organización aseguró que el coste total había alcanzado 33.000 millones de euros en 2025. También planteó reforzar la inspección, ampliar las competencias de las mutuas y trasladar a la Seguridad Social parte de los costes empresariales.
Por tanto, la ambigüedad de los carteles no es inocente. Se habla formalmente de ausencias injustificadas, pero el contexto conduce al ciudadano hacia las bajas médicas. Se mezclan así dos realidades distintas: el fraude, que debe perseguirse, y la enfermedad acreditada, que debe protegerse.
La incapacidad temporal es la situación de una persona que no puede trabajar provisionalmente y recibe asistencia sanitaria. El Estatuto de los Trabajadores la reconoce expresamente como causa de suspensión del contrato. No es una concesión graciosa, sino una contingencia protegida por el sistema.
Puede haber abusos. Negarlo sería irresponsable. También puede haber errores médicos, deficiencias de control o procesos prolongados de forma innecesaria. Pero ningún dato permite convertir al conjunto de las personas de baja en sospechosas.
El problema existe, pero los carteles no lo explican
Los datos muestran un incremento relevante de la incapacidad temporal. La AIReF calculó que su coste para la Seguridad Social alcanzó los 16.500 millones de euros en 2024. Entre 2017 y 2024, la incidencia aumentó cerca de un 60 % y la duración media creció alrededor de un 15 %.
Son cifras que merecen atención. Sin embargo, no respaldan la caricatura difundida en Santander.
La propia AIReF ha identificado deficiencias estructurales en la gestión. También ha estudiado el efecto de las listas de espera sanitarias sobre la duración de las bajas. Los retrasos en consultas, pruebas, intervenciones y rehabilitación prolongan el tiempo durante el cual muchas personas no pueden reincorporarse.
El informe constata, además, un fuerte aumento en la duración de algunos procesos de salud mental. La media de esos episodios habría pasado de 67 a 99 días entre 2017 y 2024. Esta realidad exige prevención, atención sanitaria y mejores condiciones laborales. No se resuelve avergonzando a quien padece depresión, ansiedad o agotamiento.
Tampoco puede afirmarse que España haya dejado de trabajar. Entre el último trimestre de 2019 y el primero de 2025, los días efectivos trabajados crecieron un 12,9 %. Las horas efectivamente trabajadas aumentaron un 12,3 %, según la Seguridad Social.
Las bajas han aumentado, pero también lo han hecho el empleo y el volumen de trabajo. Sin relacionar correctamente todas esas magnitudes, las cifras absolutas pueden utilizarse para construir cualquier relato.
Una mala campaña que deteriora un debate necesario
La CEOE nacional ha reconocido que detrás de cada baja existe una persona que necesita atención. También ha señalado problemas reales: falta de profesionales sanitarios, escasez de inspectores y descoordinación entre administraciones.
Precisamente por eso, la campaña cántabra resulta todavía más incomprensible. Mientras la dirección nacional pide un debate riguroso, una organización territorial coloca en las calles mensajes diseñados para irritar y señalar.
CCOO ha exigido su retirada y la ha calificado de grosera e insultante. UGT presentó el 17 de julio una denuncia ante la Inspección de Trabajo. El sindicato considera que podría vulnerar la dignidad debida a las personas trabajadoras. La denuncia deberá tramitarse y no equivale, por sí misma, a una declaración de ilegalidad.
Esa última cautela es importante. Criticar la campaña no exige anticipar el resultado jurídico. Basta con analizar sus mensajes y comprobar su falta de rigor.
No se protege la productividad atacando la salud
Las empresas tienen derecho a plantear el coste y los problemas organizativos ocasionados por las incapacidades temporales. Las pequeñas empresas, en particular, pueden sufrir dificultades serias cuando una baja prolongada afecta a una plantilla reducida.
Ese problema merece respuestas públicas. Pueden estudiarse ayudas a la sustitución, mejoras en la gestión sanitaria y una coordinación más eficaz entre servicios de salud, Seguridad Social y mutuas. También deben reforzarse la inspección y los controles cuando existan indicios concretos de fraude.
Sin embargo, la responsabilidad debe funcionar en todas las direcciones. Hay que prevenir accidentes, reducir riesgos psicosociales, adaptar puestos y evitar sobrecargas. También es necesario disponer de plantillas capaces de asumir incidencias razonables.
Como ya defendí al analizar las propuestas para reducir el salario durante una incapacidad, castigar económicamente o señalar socialmente a quien enferma no mejora la salud ni la productividad. Solo añade miedo a una situación que ya suele ser difícil.
Mientras unos enferman, otros hacen propaganda
La frase «mientras unos no están, otros esperan» pretende dividir a la sociedad entre cumplidores y ausentes. Pero la vida laboral no funciona de esa manera.
Quien hoy espera a un técnico puede enfermar mañana. El que recibe ayuda domiciliaria puede ser familiar de una trabajadora de baja. Quien dirige una pequeña empresa también puede sufrir una enfermedad que le impida trabajar durante meses.
Un sistema democrático y civilizado no se construye enfrentando al usuario con el trabajador. Se construye garantizando servicios adecuados y protegiendo a las personas cuando enferman.
La incapacidad temporal debe gestionarse mejor. El fraude debe investigarse. Las listas de espera deben reducirse. Las empresas necesitan mecanismos para sustituir a quien falta. Todo eso puede debatirse con datos, propuestas y respeto.
Lo que no puede aceptarse es que una organización empresarial utilice a una abuela sin medicación, a un cliente abandonado o a un comensal impaciente para convertir la enfermedad en culpa.
No se combate el absentismo insultando a quien enferma. Y no se defiende la productividad degradando la dignidad de quienes la hacen posible.
