Estado de derecho en España: los problemas reales que el ruido político oculta
España no es una dictadura. Tampoco es una democracia inmune al deterioro. Entre ambas afirmaciones existe un territorio incómodo que nuestro debate público evita recorrer. Es el lugar donde deben analizarse los problemas reales del Estado de derecho, sin exagerarlos para derribar al adversario y sin ocultarlos para proteger al Gobierno.
La Comisión Europea publicó el 17 de julio su Informe sobre el Estado de Derecho en 2026. El documento incluye un capítulo específico dedicado a España. Sus conclusiones no entregan un certificado de buena conducta al Ejecutivo. Sin embargo, tampoco describen un país sometido a un régimen autoritario o privado de sus contrapesos institucionales.
El informe habla de avances, deficiencias y reformas pendientes. Señala problemas en la justicia, la lucha contra la corrupción, la transparencia y los medios de comunicación. También reconoce mejoras que rara vez encuentran espacio en las tertulias.
Esa mirada matizada resulta poco rentable en una política dominada por los mensajes absolutos. Aquí parece obligatorio elegir entre dos ficciones. Según la primera, España camina hacia una dictadura. Según la segunda, cualquier crítica institucional es una conspiración contra el Gobierno.
Ninguna de las dos ayuda a cuidar la democracia.
Lo que Europa examina cuando habla del Estado de derecho
El Estado de derecho no consiste simplemente en que haya elecciones. Tampoco puede reducirse a la existencia de tribunales o a la vigencia formal de una Constitución. Exige que el poder esté sometido a normas, que las decisiones puedan ser revisadas y que los derechos tengan protección efectiva.
La Comisión Europea analiza cada año cuatro ámbitos. Estudia el sistema judicial, la lucha contra la corrupción, el pluralismo de los medios y los contrapesos institucionales. El procedimiento se aplica a todos los Estados miembros y pretende detectar riesgos antes de que se conviertan en daños irreversibles.
Por eso, el informe no debe leerse como un examen sobre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo o cualquier dirigente concreto. Su objeto es más amplio. Evalúa si las instituciones funcionan, si existen controles suficientes y si las reformas avanzan en la dirección adecuada.
Convertir el documento en otra arma partidista sería repetir el problema que pretende diagnosticar.
Una justicia renovada, pero todavía frágil
La renovación del Consejo General del Poder Judicial en 2024 puso fin a un bloqueo de más de cinco años. Aquel incumplimiento constitucional había dañado la imagen del sistema y limitado la capacidad del Consejo para efectuar nombramientos.
Desde su renovación, el CGPJ ha realizado 196 nombramientos de altos cargos judiciales. Según el informe, la mayoría se aprobaron con un amplio consenso. Ese dato desmiente la idea de que nada ha cambiado y que el órgano continúa completamente paralizado.
No obstante, el método de elección de sus vocales sigue pendiente de reforma. La Comisión de Venecia examinó dos modelos alternativos, pero no se alcanzó un acuerdo político. Bruselas vuelve a pedir que España adapte el procedimiento a las normas europeas y reduzca los riesgos de politización.
El debate no debería resolverse con consignas. La elección directa por los jueces puede disminuir la intervención parlamentaria, pero también puede aumentar el poder de las asociaciones judiciales. La designación por las Cortes aporta legitimidad democrática, aunque corre el riesgo de convertirse en un reparto de cuotas.
No existe una solución perfecta. Sí existe una obligación: construir un sistema basado en el mérito, la transparencia y la rendición de cuentas.
La justicia necesita independencia, pero también recursos
Buena parte del debate español se concentra en quién nombra a los jueces. Sin embargo, el informe muestra otro problema menos espectacular y quizá más cercano a la ciudadanía: la falta de medios.
A finales de 2025 había 431 plazas judiciales vacantes. El Gobierno anunció la convocatoria de 500 nuevas plazas de juez y 200 de fiscal. Aun así, el propio plan estratégico del CGPJ considera que serían necesarias unas 367 plazas anuales hasta 2035 solo para atender las sustituciones previstas.
La duración de los procedimientos continúa siendo uno de los grandes escollos. Los litigios civiles y mercantiles tardaban una media de 423 días en primera instancia. En el Tribunal Supremo, ese plazo alcanzaba los 750 días. Además, la acumulación de asuntos pendientes prácticamente se duplicó entre 2016 y 2024.
Estos retrasos no son una cuestión administrativa menor. Una justicia que llega tarde puede dejar de ser justicia. La demora perjudica a trabajadores, familias, empresas, consumidores y víctimas que necesitan una respuesta antes de que su problema se vuelva irreparable.
Defender el Estado de derecho exige independencia judicial. También requiere juzgados suficientes, sistemas interoperables, personal formado y procedimientos comprensibles. Sin esos recursos, los derechos existen en el papel, pero se debilitan en la vida cotidiana.
El respeto institucional debe funcionar en las dos direcciones
El informe europeo recoge la preocupación de jueces y juristas por las declaraciones políticas contra determinadas resoluciones. Recuerda que la crítica judicial forma parte del debate democrático, pero pide evitar ataques que erosionen la confianza pública.
Al mismo tiempo, señala que algunos jueces se han pronunciado públicamente contra responsables políticos. Varias de esas actuaciones han dado lugar a expedientes disciplinarios. La advertencia, por tanto, no se dirige únicamente al Gobierno ni a los partidos.
Todos los poderes deben respetar sus límites.
Los políticos pueden criticar una sentencia. Lo que no deberían hacer es presentar a un juez como un enemigo por el simple hecho de dictar una resolución incómoda. Los magistrados, por su parte, no pueden utilizar su condición para intervenir como actores partidistas.
La independencia judicial no significa inmunidad frente a la crítica. Tampoco permite convertir una toga en una tribuna política. Europa reclama respeto mutuo entre los poderes para proteger la confianza ciudadana.
Esa cultura institucional casi ha desaparecido de nuestro debate. Cada resolución se celebra o se condena según beneficie a los propios. La ley parece justa cuando castiga al adversario y sospechosa cuando afecta a alguien cercano.
En Causas judiciales: el foco selectivo de la indignación mediática ya analicé esta doble vara de medir. No se trata de negar la corrupción de unos para recordar la de otros. Se trata de aplicar las mismas exigencias democráticas a todos.
Corrupción: demasiada percepción y controles insuficientes
El apartado sobre corrupción contiene algunas de las conclusiones más preocupantes. España obtuvo 55 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025. Ocupaba el puesto 17 entre los países de la Unión Europea y el 49 en el mundo.
Además, el 92 % de las personas consultadas consideraba que la corrupción estaba extendida en España. La media europea se situaba en el 71 %. Más de la mitad afirmaba que ese problema afectaba a su vida cotidiana.
Estos datos miden percepción, no delitos demostrados. Conviene aclararlo porque una sensación social no equivale a una sentencia. Sin embargo, una desconfianza tan extendida es un problema democrático en sí mismo.
El Gobierno ha aprobado un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. También ha promovido reformas sobre integridad pública, protección de informantes y conflictos de intereses. La Comisión reconoce esos pasos, pero advierte de que muchos todavía no producen efectos prácticos.
Siguen pendientes normas más sólidas sobre las declaraciones patrimoniales de los altos cargos. También falta completar la regulación de los grupos de interés y crear un registro público obligatorio. La contratación pública continúa siendo un ámbito especialmente vulnerable.
El Estado de derecho no se protege únicamente encarcelando a quienes roban. También se protege dificultando que puedan hacerlo, detectando los conflictos antes de que causen daño y garantizando que los organismos supervisores tengan independencia real.
Una ley sin personal, presupuesto o capacidad sancionadora puede ofrecer titulares. Difícilmente ofrecerá control.
Los medios también forman parte de la calidad democrática
El pluralismo informativo no es un lujo para periodistas. Es una condición necesaria para que la ciudadanía pueda decidir con libertad. Sin información independiente, las elecciones siguen existiendo, pero la capacidad de elegir se degrada.
El informe mantiene para España una calificación de riesgo muy alto en la pluralidad de proveedores de medios. También recoge advertencias sobre injerencias políticas en las radiotelevisiones públicas, tanto estatales como autonómicas.
Bruselas observa avances en la regulación de los servicios digitales y en el refuerzo de la CNMC. Sin embargo, persisten dudas sobre la transparencia de la propiedad de determinados medios y sobre la distribución de la publicidad institucional.
Este último asunto merece atención. El dinero público destinado a publicidad puede convertirse en una herramienta de presión. Un Gobierno puede premiar coberturas complacientes o castigar medios críticos sin necesidad de cerrar una redacción.
La reforma anunciada pretende fijar criterios objetivos y limitar el peso de esas ayudas sobre la facturación de cada medio. El propósito es razonable. Su eficacia dependerá de la transparencia de los datos y de la independencia del organismo supervisor.
También preocupan las agresiones, el acoso digital y la precariedad de los profesionales. El informe registra seis nuevas alertas del Consejo de Europa y 53 avisos de otros mecanismos europeos sobre ataques, intimidaciones, obstáculos e injerencias editoriales.
Una prensa precaria es más vulnerable. Un periodista acosado puede terminar autocensurándose. Y un medio dependiente del poder político o económico tendrá más dificultades para fiscalizarlo.
Lo que el informe dice y lo que no dice
La Comisión Europea no afirma que España sea una dictadura. Tampoco sostiene que las elecciones estén manipuladas, que los tribunales hayan sido abolidos o que la oposición carezca de libertades.
Presentar el informe como prueba de un régimen autoritario sería una interpretación interesada. El documento describe una democracia con instituciones operativas, reformas en marcha y problemas relevantes. Esa es mi lectura, no una frase literal de la Comisión.
Pero tampoco concede un aprobado general. Exige modificar el sistema de elección del CGPJ, reforzar la autonomía del fiscal general y reducir las demoras judiciales. También reclama mejores controles sobre los altos cargos, los grupos de interés y el acceso a la información.
Por tanto, el informe desautoriza dos relatos al mismo tiempo.
El primero es el relato apocalíptico. Según esa versión, cada pacto parlamentario es una traición, cada reforma una demolición constitucional y cada sentencia desfavorable una prueba de persecución. La democracia siempre estaría a pocas horas de desaparecer.
El segundo es el relato complaciente. Considera que toda advertencia europea responde a presiones conservadoras y que las reformas anunciadas bastan para resolver los problemas. Confunde la legitimidad del Gobierno con la perfección de sus decisiones.
Ambas posiciones comparten una misma pobreza democrática. Solo aceptan los datos que sirven para confirmar lo que ya pensaban.
La democracia no se defiende gritando más fuerte
Durante la tramitación de la ley de amnistía se habló de golpe de Estado, dictadura y ruptura de Europa. Después, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazaron buena parte de aquellas profecías.
En Europa avala el encaje jurídico de la ley de amnistía defendí que una discrepancia política legítima no autoriza a fabricar una catástrofe constitucional. El nuevo informe europeo obliga a aplicar ese mismo criterio.
No todo está bien. Tampoco todo está destruido.
La exageración permanente puede movilizar a los propios durante un tiempo. Sin embargo, termina debilitando la confianza en las instituciones. Cuando se repite cada día que vivimos bajo una dictadura, las palabras pierden sentido y los verdaderos autoritarismos encuentran el terreno más fácil.
También resulta peligroso despreciar cualquier crítica. Una democracia empieza a deteriorarse cuando sus gobernantes consideran que las reglas solo deben mejorar después de que cambie el poder.
Una agenda democrática que debería unirnos
España necesita culminar la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Debe hacerlo sin sustituir la colonización partidista por una corporativa. También necesita reforzar la autonomía de la Fiscalía y dotarla de medios suficientes para asumir nuevas funciones.
Hace falta reducir los retrasos judiciales, especialmente en las jurisdicciones civil, mercantil y laboral. Las demoras afectan a derechos concretos y no pueden resolverse únicamente con nuevas aplicaciones informáticas.
Las normas sobre conflictos de intereses, patrimonio y grupos de presión deben aprobarse y aplicarse. El Consejo de Transparencia necesita independencia, presupuesto y capacidad sancionadora. La protección de los informantes tampoco puede depender de una autoridad infradotada.
Finalmente, debemos garantizar medios públicos independientes, publicidad institucional transparente y protección efectiva para los periodistas. La calidad de la información determina la calidad de nuestras decisiones políticas.
Nada de esto pertenece en exclusiva a la izquierda o a la derecha. Son exigencias democráticas elementales. Deberían sobrevivir a cualquier cambio de Gobierno.
Cuidar la democracia exige mirarla sin disfraces
El informe europeo de 2026 no dibuja una España modélica. Tampoco retrata un país que haya abandonado la democracia. Describe una realidad más compleja: instituciones que funcionan, avances que deben reconocerse y carencias que no pueden minimizarse.
Mi posición es clara. Hay que defender la legitimidad de un Gobierno elegido por el Parlamento. También hay que exigirle reformas, transparencia y respeto por los contrapesos. Es perfectamente compatible.
La oposición tiene derecho a denunciar errores, abusos y casos de corrupción. No tiene derecho a convertir cualquier derrota parlamentaria en el final de la democracia. Los jueces deben actuar sin presiones, pero también sin comportarse como militantes.
El Estado de derecho no pertenece a quien gobierna ni a quien aspira a gobernar. Pertenece a la ciudadanía. Por eso debemos protegerlo tanto de quienes pretenden degradarlo como de quienes lo utilizan para sembrar miedo.
La democracia española tiene problemas. Algunos son graves y llevan demasiado tiempo esperando una solución. Precisamente por eso necesitamos hablar de ellos con datos, equilibrio y honestidad.
El ruido puede servir para ganar una tertulia. Para fortalecer una democracia hace falta algo bastante más difícil: reconocer la realidad completa.
