La Reconfiguración del Contrato Social en España: Un Análisis Exhaustivo de la Economía Política en la Era Sánchez (2018-2025)
1. Introducción: El Cambio de Paradigma en la Gestión de lo Público
La llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en junio de 2018, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, no supuso meramente una alternancia en el poder ejecutivo, sino el inicio de una profunda transformación en la arquitectura económica y social de España. El periodo comprendido entre 2018 y 2025 se ha caracterizado por un giro copernicano en la concepción del Estado, transitando desde el modelo neoliberal de austeridad y devaluación interna —hegemónico tras la crisis financiera de 2008— hacia una socialdemocracia de nuevo cuño, intervencionista y expansiva, diseñada para fortalecer a la sociedad civil frente a los excesos del mercado desregulado.
Este informe analiza cómo la acción legislativa del gobierno de coalición (primero con Unidas Podemos y posteriormente con Sumar) ha redefinido las relaciones de poder entre el capital y el trabajo. El análisis se centra en algunas de aquellas medidas que, beneficiando tangiblemente a la mayoría social, han enfrentado una resistencia feroz por parte de las grandes corporaciones, la banca, las energéticas y los fondos de inversión, actores que han visto cuestionada su histórica capacidad para dictar la política económica del país.
La tesis central de este documento sostiene que la legislación aprobada en este septenio ha logrado desacoplar el crecimiento económico de la precariedad laboral, demostrando empíricamente que la justicia social no es un freno, sino un motor para la prosperidad. A través de un recorrido por la reforma laboral, la política fiscal, la vivienda y los derechos de los consumidores, se evidencia cómo el Estado ha recuperado su rol de garante del bienestar, disciplinando a los poderes fácticos en beneficio del interés general.
2. La Contrarreforma Laboral: De la Precariedad Estructural a la Estabilidad Normativa
La política laboral ha sido el «kilómetro cero» del proyecto reformista. Durante décadas, la «flexiseguridad» mal entendida condenó a España a ser el país con mayor temporalidad de Europa. La estrategia del gobierno Sánchez se basó en desmontar la arquitectura legal de la reforma del Partido Popular de 2012, que había otorgado un poder unilateral al empresario en la determinación de las condiciones de trabajo.
2.1. La Dignificación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
Ninguna medida ilustra mejor el cambio de época que la evolución del Salario Mínimo Interprofesional. En 2018, el SMI se situaba en 735,9 euros, una cuantía que normalizaba la figura del «trabajador pobre». La estrategia del Ministerio de Trabajo fue clara: utilizar el SMI como herramienta de predistribución de la riqueza para comprimir la desigualdad salarial por la base.
2.1.1. Evolución Cuantitativa y Choque con la Ortodoxia
El incremento del SMI ha sido constante, desafiando en cada ejercicio las predicciones catastrofistas de la patronal CEOE-CEPYME y del Banco de España, que alertaban sobre una supuesta destrucción masiva de empleo que jamás se materializó.
| Año | Cuantía Mensual (14 pagas) | Incremento Anual | Contexto Político y Económico |
| 2018 | 735,90 € | – | Último presupuesto de la era Rajoy. |
| 2019 | 900,00 € | +22,3% | Acuerdo presupuestario con Unidos Podemos. Mayor subida de la historia. |
| 2020 | 950,00 € | +5,5% | Primer acuerdo del Gobierno de Coalición con agentes sociales. |
| 2021 | 965,00 € | +1,6% | Subida moderada en contexto de salida de la pandemia COVID-19. |
| 2022 | 1.000,00 € | +3,6% | Hito psicológico de los mil euros. Crisis inflacionaria por la guerra en Ucrania. |
| 2023 | 1.080,00 € | +8,0% | Recuperación de poder adquisitivo frente a la inflación subyacente. |
| 2024 | 1.134,00 € | +5,0% | Consolidación de la senda hacia el 60% del salario medio. |
| 2025 | 1.184,00 € | +4,41% | Cumplimiento del mandato de la Carta Social Europea. |
En 2025, el SMI alcanza los 16.576 euros anuales brutos. Este incremento acumulado del 61% desde 2018 no solo ha mejorado la vida de aproximadamente 2,5 millones de trabajadores directos, sino que ha generado un «efecto arrastre» en la negociación colectiva, empujando al alza las tablas salariales de los convenios más precarios.
2.1.2. Análisis de Impacto: ¿Quién Gana y Quién Pierde?
La subida del SMI ha tenido un impacto asimétrico fundamental para la corrección de desigualdades estructurales:
- Beneficiarios: Principalmente mujeres, jóvenes y trabajadores del sector servicios y agrícola. Al elevar el suelo salarial, se ha reducido la brecha de género de manera más efectiva que con políticas de igualdad declarativas.
- Perjudicados (según el discurso patronal): Las grandes empresas de multiservicios y el sector agrario industrializado, cuyos modelos de negocio se basaban en la extracción de márgenes a costa de salarios de subsistencia. La resistencia de la patronal no se debía a la inviabilidad económica, sino a la pérdida de una ventaja competitiva espuria basada en la devaluación salarial.
2.2. La Reforma Laboral de 2021: El Fin de la Temporalidad como Norma
El Real Decreto-ley 32/2021 supuso el desmantelamiento del modelo de relaciones laborales basado en la temporalidad fraudulenta. A diferencia de reformas anteriores impuestas por decreto, esta norma nació del diálogo social, aunque con una dirección política clara por parte del Ministerio de Trabajo para acabar con la precariedad.
2.2.1. Mecanismos de Estabilización
La reforma atacó tres frentes que habían permitido a las empresas utilizar a los trabajadores como pañuelos de usar y tirar:
- Supresión del Contrato de Obra y Servicio: Esta modalidad contractual era el gran coladero del fraude laboral en España, permitiendo encadenar contratos temporales durante años para tareas que eran estructurales de la empresa. Su eliminación obligó a sectores enteros (construcción, consultoría, telemarketing) a transformar a sus plantillas en indefinidas.
- Causalidad de la Contratación Temporal: Se restringió la temporalidad a causas muy tasadas (circunstancias de la producción imprevisibles y sustitución), con duraciones máximas muy cortas y penalizaciones en la cotización a la Seguridad Social para los contratos de muy corta duración (menos de 30 días), desincentivando la rotación extrema de personal.
- El Contrato Fijo-Discontinuo: Se potenció esta figura para dar cobertura a las actividades estacionales (turismo, agricultura). A diferencia del contrato temporal, el fijo-discontinuo otorga derechos de antigüedad, indemnización por despido y acceso a formación, integrando al trabajador en la estructura estable de la empresa.
2.2.2. Reequilibrio en la Negociación Colectiva
La reforma devolvió poder a los sindicatos mediante dos cambios técnicos de enorme calado político:
- Recuperación de la Ultraactividad: Los convenios colectivos ya no decaen al finalizar su vigencia si no hay acuerdo. Esto eliminó el chantaje patronal de dejar morir el convenio para aplicar el Estatuto de los Trabajadores (mínimos legales), forzando a las empresas a negociar de buena fe.
- Prevalencia del Convenio Sectorial: Se prohibió que los convenios de empresa pudieran establecer salarios inferiores a los del convenio sectorial. Esto acabó con la práctica de las empresas multiservicios que creaban «convenios fantasma» para competir deslealmente bajando salarios, una práctica que había precarizado brutalmente a las «kellys» (camareras de piso) y al personal de seguridad y limpieza.
2.3. La Ley Rider y la Batalla contra la «Uberización»
El conflicto con las plataformas digitales de reparto (Glovo, Uber Eats) simbolizó la lucha del Estado contra las nuevas formas de explotación digital. La Ley 12/2021, conocida como «Ley Rider», estableció la presunción de laboralidad de los repartidores, reconociendo que no eran emprendedores autónomos, sino trabajadores subordinados a un algoritmo.
La resistencia de empresas como Glovo fue numantina, desafiando la ley durante años y acumulando más de 200 millones de euros en multas. Sin embargo, hacia 2024 y 2025, la firmeza de la Inspección de Trabajo y la imputación penal de directivos por delitos contra los derechos de los trabajadores forzaron un cambio de modelo. La victoria del Estado en este frente envió un mensaje claro: la innovación tecnológica no puede ser una coartada para el retorno a condiciones laborales del siglo XIX.
3. La Disputa por el Tiempo: Jornada Laboral y Control Horario
Hacia el final de la legislatura, el foco de la política laboral se desplazó desde el salario hacia el tiempo de trabajo. La propuesta de reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales sin merma salarial se convirtió en el gran caballo de batalla de 2024 y 2025.
3.1. El Bloqueo Político de la Reducción de Jornada
El intento legislativo de modificar el Estatuto de los Trabajadores para reducir la jornada se encontró con un muro parlamentario en septiembre de 2025. Una coalición de intereses conservadores formada por el Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya tumbó la tramitación de la ley en el Congreso.
3.1.1. El Papel de Junts y la Patronal
La posición de Junts fue determinante. Alineándose con las tesis de la patronal catalana Foment del Treball, argumentaron que la reducción de jornada por ley suponía una injerencia inaceptable en la libertad de empresa y un coste inasumible para las PYMES. Este episodio reveló las limitaciones de la mayoría parlamentaria progresista cuando se tocan los intereses materiales del empresariado, evidenciando que el eje nacionalista conservador prioriza la defensa del capital sobre los derechos sociales de los trabajadores catalanes.
3.2. La Respuesta del Ejecutivo: El Registro Horario Digital
Ante el bloqueo parlamentario de la reducción de jornada por ley, el Ministerio de Trabajo activó un «Plan B» de alto impacto mediante la reforma del Registro Horario. A finales de 2025, se aprobó un Real Decreto para modernizar el control de jornada, una medida que no requería el mismo nivel de consenso parlamentario que la reforma del Estatuto.
3.2.1. Un Registro a Prueba de Fraude
El nuevo sistema de registro horario, obligatorio para todas las empresas, introduce características técnicas que imposibilitan la manipulación tradicional (papel y bolígrafo):
- Digital e Interoperable: El registro debe ser completamente digital y accesible en remoto.
- Acceso en Tiempo Real: La Inspección de Trabajo puede acceder a los datos de fichaje en tiempo real y de forma remota, sin necesidad de personarse en la empresa, lo que multiplica exponencialmente la capacidad de control.
- Trazabilidad: Se debe registrar no solo el inicio y fin, sino todas las pausas, permitiendo detectar el fraude de las horas extra no pagadas.
Esta medida, aunque técnica, tiene un efecto político devastador para el fraude laboral. Al aflorar millones de horas extra no remuneradas, se presiona de facto hacia una reducción de la jornada efectiva y se obliga a las empresas a pagar por todo el tiempo de trabajo consumido, combatiendo el «robo de tiempo» corporativo.
4. Justicia Fiscal: El Asedio a los Beneficios Extraordinarios
La política fiscal de la era Sánchez rompió con el dogma de que bajar impuestos es la única vía para el crecimiento. Ante las crisis de precios derivadas de la guerra en Ucrania y la subida de tipos de interés, el Gobierno identificó que ciertos sectores estaban obteniendo beneficios obscenos a costa del empobrecimiento general.
4.1. Los Gravámenes a la Banca y las Energéticas
La implementación de impuestos extraordinarios a la banca y a las grandes compañías energéticas fue una medida audaz que situó a España en la vanguardia de la fiscalidad progresista en Europa.
4.1.1. El Sector Energético y la Amenaza de Repsol
Las grandes energéticas (Repsol, Iberdrola, Endesa) registraron beneficios récord gracias a la volatilidad de los mercados internacionales. El gobierno impuso un gravamen del 1,2% sobre su cifra de negocios no regulada. La reacción del sector fue virulenta. Repsol, en particular, protagonizó una campaña de presión pública amenazando con paralizar inversiones industriales por valor de 6.800 millones de euros en Tarragona, País Vasco y Cartagena si el impuesto se hacía permanente.
Este pulso evidenció la tensión entre la soberanía democrática y el poder de las multinacionales. Finalmente, en la negociación de finales de 2025 para hacer permanente el impuesto, el Gobierno tuvo que ceder ante la presión combinada del lobby energético y sus socios parlamentarios conservadores (PNV y Junts), introduciendo deducciones significativas por inversiones en descarbonización. Aunque esto suavizó el impacto fiscal para las empresas, se consolidó el principio de que los beneficios extraordinarios deben tributar.
4.1.2. El Impuesto a la Banca
El sector bancario, beneficiado por la subida vertical de los tipos de interés del BCE que encareció las hipotecas, también fue objeto de un gravamen del 4,8% sobre sus márgenes de intereses y comisiones. Este impuesto logró recaudar cerca de 3.000 millones de euros anuales, recursos que se destinaron directamente a financiar el «Escudo Social» (bonificación del transporte, becas, ayudas al alquiler). A diferencia del energético, el impuesto a la banca logró una mayor consolidación, integrándose en el sistema fiscal con adaptaciones para ser gestionado por las haciendas forales, tal como exigía el PNV.
4.2. La Reforma de las Pensiones: Solidaridad Intergeneracional
La reforma de las pensiones liderada por José Luis Escrivá y continuada por Elma Saiz representa el cambio estructural más profundo y progresista del periodo. Rompiendo con la reforma del PP de 2013, que fiaba la sostenibilidad del sistema al recorte de las pensiones futuras (Factor de Sostenibilidad), el nuevo modelo apuesta por el aumento de los ingresos procedentes de las rentas altas y el capital.
4.2.1. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)
Se introdujo una sobrecotización finalista (que llegará al 1,2% en 2050) para rellenar la «hucha de las pensiones». Esta medida carga el coste de la sostenibilidad sobre la masa salarial actual y las empresas, en lugar de sobre los futuros pensionistas.
4.2.2. La Cuota de Solidaridad y el Destope de Bases
La medida más redistributiva es la «Cuota de Solidaridad», que entra en vigor de forma progresiva a partir de 2025.
- El Problema: Históricamente, los salarios muy altos dejaban de cotizar a la Seguridad Social a partir de la base máxima (aprox. 4.500 €/mes), lo que hacía el sistema regresivo en su tramo alto.
- La Solución: La nueva cuota obliga a cotizar por la parte del salario que excede la base máxima. Se establecen tres tramos de recargo (que alcanzarán entre el 5,5% y el 7% en 2045) para los salarios más elevados.
- El Impacto: Esto supone que los directivos y profesionales con sueldos de seis cifras contribuirán más al sistema común, sin que ello les genere un mayor derecho de pensión (ya que la pensión máxima sigue topeada). Es una transferencia neta de riqueza de los altos ingresos hacia la sostenibilidad del sistema público, una medida de justicia social pura que la patronal calificó de «impuesto al talento».
5. El Derecho a la Vivienda: Intervención en el Mercado Inmobiliario
La vivienda se ha consolidado como el principal vector de desigualdad en España. La aprobación de la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda marcó un hito histórico al ser la primera ley estatal que regula el mercado inmobiliario con una óptica social, desafiando el dogma de la inviolabilidad del mercado libre.
5.1. Regulación de Precios y Zonas Tensionadas
La ley dota a las administraciones de herramientas para intervenir en las zonas donde el precio del alquiler expulsa a la población local.
- Índice de Referencia: Se elimina el IPC como índice de actualización de rentas (sustituyéndolo por un tope del 3% en 2024 y un nuevo índice más estable a partir de 2025), protegiendo a los inquilinos de las espirales inflacionistas.
- Gran Tenedor: Se endurece la definición de gran tenedor (bajando el umbral a 5 inmuebles en zonas tensionadas), sometiendo a estos grandes propietarios (bancos, fondos buitre, particulares adinerados) a controles de precios más estrictos.
5.2. El Laboratorio Catalán y el Boicot del PP
La aplicación de la ley ha revelado dos realidades políticas opuestas.
- Cataluña: Como única comunidad que ha aplicado íntegramente la ley (declarando 140 municipios como zonas tensionadas), Cataluña se ha convertido en el banco de pruebas. Los datos de 2025 muestran una contención efectiva de los precios en los contratos regulados. Sin embargo, también se ha observado una reacción del mercado: una fuga de viviendas hacia el alquiler de temporada (no regulado) y la compraventa, lo que evidencia la necesidad de seguir cerrando vías de escape a la especulación.
- El Boicot del PP: Las comunidades gobernadas por el Partido Popular (Madrid, Andalucía, Valencia) se han declarado en rebeldía, negándose a aplicar la declaración de zonas tensionadas. Esta actitud ha dejado a millones de ciudadanos sin la protección de la ley, priorizando la rentabilidad de los propietarios sobre el acceso a la vivienda, y politizando el mercado inmobiliario como nunca antes.
6. Escudo Social y Nuevos Derechos: IMV y Ley SAC
La acción de gobierno se completó con la creación de nuevas redes de seguridad para los más vulnerables y la protección de los ciudadanos frente a los abusos corporativos en el consumo.
6.1. El Ingreso Mínimo Vital (IMV)
Lanzado en plena pandemia, el IMV ha evolucionado hasta convertirse en una prestación estructural que en 2025 protege a 2,4 millones de personas. Más allá de las cifras, el IMV introduce un cambio conceptual: garantiza un suelo de ingresos como derecho subjetivo de ciudadanía, independiente de la situación laboral o de la capacidad presupuestaria de las comunidades autónomas. La inclusión del Complemento de Ayuda para la Infancia ha sido fundamental para combatir la pobreza infantil, una de las lacras históricas de España.
6.2. Ley de Servicios de Atención a la Clientela (Ley SAC)
Aprobada definitivamente en noviembre de 2025, la Ley SAC es una norma pionera que ataca una forma moderna e invisible de abuso corporativo: el robo de tiempo y la deshumanización del trato.
- La Regla de los 3 Minutos: Se obliga a las empresas de servicios esenciales (luz, agua, gas, transporte, banca, seguros) a atender las llamadas en un máximo de 3 minutos.
- Atención Humana: Se prohíbe que la atención al cliente sea prestada exclusivamente por robots o sistemas de IA. El ciudadano tiene derecho a solicitar hablar con una persona física en cualquier momento.
- Derechos de los Vulnerables: Se obliga a adaptar los servicios a personas mayores y con discapacidad, combatiendo la exclusión financiera y digital que sufren estos colectivos ante el cierre de oficinas bancarias y la digitalización forzosa.
Esta ley impacta directamente en la cuenta de resultados de las grandes corporaciones, que durante años han externalizado sus costes de gestión a costa de la paciencia y el tiempo de sus clientes, recortando personal de atención para maximizar beneficios.
7. Conclusiones y Perspectivas Futuras
El análisis exhaustivo de parte de la legislación aprobada bajo la presidencia de Pedro Sánchez permite concluir que España ha transitado hacia un modelo de socialdemocracia de resistencia. En un contexto global de incertidumbre y auge de opciones reaccionarias, el gobierno español ha demostrado que es posible legislar a favor de la mayoría social sin que la economía colapse.
Logros Estructurales:
- Desvinculación del Crecimiento y la Precariedad: España crece más que la media europea con récord de empleo indefinido, demostrando que la precariedad no era una necesidad económica, sino una opción política.
- Redistribución Vía Ingresos: La reforma de pensiones y los impuestos a los beneficios extraordinarios han roto el tabú de la intocabilidad fiscal de las élites.
- Empoderamiento del Estado: El Estado ha recuperado capacidad de intervención en sectores estratégicos (energía, vivienda), abandonando el papel de mero espectador regulatorio.
Desafíos Pendientes:
La legislatura cierra 2025 con tareas pendientes, fundamentalmente la reducción efectiva de la jornada laboral por ley y la plena implementación de la Ley de Vivienda en todo el territorio. La resistencia de los poderes fácticos, que operan a través de terminales mediáticas, judiciales y políticas, sigue siendo formidable. Sin embargo, el legado legislativo de este periodo constituye un «suelo de derechos» que será difícil de revertir sin un coste social inasumible, habiendo reconfigurado las expectativas de la ciudadanía sobre lo que pueden y deben esperar de su gobierno.
Anexo Estadístico: Indicadores Clave de la Era Sánchez
| Indicador | 2018 | 2025 | Variación / Impacto |
| SMI (14 pagas) | 735,9 € | 1.184 € | +61% |
| Temporalidad (Sector Privado) | ~26% | ~13% | Convergencia Europea |
| Afiliación Seguridad Social | 19 Millones | >21,5 Millones | Récord Histórico |
| Pensiones | Revalorización 0,25% (Ley PP) | IPC (Ley 21/2021) | Mantenimiento Poder Adquisitivo |
| Impuestos Banca/Energía | 0 € | ~2.859 M€ (2024) | Redistribución Directa |
| Protección IMV | 0 Beneficiarios | 2,4 Millones | Nueva Red de Seguridad |
Este cuadro de mando resume la transformación material de las condiciones de vida en España, validando la tesis de que la política progresista ha sido un escudo eficaz contra la desigualdad en tiempos de crisis.
