Pleno canario de junio: los buenos datos frente a la vida real
El pleno canario de junio, desarrollado durante tres sesiones de trabajo entre los días 9 y 10 de junio de 2026, no dejó una única decisión capaz de resumirlo. Dejó algo más revelador: la imagen de una Canarias dividida entre los buenos indicadores que exhibe el Gobierno y las dificultades que una parte creciente de la ciudadanía encuentra cuando necesita vivienda, sanidad, educación, cuidados o una respuesta administrativa a tiempo.
El orden del día era extraordinariamente amplio. Incluía 26 preguntas orales, siete comparecencias, cuatro interpelaciones, ocho proposiciones no de ley, el informe anual de la Diputación del Común y el debate de la nueva proposición de ley de cabildos insulares. Había, por tanto, material suficiente para hablar de casi todos los grandes problemas del archipiélago. (Parlamento de Canarias)
Sin embargo, por encima de la dispersión apareció una cuestión central: ¿de qué sirve que la economía crezca si las administraciones no son capaces de convertir ese crecimiento en derechos, servicios públicos y seguridad vital?
El pleno canario de junio y la batalla por el relato
El Gobierno defendió una Canarias con más empleo, mayor actividad económica y presupuestos públicos crecientes. Desde sus filas se insistió en el aumento de la ocupación, la reducción del desempleo y la mayor disponibilidad de recursos para sanidad, educación y políticas sociales.
La oposición presentó una fotografía muy diferente. Habló de conflictos laborales en el transporte sanitario y en la radiotelevisión pública, de protestas del personal sanitario, de dificultades en las universidades públicas y de una movilización educativa impulsada por familias del alumnado con necesidades especiales. También cuestionó la capacidad del Ejecutivo para ejecutar sus propios presupuestos.
Conviene distinguir las cosas. Que el presupuesto de un servicio aumente es un hecho relevante. También lo es que mejore el empleo. Pero ninguna de esas cifras demuestra, por sí sola, que una persona consiga una cita médica a tiempo, encuentre una plaza sociosanitaria o pueda pagar un alquiler.
El problema del debate no estuvo tanto en los números como en la pretensión de convertirlos en una respuesta completa. El Gobierno habló de cuánto gasta. La oposición preguntó qué resultados obtiene. Son planos relacionados, pero no equivalentes.
Una administración no debe medirse únicamente por el dinero que incorpora a sus cuentas. Debe evaluarse también por su capacidad para ejecutarlo bien, llegar a quien lo necesita y corregir aquello que no funciona.
La Diputación del Común como espejo incómodo
El momento más clarificador del pleno canario de junio, llegó con la presentación del informe anual de la Diputación del Común. No porque ofreciera una interpretación política más, sino porque trasladó al Parlamento miles de experiencias concretas de ciudadanos que habían acudido a la institución después de no obtener respuesta de la Administración.
Durante 2025 se tramitaron 3.572 quejas y se realizaron más de 29.000 actuaciones. Siete de cada diez expedientes cerrados terminaron con una solución favorable para la ciudadanía. El número de quejas aumentó un 11,6 %, según explicó la diputada del Común ante la Cámara.
La vivienda apareció como una de las grandes fuentes de desprotección. La institución recibió 137 nuevas quejas relacionadas con esta materia. La mayoría fueron presentadas por mujeres, muchas de ellas responsables de hogares monoparentales o personas que necesitaban una vivienda segura para poder salir de situaciones de violencia.
El Hospital Universitario
También resultó especialmente grave lo expuesto sobre el Hospital Universitario de Canarias. Después de una visita y de analizar la documentación remitida por el Servicio Canario de la Salud, la Diputación del Común afirmó haber constatado el incumplimiento del Plan de Urgencias de 2017. Por ese motivo, recomendó una auditoría externa que identificara las causas y evaluara el grado real de ejecución de las medidas previstas.
A ello se añadió una realidad difícilmente justificable: personas con el alta médica que permanecen durante decenas o incluso cientos de días ocupando una cama hospitalaria porque no existe un recurso sociosanitario adecuado al que trasladarlas.
Este diagnóstico desborda la disputa entre Gobierno y oposición. Cuando un órgano estatutario alerta sobre vivienda, dependencia, discapacidad, infancia, educación o sanidad, la respuesta no puede consistir en recitar el presupuesto aprobado.
Tampoco basta con recordar lo que hizo mal el gobierno anterior. Gobernar consiste precisamente en hacerse cargo de los problemas heredados, corregirlos y responder por los nuevos.
Vivienda: dos respuestas que apenas se encuentran
El debate sobre la vivienda volvió a mostrar dos concepciones profundamente enfrentadas.
El grupo socialista reclamó la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y reprochó al Gobierno su resistencia a utilizar este instrumento. Se citaron las solicitudes planteadas desde municipios como Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla de Abona y Villa de Mazo.
Fernando Clavijo respondió rechazando la utilidad de esta vía. Atribuyó parte de la reducción de la oferta de alquiler a la ley estatal de vivienda y defendió otras soluciones: aumentar la construcción, proteger a los pequeños propietarios y establecer el silencio administrativo positivo para determinadas licencias urbanísticas.
El debate es legítimo. La falta de vivienda no se resolverá únicamente limitando precios, pero tampoco exclusivamente construyendo más y esperando a que el mercado corrija el problema.
Canarias necesita aumentar la oferta pública y privada. También debe movilizar vivienda vacía, controlar los usos turísticos incompatibles con el derecho residencial y proteger a las familias mientras llegan las nuevas promociones. Negarse de antemano a estudiar las zonas tensionadas convierte una herramienta legal en una batalla ideológica.
Mientras los partidos discuten sobre el modelo, miles de hogares afrontan un problema mucho más sencillo de entender: los alquileres crecen más rápido que sus salarios.
Infancia: el instante más humano del pleno
La comparecencia sobre violencia vicaria, violencia sexual infantil y violencia institucional fue uno de los debates más duros de las tres sesiones del pleno canario de junio.
Natalia Santana, de Nueva Canarias, relató situaciones vividas por madres y menores que habían sufrido abusos. Preguntó qué había cambiado desde las iniciativas presentadas en 2024 y reclamó atención psicológica inmediata, formación especializada, coordinación institucional y medidas capaces de reparar el daño.
La consejera Candelaria Delgado explicó que existían 94 casos activos en Canarias en los que el sistema VioGén había identificado menores en situación de riesgo por violencia vicaria. También enumeró programas, centros de crisis, mecanismos de coordinación y recursos de atención. La oposición, sin embargo, cuestionó la ausencia de programas suficientemente específicos y el retraso en la ejecución de los fondos destinados a combatir la violencia de género.
El debate cambió de tono cuando Santana propuso sentar en una misma mesa a Gobierno, grupos parlamentarios, asociaciones de madres, juezas y profesionales de la psicología, la educación, la sanidad y los servicios sociales. La consejera aceptó públicamente la propuesta y se comprometió a trabajar en una hoja de ruta conjunta.
Fue uno de esos momentos, poco frecuentes, en los que el Parlamento dejó de parecer una competición de argumentarios. Dos mujeres de partidos distintos reconocieron que el problema estaba por encima de sus siglas.
Ahora falta lo importante. El acuerdo debe transformarse en calendario, presupuesto, protocolos y medidas evaluables. La emoción parlamentaria puede abrir una puerta, pero solo la gestión protege a una víctima.
Las escuelas infantiles y el significado de la eficiencia
La confrontación regresó con el futuro de las escuelas infantiles Anaga y Las Folías.
La consejera defendió el cierre apoyándose en la reducción de la demanda, el descenso de la natalidad, la existencia de plazas alternativas y la necesidad de reorganizar los recursos. El grupo socialista sostuvo que la decisión perjudicaba a barrios concretos, dificultaba la conciliación de familias vulnerables y se había adoptado sin suficiente diálogo con el personal y los comités de empresa.
La eficiencia administrativa es necesaria. Mantener recursos mal dimensionados puede impedir atender otras necesidades. Pero una escuela infantil no es simplemente un conjunto de plazas ocupadas o vacantes.
También cumple una función educativa, social y territorial. En barrios con rentas bajas, cerrar un centro puede provocar que algunas familias no busquen otra plaza, especialmente cuando la alternativa exige desplazamientos complicados.
Antes de clausurar un servicio público resulta razonable intentar reforzar su demanda, mejorar su funcionamiento y estudiar los efectos sociales del cierre. La contabilidad debe formar parte de la decisión, pero no puede sustituirla.
Canarias frente a Madrid y Europa
La relación con el Estado atravesó buena parte del pleno canario de junio. Se habló del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, de la reforma de la financiación autonómica, del respeto al Régimen Económico y Fiscal, de la doble insularidad, de los presupuestos estatales, de las ayudas al transporte y de la actualización de los costes tipo del transporte de mercancías.
El Gobierno expresó su temor a que el nuevo sistema de financiación autonómica mezcle los recursos ordinarios con las compensaciones específicas del REF. También advirtió de que la futura política migratoria europea podría prolongar la permanencia de personas migrantes en las islas sin que existan recursos suficientes para atenderlas.
En estos asuntos, Canarias necesita una posición firme. La insularidad, la lejanía y la fragmentación territorial generan costes objetivos. El REF no es un privilegio, sino un instrumento de compensación reconocido legalmente.
Esa reivindicación pierde fuerza, sin embargo, cuando Madrid se convierte en la respuesta automática a cualquier problema. El Gobierno de España tiene responsabilidades evidentes en financiación, migración, conectividad y transferencias. Pero no puede explicar por sí solo la falta de sustituciones sanitarias, la baja ejecución de determinadas partidas, el cierre de escuelas infantiles o las deficiencias de gestión interna.
El autogobierno sirve para exigir fuera y para responder dentro. Ambas obligaciones deben cumplirse al mismo tiempo.
Inmigración: entre la preocupación legítima y la crueldad política
El fenómeno migratorio volvió a mostrar dos formas radicalmente diferentes de abordar una misma realidad.
Por una parte, se debatió sobre la singularidad de la ruta atlántica, los riesgos del nuevo marco europeo y la posibilidad de que Canarias se convierta en un territorio de retención prolongada. El presidente defendió una respuesta basada en los derechos humanos y en la protección diferenciada de los menores.
Vox utilizó el debate para reiterar su propuesta de deportaciones y “remigraciones”, asociando de nuevo inmigración y criminalidad. Clavijo respondió recordando que los menores extranjeros no acompañados están protegidos por la legislación española y por los tratados internacionales.
Es legítimo reclamar control fronterizo, cooperación con los países de origen y una distribución solidaria de responsabilidades. Otra cosa es convertir a personas vulnerables, especialmente a niños y niñas, en materia prima para alimentar el miedo.
Canarias puede pedir ayuda sin renunciar a su humanidad. De hecho, su autoridad política será mayor cuanto más firme sea en ambas cosas.
Cuando el Parlamento decide ponerse de acuerdo
No todo fue confrontación. La Cámara demostró que el consenso sigue siendo posible.
La proposición de ley de cabildos insulares culminó un trabajo compartido entre grupos parlamentarios e instituciones insulares. El texto fue presentado como una modernización del funcionamiento de los cabildos, una mejora de su seguridad jurídica y una adaptación de sus instrumentos de organización y gestión.
También salieron adelante iniciativas relacionadas con la docencia compartida, la artesanía, el voluntariado, la prevención de la ludopatía juvenil y la actualización de los costes del transporte de mercancías.
Estos acuerdos tienen valor, aunque conviene no exagerarlo. Las proposiciones no de ley expresan la posición política del Parlamento, pero no siempre obligan al Gobierno a actuar ni garantizan que las medidas lleguen a ejecutarse.
La nueva regulación de los cabildos constituye un resultado legislativo más tangible. El resto deberá medirse dentro de unos meses, cuando pueda comprobarse qué iniciativas se han convertido en políticas y cuáles han quedado archivadas después de la fotografía.
Demasiado Congreso dentro del Parlamento de Canarias
Uno de los aspectos más pobres de las sesiones del pleno canario de junio fue la tendencia a importar la confrontación política estatal.
Los escándalos nacionales, los nombres de dirigentes socialistas, las alusiones al presidente del Gobierno de España y hasta la visita del papa aparecieron repetidamente en debates que debían centrarse en la gestión autonómica. PP y Vox recurrieron con frecuencia a ese marco. El Ejecutivo respondió en ocasiones con reproches similares, acusando a la oposición de obedecer a sus “jefes de fuera”.
Ese intercambio puede resultar útil para producir un corte de vídeo, pero empobrece el control parlamentario.
El Parlamento de Canarias no debería convertirse en una sucursal del Congreso. Su función es fiscalizar al Gobierno autonómico, legislar sobre las competencias canarias y representar los problemas específicos del archipiélago.
Cada minuto dedicado a la propaganda nacional es un minuto que no se emplea en aclarar por qué una ayuda se retrasa, una partida no se ejecuta o un servicio público no responde.
El presupuesto no sustituye a la política
El pleno dejó muchas cifras, numerosos reproches y algunos acuerdos valiosos. También confirmó una distancia preocupante entre el discurso institucional y la experiencia de una parte de la sociedad canaria.
La economía puede crecer mientras aumenta la inseguridad residencial. El empleo puede mejorar y seguir siendo precario. Un presupuesto puede alcanzar una cifra histórica y, al mismo tiempo, fallar una sustitución sanitaria o una atención a la dependencia.
La calidad de un gobierno no se mide por la cantidad de veces que afirma estar mejor que el anterior. Se mide por su capacidad para transformar los recursos disponibles en derechos efectivos.
El Parlamento mostró que sabe alcanzar acuerdos cuando las fuerzas políticas abandonan la trinchera. Ahora debe hacer algo más difícil: vigilar su cumplimiento, exigir transparencia y recordar al Ejecutivo que gobernar no consiste únicamente en tener buenos datos.
Consiste en conseguir que esos datos lleguen a la vida de la gente.
