Gestión pública canaria: el dinero público no solo puede robarse, también puede gestionarse mal
Cuando hablamos del uso incorrecto del dinero público, casi siempre pensamos en corrupción, comisiones, contratos amañados o enriquecimiento ilícito. Es comprensible: ahí existe una responsabilidad política, moral y, en ocasiones, penal evidente. Pero hay otra forma mucho menos espectacular de perjudicar a la ciudadanía. No exige que nadie se lleve un euro a su casa. Basta con presupuestar inversiones que no se ejecutan, recibir fondos que no se transforman en proyectos, conceder ayudas cuya justificación se atasca durante años o mantener controles que detectan problemas sin que las correcciones lleguen a aplicarse.
Eso es lo que convierte el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2024 en un documento políticamente importante. La gestión pública canaria sale de sus más de cuatrocientas páginas con una fotografía que no admite caricaturas: las cuentas, con carácter general, se ajustaron a la normativa, pero el órgano fiscalizador identifica deficiencias relevantes en ejecución, control, contratación, subvenciones y evaluación de políticas públicas.
El asunto importa porque gobernar no consiste solo en conseguir dinero. Consiste en convertirlo en hospitales que funcionan, viviendas que se construyen, centros educativos que se mejoran, infraestructuras que terminan y servicios que llegan a tiempo. Y en ese segundo examen Canarias tiene todavía demasiado que explicar.
Una precisión imprescindible: este no es un informe de corrupción
Conviene establecerlo desde el principio. La Audiencia de Cuentas no concluye que exista un saqueo de las arcas públicas ni formula una acusación general de ilegalidad. Al contrario: declara que, salvo por las limitaciones y salvedades expresamente enumeradas, la Cuenta General de 2024 se ajustó con carácter general a la normativa y fue rendida dentro de plazo.
Esa precisión es esencial porque una crítica rigurosa pierde fuerza cuando exagera. Pero tampoco debemos cometer el error contrario y concluir que, como las cuentas son globalmente conformes, todo funciona razonablemente bien.
El propio informe señala que se omitió el control de gastos de personal en cuatro consejerías, que los planes correctores derivados del control financiero permanente se ejecutan solo parcialmente y que existe un elevado grado de inactividad de órganos de contratación ante deficiencias detectadas durante la ejecución y recepción de obras.
La corrupción es una forma extrema de mala administración. No es la única. La gestión pública canaria también debe juzgarse por su eficacia, su capacidad de control y por la velocidad con la que corrige los fallos que sus propios mecanismos de fiscalización descubren.
378 millones que estaban presupuestados y no se convirtieron en inversión
Probablemente el dato más fácil de entender es el de las inversiones reales. En 2024, el capítulo VI del presupuesto autonómico tenía un crédito definitivo de 794 millones de euros. Se reconocieron obligaciones por 415,7 millones. El grado de ejecución fue, por tanto, del 52,35 %.
Quedaron sin ejecutar 378,3 millones de euros, el 47,65 % de la dotación definitiva. Y el problema no se distribuye por igual. Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ejecutó el 42,56 % de sus inversiones reales, dejando sin ejecutar unos 195 millones. Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes alcanzó el 53,82 % y dejó sin ejecutar 73,9 millones.
No estamos hablando de una desviación marginal. Tampoco de un episodio aislado. La propia Audiencia recuerda que entre 2019 y 2023 se acumularon 1.225,7 millones de euros de crédito definitivo no gastado en inversiones reales.
Aquí aparece uno de los grandes problemas de la gestión pública canaria: anunciar presupuesto produce un titular; ejecutar la inversión exige suelo disponible, proyectos redactados, tramitación ambiental, permisos, contratación, personal cualificado y capacidad administrativa. Precisamente varias de esas carencias son señaladas por el órgano fiscalizador.
Presupuestar una carretera, una vivienda o una infraestructura educativa no equivale a construirla.
La información completa sobre los presupuestos y su ejecución está además disponible en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias y en la documentación de los Presupuestos Generales de Canarias de 2024.
Los fondos europeos sirven cuando llegan al territorio
El segundo aviso es todavía más incómodo. La ejecución global de los proyectos financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia fue del 22,24 % en 2024, frente al 37,73 % del año anterior. En la Administración Pública autonómica el porcentaje fue del 20,74 %.
El informe cifra en 690,5 millones de euros el saldo de crédito definitivo no gastado correspondiente al conjunto de las dotaciones del MRR en las secciones de la Administración autonómica.
Hay que ser prudentes con este dato. Crédito no ejecutado en un ejercicio no significa automáticamente dinero perdido. Los fondos europeos tienen calendarios, hitos, reprogramaciones y proyectos plurianuales. Sería irresponsable convertir cada euro pendiente de ejecución en un euro devuelto a Bruselas.
Pero tampoco cabe trivializarlo. La gestión pública canaria tiene ante los fondos europeos una prueba histórica. Estamos hablando de recursos extraordinarios concebidos precisamente para acelerar modernización, digitalización, transición ecológica, vivienda, movilidad y transformación económica.
Si la Administración recibe una oportunidad excepcional y carece de la capacidad suficiente para convertirla con rapidez en proyectos maduros, el problema deja de ser financiero. Pasa a ser institucional.
Y es significativo que el Parlamento haya acabado reclamando expresamente una mejor planificación y ejecución de estos fondos. No se trata, por tanto, de una valoración partidista realizada desde fuera, sino de una debilidad administrativa que ha llegado ya al máximo órgano representativo de Canarias.
Medir cuánto se gasta no basta: hay que saber qué se consigue
Hay una observación del informe menos llamativa que los cientos de millones sin ejecutar, pero quizá más profunda. La Audiencia reconoce avances hacia un modelo de gestión por resultados, aunque considera que el proceso sigue en una fase incipiente.
Reclama mejores objetivos e indicadores, una solución informática para elaborar presupuestos orientados a resultados y una cultura administrativa que permita evaluar de forma sistemática las políticas públicas.
Parece una cuestión técnica. No lo es.
Durante demasiado tiempo, la discusión política sobre los servicios públicos ha consistido en enfrentar cifras presupuestarias. Un gobierno anuncia que gasta más que nunca. La oposición responde que no es suficiente. El debate termina sin responder a la pregunta fundamental: ¿qué ha mejorado exactamente con ese dinero?
En josereflexiona.es ya planteábamos esta cuestión al analizar el pleno canario de junio y la distancia entre los buenos datos y la vida real. Volvió a aparecer en el pleno de julio, cuando Gobierno y oposición ofrecían fotografías radicalmente diferentes de Canarias.
Un presupuesto sanitario mayor no es por sí mismo una cita médica más rápida. Más dinero en vivienda no equivale automáticamente a más vivienda pública terminada.
La gestión pública canaria necesita abandonar progresivamente la cultura del presupuesto anunciado y avanzar hacia la cultura del resultado comprobable. La democracia también consiste en poder saber qué prometió una administración, cuánto gastó y qué consiguió.
Contratos, subvenciones y controles que llegan tarde
El informe acumula además incidencias que, tomadas de forma aislada, podrían parecer burocráticas. Juntas describen una Administración con demasiadas costuras pendientes.
En materia de contratación, el 17 % de los órganos de contratación de la Administración autonómica no remitió a la Audiencia de Cuentas la relación anual exigida. Entre quienes sí la enviaron, el 54 % lo hizo fuera de plazo. Además, faltaban extractos correspondientes a 47 expedientes incluidos en esas relaciones.
En los organismos autónomos, a 31 de diciembre de 2024 existían 228,4 millones de euros en subvenciones y aportaciones dinerarias concedidas hasta finales de 2020 cuyo plazo de justificación ya había vencido. La mayor parte se concentraba en el Instituto Canario de la Vivienda, con 160,9 millones, y en el Servicio Canario de Empleo, con 60,9 millones.
La fotografía requiere, no obstante, una actualización importante. Durante las alegaciones, el ICAVI informó de que había avanzado posteriormente en la depuración de expedientes y reducido la cifra pendiente hasta 94,3 millones. La propia Audiencia señala que futuras fiscalizaciones deberán comprobar la evolución.
Eso debe reconocerse. Pero precisamente demuestra que el seguimiento sirve cuando se convierte en actuación.
La gestión pública canaria no mejora ocultando los reparos del control externo, sino reaccionando ante ellos.
Cuando la contabilidad termina entrando en hospitales y viviendas
Hay observaciones que permiten comprender que todo esto no pertenece a un mundo abstracto de interventores y hojas de cálculo.
La Audiencia afirma que la gestión de almacenes de las instituciones hospitalarias del Servicio Canario de la Salud se realizaba de forma ineficiente y que existían diferencias importantes entre las cantidades registradas en el sistema contable y las existencias reales. Su recomendación es adoptar medidas para evitar esas discrepancias.
También señala que las cuentas de VISOCAN no fueron inicialmente incluidas en la Cuenta General porque no se habían presentado a tiempo a la Intervención General. Fueron remitidas posteriormente, pero la Audiencia advierte de que el peso de la empresa pública de vivienda afecta sensiblemente a determinadas magnitudes agregadas del sector público empresarial.
No son detalles menores. Hablamos de sanidad y vivienda, dos ámbitos donde los procedimientos administrativos acaban teniendo consecuencias sobre personas concretas.
Lo venimos observando también cuando analizamos en este blog una Canarias que crece económicamente mientras una parte importante de la población continúa sin percibir esa prosperidad.
Por eso la gestión pública canaria no puede evaluarse únicamente desde la legalidad contable. Una administración puede cumplir una gran parte de sus procedimientos y seguir siendo demasiado lenta, fragmentada o poco eficaz para las necesidades que tiene delante.
El Parlamento ya ha convertido las advertencias en mandato político
Aquí está, además, la razón por la que este asunto adquiere plena actualidad.
El Parlamento de Canarias debatió la fiscalización los días 7 y 8 de julio de 2026. La tramitación parlamentaria culminó con una resolución publicada el pasado 31 de julio, apenas unos días antes de escribirse esta entrada. Puede consultarse todo el procedimiento en la ficha oficial de la iniciativa 11L/IACG-0003. (Parlamento de Canarias)
La Cámara aprobó la Cuenta General de 2024 y el informe de la Audiencia, pero al mismo tiempo instó al Gobierno a reforzar el control interno, garantizar la fiscalización de los gastos de personal, mejorar la planificación de los fondos europeos, corregir deficiencias en contratación y subvenciones y culminar la actualización del inventario patrimonial.
La resolución aprobada por el Parlamento de Canarias va todavía más lejos: reclama impulsar la evaluación de las políticas públicas mediante objetivos e indicadores verificables, mejorar la ejecución de las inversiones reales y del Mecanismo de Recuperación y acelerar la revisión de subvenciones pendientes de justificar.
Es importante subrayarlo. No estamos construyendo una acusación editorial a partir de una frase sacada de contexto. Son problemas incorporados ya a una resolución parlamentaria.
La gestión pública canaria tiene, por tanto, un diagnóstico institucional y también una hoja de deberes. Ahora habrá que comprobar si dentro de dos o tres años volvemos a encontrarnos las mismas recomendaciones formuladas con palabras parecidas.
Pedir más recursos a Madrid no exime de gestionar mejor los que ya tenemos
Canarias tiene razones objetivas para exigir una financiación adecuada. La insularidad, la fragmentación territorial, la presión demográfica, la pobreza, el coste de determinados servicios y nuestra condición ultraperiférica generan necesidades específicas. Defender esa financiación forma parte de las obligaciones de cualquier Gobierno autonómico.
Pero existe una frontera argumental que no deberíamos cruzar. Reclamar más recursos al Estado no puede convertirse en una explicación automática de todos los problemas que dependen de la propia capacidad administrativa canaria.
Ya lo planteábamos en El debate que no llega a la vida cotidiana: Canarias puede reclamar legítimamente más recursos, pero también necesita mejores prioridades, más ejecución presupuestaria y mayor transparencia sobre los resultados obtenidos.
La contradicción es especialmente evidente cuando coinciden demandas legítimas de mayores recursos con cientos de millones de inversión presupuestada que no llega a ejecutarse. Ambas realidades pueden coexistir. Canarias puede necesitar más financiación y, simultáneamente, necesitar gestionar mucho mejor la que tiene.
Reconocer esta segunda parte no debilita la defensa de Canarias ante el Estado. La hace más creíble.
Una gestión pública canaria exigente consigo misma tendrá también mucha más autoridad para exigir a los demás.
La buena administración también es un derecho democrático
Tenemos tendencia a reservar la indignación para los grandes escándalos. Un sobre con dinero, una adjudicación sospechosa o un político enriquecido provocan una reacción inmediata. Es lógico.
La ineficiencia administrativa es menos fotogénica. No suele tener conversaciones grabadas ni fotografías de registros policiales. Sus víctimas aparecen dispersas: la familia que sigue esperando una vivienda, el municipio cuya obra se retrasa, el proyecto europeo que no arranca, el proveedor que espera, el paciente que depende de una organización mejor o el ciudadano que escucha un nuevo anuncio sobre una inversión que ya escuchó el año anterior.
Por eso conviene ampliar nuestra idea de responsabilidad política.
No toda mala gestión es corrupción. No toda baja ejecución es negligencia. Existen procedimientos complejos, dificultades técnicas, proyectos plurianuales y condicionantes que deben analizarse caso por caso. Pero cuando los problemas se repiten, las recomendaciones se arrastran y las inversiones sistemáticamente quedan lejos de lo presupuestado, ya no basta con explicar la dificultad.
Hay que corregirla.
Esa debería ser la exigencia democrática después de leer el informe de la Audiencia de Cuentas. No pedir milagros administrativos ni buscar culpables ficticios, sino exigir una Administración capaz de aprender de sus fallos.
Porque el dinero público no pertenece al Gobierno que lo presupuesta. Pertenece a una sociedad que tiene derecho a saber no solo cuánto se anunció y cuánto se gastó, sino qué cambió realmente gracias a él.
Y esa es, probablemente, la medida más seria de la gestión pública canaria.
