La urgencia y sus atajos

🟠 Cuando la urgencia construye atajos: una mirada crítica al Decreto-ley 3/2025 en Canarias

El reciente Decreto-ley 3/2025 aprobado por el Gobierno de Canarias, que persigue agilizar la tramitación de licencias urbanísticas y fomentar la construcción de viviendas, llega con la fuerza de lo urgente. Sin embargo, conviene detenernos un momento y mirar con sosiego, pero sin ingenuidad, lo que hay detrás de esta nueva norma. Porque a veces, cuando lo urgente se impone sin el debido equilibrio, lo importante, lo que de verdad protege a la gente común y al territorio que habita, queda en segundo plano.

La emergencia habitacional que atraviesan las islas es innegable. Los precios del alquiler ahogan a familias trabajadoras y jóvenes sin futuro claro. Las listas de espera para una vivienda pública son interminables. Y sí, es cierto: los ayuntamientos han demostrado graves carencias para tramitar licencias con agilidad. Pero ¿es la solución externalizar esa responsabilidad a entidades privadas bajo la fórmula de “colaboración”, diluyendo así los controles públicos?

Desde un enfoque progresista, lo que preocupa de este decreto-ley no es su voluntad de acelerar procesos, sino el modo en que lo hace: desplazando el eje desde la administración pública —a la que corresponde velar por el interés general— hacia entidades privadas, colegios profesionales o empresas que podrán emitir informes técnicos esenciales para la concesión de licencias. Y esto, dicho con claridad, abre la puerta a una desregulación de facto.

Lo que debería ser una política pública de vivienda centrada en el bien común se convierte, en parte, en una oportunidad de negocio para agentes con intereses muy distintos a los de la ciudadanía. No podemos ignorar que, cuando el control técnico se externaliza, cuando se permite que el propio promotor aporte informes “de conformidad” y se eliminan las garantías públicas que antes recaían sobre los servicios municipales, se está generando un marco de inseguridad para la ciudadanía y, lo que es más grave, para el territorio.

El decreto no solo permite, sino que impulsa, el cambio de uso de suelos terciarios o industriales a residenciales sin una planificación territorial coherente. Se crea la figura de las “viviendas asequibles incentivadas”, que pese a su nombre no son viviendas protegidas ni están sometidas a los mismos controles. De hecho, podrán revertir a vivienda libre en solo diez años. ¿De verdad este es el camino hacia una política de vivienda transformadora?

¿Y qué decir del impacto medioambiental? Canarias ya sufre una presión urbana insostenible en muchas zonas. En lugar de reforzar los controles ambientales y territoriales, el decreto reduce los tiempos de evaluación, debilita los filtros públicos y consagra la figura de entidades urbanísticas de colaboración sin un sistema sólido y transparente de supervisión.

Nos preocupa profundamente que esta norma, aunque envuelta en un discurso técnico impecable, avance por la senda de lo que podríamos llamar un “urbanismo de excepción”: uno que nace de la urgencia, pero que puede dejar heridas duraderas en el modelo de territorio, en la cohesión social y en la confianza ciudadana hacia las instituciones.

Desde esta tribuna, no pedimos inmovilismo. Sabemos que hay que construir más vivienda. Pero exigimos que se haga con rigor, con transparencia y con una planificación orientada al bien común. Que no se confunda agilización con privatización. Que no se sacrifique la legalidad urbanística en el altar de la rentabilidad.

Porque, en última instancia, una vivienda no es un simple ladrillo en un plano. Es el lugar donde una persona construye su vida, donde una familia arraiga, donde un barrio se convierte en comunidad. Y todo eso merece algo más que atajos legislativos.

---