El pleno de septiembre retrata al Parlamento canario: campaña, problemas reales y algunos acuerdos
El pleno de septiembre del Parlamento de Canarias dejó una sensación difícil de ignorar. La legislatura todavía no ha terminado, las elecciones ni siquiera están convocadas y quedan decisiones importantes por adoptar, pero buena parte de la Cámara ya habla, acusa y responde como si hubiera comenzado la campaña electoral.
Formalmente, el pleno arrancó el 9 de septiembre y continuó el día 10. El orden del día oficial del Parlamento de Canarias permite hacerse una idea de su dimensión: financiación autonómica, vivienda, sanidad, universidades, cambio climático, dependencia, migración, turismo, juventud, energía y varias proposiciones no de ley. Era, en realidad, una fotografía bastante completa de los problemas que Canarias deberá afrontar durante los próximos años.
Después de escuchar las tres sesiones, mi conclusión es menos cómoda. Tenemos problemas suficientemente importantes como para exigir una política adulta, pero demasiadas veces seguimos utilizando esos problemas para decidir quién puede acusar al otro de haber traicionado más a Canarias.
Y eso empieza a ser preocupante.
Un Parlamento que comienza a mirar de reojo a las elecciones
Casimiro Curbelo dejó al comienzo de la sesión una advertencia bastante sensata: quedan meses de legislatura y todavía hay presupuestos que aprobar, acuerdos que cerrar y problemas que resolver.
Fernando Clavijo respondió defendiendo lo que denomina el «modo canario»: negociación, acuerdos y voluntad de resolver los problemas antes de buscar culpables.
La idea resulta atractiva.
El problema es que bastaron unos minutos para comprobar hasta qué punto ese propósito convive ya con una dinámica política mucho más áspera.
Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Vox, Marruecos, Ceuta, la corrupción, las vacaciones de unos y otros o las estrategias de los partidos nacionales entraron continuamente en el hemiciclo. Algunas referencias eran inevitables porque Canarias depende de decisiones estatales. Otras parecían introducidas simplemente para convertir cualquier asunto autonómico en una extensión de la batalla política española.
Ceuta fue probablemente el ejemplo más evidente. Después de semanas de enorme tensión política, el Parlamento reprodujo buena parte de los marcos que ya hemos visto a escala nacional: «invasión», abandono del Estado, inmigración, Marruecos, reparto territorial y responsabilidades políticas.
Ya analicé en Debate sobre Ceuta: del eslogan a la decisión por qué una democracia necesita avanzar desde las palabras más contundentes hacia una pregunta bastante más incómoda: qué decisión concreta propone cada uno cuando le toca gobernar.
El mismo principio debería servir para nuestro Parlamento.
La financiación demuestra hasta qué punto se confunden los intereses de Canarias con los intereses partidistas
El debate sobre financiación autonómica fue uno de los mejores ejemplos.
Existe un hecho verificable. El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el 4 de septiembre un nuevo modelo y Canarias respaldó el acuerdo. El Gobierno autonómico cifra la mejora para las islas en 1.337 millones de euros, de los cuales 611 millones procederían del nuevo sistema y 726 millones del denominado Fondo de Dinamismo Económico. El acuerdo contempla además que el REF quede fuera del sistema ordinario de financiación.
Es una mejora importante.
Eso no significa que el dinero esté mañana en las cuentas de la Comunidad Autónoma. El acuerdo necesita todavía convertirse en legislación y superar su tramitación parlamentaria estatal.
Sin embargo, el debate canario terminó desplazándose hacia otra cuestión: la ausencia de la consejera de Hacienda, Matilde Asián, en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la posición que finalmente adoptará el Partido Popular en las Cortes.
El PSOE intentó demostrar que el PP antepone Génova a Canarias. El PP respondió acusando al Gobierno central de incumplimientos y defendiendo que precisamente sus críticas habían obligado a mejorar la propuesta inicial.
Todo esto tiene interés político, pero corre el riesgo de ocultar lo fundamental.
A los canarios debería importarles bastante menos quién se apunta la victoria y bastante más que los 1.337 millones prometidos tengan estabilidad, respaldo legal y lleguen realmente a financiar sanidad, educación y servicios sociales.
La política debería empezar ahí.
Vivienda: todos conocen ya el diagnóstico
Pocos asuntos aparecieron tantas veces durante las tres sesiones como la vivienda.
Se habló de construcción industrializada, transformación de oficinas y locales, vivienda protegida, lentitud del planeamiento, disponibilidad de suelo, dificultades de los jóvenes y residencias universitarias.
También se debatió el estudio que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobó el pasado 9 de junio sobre la transformación urbanística del suelo para vivienda. La CNMC ha publicado tanto el estudio completo como sus documentos de apoyo.
Hay una cuestión especialmente interesante detrás de todo aquello.
Mientras el Gobierno de Canarias intenta facilitar que determinados locales y oficinas puedan transformarse en viviendas, en el pleno se denunció el movimiento contrario en algunos municipios: edificios residenciales que terminan convertidos en establecimientos turísticos.
No todos los casos son jurídicamente iguales y no puede generalizarse. Pero políticamente existe una contradicción que merece ser observada.
Si hemos declarado una emergencia habitacional, cada política urbanística debería empezar preguntándose qué efecto tendrá sobre el parque residencial disponible.
No basta con construir más. También importa qué viviendas dejamos de utilizar como viviendas.
Los casi 500 millones que exigen mucha más transparencia
Probablemente el asunto institucionalmente más delicado del pleno fue el de los acuerdos extrajudiciales con promotores turísticos derivados de la aplicación del artículo 17.1 de la Ley 6/2009.
Conviene hacer aquí una precisión importante porque la transcripción automática reproduce varias veces «artículo 171». La referencia jurídica correcta es artículo 17.1, como recoge el propio Parlamento y como aparece en documentación oficial del Gobierno de Canarias.
En el debate se habló de 36 expedientes, reclamaciones que se acercaban inicialmente a los 1.000 millones de euros y acuerdos por alrededor de 485 millones. Clavijo afirmó además que el 14 de agosto se habían abonado 261 millones correspondientes a quienes se habían acogido al acuerdo.
El Gobierno sostiene que la solución reduce considerablemente el riesgo económico para la Comunidad Autónoma, que los cálculos están respaldados por informes técnicos y jurídicos y que los acuerdos han obtenido validación judicial.
La oposición planteó otra cuestión que me parece legítima: qué ocurre finalmente con los suelos y con sus posibles aprovechamientos urbanísticos.
No tengo elementos suficientes en las transcripciones para concluir que exista irregularidad alguna. Tampoco creo que sea responsable insinuarla.
Pero estamos hablando de cientos de millones de euros de dinero público.
Y ahí mi posición es inequívoca: la transparencia debería ser máxima.
Expediente por expediente, la ciudadanía debería poder conocer qué se reclamaba, qué se acordó, cómo se calculó la indemnización, qué informes sustentaron la decisión y cuál es la situación urbanística resultante del suelo afectado.
No porque haya que sospechar de nadie.
Precisamente para que no haya que hacerlo.
Universidades y sanidad: financiar objetivos no puede significar olvidar las estructuras
Otro debate interesante apareció alrededor del contrato-programa de financiación de las universidades públicas para 2027-2030.
El Gobierno había presentado una propuesta que contempla 1.242,8 millones de euros en cuatro años para la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y un incremento progresivo de la financiación. La consejera insistió durante el pleno en que el documento continúa abierto a negociación.
La discusión, sin embargo, plantea algo más profundo.
El Gobierno quiere vincular parte de los recursos a objetivos verificables relacionados con docencia, investigación, empleabilidad o internacionalización. Es razonable exigir resultados cuando se utilizan fondos públicos.
Pero las universidades plantean primero otra necesidad: disponer de financiación estructural suficiente para funcionar con normalidad.
Ambas cosas no deberían enfrentarse.
Financiar adecuadamente una universidad no significa entregar recursos sin evaluación. Pero tampoco puede consistir en exigir excelencia a instituciones que consideran insuficientemente cubiertas sus necesidades ordinarias.
Algo parecido ocurre con la sanidad.
Los últimos datos oficiales, correspondientes al 30 de junio de 2026, registran 34.382 personas en lista de espera quirúrgica estructural, con una demora media de 107 días. Existen diferencias enormes entre hospitales: desde 22 días en El Hierro hasta más de 156 en el Hospital Universitario de Canarias.
El Gobierno puede mostrar mejoras en determinados indicadores y la oposición puede subrayar aquellos que empeoran. Ambas cosas pueden ser simultáneamente ciertas.
La pregunta importante es mucho más sencilla: ¿esperan menos tiempo los pacientes?
Ese debería ser el indicador político fundamental.
El debate sobre las bajas laborales acertó cuando dejó de buscar vagos
La comparecencia sobre absentismo laboral podría haber terminado fácilmente convertida en una batalla entre empresarios y trabajadores.
Hubo intentos.
Pero también apareció una distinción esencial: absentismo injustificado e incapacidad temporal no son lo mismo.
Según los datos de Randstad utilizados durante el debate, la mayor parte de las ausencias laborales registradas en Canarias está relacionada con procesos de incapacidad temporal. Es decir, con personas enfermas.
Eso cambia bastante el enfoque.
Naturalmente deben combatirse los fraudes cuando existan. Pero si una parte importante de las bajas se prolonga porque una persona espera una consulta especializada, una prueba diagnóstica, una intervención o rehabilitación, combatir el «absentismo» exige también mejorar el sistema sanitario.
Las condiciones laborales, la prevención de riesgos, la salud mental, la organización empresarial y la capacidad asistencial forman parte del mismo problema.
Criminalizar al trabajador enfermo sería injusto.
Ignorar el coste de las incapacidades prolongadas para una pequeña empresa también lo sería.
Precisamente por eso este fue uno de esos debates en los que la complejidad resulta más útil que el eslogan.
Cambio climático: identificar refugios no basta para adaptar Canarias
La comparecencia sobre el aumento de las temperaturas dejó otro debate que merece bastante más atención de la que suele recibir.
Canarias ya está desarrollando una Red de Refugios Climáticos. El Gobierno había identificado en agosto más de 750 espacios potenciales en más de 70 municipios, con criterios como sombra, agua potable, accesibilidad, zonas de descanso y confort térmico. También prepara herramientas para que la ciudadanía pueda localizarlos.
Es una medida positiva.
Pero la diputada socialista que impulsó la comparecencia introdujo una reflexión que comparto: adaptar Canarias al cambio climático no puede reducirse a elaborar un mapa de lugares donde refugiarnos cuando llegue el calor.
Necesitamos más árboles, sombra real, suelos menos mineralizados, colegios preparados térmicamente, espacios públicos habitables, viviendas eficientes y planificación urbana capaz de incorporar el clima que tendremos, no el que tuvimos.
Y necesitamos simultáneamente reducir emisiones.
La adaptación no sustituye a la mitigación.
El cambio climático antropogénico ya no es una hipótesis sobre cómo viviremos dentro de cincuenta años. Empieza a condicionar cómo diseñamos hoy nuestras ciudades, nuestras infraestructuras, nuestros sistemas energéticos y nuestros servicios públicos.
Ese cambio conceptual fue, para mí, uno de los debates más importantes del pleno.
También hubo otro Parlamento posible
Después de tantas acusaciones cruzadas, las últimas horas dejaron algo que conviene no pasar por alto.
Cuando los grupos tuvieron delante textos concretos y aceptaron negociar enmiendas, aparecieron los acuerdos.
El decreto ley 5/2026 sobre medidas fiscales, fondos Next Generation y agilización de centros y servicios relacionados con la dependencia fue convalidado, aunque no prosperó la propuesta de tramitarlo posteriormente como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
La iniciativa sobre la Agenda 2030 salió adelante.
También fue aprobada la creación de un Observatorio Canario de Inclusión para el alumnado con discapacidad. Esta preocupación enlaza además con el diagnóstico educativo que analizamos recientemente en PISA 2025 en Canarias: quince años sin despegar: la igualdad educativa no consiste únicamente en abrir la puerta del aula, sino en disponer de los apoyos necesarios para que todos puedan aprender.
Se aprobó igualmente la iniciativa relacionada con la residencia temporal por razones humanitarias para ciudadanos venezolanos afectados por el terremoto.
Y la proposición sobre la central térmica de El Charco terminó aprobándose por unanimidad de los 60 diputados presentes, después de incorporar aportaciones de distintos grupos. El Parlamento reclamó avanzar en la subestación de Zurita y en la planificación necesaria para hacer posible el futuro traslado de la central.
Es difícil encontrar mejor demostración.
Los mismos partidos que minutos antes parecían incapaces de reconocerse legitimidad política fueron capaces después de sentarse, modificar textos y aprobar conjuntamente soluciones.
El verdadero mensaje del pleno de septiembre
El pleno de septiembre dejó, por tanto, dos Parlamentos diferentes.
Uno es el Parlamento de la acusación permanente. El que necesita demostrar que Madrid abandona Canarias, que el adversario obedece a su dirección nacional, que el Gobierno anterior dejó un desastre o que el actual está traicionando a las islas.
Ese Parlamento produce titulares.
El otro aparece cuando se habla de una residencia universitaria, de una lista de espera, de una familia que busca vivienda, de una persona dependiente que necesita una plaza, de un barrio que lleva décadas soportando una central eléctrica o de una ciudad que necesita sombra para soportar temperaturas cada vez mayores.
Ese Parlamento produce política.
No pretendo pedir una Cámara sin conflicto. Sería absurdo y, además, profundamente antidemocrático. Gobierno y oposición deben confrontar proyectos, señalar errores y exigir responsabilidades.
Pero confrontar no consiste en convertir cada problema de Canarias en munición para la siguiente campaña electoral.
Nos quedan meses de legislatura. Hay presupuestos que aprobar, un nuevo sistema de financiación que todavía debe superar su recorrido legal, miles de personas esperando vivienda, pacientes esperando atención sanitaria, universidades negociando su futuro financiero y una transición climática que no esperará a que terminen las elecciones.
La calidad de nuestra democracia no se mide por cuánto ruido consigue hacer un Parlamento.
Se mide por algo bastante más exigente: por su capacidad para transformar el desacuerdo en decisiones, controlar al poder con rigor y hacer que los problemas reales de la gente importen más que la conveniencia electoral del próximo titular.
Después de tres sesiones, esa es probablemente la principal lección que nos dejó el hemiciclo canario.
