Las horas extraordinarias impagadas también son un robo
Hay palabras que reservamos para determinados incumplimientos y evitamos cuidadosamente para otros. Si un trabajador se apropia de dinero o bienes de su empresa, nadie duda en hablar de robo. Sin embargo, cuando una empresa se queda con horas de trabajo sin pagarlas ni compensarlas, solemos utilizar expresiones mucho más suaves.
Hablamos de “excesos de jornada”, “desajustes horarios” o “problemas de conciliación”. A veces, incluso, se presenta ese tiempo regalado como una demostración de compromiso profesional.
Pero la realidad es bastante más sencilla. Cuando una persona entrega trabajo y no recibe a cambio el salario o el descanso que le corresponde, alguien se está beneficiando de su tiempo sin pagarlo. En términos jurídicos puede tratarse de una infracción laboral. En términos humanos, las horas extraordinarias impagadas son una apropiación injusta del tiempo de otra persona.
Millones de horas extraordinarias impagadas cada semana
La dimensión del problema impide considerarlo una suma de casos aislados. Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, en España se realizan cada semana millones de horas extraordinarias que no son retribuidas.
El 21 de julio de 2026, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cifró en 2,65 millones las horas extraordinarias no pagadas cada semana. Es un volumen difícil de comprender hasta que se traduce a una escala anual. Si esa cantidad se mantuviera estable, estaríamos hablando de unos 138 millones de horas al año.
Esta última cifra es una proyección matemática, no un dato oficial cerrado. Sin embargo, ayuda a visualizar la magnitud del tiempo que desaparece de las nóminas y de los registros laborales.
Un análisis de Comisiones Obreras sobre los datos de la EPA calculó que, durante 2025, cerca de cuatro de cada diez horas extraordinarias quedaron sin remuneración ni descanso compensatorio. El sindicato estimó que ese trabajo representó un ahorro empresarial de 3.243 millones de euros.
Conviene mantener la debida precisión. No todas las empresas incumplen la ley ni todas las horas adicionales responden a una imposición empresarial. También existen sistemas legales de compensación y acuerdos correctamente aplicados. El problema aparece cuando el trabajo realizado se oculta, no se registra o queda sin compensar.
La ley ya reconoce que ese tiempo tiene un valor
La legislación laboral no considera las horas extraordinarias una aportación gratuita. El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores establece que deben abonarse o compensarse con descansos equivalentes.
Su retribución tampoco puede quedar por debajo del valor de una hora ordinaria. Además, como regla general, existe un límite de 80 horas extraordinarias anuales, aunque la norma contempla determinadas excepciones.
Desde 2019, las empresas también están obligadas a garantizar un registro diario de la jornada. El artículo 34.9 del Estatuto exige que dicho registro incluya la hora concreta de inicio y finalización del trabajo.
El objetivo parece elemental: saber cuánto tiempo trabaja realmente cada persona. No obstante, la experiencia demuestra que una obligación formal sirve de poco cuando el sistema permite anotaciones genéricas, hojas rellenadas de antemano o registros que no reflejan la jornada efectiva.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya estableció en 2019 que los Estados deben exigir sistemas objetivos, fiables y accesibles para medir la jornada diaria. Sin esa información, resulta mucho más difícil defender los límites del tiempo de trabajo y los periodos mínimos de descanso.
El nuevo registro horario digital no debería seguir esperando
El Gobierno mantiene pendiente la aprobación de un nuevo registro horario digital. Según afirmó Yolanda Díaz el 21 de julio, la norma está “prácticamente lista” y podría llegar al último Consejo de Ministros antes del descanso de agosto.
CCOO y UGT han fijado el 31 de julio como fecha límite. Los sindicatos advirtieron al Gobierno de que no firmarán nuevos acuerdos si los compromisos alcanzados no terminan convirtiéndose en normas.
El proyecto sometido a audiencia pública plantea que el registro sea digital y permita el acceso remoto de la Inspección de Trabajo. También reforzaría los derechos de consulta de las personas trabajadoras y de sus representantes.
Estas medidas no garantizan por sí solas el cumplimiento. Ningún programa informático elimina la desigualdad de poder que existe dentro de una relación laboral. Sin embargo, un registro fiable puede proporcionar pruebas donde ahora predominan el miedo, la informalidad o la palabra del trabajador frente a la empresa.
También existen objeciones que deben tomarse en serio. El Consejo de Estado planteó dudas sobre el rango normativo, la adaptación por sectores, la protección de datos y las cargas para las pequeñas empresas. Corresponde al Gobierno corregir las deficiencias jurídicas y garantizar una aplicación proporcionada.
Lo que no sería razonable es utilizar esas objeciones para conservar un sistema incapaz de impedir millones de horas extraordinarias impagadas. Las dificultades técnicas deben resolverse. No pueden convertirse en una coartada para perpetuar el incumplimiento.
No hablamos solo de dinero
Una hora de vida no es únicamente una unidad salarial. Puede ser el tiempo necesario para recoger a un hijo, acompañar a una persona dependiente, descansar, estudiar o mantener una relación familiar.
Las horas extraordinarias impagadas tienen, por tanto, un coste que no aparece completo en ninguna estadística. Quien prolonga su jornada de manera habitual no pierde solamente dinero. También pierde descanso, autonomía y capacidad para organizar su propia vida.
Esa situación puede perjudicar la salud física y mental. Además, deteriora la conciliación y aumenta el riesgo de accidentes. Cuando el exceso de jornada se normaliza, la disponibilidad permanente termina presentándose como una virtud profesional.
La consecuencia es especialmente injusta para quienes ocupan las posiciones más débiles. No todo el mundo puede negarse a contestar un mensaje fuera de horario. Tampoco resulta sencillo abandonar el puesto cuando existe miedo a perder el empleo o a quedar señalado.
Existe, además, un problema colectivo. El trabajo extraordinario oculto puede sustituir contrataciones necesarias. Algunas plantillas parecen suficientes porque una parte de su carga real se sostiene mediante horas que nunca aparecen en los costes laborales.
La doble moral ante los incumplimientos laborales
Nuestra sociedad es implacable con determinadas conductas y sorprendentemente comprensiva con otras. Se habla con frecuencia del fraude de quienes cobran indebidamente una prestación. También se exige perseguir al trabajador que incumple su contrato.
Y debe hacerse. Los recursos públicos merecen protección y los contratos obligan a ambas partes. Sin embargo, esa firmeza pierde legitimidad cuando desaparece ante los incumplimientos empresariales.
¿Por qué apropiarse de un producto provoca indignación inmediata, mientras apropiarse del tiempo de una persona se considera una práctica tolerable? ¿Por qué exigimos ejemplaridad al trabajador y relativizamos la jornada que la empresa no paga?
La respuesta tiene mucho que ver con el poder. Hemos interiorizado que el tiempo de quien necesita un empleo resulta más disponible que el patrimonio de quien lo contrata. Esa idea no suele formularse de manera explícita, pero permanece detrás de muchas prácticas laborales.
Llamar robo a las horas extraordinarias impagadas no pretende atribuir automáticamente a cada caso un delito previsto en el Código Penal. Es una caracterización ética y política. Sirve para señalar que existe una riqueza producida por alguien y retenida por otro sin la debida compensación.
Registrar la jornada también protege a las empresas responsables
El cumplimiento horario no enfrenta a los trabajadores con todas las empresas. Al contrario, protege a quienes respetan la legislación frente a competidores que reducen costes mediante trabajo gratuito.
Una empresa que paga las horas extraordinarias soporta un coste que otra puede ocultar. Si la Administración no controla ambas situaciones, el incumplimiento recibe una ventaja competitiva.
Por eso, un registro horario eficaz no debería interpretarse como una presunción general de culpabilidad empresarial. Es una regla común que aporta seguridad jurídica y permite competir sin convertir los derechos laborales en una desventaja.
Las pequeñas empresas pueden necesitar apoyo técnico, soluciones sencillas y periodos razonables de adaptación. Lo que no necesitan es un mercado donde sobreviva mejor quien prolonga jornadas sin reconocerlas.
Recuperar el valor del tiempo propio
España no necesita únicamente una nueva aplicación para fichar. Necesita recuperar una idea más profunda: el tiempo de una persona le pertenece mientras no haya sido legítimamente contratado y debidamente compensado.
El trabajo no pagado no puede seguir escondiéndose detrás de la cultura del esfuerzo. El esfuerzo merece reconocimiento, retribución y límites. Lo contrario no es compromiso, flexibilidad ni compañerismo. Es una relación desequilibrada en la que una parte entrega más de lo acordado porque teme las consecuencias de negarse.
El Gobierno debe aprobar un registro digital jurídicamente sólido, accesible y respetuoso con los datos personales. También debe reforzar la Inspección de Trabajo y garantizar sanciones capaces de disuadir el incumplimiento.
Pero nosotros también debemos cambiar la forma de mirar este problema. Las horas extraordinarias impagadas no son un detalle administrativo. Son salario que no llega, descanso que desaparece y vida que nadie devuelve.
Y cuando alguien se apropia sistemáticamente de aquello que pertenece a otra persona, quizá haya llegado el momento de dejar de buscar eufemismos.
