Pleno del Parlamento: mucha actividad, dos nuevas leyes y una sanidad que sigue esperando
El pleno del Parlamento de Canarias iniciado el 7 de julio y concluido al día siguiente se desarrolló en tres sesiones. Fueron muchas horas de preguntas, comparecencias, mociones, leyes y proposiciones. Sin embargo, la cantidad de asuntos tratados no debe ocultar cuáles fueron los problemas que realmente dominaron el debate.
La sanidad pública ocupó buena parte del plenario. También se habló de migración, ciencia, turismo, educación, juventud, fiscalidad, emergencias volcánicas y gestión presupuestaria. Finalmente, el debate sobre la contratación sanitaria durante la pandemia volvió a convertir el hemiciclo en un escenario de confrontación política.
El resultado fue un pleno intenso, pero desigual. Hubo acuerdos relevantes y decisiones necesarias. No obstante, también volvió a evidenciarse la distancia entre los problemas cotidianos de la población y una parte del debate partidista.
Venezuela: solidaridad institucional y coordinación
La primera sesión comenzó con una declaración institucional sobre los terremotos ocurridos en Venezuela. El pleno del Parlamento expresó su solidaridad con las víctimas y guardó un minuto de silencio. Canarias mantiene una relación familiar, histórica y emocional muy profunda con aquel país.
Más tarde, el Gobierno explicó las medidas de apoyo a la comunidad canaria residente en Venezuela. Se defendió la coordinación con el Estado, los cabildos, los ayuntamientos y las entidades canarias presentes en el país. La Cámara mostró aquí una unidad institucional razonable y necesaria.
Este fue uno de los momentos más dignos del pleno. Ante una tragedia humana, los grupos fueron capaces de reducir la confrontación y concentrarse en la ayuda. Conviene recordarlo porque demuestra que el acuerdo es posible cuando se coloca a las personas por delante de las siglas.
La política migratoria abre una fractura diferente
La unidad sobre Venezuela contrastó con el debate migratorio. La posible aplicación del nuevo marco europeo de retornos generó una preocupación especial por sus consecuencias en territorios fronterizos como Canarias.
El presidente Fernando Clavijo expresó su rechazo al pacto migratorio europeo y alertó del riesgo de acumular personas en islas como El Hierro. Durante el debate se utilizó la expresión «islas cárceles» para describir el posible resultado de internamientos prolongados y retornos que no lleguen a ejecutarse.
El pleno del Parlamento terminó aprobando, por 45 votos frente a 16, una proposición que rechazaba el nuevo reglamento europeo de retornos y defendía una política basada en los derechos humanos. La decisión tiene valor político. Canarias no puede aceptar que la Unión Europea descargue sobre sus fronteras exteriores una responsabilidad que corresponde al conjunto de los Estados miembros.
Sin embargo, tampoco basta con proclamar principios desde una tribuna. Defender los derechos humanos exige recursos de acogida, traslados ágiles, cooperación con los países de origen y una política europea que no convierta las islas en espacios de retención permanente.
La sanidad fue el verdadero centro del pleno
Aunque el orden del día era muy amplio, la sanidad terminó ocupando el espacio principal. Hubo preguntas al presidente, comparecencias de la consejera, una interpelación sobre las urgencias y debates específicos sobre Tenerife, Lanzarote, La Palma, Fuerteventura y el transporte sanitario.
La oposición describió una atención primaria saturada, hospitales tensionados, urgencias desbordadas y una relación muy deteriorada con numerosos colectivos profesionales. También denunció la ausencia de negociación efectiva con médicos, enfermería, personal administrativo, técnicos de emergencias y trabajadores de ambulancias.
La comparecencia sobre personal sanitario confirmó esa confrontación. El PSOE habló de falta de diálogo y de ruptura con los profesionales. Otros grupos reconocieron avances presupuestarios, pero recordaron que las movilizaciones, las huelgas y las reclamaciones laborales continúan.
El Gobierno respondió con cifras sobre incremento de plantillas, estabilización de plazas, ofertas públicas de empleo y mejoras retributivas. También destacó nuevas infraestructuras, equipamientos y programas de retención de especialistas.
El problema es que ambas partes parecían estar contestando preguntas diferentes. El Gobierno habló principalmente de dinero invertido, plazas creadas y procedimientos administrativos. La oposición insistió en los resultados percibidos por pacientes y profesionales.
Las dos perspectivas son necesarias. Aumentar el presupuesto no garantiza por sí solo una mejor asistencia. Sin planificación, dirección, distribución territorial y diálogo laboral, los recursos pueden crecer sin que disminuyan las esperas ni la sobrecarga.
Tenerife y Lanzarote, dos ejemplos de un problema general
La situación hospitalaria de Tenerife fue objeto de una comparecencia específica. Allí aparecieron nuevamente las dificultades de espacio, la presión asistencial, las urgencias y la organización de los hospitales públicos.
En Lanzarote, el futuro del Hospital Insular geriátrico estuvo presente en varias iniciativas. La movilización ciudadana del 20 de junio demostró que no se trata de una discusión administrativa menor. Estamos hablando de un servicio muy valorado por la población y de una respuesta especializada ante el envejecimiento.
Una proposición de Vox sobre el Hospital Insular fue rechazada por una mayoría muy amplia del pleno del Parlamento. Sin embargo, ese rechazo no puede interpretarse como una falta de apoyo al centro. Otros grupos defendieron su continuidad, aunque discreparon del contenido y del enfoque de la iniciativa.
Esta diferencia es importante. En demasiadas ocasiones, los partidos utilizan una votación para afirmar que sus adversarios están contra un hospital, una prestación o un colectivo. La realidad parlamentaria suele ser más compleja.
Salud mental y educación: uno de los acuerdos más valiosos
El pleno del Parlamento aprobó por 59 votos y tres abstenciones una moción destinada a reforzar la prevención de los problemas de salud mental y del riesgo suicida en el ámbito educativo.
La iniciativa planteaba revisar los protocolos existentes, mejorar la coordinación entre Educación y Sanidad y reforzar los recursos especializados. También se debatió la incorporación de profesionales de la psicología, sin menoscabar las funciones de orientación educativa.
Este acuerdo merece una valoración positiva. La salud mental de niños y adolescentes no puede abordarse solamente cuando aparece una crisis. Hace falta prevención, detección temprana, apoyo a las familias y una respuesta sanitaria rápida.
Además, el debate reconoció algo fundamental. La ansiedad, la depresión y el sufrimiento emocional no surgen al margen de la realidad social. La precariedad, los problemas de vivienda, la pobreza y la incertidumbre también afectan a la salud.
Las becas universitarias siguen sin encontrar consenso
La política de becas universitarias también llegó al pleno. El PSOE reclamó convocatorias más rápidas, ayudas suficientes y una mejor respuesta para quienes deben desplazarse desde islas no capitalinas.
La moción fue rechazada por 37 votos frente a 26. El Gobierno defendió las mejoras introducidas, mientras la oposición señaló que muchas familias siguen adelantando durante meses los gastos de alojamiento, transporte y manutención.
La discusión volvió a mostrar una debilidad habitual. La Administración evalúa sus políticas por la publicación de convocatorias y la tramitación de expedientes. Las familias las valoran según la fecha en la que reciben el dinero.
Una beca concedida cuando el curso está terminando puede ser administrativamente correcta, pero socialmente ineficaz. La igualdad de oportunidades exige que la ayuda llegue cuando se necesita.
Una nueva Ley Canaria de la Ciencia con un consenso limitado
El pleno del Parlamento aprobó la nueva Ley Canaria de la Ciencia, que sustituye un marco normativo con unos 25 años de antigüedad. La norma actualiza la regulación de la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento.
Su aprobación constituye un avance. Canarias necesita fortalecer la investigación, retener talento y vincular el conocimiento con sus grandes retos económicos, sociales y ambientales.
Sin embargo, el debate dejó dudas importantes. Nueva Canarias cuestionó la falta de compromisos financieros vinculantes, el peso otorgado a las universidades públicas y la creación de una nueva fundación de investigación.
Las universidades generan una parte esencial del conocimiento producido en Canarias. Por tanto, no deberían aparecer como un actor más dentro de un sistema diseñado desde la Administración. Deben ocupar una posición vertebradora.
Una ley sin financiación estable puede terminar convertida en una declaración de intenciones. Aprobar el marco jurídico era necesario, pero ahora habrá que comprobar cuánto dinero, qué personal y qué programas se ponen realmente en marcha.
La Ley de Municipios Turísticos logró un acuerdo más amplio
El segundo gran texto aprobado fue la Ley de Municipios Turísticos de Canarias. La norma reconoce las necesidades específicas de localidades que deben prestar servicios a una población muy superior a la que figura en sus padrones.
Estos municipios soportan mayores costes en limpieza, seguridad, movilidad, abastecimiento, tratamiento de residuos y mantenimiento de espacios públicos. Resultaba razonable crear un marco que reconociera esa realidad.
Además, la iniciativa surgió de varios ayuntamientos y consiguió un respaldo parlamentario muy amplio. El texto fue aprobado con 63 votos favorables y tres abstenciones.
No obstante, la nueva categoría será útil solamente si viene acompañada de financiación y criterios transparentes. Reconocer un problema sin aportar recursos puede generar una nueva etiqueta administrativa, pero no mejores servicios públicos.
También debe evitarse que la ley se convierta en una herramienta destinada únicamente a mejorar la experiencia del visitante. Su prioridad debe ser garantizar que quienes viven en esos municipios no sufran el deterioro de los servicios provocado por la presión turística.
Fiscalidad, transporte y equilibrio territorial
El coste de la vida en las islas no capitalinas apareció en varias intervenciones. También se debatió la deflactación del tramo estatal del IRPF, solicitada por el Partido Popular para evitar que la inflación aumente la carga fiscal sin una mejora real del poder adquisitivo.
La iniciativa fue aprobada por bloques, aunque el debate mostró diferencias sobre su alcance. La izquierda defendió una aplicación más concentrada en las rentas bajas y medias. Los grupos del Gobierno apoyaron una deflactación más amplia.
La inflación no afecta a todas las personas de la misma manera. Una misma subida de precios resulta mucho más grave para quien dedica casi todos sus ingresos a vivienda, alimentación y energía. Por eso, cualquier alivio fiscal debe mantener la progresividad.
También salieron adelante iniciativas relacionadas con el transporte marítimo de la colombofilia y el cierre progresivo del Campo Nacional de Maniobras y Tiro de Pájara. En ambos casos se mezclaron factores económicos, territoriales, culturales y ambientales.
Pepe Dámaso y el acuerdo alrededor de la cultura
Uno de los pocos momentos de unanimidad llegó con la propuesta para conceder la Medalla de Oro de Canarias a Pepe Dámaso. Los 61 diputados presentes votaron a favor.
El reconocimiento está plenamente justificado. Pepe Dámaso forma parte del patrimonio cultural vivo de Canarias y ha construido una obra profundamente vinculada con la identidad, la memoria y el paisaje de las islas.
Fue, además, un debate alejado de la agresividad que dominó otros momentos del pleno. La cultura volvió a demostrar que puede funcionar como un espacio de encuentro.
La comisión de las mascarillas devolvió la máxima confrontación
El momento más bronco llegó con el dictamen de la comisión de investigación sobre la contratación de material sanitario durante la pandemia.
Coalición Canaria, Partido Popular y Vox defendieron unas conclusiones que atribuían responsabilidades políticas al anterior Gobierno y, especialmente, a Ángel Víctor Torres y varios de sus colaboradores.
PSOE, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera presentaron un voto particular conjunto. Estos grupos consideraron que el dictamen había seleccionado los hechos con una finalidad partidista y que no había tenido suficientemente en cuenta el contexto excepcional de la pandemia.
El voto particular fue rechazado y el dictamen quedó aprobado. La votación registrada terminó con 36 votos favorables y ninguno en contra, después de varias incidencias relacionadas con el quórum.
Las comisiones de investigación tienen una función legítima. Deben detectar fallos, exigir explicaciones y proponer mecanismos para evitar que se repitan. Sin embargo, pierden credibilidad cuando sus conclusiones parecen redactadas para confirmar una acusación política formulada desde el principio.
Tampoco sería aceptable utilizar la excepcionalidad de la pandemia para justificar cualquier actuación. Investigar era necesario. Lo discutible es que el resultado permita separar con claridad los hechos acreditados, los errores administrativos, las responsabilidades políticas y las acusaciones partidistas.
La cuenta de 2024 y la guerra de las cifras
El último gran debate del pleno del Parlamento estuvo dedicado al informe de fiscalización de la Cuenta General de Canarias correspondiente a 2024.
La oposición puso el foco en la baja ejecución de las inversiones, las deficiencias de gestión y la acumulación de recursos que no llegaron a convertirse en actuaciones. Los grupos del Gobierno respondieron con el volumen total ejecutado y el crecimiento del gasto social.
Ambas cifras pueden ser ciertas y, aun así, contar historias distintas. Un Gobierno puede aumentar el gasto total y mantener una ejecución deficiente en inversiones. También puede gastar más en sanidad sin resolver los problemas de organización del sistema.
Por eso, el debate presupuestario debería abandonar la competición por encontrar el porcentaje más favorable. Lo importante es saber qué servicios mejoraron, qué infraestructuras se terminaron y qué necesidades siguen sin respuesta.
¿Qué nos deja realmente este pleno?
El pleno del Parlamento dejó dos leyes importantes, varias iniciativas sociales aprobadas y algunos acuerdos institucionales valiosos. La Cámara demostró que puede llegar a consensos sobre ciencia, turismo, salud mental, cultura o ayuda humanitaria.
Sin embargo, también confirmó una preocupante tendencia a convertir cada problema en un arma contra el adversario. La sanidad fue el ejemplo más evidente. Se intercambiaron cifras, reproches y comparaciones con gobiernos anteriores, pero quedaron pocas respuestas concretas para profesionales y pacientes.
El Gobierno conserva una mayoría suficiente para aprobar sus iniciativas. Eso garantiza estabilidad parlamentaria, pero no asegura una buena gestión. La estabilidad solo tiene sentido cuando sirve para resolver problemas.
La oposición, por su parte, tiene la obligación de controlar al Ejecutivo. Sin embargo, debe evitar que la denuncia permanente sustituya a la construcción de alternativas realistas.
Canarias necesita un Parlamento que fiscalice, legisle y debata. Pero, sobre todo, necesita que las decisiones adoptadas en el hemiciclo se traduzcan en mejores hospitales, becas que lleguen a tiempo, servicios públicos suficientes y una economía menos desigual.
Después de tantas horas de pleno, esa continúa siendo la cuestión principal. No cuánto se habló, sino cuánto de lo hablado llegará realmente a la vida de la gente.
