Red Eléctrica y la CNMC: no es una condena, pero sí una advertencia

Hay informes que dicen mucho más por lo que matizan que por lo que aparentemente concluyen. El reciente informe de la CNMC sobre el cumplimiento de los criterios de separación funcional del Operador del Sistema eléctrico integrado en Red Eléctrica de España pertenece a esa categoría.

No estamos ante una sanción. Tampoco ante una desautorización técnica de Red Eléctrica. Conviene dejarlo claro desde el principio, porque en estos tiempos cualquier documento regulatorio corre el riesgo de convertirse en munición para titulares interesados, lecturas precipitadas o campañas de ruido político.

Lo que la CNMC ha aprobado es un informe de seguimiento. Su objeto no es analizar un apagón, ni determinar responsabilidades sobre un incidente concreto, ni valorar si Red Eléctrica actuó bien o mal en una situación operativa determinada. Su finalidad es mucho más específica: comprobar hasta qué punto se están cumpliendo los criterios de separación funcional que deben proteger la independencia del Operador del Sistema dentro de Red Eléctrica de España, S.A.U.

Y ahí está precisamente el interés del asunto.

Porque el informe no dibuja una empresa incumplidora, pero sí vuelve a señalar una cuestión de fondo: en un sistema eléctrico cada vez más complejo, más renovable, más tensionado y más necesitado de inversiones, la independencia del Operador del Sistema no puede descansar únicamente en la confianza. Debe estar blindada con reglas claras, controles verificables y una arquitectura institucional difícil de cuestionar.

Qué dice realmente la CNMC

La primera lectura honesta del informe obliga a reconocer algo importante: la CNMC considera cumplida una parte sustancial de los requerimientos y recomendaciones formulados en su informe anterior de junio de 2024.

Entre otras cuestiones, el regulador constata la remisión periódica de información, la publicación del informe anual de medidas de independencia, la actualización del Código de Conducta del Operador del Sistema y la incorporación de medidas relacionadas con la confidencialidad de la información comercialmente sensible.

También aprecia avances en la independencia de la retribución variable de los responsables de gestión del Operador del Sistema. Es decir, la CNMC entiende que los objetivos asociados a esa retribución deben estar vinculados a la actividad propia del operador, y no a parámetros generales del grupo empresarial.

Ese punto no es menor. El Operador del Sistema no es una unidad cualquiera dentro de una compañía. Su función afecta a la seguridad del suministro, al equilibrio instantáneo entre generación y demanda, a la integración de renovables, a la operación de la red y, en último término, a la confianza pública en una infraestructura esencial.

Por eso la CNMC se fija en aspectos que, para el ciudadano medio, podrían parecer casi administrativos: códigos de conducta, retribución variable, servicios intragrupo, confidencialidad, separación física de equipos, responsable de cumplimiento o acceso a información sensible.

En realidad, no son detalles burocráticos. Son los tornillos pequeños de una maquinaria institucional enorme.

Cuando esos tornillos están bien ajustados, nadie habla de ellos. Cuando se aflojan, todo el sistema puede quedar bajo sospecha.

Lo que el informe no dice

Tan importante como leer lo que dice el informe es evitar atribuirle lo que no dice.

La CNMC no concluye que Red Eléctrica haya utilizado su posición como Operador del Sistema para favorecer indebidamente al negocio de transporte. Tampoco afirma que se haya manipulado la planificación de la red, ni que existan incumplimientos materiales en la operación ordinaria del sistema.

Mucho menos puede utilizarse este informe, de forma rigurosa, como si fuera una condena general contra Redeia o contra Red Eléctrica.

Esa lectura sería intelectualmente cómoda, pero jurídicamente floja.

Lo que sí hace la CNMC es mantener viva una preocupación estructural: el modelo eléctrico español no exige una separación jurídica entre la operación del sistema y la actividad de transporte equivalente a la que existe en el sector gasista. En electricidad, basta con separación funcional y contable. En gas, el marco es más exigente.

Ese es el centro del debate.

La CNMC viene a decir que la separación funcional puede ser útil, puede estar reforzada y puede estar razonablemente bien aplicada. Pero también sostiene que la separación jurídica sería un instrumento más eficaz para evitar conflictos de interés reales, potenciales o aparentes.

Y esa distinción es decisiva.

Porque en infraestructuras críticas no basta con que una organización actúe correctamente. También debe poder demostrar, de forma robusta, que sus decisiones no están condicionadas por incentivos cruzados, dependencias corporativas o intereses económicos del grupo al que pertenece.

El debate de fondo: eficiencia frente a independencia

Redeia defiende el modelo actual con argumentos que no deben despreciarse.

La coordinación entre la operación del sistema y la red de transporte tiene ventajas técnicas evidentes. Puede mejorar la respuesta ante situaciones críticas, facilitar la gestión de incidencias, reducir tiempos de actuación y aprovechar sinergias organizativas. En un sistema eléctrico real, especialmente en momentos de tensión, la coordinación no es un lujo: es una necesidad.

Pero la cuestión no termina ahí.

La pregunta que plantea la CNMC es otra: ¿esa eficiencia organizativa compensa el riesgo de que el Operador del Sistema no tenga una independencia suficientemente reforzada respecto del grupo empresarial?

No hablamos necesariamente de un conflicto probado. Hablamos de diseño institucional.

En democracia, los reguladores no están solo para sancionar cuando algo ha salido mal. También están para detectar vulnerabilidades antes de que generen problemas mayores. Y en sectores estratégicos, las vulnerabilidades no siempre tienen forma de infracción. A veces tienen forma de incentivo mal alineado, de dependencia jerárquica, de servicio compartido o de retribución vinculada a intereses corporativos.

Ese es el terreno en el que se mueve este informe.

La CNMC no dinamita el modelo actual, pero le coloca una luz amarilla.

La retribución en acciones: un punto especialmente sensible

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la posición de la CNMC sobre la retribución variable a largo plazo de los responsables del Operador del Sistema.

El regulador exige que quienes desempeñan funciones de gestión dentro del OS no perciban acciones de la matriz como parte de esa retribución variable. La razón es sencilla: si una persona que debe tomar decisiones técnicas independientes recibe parte de su compensación en acciones de la sociedad matriz, aparece un riesgo de alineación económica con los intereses generales del grupo.

Ese riesgo puede ser pequeño. Puede ser incluso puramente teórico. Pero existe.

Y en materia de independencia regulatoria, la apariencia importa.

No porque haya que vivir bajo la dictadura de la sospecha, sino porque la confianza en las instituciones críticas se construye evitando zonas grises. La electricidad no es un negocio cualquiera. Es una infraestructura básica para hogares, empresas, hospitales, transporte, comunicaciones, administración pública y seguridad nacional.

Por eso resulta razonable que la CNMC exija una separación clara entre la retribución de quienes gestionan el Operador del Sistema y los incentivos económicos asociados a la matriz empresarial.

Redeia, según recoge el informe, trabaja en un nuevo plan específico para directivos del OS. La CNMC considera que las medidas están en curso, pero exige documentación acreditativa una vez aprobado el plan.

Dicho de forma sencilla: el regulador no da el asunto por cerrado. Lo deja bajo vigilancia.

Servicios compartidos y responsable de cumplimiento

Otro punto donde la CNMC mantiene sus reservas afecta a los servicios estratégicos intragrupo.

El regulador recomendó que el Operador del Sistema y la actividad de transporte no compartieran determinados servicios estratégicos prestados por la corporación, como los jurídicos, regulatorios y de control. Redeia y Red Eléctrica no comparten esa recomendación y defienden que separar esos servicios podría aumentar costes sin reforzar realmente la independencia técnica del operador.

Aquí hay un debate interesante.

Desde la lógica empresarial, compartir servicios puede ser eficiente. Desde la lógica regulatoria, puede crear dependencias difíciles de controlar. Las dos posiciones tienen sentido desde sus respectivos marcos.

El problema es que, cuando hablamos del Operador del Sistema, la vara de medir no puede ser solo la eficiencia económica. También debe ser la independencia percibida, la trazabilidad de las decisiones y la capacidad de resistir presiones internas o externas.

Algo parecido ocurre con la figura del responsable de cumplimiento. La CNMC planteó valorar que esa función pudiera recaer en un tercero independiente del grupo. Redeia mantiene el Área de Cumplimiento interna como encargada de esa supervisión y argumenta que un tercero externo podría tener menos conocimiento organizativo, menor agilidad y riesgos propios de acceso a información sensible.

De nuevo, no hay una respuesta simple.

Un responsable interno conoce mejor la casa, sus procesos y sus riesgos. Uno externo puede ofrecer mayor distancia institucional. El equilibrio entre conocimiento y autonomía no es fácil, pero precisamente por eso merece una discusión pública seria, lejos del ruido y de las simplificaciones.

La sombra de las grandes inversiones

El informe de la CNMC gana relevancia en un momento especialmente delicado.

El sistema eléctrico español afronta una etapa de inversiones muy importantes en redes. La electrificación de la economía, la integración masiva de renovables, el desarrollo del almacenamiento, la conexión de nueva demanda industrial y la necesidad de reforzar la seguridad de suministro obligan a planificar con enorme cuidado.

En ese contexto, el papel del Operador del Sistema es determinante.

Sus informes, propuestas y criterios técnicos influyen en la planificación de la red. Y la red de transporte, a su vez, genera retribución regulada para la empresa transportista. Esa combinación explica la preocupación de la CNMC.

No se trata de insinuar que Red Eléctrica sobredimensione inversiones. El propio informe recoge que Redeia rechaza esa hipótesis y defiende que el operador trabaja también en innovaciones para aprovechar mejor los activos existentes.

Pero el regulador no está pensando solo en el presente. Está pensando en el diseño de incentivos de los próximos años.

Cuando una misma estructura empresarial integra funciones de operación del sistema y actividad de transporte, el riesgo potencial debe ser gestionado con especial rigor. Más aún si el país entra en una fase de inversiones elevadas, decisiones estratégicas y transformación acelerada del modelo eléctrico.

Ni corporativismo ni linchamiento

Este informe debería leerse sin caer en dos errores opuestos.

El primero sería el corporativismo: minimizar cualquier observación de la CNMC como si toda preocupación regulatoria fuera una molestia administrativa. Ese enfoque sería equivocado. Los reguladores cumplen una función democrática esencial, especialmente cuando supervisan sectores con poder económico, información técnica compleja y fuerte impacto social.

El segundo error sería el linchamiento: presentar el informe como una prueba de culpabilidad general de Redeia. Eso tampoco sería serio. La CNMC reconoce avances, constata cumplimientos y valora positivamente algunos compromisos de refuerzo del modelo actual.

La posición sensata está en otro lugar.

Red Eléctrica desempeña una función estratégica para el país. Su experiencia técnica, su papel en la seguridad del suministro y su conocimiento del sistema eléctrico son activos de enorme valor público. Pero precisamente por eso debe aceptar un nivel de escrutinio superior al de una empresa ordinaria.

Cuanto más crítico es el servicio, más exigentes deben ser los controles.

Una cuestión de confianza pública

La electricidad tiene una característica peculiar: solo nos acordamos de ella cuando falla.

Mientras todo funciona, la red es invisible. La frecuencia se mantiene, la tensión se controla, la generación entra y sale del sistema, la demanda se ajusta, las interconexiones ayudan, las reservas se activan y millones de decisiones técnicas se suceden sin que el ciudadano tenga conciencia de ellas.

Pero cuando algo se tuerce, la confianza se convierte en el bien más escaso.

Por eso la independencia del Operador del Sistema no es una discusión menor, ni una rareza para especialistas. Es una cuestión de arquitectura democrática.

El ciudadano no necesita conocer todos los detalles técnicos de la operación eléctrica. Pero sí tiene derecho a saber que quien toma decisiones críticas lo hace con autonomía, con controles adecuados y sin incentivos cruzados que puedan poner en duda la prioridad absoluta de la seguridad del sistema.

La CNMC no acusa. Pero advierte.

Y en un sector como el eléctrico, una advertencia regulatoria bien fundada debería tomarse siempre en serio.

La transición energética exige operadores fuertes y reguladores exigentes

La transición energética no se construye solo con molinos, placas solares, baterías, bombeos hidráulicos o nuevas líneas eléctricas. También se construye con instituciones.

Necesitamos redes robustas, operadores competentes, planificación rigurosa y capacidad técnica. Pero necesitamos también transparencia, independencia y supervisión pública.

Sería un error contraponer ambas cosas.

Un Operador del Sistema fuerte no es aquel que opera con menos controles, sino aquel cuya independencia resulta incuestionable. Un regulador útil no es aquel que busca titulares, sino aquel que detecta riesgos antes de que se conviertan en daños. Una empresa estratégica no se debilita por rendir cuentas; se fortalece cuando puede demostrar que sus decisiones resisten cualquier examen serio.

Ese debería ser el mensaje de fondo.

El informe de la CNMC no es una condena contra Redeia. Pero tampoco es un trámite sin importancia. Es una advertencia institucional sobre algo que conviene no olvidar: en sectores críticos, la confianza no se presume. Se acredita.

Y en el sistema eléctrico, donde cada decisión puede afectar a millones de personas, esa confianza vale tanto como cualquier infraestructura.