Visita del Papa en Canarias: fe, movilidad y Estado aconfesional
La visita del Papa a Canarias no debería abordarse como una batalla entre creyentes y no creyentes. Ese sería el enfoque más cómodo, pero también el más pobre. Lo importante, en una democracia madura, no es discutir si un acontecimiento religioso puede tener relevancia social. Claro que puede tenerla. La cuestión es otra: cómo se organiza, con qué criterios públicos, con qué costes, con qué efectos sobre la vida cotidiana y con qué respeto al carácter aconfesional del Estado.
El papa León XIV visitará Gran Canaria el 11 de junio y Tenerife el 12 de junio dentro de su viaje apostólico a España. Según la agenda oficial del Vaticano, en Gran Canaria tiene previsto un encuentro con realidades de acogida a migrantes en Arguineguín, un acto en la Catedral de Santa Ana y una misa en el Estadio de Gran Canaria. En Tenerife, el programa incluye actos vinculados a migrantes e integración, una misa en el puerto de Santa Cruz y la salida posterior hacia Roma. (Vaticano)
Hasta ahí, nada que objetar. Una visita de esa naturaleza puede tener una dimensión espiritual, institucional, social e incluso simbólica. Canarias, además, tiene una relación muy particular con la migración, con la acogida y con la frontera sur de Europa. Que el Papa ponga el foco en esa realidad no es un detalle menor.
El debate empieza cuando el acontecimiento religioso altera el funcionamiento ordinario de servicios públicos esenciales.
La visita del Papa y la suspensión de clases
El Gobierno de Canarias ha anunciado la suspensión de la actividad lectiva el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 de junio en Tenerife. La medida se adopta, según el propio Ejecutivo autonómico, para facilitar la movilidad, a solicitud y con el aval de un informe de la Delegación del Gobierno. También se recomienda el teletrabajo al personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma en Las Palmas de Gran Canaria el día 11 y en Santa Cruz de Tenerife el día 12. (Gobierno de Canarias)
El argumento oficial es claro: se prevén restricciones importantes de movilidad, cortes y necesidades extraordinarias de seguridad. Además, el Gobierno ha explicado que el dispositivo definitivo se enmarcará en el PLATECA, el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias. (Gobierno de Canarias)
Desde el punto de vista práctico, puede entenderse que un evento multitudinario de estas características obligue a reorganizar tráfico, transporte, seguridad, servicios sanitarios y accesos. Quien conozca las islas capitalinas sabe que basta una incidencia seria en la GC-1, en la TF-1 o en la TF-5 para condicionar la vida de miles de personas.
Pero una cosa es comprender la complejidad logística y otra aceptar sin más que la escuela pública sea la primera gran pieza sacrificada.
La suspensión de clases no es una decisión menor. Afecta a familias, alumnado, docentes, exámenes, comedores, conciliación y organización doméstica. Cuando se cierra un centro educativo, no solo se apaga una pizarra. Se reorganiza, muchas veces a la fuerza, la vida de miles de hogares.
Un Estado aconfesional no es un Estado hostil a la religión
Conviene evitar caricaturas. España no es un Estado laicista en sentido militante ni un Estado confesional. La Constitución establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero también que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. (BOE)
Esa fórmula constitucional exige equilibrio. No impone indiferencia ante el hecho religioso, pero sí obliga a evitar cualquier confusión entre interés público e interés confesional.
Por eso la pregunta no debería formularse en términos de “Papa sí” o “Papa no”. La pregunta democrática es más exigente: ¿se han explicado suficientemente los motivos técnicos?, ¿se han valorado alternativas menos invasivas?, ¿se ha informado con claridad a las familias?, ¿se han detallado los costes públicos?, ¿se ha distinguido bien entre la cooperación institucional legítima y la financiación o cobertura de un acontecimiento religioso?
Ahí está el punto delicado.
Si la suspensión de clases se justifica por razones de movilidad y seguridad, el Gobierno debe explicarlo con documentación suficiente, lenguaje claro y transparencia. No basta con invocar informes técnicos de forma genérica. La ciudadanía no tiene por qué aceptar decisiones excepcionales solo porque se presenten envueltas en el vocabulario de la emergencia.
La movilidad como espejo de nuestras fragilidades
Hay otro asunto de fondo que no conviene dejar pasar. La visita del Papa está funcionando como un espejo incómodo de las limitaciones estructurales de la movilidad en Canarias.
Si un evento concentrado en determinados puntos obliga a suspender clases en dos islas enteras, el problema no es solo el evento. También lo es la fragilidad de nuestras redes viarias, la dependencia del vehículo privado, la insuficiencia del transporte público metropolitano y la falta de alternativas robustas cuando las principales arterias quedan condicionadas.
La Cadena SER ha informado de que el Gobierno autonómico descarta la modalidad telemática por problemas de accesibilidad y porque el curso se encuentra ya en fase de exámenes finales. También recoge críticas estudiantiles por la suspensión generalizada de clases y por la ausencia de participación del alumnado en la decisión. (Cadena SER)
Ese malestar merece ser escuchado. No todo desacuerdo con la medida nace de una posición antirreligiosa. Puede nacer, sencillamente, de una pregunta cívica razonable: ¿por qué debe alterarse la vida escolar de toda una isla por un acto religioso, aunque sea multitudinario?
La respuesta institucional tiene que estar a la altura. Y estar a la altura significa dar razones, asumir costes políticos, publicar criterios y evitar que la excepcionalidad parezca improvisación.
La dimensión social del viaje
También sería injusto ignorar el contenido simbólico de parte de la agenda. La presencia del Papa en Arguineguín, en Las Raíces y en actos relacionados con migrantes coloca a Canarias en una conversación de enorme importancia moral. Las islas no son solo destino turístico ni frontera administrativa. Son también lugar de llegada, sufrimiento, acogida, tensión social y responsabilidad europea.
En ese terreno, la visita puede ayudar a mirar la migración con más humanidad. Y falta hace.
Pero precisamente por eso conviene cuidar el marco institucional. Cuando un mensaje moral relevante se mezcla con decisiones públicas mal explicadas, el debate se contamina. La conversación deja de centrarse en la dignidad humana, la acogida o la solidaridad, y se desplaza hacia el enfado por las clases suspendidas, los cortes de tráfico o el dinero público.
No es culpa de la ciudadanía. Es responsabilidad de quienes organizan y comunican.
Transparencia, proporcionalidad y respeto
Una democracia no se mide solo por su capacidad para organizar grandes actos. Se mide también por la forma en que justifica las molestias que impone a quienes no participan en ellos.
Quien quiera asistir a una misa multitudinaria debe poder hacerlo con seguridad. Quien no quiera asistir debe poder seguir con su vida con las menores alteraciones posibles. Esa es la diferencia entre una sociedad plural y una sociedad que confunde lo mayoritario con lo obligatorio.
La visita del Papa puede ser un acontecimiento importante para muchas personas creyentes. También puede tener valor institucional y social. Pero el Gobierno de Canarias debe manejarla con una prudencia exquisita: transparencia en los costes, proporcionalidad en las medidas, claridad en los informes y respeto absoluto a la pluralidad de convicciones.
La fe pertenece a la conciencia de cada persona. La gestión pública pertenece a todos.
Y cuando ambas se cruzan, lo democrático no es levantar trincheras. Lo democrático es exigir que ninguna emoción colectiva, por legítima que sea, sustituya a las reglas comunes.
Canarias puede recibir al Papa con respeto. Pero también debe recordarse a sí misma que la escuela pública, la movilidad, la neutralidad institucional y la vida cotidiana de la ciudadanía no son elementos secundarios. Son, precisamente, la medida real de una democracia adulta.
