El céntimo de Rosa Dávila: impuesto ‘verde’ para conductores, propaganda para el Cabildo
El Cabildo vende como ecologista un recargo al combustible que castiga a quienes menos alternativas tienen, mientras sigue bloqueando una verdadera tasa turística y presume de gestión en una isla llena de emergencias.
Imagínese la escena, tan cotidiana como frustrante en este arranque de 2026: usted se encuentra atrapado en el enésimo colapso viario de la TF-5, viendo cómo la aguja del depósito de combustible baja inexorablemente. Al detenerse a repostar, observa el precio del litro y recuerda el último anuncio institucional sobre el «impuesto verde para salvar nuestros montes». En ese preciso momento, la factura de una presunta política climática recae sobre sus hombros, los de un trabajador que no tiene otra alternativa para llegar a su puesto de empleo. Es el escenario perfecto para entender lo que ya se conoce popularmente como el “céntimo de Rosa Dávila”.
¿Qué es exactamente el “céntimo forestal”?
Para comprender la magnitud de la controversia, debemos analizar los hechos con rigor. El Cabildo de Tenerife, amparado por la Ley de Presupuestos de Canarias, ha instaurado un nuevo impuesto insular sobre los carburantes. Este “céntimo forestal” o “céntimo verde” grava con aproximadamente 0,01 euros por litro (con margen para alcanzar los 0,02 euros) el repostaje de vehículos privados.
El relato oficial, defendido por la coalición de CC y PP, argumenta que la recaudación tiene un carácter finalista. Se destinaría, afirman, a políticas ambientales vitales: vigilancia forestal, restauración de montes, lucha contra la desertificación y mitigación del cambio climático antropogénico. Un discurso que, sobre el papel, apela a la responsabilidad compartida de proteger nuestro entorno. Sin embargo, la brecha entre la narrativa institucional y la realidad material de la ciudadanía es abismal.
Lo que no te cuentan: La asimetría del esfuerzo
Desde una perspectiva sociopolítica progresista, la equidad fiscal es innegociable. Y aquí es donde el relato del Cabildo hace aguas. Mientras la presidencia y el área de Hacienda presumen del presupuesto de 2026 —vendido como «el más social de la historia» con 1.278 millones de euros—, la institución se niega sistemáticamente a implantar una tasa turística por pernoctación.
Se exige un esfuerzo económico al residente que, desplazado por los alquileres disparados y la gentrificación, depende de su vehículo privado, pero se exime al visitante ocasional. Exigir ecología a costa del currante mientras se evita a toda costa «molestar» a un modelo turístico masivo e insostenible no es política climática; es una claudicación ante los grandes capitales en detrimento de los derechos de la población local.
La crítica social: Injusticia fiscal y emergencia por inoperancia
La oposición política (con un rechazo frontal del PSOE y Vox, desde ópticas distintas) y diversas plataformas ciudadanas han puesto el dedo en la llaga. La secretaria general de los socialistas en la isla ha rebautizado la medida como el “céntimo de Rosa Dávila”, denunciando su naturaleza fiscalmente regresiva.
La Alianza de Vecinos de Santa Cruz y otros colectivos apuntan a una realidad insoslayable: encarecer la vida en un contexto de salarios estancados y crisis habitacional es un castigo, no una solución. A esto se suma lo que la oposición califica de “emergencia por inoperancia”. ¿Cómo se justifica un nuevo impuesto cuando se acumulan más de 500 millones de euros sin ejecutar entre el Cabildo, el IASS y el Consejo Insular de Aguas? Seguimos sin la vivienda pública necesaria, sin las plazas sociosanitarias prometidas y con la movilidad colapsada. ¿De verdad el problema estructural de la isla era que el ciudadano pagaba poco por litro de gasolina?
La verdadera dimensión ecológica
Como analista comprometido con la urgencia de la descarbonización, es imperativo aclarar esto: una política climática seria no se mide en céntimos recaudados en las gasolineras. El cambio climático antropogénico requiere transformaciones estructurales, no parches punitivos.
La transición energética justa exige:
- Electrificación masiva y accesible del transporte.
- Una inversión sin precedentes en una red de transporte público eficiente, guaguas y carriles exclusivos.
- Una ordenación del territorio que acerque la vivienda a los centros de trabajo.
- Un replanteamiento urgente del modelo turístico-urbanístico depredador de recursos.
¿Impuesto verde o greenwashing fiscal?
Llegamos así a la encrucijada del análisis. El gobierno insular defiende su medida, el céntimo de Dávila, recordando que figuras similares existen en Gran Canaria y están avaladas por el Gobierno autonómico. Sostienen que proteger cerca de 1.000 km² de espacios naturales tiene un coste. Y es cierto. Pero confrontemos las promesas de prevención de incendios con la realidad de los niveles de ejecución presupuestaria menguantes.
El peligro de este tipo de medidas aisladas en una isla con seis emergencias declaradas (climática, energética, migratoria, habitacional, tecnológica e hídrica) es que el «céntimo forestal» suene más a greenwashing (lavado de cara verde) y a propaganda para reforzar el aparato institucional, que a un genuino escudo protector para nuestra biodiversidad.
No es que falte dinero en las arcas públicas; es que sobran prioridades equivocadas y falta valentía política para tocar los privilegios de quienes más se lucran con nuestro territorio. ¿De verdad vamos a aceptar sin rechistar que «cuidar Tenerife» signifique que tú pagues más por ir a trabajar, mientras el modelo macroeconómico que destruye la isla sigue siendo intocable?
