Pleno canario de julio: mucho balance, algunas leyes y demasiada campaña
El pleno canario de julio, iniciado el 21 de julio de 2026 y desarrollado en tres bloques de sesión entre los días 21 y 22, llegó al final del periodo parlamentario con una pregunta de fondo: ¿ha utilizado el Gobierno de Canarias los recursos disponibles para mejorar de verdad la vida cotidiana? El orden del día oficial fue extenso, pero casi todos los debates terminaron girando alrededor de esa cuestión.
Vivienda, inflación, sanidad, dependencia, educación inclusiva, universidades, conectividad, emergencias, servicios públicos y relaciones con el Estado aparecieron una y otra vez. También se aprobaron dos leyes relevantes, se convalidó por unanimidad una prórroga fiscal y salieron adelante varias iniciativas sociales. Sin embargo, la impresión general fue menos satisfactoria de lo que ese volumen de actividad podría sugerir.
El Parlamento trabajó y legisló. Lo hizo, además, sobre asuntos importantes. Pero una parte considerable del tiempo se consumió en una batalla de balances, reproches heredados y argumentarios estatales. La ciudadanía escuchó muchas cifras. No siempre pudo saber cuál de ellas se traducirá en una vivienda asequible, una consulta más rápida o una prestación reconocida a tiempo.
El pleno canario de julio y las dos Canarias del relato
La sesión de control dibujó dos países distintos dentro del mismo archipiélago. El Gobierno defendió una Canarias con récords de empleo, mayores presupuestos, más profesionales educativos y avances en dependencia. La oposición describió una comunidad con miles de millones sin ejecutar, graves dificultades de acceso a la vivienda, demoras sanitarias y servicios públicos que no responden con la rapidez necesaria.
Ambas imágenes pueden contener elementos ciertos. El empleo ha mejorado y existen políticas que han ampliado recursos. También es evidente que el crecimiento económico no ha resuelto la inseguridad residencial, la pérdida de poder adquisitivo ni la sensación de deterioro que viven muchas familias.
El problema aparece cuando cada dato se utiliza para borrar los demás. Un presupuesto histórico no garantiza una buena gestión. Una lista de espera que mejora en un indicador no elimina las demoras que siguen padeciendo otros pacientes. Un aumento de plantilla tampoco demuestra que todos los centros educativos cuenten con el apoyo que necesitan.
Gobernar exige explicar cuánto se gasta, pero también qué resultado se obtiene. La oposición, por su parte, debe distinguir entre una crítica fundada y la tentación de presentar cualquier avance como propaganda. El control democrático mejora cuando los datos se comparan con objetivos, plazos y resultados verificables.
Madrid como reivindicación y como refugio
Fernando Clavijo situó tres prioridades para la recta final de 2026: recuperar partidas de los presupuestos estatales prorrogados de 2023, cerrar el denominado decreto Canarias y fijar una posición común ante la reforma de la financiación autonómica. También insistió en que el Régimen Económico y Fiscal debe quedar fuera de la financiación ordinaria.
La reclamación es legítima. Canarias soporta costes derivados de la lejanía, la insularidad y la fragmentación territorial. El Estado debe cumplir los compromisos presupuestarios y respetar plenamente el REF. La conectividad de las islas no capitalinas, la financiación de los servicios públicos y la atención a los menores migrantes requieren cooperación institucional.
Sin embargo, el pleno canario de julio volvió a mostrar una costumbre preocupante. Demasiadas preguntas sobre responsabilidades autonómicas terminaron respondidas con reproches al Gobierno de España. Madrid explica una parte de los problemas, pero no puede convertirse en respuesta automática para la ejecución presupuestaria, la organización administrativa o las decisiones que adopta el propio Ejecutivo canario.
El autogobierno tiene dos caras inseparables. Sirve para exigir un trato justo fuera y para responder con eficacia dentro. Utilizar solo la primera reduce la autonomía a una herramienta de confrontación.
Inflación: medidas útiles, pero demasiado estrechas
La Cámara convalidó por unanimidad el Decreto ley 4/2026, que prolonga medidas tributarias vinculadas al encarecimiento energético y del transporte causado por la crisis de Oriente Medio. La prórroga mantiene temporalmente ventajas sobre el combustible y devoluciones fiscales para sectores como el transporte y el primario.
El consenso fue razonable. Dejar caer esas medidas mientras persisten las tensiones habría añadido costes a una economía especialmente dependiente de las importaciones. El propio Gobierno reconoció, no obstante, que su capacidad para contener la inflación es limitada.
La cuestión más reveladora llegó después. La oposición pidió tramitar el decreto como proyecto de ley para incorporar nuevas medidas. La mayoría gubernamental lo rechazó. Se aceptó la prórroga, pero se cerró la posibilidad de ampliar la protección mediante el debate parlamentario.
Nueva Canarias y el PSOE reclamaron ayudas más directas para las rentas bajas, complementos de vivienda y educación en la Renta Canaria de Ciudadanía y deducciones fiscales por la subida de precios. El Gobierno defendió la deflactación autonómica del IRPF y las medidas sobre combustibles.
La discusión no debería plantearse como una elección excluyente. Actuar sobre los costes del transporte es necesario. Proteger directamente a quienes destinan casi todos sus ingresos a vivienda, alimentación y energía también lo es. La inflación no golpea a todos por igual, y la respuesta pública tampoco debería ser uniforme.
Vivienda: acelerar no equivale a hacerla asequible
Uno de los principales resultados del pleno canario de julio fue la aprobación de la ley para agilizar las licencias urbanísticas e impulsar la construcción de viviendas. La norma procede de un decreto ley de 2025 y llega después de una tramitación larga y controvertida.
Agilizar expedientes es necesario. Hay proyectos públicos y privados bloqueados por oficinas técnicas desbordadas, informes que se encadenan y procedimientos urbanísticos excesivamente lentos. Pero convertir la velocidad administrativa en la gran política de vivienda conduce a una conclusión equivocada.
Una licencia rápida no determina el precio final, el régimen de protección, la localización ni el destino de la vivienda. Tampoco garantiza que una familia trabajadora pueda pagarla. Como ya defendí al analizar por qué agilizar licencias no basta, la pregunta esencial sigue siendo qué se construye, para quién y bajo qué condiciones.
El Gobierno aseguró que existen más de 4.000 viviendas públicas en distintas fases. La oposición cuestionó el alcance real de esas cifras y denunció que el mercado residencial continúa perdiendo inmuebles frente al alquiler vacacional. La discusión necesita menos propaganda y un cuadro de seguimiento público.
Cada promoción debería poder seguirse desde el suelo disponible hasta la entrega de llaves. Sin esa trazabilidad, «viviendas en marcha» puede significar realidades muy diferentes. La emergencia habitacional no se resuelve anunciando expedientes, sino entregando hogares asequibles y estables.
La radiotelevisión pública y la calidad democrática
La segunda gran ley aprobada ordena el servicio público de comunicación audiovisual de Canarias. La norma sustituye un marco cuestionado por su inestabilidad y pretende reorganizar la gobernanza, el control y el funcionamiento de la radiotelevisión autonómica.
La actualización era necesaria. Una radiotelevisión pública no puede depender de soluciones provisionales, bloqueos recurrentes o estructuras incapaces de garantizar continuidad. También debe proteger el empleo, la producción propia, la transparencia y la adaptación tecnológica.
Pero una nueva ley no garantiza por sí misma independencia. El verdadero examen comenzará cuando se nombren los órganos de gobierno, se definan los mecanismos de control y se compruebe si la pluralidad informativa resiste las presiones del Ejecutivo y de los partidos.
La radiotelevisión pública pertenece a la ciudadanía, no al Gobierno de turno. Su misión no es mejorar la imagen de quien gobierna ni repartir cuotas entre organizaciones políticas. Debe informar con rigor, reflejar la diversidad social de Canarias y permitir que el poder sea examinado sin miedo ni obediencia.
Educación inclusiva y dependencia: avances que deben llegar a cada persona
La comparecencia sobre el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo fue uno de los debates más útiles. El consejero defendió un aumento importante de docentes especializados, orientadores, auxiliares y personal no docente. También anunció una futura ley de atención a la diversidad y bienestar del alumnado.
Las familias y la oposición recordaron la otra parte de la realidad: demoras en las valoraciones psicopedagógicas, desigualdad entre islas, falta de recursos estables y dificultades para coordinar educación, sanidad y derechos sociales. No existe contradicción entre reconocer el incremento de recursos y exigir que funcionen mejor.
La inclusión no consiste en matricular a un niño en un aula ordinaria y dejar que el profesorado resuelva lo imposible. Requiere apoyos suficientes, detección temprana, formación, servicios complementarios y participación real en todas las actividades del centro.
También fue relevante el debate sobre la asistencia personal en el sistema de dependencia. La figura permite que una persona estudie, trabaje, se desplace o permanezca en su entorno con mayor autonomía. El Gobierno explicó el desarrollo normativo, las cuantías y la formación de profesionales.
Es un cambio valioso respecto a un modelo centrado casi exclusivamente en custodiar o institucionalizar. Ahora debe garantizarse que la prestación sea accesible, suficiente y compatible con las necesidades reales. Un derecho regulado que no llega a tiempo sigue siendo un derecho incompleto.
El negacionismo climático no es una opinión más
El momento más inquietante del pleno llegó durante el debate sobre la preparación de Canarias ante catástrofes. Un diputado de Vox negó el origen antropogénico del cambio climático mientras reclamaba más inversión en prevención, mantenimiento e infraestructuras.
Exigir mejores medios de emergencia es legítimo. Canarias necesita prevención, personal, planificación territorial, gestión forestal y sistemas de respuesta eficaces. Pero negar la causa humana del calentamiento global destruye la base científica sobre la que debe construirse esa prevención.
El IPCC considera inequívoco que las actividades humanas, principalmente mediante las emisiones de gases de efecto invernadero, han causado el calentamiento global. No se trata de una preferencia ideológica ni de una ocurrencia del Gobierno canario.
Una democracia seria puede debatir las medidas, sus costes, sus prioridades y sus efectos sociales. Lo que no puede hacer es tratar la evidencia científica como una opinión intercambiable. Prepararse ante incendios, olas de calor, sequías o lluvias extremas exige reconocer el riesgo, no alimentar la confusión.
Acuerdos sociales que merecen seguimiento
El pleno también produjo acuerdos positivos. La incorporación de servicios de podología al sistema sanitario público recibió apoyo unánime. La Cámara respaldó la implantación efectiva del Centro Nacional de Vulcanología con sedes en La Palma y Tenerife.
Especialmente significativo fue el respaldo a los programas de educación afectivo-sexual en los centros educativos. La iniciativa salió adelante con una mayoría muy amplia y solo cuatro votos en contra. Frente a quienes presentan esta formación como adoctrinamiento, conviene recordar su finalidad: prevenir abusos, promover relaciones respetuosas y ofrecer información adecuada a cada edad.
Estos acuerdos muestran que el Parlamento puede abandonar la trinchera. Sin embargo, una proposición no de ley no transforma por sí sola un servicio público. Hace falta presupuesto, calendario, responsables y evaluación.
El valor democrático de un acuerdo comienza en la votación, pero se demuestra en su cumplimiento.
Un Parlamento demasiado cerca de la campaña
Como ocurrió en el pleno canario de junio, volvieron a aparecer debates estatales, acusaciones personales y referencias a escándalos nacionales que poco aportaban al control del Gobierno autonómico. PP y Vox recurrieron con frecuencia a Pedro Sánchez. El Ejecutivo respondió recordando la gestión del anterior Gobierno canario o desacreditando a la oposición.
La confrontación es parte de la democracia. La evasión de responsabilidades no debería serlo. Cuando una pregunta sobre vivienda, sanidad o educación termina convertida en una disputa sobre Madrid, la ciudadanía pierde una oportunidad de conocer qué está haciendo su Gobierno.
El pleno canario de julio tuvo actividad, acuerdos y leyes importantes. También confirmó que la legislatura ha entrado en una fase donde cada dato se utiliza como munición electoral. El Gobierno quiere demostrar que recibió una Canarias peor y la está corrigiendo. La oposición quiere demostrar que nunca hubo tantos recursos ni tan pocos resultados.
Entre ambos relatos permanece la vida cotidiana. Ahí se decide la verdad política: en el alquiler que puede pagarse, la cita que llega, el apoyo educativo disponible, la prestación reconocida y el transporte que conecta una isla.
La política debe notarse fuera del hemiciclo
El balance del pleno canario de julio no puede reducirse a decir que todo sigue igual. Se aprobaron leyes, se consolidaron medidas y aparecieron acuerdos útiles. Sería injusto negarlo.
Tampoco puede aceptarse el triunfalismo del Ejecutivo. Canarias sigue soportando una emergencia habitacional, servicios públicos tensionados, desigualdades territoriales y una distribución de la prosperidad claramente insuficiente.
La política democrática exige algo más que comparar el presente con la peor cifra del pasado. Exige fijar objetivos, publicar resultados y corregir aquello que no funciona. También obliga a reconocer los avances sin convertirlos en una coartada.
El Parlamento cerró el periodo de sesiones con muchas promesas y algunos instrumentos nuevos. A partir de ahora, la pregunta ya no es qué se dijo durante tres sesiones. La pregunta es qué cambiará fuera del hemiciclo.
