La hipocresía de la calle Génova: el estruendo contra Errejón y el silencio en Móstoles
Vivimos tiempos extraños en la política española. Tiempos donde la indignación moral parece tener un interruptor que se enciende o se apaga no en función de la gravedad de los hechos, sino del color del carnet que lleva el agresor en el bolsillo. Hoy, 8 de febrero de 2026, mientras leemos los titulares sobre el nuevo escándalo que sacude al Partido Popular en Móstoles, es imposible no sentir un déjà vu amargo y, sobre todo, una profunda decepción ante el cinismo institucional.
Como analista aficionado, y sobre todo como ciudadano preocupado por la deriva de nuestros derechos, me veo en la obligación de diseccionar lo que, a todas luces, es una doble vara de medir de manual por parte del principal partido de la oposición.
Del «Gobierno de la hipocresía» al silencio cómplice
Hagamos memoria, porque la hemeroteca es la peor enemiga de la demagogia. Retrocedamos a octubre de 2024, cuando estalló el «caso Errejón». En aquel momento, la maquinaria comunicativa del Partido Popular funcionó a pleno rendimiento. Y no me malinterpreten: la gravedad de las acusaciones contra el exportavoz de Sumar merecía toda la contundencia social y política. La violencia machista no tiene excusa, venga de donde venga.
Sin embargo, lo que vimos entonces fue a un PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo y Cuca Gamarra, erigiéndose en el tribunal moral de la nación. Acusaron al Gobierno de coalición de «encubrimiento», de «hipocresía feminista» y exigieron dimisiones en bloque. Gamarra llegó a decir que el Ejecutivo era «cómplice» por no haber actuado antes. El mensaje era claro: con la violencia contra las mujeres, tolerancia cero.
Pero, ¿qué ocurre cuando la sombra de la sospecha se posa sobre sus propias filas?
Móstoles y Alpedrete: cuando la violencia «son cosas personales»
Hoy nos despertamos con un caso en Móstoles que muchos ya bautizan como un «Nevenka 2». Las informaciones apuntan a una protección institucional hacia el denunciado —cargo del PP— y un cuestionamiento velado hacia la víctima. De repente, la «tolerancia cero» se ha transformado en «respeto a la presunción de inocencia» y «prudencia». Las mismas voces que gritaban en 2024 hoy piden que «no se politice la vida privada».
No es un caso aislado. Apenas hace unos meses, en noviembre de 2025, asistimos atónitos a las declaraciones del alcalde de Alpedrete (PP), quien llegó a justificar un asesinato machista alegando que el agresor «quería mucho a su mujer» y que el crimen fue fruto de una «mala decisión» por presión psicológica, descartando la violencia de género.
¿Dónde estaba entonces la contundencia de Génova? ¿Dónde estaban los tuits incendiarios de la directiva nacional exigiendo la expulsión inmediata? Hubo tibieza, hubo silencios incómodos y, sobre todo, hubo una falta de liderazgo moral para condenar sin paliativos a los suyos.
El coste de blanquear el negacionismo
Esta doble moral no es casualidad; es estructural. Cuando el Partido Popular decidió abrir las puertas de las instituciones a Vox, compró también su marco ideológico. No se puede defender a las mujeres por la mañana y pactar con quienes niegan la violencia de género por la tarde.
- Pactos de la vergüenza: En decenas de ayuntamientos y comunidades, hemos visto cómo se eliminan concejalías de Igualdad o se recortan presupuestos para la atención a víctimas, todo para contentar a sus socios de extrema derecha.
- El discurso peligroso: Al minimizar casos como el de Alpedrete o el actual en Móstoles, el PP envía un mensaje devastador a la sociedad: la violencia machista solo es condenable si sirve para desgastar al adversario político. Si no, es un «asunto privado».
Conclusión: Las víctimas no son armas arrojadizas
El cambio climático nos amenaza, la desigualdad económica crece, pero la violencia de género sigue siendo una de las brechas más dolorosas de nuestra democracia. No podemos permitir que la defensa de los derechos humanos se convierta en una herramienta de marketing electoral.
Desde aquí, exigimos al Partido Popular la misma contundencia con el caso de Móstoles que la que mostraron con Errejón. No por revancha política, sino por coherencia y dignidad democrática. Porque cuando se protege a un agresor «de los nuestros», no se está defendiendo al partido; se está traicionando a todas las mujeres de este país.
La violencia machista no entiende de ideologías, pero la lucha contra ella exige una ética que, lamentablemente, algunos parecen olvidar en cuanto cruzan la puerta de su sede.
