Laicidad pendiente: cuando el Estado confunde respeto con pleitesía
Hay momentos en los que un país no se retrata por lo que celebra, sino por la forma en que lo celebra. La visita del Papa León XIV a España vuelve a poner sobre la mesa una vieja cuestión nunca del todo resuelta: nuestra laicidad pendiente. No se trata de negar la importancia cultural, espiritual o social de la Iglesia católica. Tampoco de despreciar la fe de millones de personas. Se trata de algo más sencillo y, al mismo tiempo, más profundo: recordar que un Estado democrático debe respetar todas las creencias sin comportarse como si una de ellas siguiera siendo la identidad oficial del país.
El viaje apostólico del Papa a España se desarrolla entre el 6 y el 12 de junio de 2026, con actos en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, según el programa oficial publicado por la Santa Sede. Este domingo 7 de junio, la agenda incluye la misa en la Plaza de Cibeles y la procesión del Corpus Christi en Madrid, uno de los momentos centrales de la visita. (Vaticano)
España no es un Estado antirreligioso
Conviene empezar por aquí, porque el debate suele contaminarse enseguida. Defender la laicidad no es atacar la religión. Una democracia madura no persigue las creencias, no ridiculiza la fe y no niega la dimensión espiritual de la vida humana. Al contrario: la protege.
La libertad religiosa forma parte de los derechos fundamentales. Cada persona debe poder creer, no creer, practicar una religión, cambiar de convicción o vivir sin ninguna pertenencia confesional. Ese es precisamente el punto: la libertad religiosa solo es plena cuando el Estado no se identifica con ninguna confesión concreta.
La Constitución Española lo expresa con claridad en su artículo 16.3: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Añade, además, que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Es decir, cooperación sí; confesionalidad encubierta, no. (BOE)
Ahí está la frontera que España cruza con demasiada facilidad. No porque reciba al Papa. Eso entra dentro de la normalidad institucional. El problema aparece cuando el aparato simbólico del Estado, la cobertura pública, el protocolo, la presencia política y la escenificación colectiva transmiten una sensación antigua: la de un país que sigue sin distinguir del todo entre respeto religioso y reverencia institucional.
La laicidad pendiente no niega la historia
España tiene una profunda huella católica. Sería absurdo negarlo. Está en su patrimonio, en su calendario, en sus ciudades, en sus fiestas populares, en su arte y en la biografía íntima de millones de familias. Pero una cosa es reconocer la historia y otra convertirla en norma pública permanente.
La sociedad española de 2026 no es la de hace medio siglo. Es más plural, más secularizada, más diversa y también más consciente de sus derechos individuales. Conviven creyentes católicos, creyentes de otras religiones, agnósticos, ateos y personas que no desean ser clasificadas por sus creencias. Esa pluralidad no empobrece al país. Lo hace más libre.
Por eso, la pregunta no debería ser si el Papa merece respeto institucional. Lo merece. La pregunta es otra: ¿cómo debe comportarse un Estado aconfesional ante una figura religiosa de enorme relevancia mundial sin parecer que abandona su neutralidad?
La respuesta no exige gestos hostiles ni frialdad artificial. Basta con sobriedad democrática. Una cosa es recibir al jefe de la Iglesia católica con cortesía institucional y otra muy distinta es convertir su visita en una especie de acontecimiento nacional donde el Estado parece acompañar litúrgicamente a una confesión.
El espacio público no pertenece a una sola fe
La Plaza de Cibeles, el Palacio Real, el Congreso, los grandes recintos urbanos y los dispositivos públicos no son espacios neutros en términos simbólicos. Representan a toda la ciudadanía. También a quienes no comparten la fe católica. A quienes sufrieron históricamente la confusión entre religión, moral oficial y poder político. También a quienes defienden, con toda legitimidad, que la espiritualidad pertenece a la sociedad civil, no al corazón del Estado.
Una democracia no se define solo por lo que permite, sino por lo que cuida. Y una de las cosas que debe cuidar es que ninguna persona sienta que su ciudadanía vale menos por no formar parte de la tradición religiosa mayoritaria.
No se trata de ocultar las procesiones, ni de impedir celebraciones, ni de negar que miles o millones de personas quieran participar en actos religiosos. Eso sería una torpeza autoritaria. La cuestión es más fina: el Estado debe garantizar derechos, seguridad y convivencia, pero no actuar como si la emoción religiosa mayoritaria fuera una emoción institucional obligatoria.
La diferencia puede parecer pequeña, pero es enorme. Es la diferencia entre una democracia que protege la libertad de culto y una democracia que conserva, por inercia, reflejos de viejo nacionalcatolicismo ceremonial.
Las víctimas también forman parte de esta visita
Hay otro asunto que no puede quedar tapado por las imágenes multitudinarias. Durante el viaje, el Papa León XIV ha reconocido que los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia siguen siendo una “llaga todavía abierta” y se ha informado de una reunión privada con víctimas. (ElHuffPost)
Ese reconocimiento importa. Pero una democracia no puede conformarse con palabras solemnes. La reparación exige verdad, documentación, reconocimiento, responsabilidad institucional y acompañamiento real. El Defensor del Pueblo mantiene una unidad específica de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, vinculada al informe presentado en 2023 y al sistema de reconocimiento y reparación. (Defensor del Pueblo)
Aquí la laicidad no es un debate abstracto. También sirve para proteger mejor a las víctimas. Cuando el Estado mantiene una relación demasiado reverencial con una institución religiosa, corre el riesgo de mirar con menos dureza lo que debería examinar con plena independencia. La cooperación institucional no puede convertirse nunca en prudencia excesiva ante el dolor de quienes fueron dañados.
Respetar a la Iglesia católica no significa blindarla frente a la crítica. Reconocer su labor social no exige olvidar sus sombras. Valorar la fe de millones de personas no obliga a rebajar la exigencia democrática ante los abusos, los silencios o las resistencias a la transparencia.
Una democracia adulta no necesita tutelas sagradas
Hay algo profundamente sano en una sociedad que puede acoger al Papa sin perder su conciencia crítica. También hay algo profundamente democrático en una ciudadanía capaz de distinguir entre emoción religiosa, respeto institucional y neutralidad del Estado.
España no necesita volver a viejas guerras culturales. Ya hemos tenido demasiadas. Pero tampoco debería aceptar que la defensa de la aconfesionalidad sea presentada como una provocación. No lo es. Es simplemente cumplir el pacto constitucional desde una mirada moderna.
La derecha más conservadora suele convertir estos debates en una caricatura: quien defiende la laicidad sería alguien hostil a la fe, enemigo de las tradiciones o empeñado en borrar la historia. Es una falsedad cómoda. La laicidad democrática no borra nada. Ordena. Separa planos. Protege la conciencia individual. Evita que el Estado abrace demasiado a unos y deje a otros mirando desde fuera.
La izquierda, por su parte, debería hablar de este asunto con más serenidad y menos miedo. No hace falta estridencia. Basta con firmeza. Un Estado aconfesional no es una extravagancia radical. Es una condición básica para que la libertad religiosa sea de verdad libertad, y no privilegio heredado.
Laicidad pendiente, convivencia pendiente
La visita del Papa puede ser vivida por muchas personas como un momento de fe, alegría y comunidad. Eso merece respeto. Pero también puede y debe ser leída como una ocasión para preguntarnos qué tipo de democracia queremos ser.
Una democracia segura de sí misma no necesita arrodillarse simbólicamente ante ninguna confesión. Tampoco necesita humillarla. La recibe, la escucha, coopera cuando procede y mantiene la distancia que exige representar a todos.
Esa es nuestra tarea pendiente: construir una laicidad tranquila, sin revancha y sin complejos. Una laicidad que no desprecie la religión, pero que tampoco permita que una tradición religiosa siga ocupando un lugar privilegiado en la escenografía del Estado.
Porque la libertad de conciencia no se defiende solo en los tribunales ni en los textos constitucionales. También se defiende en los gestos, en los protocolos, en los silencios y en la forma en que las instituciones recuerdan, o parecen olvidar, que gobiernan para una ciudadanía plural.
La visita pasará. Las imágenes quedarán. Y, como tantas otras veces, España tendrá que mirarse al espejo. No para negar lo que ha sido, sino para decidir si quiere seguir pareciéndose demasiado a su pasado o si, por fin, se atreve a practicar con naturalidad democrática esa laicidad pendiente que la Constitución ya dejó escrita, pero que el país aún no ha terminado de asumir.
