La desclasificación de los documentos del 23F: ¿Transparencia histórica u operación de Estado para blanquear al rey emérito?

Hola a todos. Bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión compartida en josereflexiona.es. Hay semanas en las que la actualidad nos obliga a mirar por el retrovisor de nuestra historia para entender las maniobras del presente. Hoy nos encontramos en una de esas encrucijadas.

El pasado 25 de febrero de 2026, coincidiendo con el 45º aniversario de la intentona golpista, el Gobierno de España materializó la esperada desclasificación de 153 unidades documentales relativas al 23 de febrero de 1981. En la superficie, este acto se enmarca en la nueva Ley de Información Clasificada y representa un triunfo de la transparencia. Sin embargo, en los sótanos de la sociología política, ha cobrado fuerza una hipótesis que no podemos ignorar. ¿Estamos ante una operación calculada para blanquear la figura histórica de Juan Carlos I y allanar su regreso triunfal a España?

1. Lo que revelan los archivos: La caída de los bulos y el rearme del relato oficial

Para analizar la hipótesis del «blanqueamiento», primero debemos ser rigurosos con los datos empíricos. Los documentos liberados —procedentes del CNI, el Ministerio del Interior y Asuntos Exteriores— aportan un valor historiográfico innegable. Entre ellos, encontramos desde órdenes escalofriantes de «tirar a matar» en la toma de TVE, hasta el enfado mayúsculo de los militares golpistas. Quienes consideraron que su mayor error fue dejar al «Borbón libre», catalogándolo como un «objetivo a batir».

Desde una perspectiva objetiva, estos archivos desmontan las teorías de la conspiración que situaban a Juan Carlos I como el «elefante blanco» o el arquitecto en la sombra del golpe. La conclusión histórica es clara. El entonces jefe del Estado se mantuvo del lado de la legalidad constitucional y su intervención fue decisiva para frenar el levantamiento armado.

Pero en política, el timing (los tiempos) lo es todo. La publicación de estos documentos en este momento exacto de 2026 ha servido en bandeja de plata un argumentario perfecto a los sectores más conservadores de nuestro país.

2. La hipótesis del blanqueamiento: ¿Una alfombra roja hacia Zarzuela?

Casi de manera orquestada, pocas horas después de la desclasificación, líderes de la oposición como Alberto Núñez Feijóo se apresuraron a exigir el regreso definitivo del rey emérito desde Abu Dabi, afirmando que «debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe». Es aquí donde la hipótesis del blanqueamiento toma una fuerza analítica innegable.

Existen tres factores que sustentan esta lectura:

• El rescate de la épica frente a la ética: Al centrar el foco público en el papel heroico del monarca en 1981, se diluyen deliberadamente sus cinco delitos fiscales posteriores y sus graves escándalos financieros, por los cuales no fue juzgado gracias a la inviolabilidad de su cargo y a prescripciones legales. Se utiliza una acción meritoria del pasado para absolver moralmente las negligencias del futuro.
• La presión sobre la actual Casa Real: El relato de la «salvación de la patria» busca presionar tanto al Gobierno como al rey Felipe VI para que flexibilicen su postura. No obstante, la propia Zarzuela ha tenido que emitir un recordatorio gélido pero necesario: para que el emérito regrese permanentemente, debe, como mínimo, recuperar su residencia fiscal en España.
• El cierre de un ciclo vital: Desde una perspectiva estrictamente humana y sociológica, hay un interés palpable en los poderes fácticos del Estado por evitar que un antiguo jefe del Estado fallezca en el exilio, lo que dejaría una mancha insalvable en el relato de la Transición.

Utilizar el aparato documental del Estado —aunque la desclasificación sea una medida democrática en sí misma— para impulsar una campaña de relaciones públicas en favor de una figura que ha eludido la fiscalidad de su propio país, es un síntoma de inmadurez democrática.

3. La verdadera urgencia nacional: Mirar al futuro, no al siglo pasado

Resulta profundamente revelador y, francamente, frustrante constatar cómo el debate público español es cíclicamente secuestrado por la nostalgia. Mientras las fuerzas conservadoras instrumentalizan estos archivos para venerar a un monarca que representa una España caduca —anclada en opacidades institucionales y atada, metafóricamente, a las energías fósiles que sustentaron aquel modelo de desarrollo—, el mundo clama por soluciones de futuro.

Nuestra verdadera urgencia como país no es la redención de una figura histórica, sino la supervivencia y la justicia de las generaciones venideras. Desde una perspectiva progresista, debemos exigir que la energía política del país se centre en los retos estructurales:

• La transición energética: El avance implacable del cambio climático antropogénico nos exige una descarbonización urgente. Debemos centrar nuestros debates en cómo acelerar la implantación de energías renovables, proteger nuestra biodiversidad y garantizar una transición justa para las clases trabajadoras.
• La calidad democrática y los Derechos Humanos: Una democracia plena no se sostiene sobre el culto a líderes mesiánicos o figuras providenciales que «nos salvaron». Se sostiene en la igualdad ante la ley, en sistemas de gobierno transparentes, en la resolución pacífica de conflictos y en el respeto irrestricto a los Derechos Humanos.

Conclusión: Una democracia de ciudadanos, no de súbditos

La desclasificación de los documentos del 23F es, en sí misma, una excelente noticia. El acceso a nuestra historia y la transparencia son pilares fundamentales de cualquier Estado de Derecho. Sin embargo, no podemos permitir que este avance se convierta en una herramienta de ingeniería social para forzar amnesias colectivas.

Reconocer que Juan Carlos I cumplió su deber constitucional en 1981 es un acto de justicia histórica; pero utilizar ese hecho para borrar su comportamiento opaco de las últimas décadas es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía.

En este 2026, España debe demostrar que ya no es un país de súbditos agradecidos, sino una comunidad de ciudadanos maduros. Ciudadanos que miran con rigor su pasado, pero que concentran todas sus energías en construir un futuro más verde, más democrático y radicalmente más justo.