Monumento a Franco: la derecha de Santa Cruz prefirió esperar a que la ley la obligara
Hay decisiones que no se miden solo por el resultado de una votación. Se miden por lo que revelan sobre la relación de una institución con la democracia, con sus víctimas y con la propia historia de la ciudad que representa.
El 26 de junio, el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rechazó la retirada inmediata del monumento a Franco. La propuesta socialista fue derrotada con los votos de Coalición Canaria, Partido Popular y Vox. El argumento principal del gobierno municipal fue que aún no existía una certificación definitiva que obligara formalmente a actuar.
Cuatro días después, el debate dejó de ser una cuestión de voluntad política o de interpretación interesada. La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática incorporó el denominado Monumento a la Victoria, conocido popularmente como monumento a Franco, al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y acordó su retirada del espacio público.
La derecha municipal quiso esperar a que la ley no dejara margen. Y eso, aunque pueda presentarse como prudencia administrativa, expresa una posición política muy concreta.
El monumento a Franco ya no admite excusas
Conviene ser precisos. El acuerdo del pleno no fue, en ese momento, un incumplimiento formal de la resolución estatal, porque esa resolución todavía no se había dictado. Fue algo diferente: una negativa a anticipar una retirada que ya resultaba democrática, moral e institucionalmente inaplazable.
El alcalde José Manuel Bermúdez sostuvo que el Ayuntamiento cumpliría la ley cuando existiera una certificación oficial que calificara el monumento como vestigio franquista. La portavoz del PP defendió, por su parte, que se trataba de una obra vinculada a los “25 años de paz”. Vox insistió en que debía preservarse exclusivamente por razones artísticas y patrimoniales.
Las tres posiciones tienen matices, pero confluyen en lo esencial: mantener el monumento en el espacio público hasta que una administración superior fuerce su retirada.
Ese es el problema. Una corporación democrática no debería necesitar ser empujada hasta el último milímetro por una resolución administrativa para comprender que un monumento concebido para exaltar a Francisco Franco y la victoria militar de los sublevados no puede seguir ocupando un lugar de honor en una capital democrática.
La resolución estatal es inequívoca. La Comisión Técnica concluyó que el conjunto presenta la Guerra Civil como una “cruzada” salvadora, exalta la figura del dictador y celebra el régimen surgido del golpe de Estado de 1936. También consideró que no concurren razones artísticas, arquitectónicas o patrimoniales suficientes que permitan mantenerlo en el espacio público.
No es una opinión de parte. Es una decisión administrativa sustentada en un procedimiento técnico previsto expresamente por la Ley de Memoria Democrática.
La ley no exige destruir la obra, exige acabar con su exaltación
Conviene desmontar otra falsedad repetida durante años: retirar el monumento a Franco no significa borrar la historia ni destruir una pieza artística.
La Ley 20/2022 obliga a las administraciones públicas a retirar los elementos situados en la vía pública que exalten la sublevación militar, la dictadura o a quienes la dirigieron. La norma contempla excepciones por razones artísticas o arquitectónicas, pero exige que esas razones sean reales, singulares y legalmente protegidas. En este caso, la Comisión Técnica ha considerado que no se dan.
Además, la ley establece que los elementos retirados de titularidad pública deben ser depositados en dependencias adecuadas, garantizando el cese de su exhibición pública. No hay obligación de destruir la obra; lo que desaparece es su función de homenaje civil y político.
Esa distinción es decisiva. Un museo, un archivo o una instalación pública de custodia pueden conservar documentación, fotografías, estudios y piezas materiales para que la sociedad conozca su pasado. Lo que no es aceptable es mantener un monumento de exaltación franquista en una avenida principal, como si su presencia fuera compatible con una democracia madura.
La memoria democrática no consiste en ocultar la historia. Consiste en contarla con honestidad, sin homenajear desde el espacio público a quienes destruyeron la legalidad democrática, persiguieron a miles de personas y sostuvieron una dictadura durante casi cuatro décadas.
Santa Cruz no puede tratar la democracia como un trámite incómodo
La Ley de Memoria Histórica de Canarias también es clara: las administraciones públicas deben adoptar las medidas necesarias para retirar monumentos y menciones que exalten la rebelión militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista. La norma prevé un catálogo autonómico y la certificación correspondiente como instrumento para ejecutar esas medidas.
El gobierno municipal utilizó precisamente esa ausencia de certificación autonómica definitiva para justificar su negativa a retirar de inmediato el monumento. Jurídicamente, podía alegar que el procedimiento aún no había culminado. Políticamente, sin embargo, esa posición demuestra una voluntad de aplazar la decisión.
Y aplazar también es decidir.
Santa Cruz no es una ciudad cualquiera en la historia del franquismo. Desde Canarias salió Franco en el Dragon Rapide para incorporarse al golpe militar de julio de 1936. El monumento fue inaugurado en 1966 como homenaje explícito a esa salida y a la victoria del régimen franquista. La documentación histórica de la época y los informes analizados por Memoria Democrática no dejan margen para presentar la obra como una alegoría inocente o una pieza desligada de su propósito original.
Por eso resulta tan impropio que se pretenda convertir este asunto en una disputa sobre gustos artísticos, preferencias ideológicas o rivalidades partidistas. No estamos ante una escultura abstracta cuyo significado dependa de la interpretación de cada cual. Estamos ante un monumento levantado para glorificar a un dictador y a una victoria militar sobre la legalidad republicana.
El patrimonio no puede ser coartada para la exaltación
La calidad artística de una obra no la convierte automáticamente en compatible con cualquier espacio ni con cualquier función pública.
La obra de Juan de Ávalos puede ser estudiada desde la historia del arte, la arquitectura monumental del franquismo o la propaganda política de la dictadura. Puede ser objeto de investigación, documentación y conservación. Pero ninguna de esas posibilidades obliga a mantenerla presidiendo una avenida de Santa Cruz.
El patrimonio no es una coartada para normalizar la exaltación. Al contrario: el patrimonio exige contexto, interpretación y responsabilidad pública.
La resolución estatal establece que el monumento deberá ser retirado en un plazo máximo de seis meses desde que deje de surtir efecto la protección provisional vinculada al expediente de Bien de Interés Cultural. El Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias ya rechazó otorgarle esa protección, aunque el procedimiento administrativo todavía debe concluir formalmente.
El Ayuntamiento ha anunciado ahora que estudiará las consecuencias jurídicas y económicas de la decisión y que cumplirá la ley. Esa declaración es obligada y debe ser bienvenida como punto de partida. Pero Santa Cruz necesita algo más que cumplimiento a regañadientes. Necesita una actitud institucional clara, serena y digna.
Retirar el monumento es cumplir con la ciudad
La retirada del monumento a Franco no divide a Santa Cruz. Lo que divide es mantener en el centro de la ciudad un símbolo que honra a una dictadura mientras tantas víctimas y familias siguen reclamando verdad, reparación y reconocimiento.
Una democracia no se debilita cuando revisa sus homenajes públicos. Se fortalece. Una ciudad no pierde historia cuando deja de exaltar a un dictador. Gana coherencia con los valores constitucionales que dice defender.
La decisión del pleno del 26 de junio quedará como el retrato de una derecha municipal que prefirió esperar a que la obligación legal fuera inapelable. CC, PP y Vox no votaron por una solución técnica ni por un procedimiento neutro: votaron por mantener un monumento franquista en el espacio público mientras pudieran hacerlo.
Ahora la excusa se ha terminado.
Santa Cruz tiene la oportunidad de cumplir la ley sin buscar nuevos retrasos, sin convertir el coste económico en argumento de resistencia y sin alimentar una falsa polémica sobre la historia. La retirada debe realizarse con rigor técnico, transparencia pública y respeto a las víctimas de la dictadura.
No se trata de borrar el pasado. Se trata de decidir qué pasado merece seguir siendo homenajeado desde nuestras calles.
