Vox y violencia machista: la cesión imperdonable de Juanma Moreno
No, Juanma Moreno no ha colocado toda la política andaluza de igualdad bajo el control de Vox. Sería inexacto afirmarlo: la Junta mantiene una Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad dirigida por el Partido Popular. Lo que ha hecho es suficientemente grave sin necesidad de exagerarlo. Ha situado bajo la dirección política de Manuel Gavira, vicepresidente segundo y consejero de Vox, los órganos de Justicia que atienden a las víctimas y las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género. Vox y violencia machista dejan así de ser únicamente una contradicción discursiva para convertirse en una relación de poder dentro de la Administración andaluza. (Junta de Andalucía)
No estamos ante un detalle burocrático ni ante una consecuencia inevitable del organigrama. Juanma Moreno decidió entregar Justicia a una formación que lleva años negando el fundamento específico de la violencia de género, reclamando la derogación de su legislación y desacreditando buena parte de las políticas públicas construidas para combatirla. El presidente andaluz conocía ese historial. Aun así, eligió pagar con una parcela especialmente sensible el precio político de conservar la Presidencia. (VOX)
Lo que Moreno ha entregado realmente
El Decreto 191/2026, publicado en el BOJA, coloca bajo la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, encabezada por Manuel Gavira, la Secretaría General de Justicia, la Dirección General de Atención Judicial y Víctimas y la Comisión de Coordinación de los Institutos de Medicina Legal.
El decreto también atribuye a ese departamento la formación específica sobre violencia de género de profesionales vinculados a la Administración de Justicia, la asistencia jurídica especializada a las víctimas y la gestión del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía. No se trata, por tanto, de una competencia marginal o puramente administrativa. (Junta de Andalucía)
De los Institutos de Medicina Legal dependen las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género. Según explica la propia Junta de Andalucía, estos equipos estudian a la víctima, al agresor y a los menores expuestos. Valoran daños físicos, psicológicos y sociales, analizan la peligrosidad y el riesgo de reincidencia y elaboran informes requeridos por los órganos judiciales.
No reparten propaganda ni organizan campañas simbólicas. Trabajan allí donde una evaluación rigurosa puede influir en decisiones sobre protección, custodia, régimen de visitas o seguridad de mujeres y menores. Están integrados por profesionales de la medicina forense, la psicología y el trabajo social. (Junta de Andalucía)
Por eso, Vox y violencia machista no forman aquí un debate abstracto. El partido que cuestiona la categoría jurídica y política de la violencia de género pasa a dirigir el departamento del que dependen quienes deben evaluarla con precisión profesional.
Un historial que impide fingir neutralidad
Vox no ha ocultado su posición. En 2020 registró en el Congreso una propuesta para sustituir la Ley de Violencia de Género por una ley de violencia intrafamiliar. Sus programas han pedido derogar la legislación específica y suprimir organismos que identifica con el feminismo.
No se trata de una interpretación interesada de sus adversarios. Es una posición defendida reiteradamente por el propio partido, que considera que la legislación de género introduce desigualdad entre hombres y mujeres y debe ser sustituida por un marco indiferenciado de violencia familiar. (VOX)
En Andalucía existe, además, un antecedente imposible de ignorar. En febrero de 2019, el entonces dirigente de Vox Francisco Serrano solicitó al Parlamento una relación detallada con nombres, apellidos y números de colegiación de profesionales que habían trabajado en estas unidades entre 2012 y 2019.
La petición fue después reformulada, pero quedó acreditado el interés de Vox por fiscalizar personalmente a quienes realizaban esas valoraciones. No preguntó únicamente por la organización del servicio, sus resultados o sus necesidades. Quiso identificar a sus profesionales. (Parlamento de Andalucía)
El acuerdo de coalición entre PP y Vox añade otro motivo de preocupación. Su apartado sobre las llamadas «leyes ideológicas» abre la puerta a revisar normas, organismos, ayudas y estructuras que la coalición considere superfluas, ineficientes o ideologizadas.
Como ya analicé al abordar el pacto PP-Vox en Andalucía, no estamos ante un simple reparto de sillones, sino ante un programa de revisión cultural e institucional. El acuerdo incluye 150 medidas y otorga a Vox una vicepresidencia y una consejería con competencias especialmente sensibles. (El País)
Con este historial, presentar Vox y violencia machista como una convivencia administrativa sin consecuencias exige una ingenuidad que Juanma Moreno no tiene. El problema no consiste en adivinar intenciones ocultas. Basta con leer lo que Vox lleva años defendiendo públicamente.
Las garantías profesionales existen, pero no absuelven al presidente
Conviene introducir una cautela esencial. A fecha de 5 de agosto no existe prueba de que Vox haya alterado informes, presionado a profesionales o reducido estos servicios. Los médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales están sujetos a normas técnicas y deontológicas. Los informes siguen siendo elaborados por personal especializado y las decisiones corresponden a jueces y tribunales.
Un consejero no puede ordenar legítimamente qué conclusión debe alcanzar una pericial. Tampoco puede sustituir el criterio técnico de un forense por una consigna partidista. (LaSexta)
Reconocer esas garantías no convierte la decisión de Moreno en inocua. La política condiciona las estructuras, los presupuestos, las plantillas, las prioridades, los tiempos de respuesta, la formación y la coordinación. Puede fortalecer un servicio o dejarlo languidecer. Puede proteger a sus profesionales o sembrar sospechas sobre ellos.
También puede presentar su trabajo como una necesidad democrática o como un gasto sometido permanentemente a depuración ideológica. Esta es una inferencia política, no la constatación de una intervención ya producida. Sin embargo, resulta razonable a la vista de las competencias organizativas que el decreto concede a la nueva consejería. (Junta de Andalucía)
La contradicción resulta aún más llamativa porque la propia Junta creó en abril de 2026 ocho puestos de coordinación para estas unidades, uno en cada Instituto de Medicina Legal andaluz. La resolución justificó el refuerzo por las nuevas competencias sobre delitos sexuales y el aumento de la carga de trabajo.
Apenas unos meses después, Moreno ha colocado esa estructura reforzada bajo el paraguas político de un partido que discute sus fundamentos. (Junta de Andalucía)
Así se entiende el verdadero riesgo de Vox y violencia machista dentro del mismo departamento: no hace falta una orden escandalosa para deteriorar una política pública. A veces basta con deslegitimarla, desconfiar de ella y administrar su desgaste.
Andalucía no puede ser un laboratorio ideológico
Los datos oficiales impiden cualquier frivolidad. A 3 de agosto de 2026, España contabilizaba 33 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas durante el año. Nueve de esos asesinatos se habían producido en Andalucía, más de una cuarta parte del total. La comunidad ya había registrado 15 víctimas mortales en 2025.
Son datos provisionales y pueden actualizarse, pero describen una realidad que no admite experimentos políticos ni juegos semánticos. (Violencia de Género)
El debate tampoco puede reducirse al número de asesinatos. Detrás existen denuncias, amenazas, quebrantamientos de órdenes de alejamiento, menores expuestos, secuelas psicológicas y procesos judiciales complejos. Las unidades forenses aportan conocimiento especializado precisamente cuando el juzgado necesita distinguir, valorar riesgos y decidir con información técnica.
Su relevancia crece en los casos menos evidentes, no solo cuando la violencia deja una prueba física inmediata.
La preocupación ya ha salido del terreno partidista. El 5 de agosto, CCOO de Andalucía reclamó una rectificación inmediata y profesionales de la abogacía que trabajan con víctimas advirtieron del riesgo de que estos servicios pierdan recursos o contenido.
Son alertas preventivas, no pruebas de una intervención consumada. Precisamente por eso deben escucharse ahora, antes de que un posible deterioro pueda medirse en retrasos, vacantes o menor capacidad de respuesta. (Europa Press)
Ante esta realidad, Vox y violencia machista representan una incompatibilidad política que Moreno ha preferido ignorar. No porque todo votante de Vox niegue el sufrimiento de las mujeres, sino porque la dirección del partido rechaza el marco institucional creado para comprender y combatir una violencia que afecta de forma específica y desproporcionada a las mujeres.
La excusa del organigrama no se sostiene
El Gobierno andaluz responde que estas unidades siempre han dependido de Justicia y que confía en que Vox cumpla la ley. La primera parte es cierta; la segunda es una esperanza, no una garantía política. Precisamente porque Moreno sabía qué servicios estaban vinculados a Justicia, debía valorar a quién entregaba esa consejería. (El País)
Decir que «siempre dependieron de Justicia» equivale a explicar el mecanismo, no la decisión. Nadie discute dónde estaban. Lo que se cuestiona es que el presidente colocara al frente a un partido que ha combatido la legislación que les da sentido.
Moreno no heredó este reparto. Lo negoció, lo aceptó y lo firmó. La relación entre Vox y violencia machista nace, por tanto, de una elección presidencial plenamente consciente.
Tampoco basta con afirmar que Vox deberá cumplir la ley. Todo gobierno está obligado a hacerlo. La responsabilidad democrática empieza bastante antes del delito o de la ilegalidad. Incluye elegir responsables públicos que crean en la misión de los servicios que dirigen, respeten a sus profesionales y no consideren sospechosa la realidad social para la que fueron creados.
El Pacto de Estado también compromete al PP
En febrero de 2025, el Congreso renovó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género por 315 votos a favor y 33 en contra. El Partido Popular respaldó la actualización, mientras Vox se opuso.
Aquel acuerdo reclama coordinación, evaluación, financiación finalista y refuerzo de los recursos públicos destinados a prevenir la violencia y atender a las víctimas. (Congreso de los Diputados)
La pregunta dirigida a Alberto Núñez Feijóo es inevitable. ¿Puede el PP presentarse como garante del Pacto de Estado mientras uno de sus presidentes autonómicos entrega servicios esenciales a la fuerza parlamentaria que votó contra su renovación? La contradicción no desaparece porque el acuerdo se haya firmado en Sevilla y no en Madrid.
Vox y violencia machista se han convertido así en una prueba nacional para el Partido Popular. Feijóo puede defender el pacto, exigir una rectificación o aceptar que los derechos de las mujeres formen parte de la moneda de cambio territorial con la extrema derecha. El silencio también sería una respuesta.
La moderación de Moreno termina donde empieza su necesidad de poder
Juanma Moreno ha cultivado durante años una imagen de moderación, pragmatismo y distancia respecto a los excesos de Vox. Esa imagen le ha resultado electoralmente útil. Sin embargo, la moderación no se demuestra con el tono de voz, sino con los límites que uno se niega a cruzar.
El presidente andaluz podía haber preservado Justicia dentro del Partido Popular. Podía haber separado claramente las competencias relacionadas con las víctimas y la medicina legal. También podía haber establecido garantías políticas reforzadas, compromisos públicos verificables y mecanismos específicos de supervisión.
Eligió otra cosa: confiar en que no ocurra nada y pedir a la ciudadanía que considere normal lo que, hasta hace poco, el propio PP presentaba como indeseable.
Este episodio confirma una idea desarrollada en Miedo democrático: cuando la libertad vuelve a parecer vulnerable: los retrocesos no siempre empiezan con una derogación abrupta.
A menudo comienzan cuando lo inaceptable se vuelve administrativamente normal, cuando la defensa de un derecho se llama ideología y cuando una cesión grave se disfraza de simple reparto competencial.
Una cesión que debe rectificarse
Juanma Moreno debe retirar del ámbito político de Vox las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género y los servicios judiciales directamente relacionados con la protección de las víctimas. No porque todos sus profesionales vayan a dejar de actuar con rigor, sino precisamente para preservar su trabajo de una dirección política que lleva años cuestionando el marco que lo sustenta.
Vox y violencia machista no deberían encontrarse unidos por una relación jerárquica dentro de un gobierno democrático. La protección de las víctimas exige estabilidad, confianza institucional y una voluntad inequívoca de reconocer el problema. Ninguna de esas condiciones mejora al poner el servicio bajo la responsabilidad de quienes han hecho de su negación una bandera.
Moreno no puede esconderse detrás de Gavira ni del organigrama. La decisión es suya. También lo será cualquier deterioro que se produzca y toda desconfianza que esta cesión provoque entre las mujeres que necesitan protección.
Gobernar consiste en elegir. Y esta vez Juanma Moreno ha elegido el poder antes que la prudencia, la coherencia y la seguridad de las víctimas.
