Pleno Canarias: el debate que no llega a la vida cotidiana
El Pleno Canarias iniciado el 23 de junio dejó una impresión difícil de esquivar: el Parlamento sabe perfectamente cuáles son los problemas que atraviesan la vida cotidiana de las islas, pero sigue teniendo serias dificultades para convertir ese diagnóstico en decisiones concretas, calendarizadas y evaluables.
Vivienda, desigualdad, salarios, listas de espera, dependencia, educación, transporte, energía, jóvenes, agua, seguridad en las costas o el coste de la cesta de la compra. El orden del día dibujó un retrato bastante fiel de la Canarias real, la que no aparece en los titulares de récord turístico ni en las grandes cifras macroeconómicas. (Parlamento de Canarias)
Hubo debates útiles. También se aprobaron iniciativas razonables. Pero el pleno volvió a padecer una enfermedad que empieza a ser demasiado habitual: preguntas canarias respondidas con reproches a Madrid, problemas estructurales explicados como si fueran inevitables y compromisos presentados sin que siempre quede claro cuándo, cómo y con qué recursos se cumplirán.
La política no puede limitarse a describir el problema. La ciudadanía necesita saber quién responde, con qué presupuesto y en qué plazo.
Lo que el Pleno Canarias dejó al descubierto
La cuestión de fondo apareció una y otra vez, aunque con formulaciones distintas: ¿cómo es posible que Canarias crezca, reciba cifras récord de visitantes y disponga de más recursos públicos que en otros momentos de su historia, mientras tantas familias siguen atrapadas por los bajos salarios, la precariedad, el alquiler inasumible o la fragilidad de los servicios públicos?
La oposición llevó esta contradicción al debate con especial insistencia. El Gobierno defendió que existen mejoras en empleo, productividad o determinadas políticas sociales, pero volvió a colocar buena parte de la respuesta en la necesidad de obtener más instrumentos fiscales y financieros del Estado mediante el llamado “decreto Canarias”.
No es ilegítimo reclamar un mejor trato para Canarias. Al contrario: la singularidad insular, la lejanía y la doble insularidad exigen políticas diferenciadas. Pero tampoco es aceptable que esa reivindicación se convierta en una coartada permanente para no revisar las decisiones que dependen del propio Gobierno autonómico.
Canarias necesita más recursos, sí. Pero necesita también mejores prioridades, más ejecución presupuestaria, transparencia en los resultados y una voluntad clara de situar la cohesión social por encima de la propaganda económica.
Porque cuando la riqueza crece y no llega a la mayoría, el problema no es solo cuánto se produce. Es cómo se reparte.
La vivienda no admite más respuestas aplazadas
La vivienda volvió a ocupar un lugar central. Se discutió sobre la lentitud de las licitaciones de vivienda protegida, sobre la utilización de la tramitación urgente y sobre la capacidad real del Gobierno para responder a una emergencia habitacional que ya nadie discute.
El Ejecutivo defendió que existen más de dos mil viviendas en construcción y argumentó que la actual Ley de Contratos del Sector Público no ofrece mecanismos suficientemente ágiles para responder a una crisis de esta magnitud. La oposición replicó que la emergencia no puede servir para justificar procedimientos ordinarios ni retrasos administrativos.
Ambas cosas pueden ser ciertas. La normativa estatal necesita reformas que permitan priorizar la vivienda pública. Pero mientras esas reformas no lleguen, el Gobierno de Canarias tiene la obligación de utilizar con eficacia todas las herramientas disponibles: suelo público, promoción directa, rehabilitación, adquisición de inmuebles, cooperación con cabildos y ayuntamientos, movilización de vivienda vacía y refuerzo de los parques públicos de alquiler.
No basta con anunciar viviendas. Hay que poder seguir su recorrido: suelo disponible, proyecto redactado, licitación publicada, obra iniciada, vivienda entregada y alquiler asequible. Ese debería ser el cuadro de mando público de la política de vivienda canaria.
La emergencia habitacional no se mide por declaraciones. Se mide por hogares que dejan de vivir con miedo a no poder pagar el mes siguiente.
Sanidad, dependencia y cuidados: la urgencia que no cabe en un escaño
El pleno también mostró hasta qué punto la crisis de los cuidados sigue tensionando al sistema público. Se habló de la situación de pacientes con alta médica que permanecen ingresados por falta de una alternativa sociosanitaria; de la negociación con los cabildos para atender urgencias sociales; de las condiciones del personal sanitario; de las donaciones de sangre y de las dificultades de la sanidad pública.
En este terreno conviene evitar el simplismo. No hay una solución mágica para una realidad tan compleja. Pero sí hay una obligación política: coordinar sanidad, dependencia, atención domiciliaria, recursos residenciales y servicios sociales sin convertir a las personas vulnerables en expedientes que se desplazan de una administración a otra.
El Gobierno defendió la creación de protocolos y circuitos de coordinación. La oposición advirtió de retrasos, conflictos con los cabildos y decisiones insuficientemente consensuadas. El debate revela una cuestión elemental: una cama hospitalaria no puede convertirse en sustituto de una plaza sociosanitaria, pero tampoco puede dejarse a una persona dependiente sin cuidados seguros cuando recibe el alta médica.
La respuesta no puede consistir en descongestionar hospitales a cualquier precio. Debe garantizar derechos, atención digna y recursos suficientes para cada caso. Ese es el límite democrático que nunca debería perderse de vista.
Educación: menos burocracia, más igualdad y más recursos
La educación ocupó un espacio relevante en las sesiones. Se discutió sobre inversión, atención a la diversidad, condiciones laborales de personal de apoyo, simplificación burocrática, igualdad de género, prevención de la violencia machista y Formación Profesional Dual.
El Gobierno presentó medidas de reducción de trámites y anunció nuevos instrumentos digitales para aliviar la carga administrativa del profesorado. Es una dirección correcta. Quien trabaja en un centro educativo sabe que demasiadas horas se consumen en formularios, plataformas, informes y duplicidades que poco aportan a la atención del alumnado.
Pero reducir burocracia no puede convertirse en una operación cosmética. La escuela pública necesita más tiempo pedagógico, sí, pero también más profesionales, mejores ratios, estabilidad de plantillas y recursos suficientes para responder a la diversidad.
La igualdad y la prevención de la violencia machista en los centros educativos no pueden depender de campañas puntuales. Deben formar parte de una política educativa sostenida, con formación, acompañamiento, orientación y presencia real en las aulas.
Renovables sí, pero con planificación y respeto al territorio
Uno de los debates más significativos fue el relativo a la Zona de Aceleración de Renovables de Lanzarote. La proposición socialista para paralizar el proceso y resolver el conflicto institucional fue rechazada por 39 votos frente a 23.
Aquí conviene ser muy claro. Canarias no puede renunciar a la transición energética. La dependencia de los combustibles fósiles sigue siendo una de las mayores vulnerabilidades económicas, climáticas y sociales del archipiélago. Defender renovables no es una consigna: es una necesidad estratégica.
Pero precisamente por eso la planificación debe ser seria. Los errores cartográficos, la falta de claridad sobre los mapas publicados, la desconfianza de ayuntamientos y vecinos o la sensación de que se decide desde arriba debilitan una transición que necesita legitimidad social.
La alternativa no es llenar el territorio sin criterio ni bloquear cualquier proyecto con el argumento del paisaje. La alternativa es una planificación pública que priorice cubiertas, aparcamientos, espacios ya transformados, polígonos industriales, instalaciones públicas, autoconsumo colectivo, almacenamiento y redes eléctricas adecuadas.
No se trata solo de instalar megavatios. Se trata de construir un sistema energético más democrático, más seguro, menos dependiente y compatible con el territorio.
Cuando hay acuerdos, el Parlamento sí sirve
No todo fue confrontación. La aprobación de una proposición no de ley para reclamar igualdad de acceso de la juventud canaria al programa Verano Joven fue uno de los ejemplos más razonables del pleno: 42 votos favorables, ningún voto en contra y 23 abstenciones.
Canarias no puede seguir aceptando programas estatales diseñados como si el territorio terminara en la Península. Para un joven de Tenerife, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote o El Hierro, el principal obstáculo para viajar no es subirse a un tren. Es llegar al lugar donde ese tren existe.
También fue relevante el debate sobre los costes tipo del transporte de mercancías. No es una cuestión técnica menor. Afecta al precio de los productos, a la competitividad de las empresas, a la doble insularidad y, en definitiva, a la vida diaria de quienes viven en las islas menos pobladas.
El Parlamento acierta cuando aterriza la política en estos asuntos. Cuando entiende que el REF, el transporte, la vivienda o los servicios públicos no son siglas ni expedientes: son condiciones materiales de igualdad.
Menos ruido y más responsabilidad
El pleno dejó una última lección. Canarias no gana nada cuando sus debates se contaminan de ruido estatal, insultos, interrupciones o disputas que no responden a la pregunta formulada. La polarización puede dar titulares rápidos, pero empobrece el control democrático.
El Parlamento debería ser el lugar donde se exige al Gobierno que rinda cuentas, donde la oposición ofrece alternativas y donde los acuerdos posibles se convierten en compromisos verificables. No un escenario en el que cada grupo repite su argumentario mientras la realidad sigue esperando fuera.
El Pleno Canarias de junio tuvo asuntos de enorme importancia. Lo que falta ahora es que la próxima sesión pueda hablar menos de anuncios y más de resultados. Menos de promesas y más de viviendas entregadas, listas reducidas, salarios dignificados, recursos sociosanitarios creados, renovables bien planificadas y jóvenes tratados como ciudadanos de pleno derecho.
Canarias no necesita más diagnósticos. Necesita decisiones que se noten en la vida de la gente.
La convocatoria oficial situó estas cuestiones en el centro del pleno celebrado el 23 de junio y continuado el 24 de junio de 2026. (Parlamento de Canarias) Las tres transcripciones aportadas recogen el desarrollo de los debates, las comparecencias, las interpelaciones y las votaciones analizadas.
